Si las elecciones fueran mañana, imaginar resultados con 36 partidos en contienda es una tarea compleja. Los electores tienen que decidir entre decenas de candidatos presidenciales, escuchar discursos, ataques y promesas cuya viabilidad nadie puede garantizar. A eso se suma elegir entre listas de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, universo que supera los siete mil postulantes, haciendo imposible procesar semejante volumen de información.
Usando como base los datos de encuestas recientes proyectamos los resultados de unas hipotéticas elecciones adelantadas. El 45% de los ciudadanos estaría indeciso, votaría en blanco o viciado, datos que eliminamos ya que en elecciones reales solo se contabilizan los votos válidos.
En ese escenario, Rafael López Aliaga alcanzaría 30% de los votos válidos, Keiko Fujimori 18%, tres candidaturas medias se disputarían el tercer lugar y uno o dos apenas superarían la valla del 5%. Aunque el Perú siempre sorprende y surja un outsider, la estructura general se mantiene: dos primeras fuerzas claras y bloques intermedios competitivos.
La atención se concentra en la presidencia, a pesar de experiencias recientes que deberían obligarnos a mirar más allá. Pedro Castillo fue destituido, y el país quedó atrapado en una inestabilidad alimentada por un Congreso cuestionado desde el primer día. Ese episodio dejó una importante lección: sin un Parlamento funcional, ningún presidente gobierna; tampoco sobrevive.
Con el retorno a la bicameralidad, la elección de senadores y diputados se convierte en el eje real de gobernabilidad que define la arquitectura del poder. Todo sucederá en primera vuelta. Un Ejecutivo sin respaldo parlamentario quedará paralizado. Pero un Congreso transaccional puede ir más lejos: capturar al Estado, bloquear reformas estructurales, debilitar la justicia y perpetuar la informalidad política.
La primera vuelta es decisiva por los resultados presidenciales, pero especialmente porque estructura al Congreso. Los datos analizados muestran que apenas seis partidos o un séptimo con estrecho margen superaría el 5%. Ello dejaría fuera de carrera a treinta organizaciones y sus votos serían redistribuidos. El resultado sería un Congreso concentrado pero fragmentado: una primera fuerza con 30% de escaños, una segunda con18%, tres o cuatro bancadas medianas y alguna más pequeña. Ninguno tendría mayoría propia. Cualquier gobierno necesitaría al menos dos aliados para controlar el Senado y tres para lograr mayoría en Diputados.
La matemática electoral es implacable. El sistema produce un Parlamento donde cada bancada cuenta, los bloques medianos se convierten en árbitros y las alianzas se negocian más tarde, sin mandato explícito del electorado.
Por ello es necesario simplificar las decisiones ciudadanas. Concentrarse en no más de seis partidos con opción real, elegidos con encuestas o afinidad política. Al escuchar propuestas entender que toda promesa debe tener sustento económico; las ofertas grandilocuentes sin financiamiento deben despertar alertas. Además, la admiración hacia los regímenes autoritarios de la región, que viven miserias y éxodos masivos, debería bastar para descalificar a cualquier candidato.
En provincias, la recomendación es mirar solo uno o dos candidatos por partido para Diputados, no más de dos para Senadores regionales y un candidato nacional. En Lima, basta concentrarse en los primeros cinco o seis nombres por partido tanto para Diputados como para Senadores. El resto, en la práctica, tienen probabilidades marginales de ser elegidos.
No se trata de buscar personajes perfectos. Se trata de funcionalidad estatal: autonomía frente a redes informales de poder, experiencia verificable en gestión, equipos antes que caudillos, posiciones claras sobre justicia, servicio civil y voluntad para tomar decisiones difíciles antes de quedar atrapados en el sistema.
Cambiar de presidente es relativamente fácil. Cambiar la estructura del poder es lento. Destruirla puede tomar apenas una elección.
