Periodista

Alfonso Baella Matto

Desde hace un año y medio, me he sumergido en una exhaustiva investigación que expone con claridad las profundas fallas y posibles crímenes que cometió la gestión de Martín Vizcarra durante la pandemia. La lista enumera distintos gatilladores como la escasez de oxígeno, la compra de pruebas rápidas, las mascarillas de tela o la manipulación de cifras. Pero entre todas estas negligencias, hay un punto crítico que debe ser confrontado de inmediato: el secretismo en torno a la compra de vacunas.


El 18 de mayo de 2021, en el punto más álgido de la segunda ola, el entonces ministro de salud, Óscar Ugarte Ubilluz, firmó la Resolución Ministerial 640-2021-MINSA. En ella, se resolvió que todo documento relacionado con la investigación, negociación, contratación y ejecución contractual para la compra de vacunas quedaría clasificado como 

. En el intrincado laberinto de las implicancias internacionales, la confidencialidad de tales contratos pudo entenderse hasta cierto punto como necesaria. Sin embargo, ante los fatales resultados de la gestión de Vizcarra, mantener la reserva de estos documentos desafía el derecho a la transparencia y a la verdad.


Durante los primeros meses de pandemia, el MINSA formó 14 grupos de trabajo externos, diseñados para actuar como “apoyo técnico” al ministerio en el marco de la crisis sanitaria. Estos grupos, conformados en su mayoría por profesionales de prestigio en distintos rubros, ofrecieron sus servicios Ad Honorem, guiados por el deber ante la magnitud del desafío que enfrentaba el país.


Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos miembros de estos grupos de trabajo. Las declaraciones que me dio en particular un integrante del 

grupo de Innovación de Tecnologías Sanitarias 

«Desde el comienzo, entendimos que el COVID-19 no era solo un asunto médico, sino una cuestión de microbiología y bioquímica. Para nosotros, a diferencia de los doctores y enfermeros, la composición del virus, su transmisión y la detección a través de pruebas moleculares o serológicas era parte del día a día. Sabíamos perfectamente a lo que nos enfrentábamos, ¡este era nuestro campo! Por eso, todas las semanas enviábamos informes clave con datos certeros para que el entonces ministro, Víctor Zamora, pueda guiarse. Nunca nos hizo caso ni aceptó una reunión para conversar sobre nuestros hallazgos», respondió uno de los microbiólogos entrevistados.


Pero lo más grave de la revelación fue que la misma situación se sufría dentro de cada uno de los 14 grupos de trabajos. Si los especialistas no eran escuchados, ¿entonces a quién le hacían caso?


Teniendo en cuenta las declaraciones de los técnicos, decidí ir un poco más allá e investigar a un conjunto donde esperaba encontrar respuestas: “Grupo de Trabajo Multisectorial de financiamiento para la vacuna contra el COVID-19”. Me interesaban los informes que este equipo había elaborado en 2020 investigando el desarrollo de vacunas y el criterio de elección de laboratorios con los que el Estado podía trabajar.


En junio de este año, luego de solicitarlos por el 

 durante semanas, me negaron el acceso amparándose en la Resolución Ministerial firmada por Ugarte en 2021. ¡Esa información es reservada!


En otros países como Alemania, Brasil, Holanda o Sudáfrica la presión social ha permitido iniciar procesos de desclasificación de estos documentos. Por su lado, el gobierno norteamericano ya ha revelado el financiamiento que se le brindaba a los laboratorios en Wuhan. ¿Y nosotros? ¿Por qué nos estamos tardando tanto? ¿No debería ser este el principal promotor de la transparencia en vista de lo ocurrido?


Instituciones internacionales como la Universidad Johns Hopkins y Our World in Data, de Oxford, nos revelan con frialdad numérica la triste verdad: el Perú cargó con la peor gestión de la pandemia por COVID-19. Entre los años 2020 y 2022, nuestro país se convirtió en el epicentro de la tragedia, acumulando la mayor cantidad de muertos per cápita en el mundo. Fue una debacle mortal sin precedentes en la historia de la República, superando las cifras de la Guerra con Chile y el terrorismo.


Sin información es imposible sacar las lecciones necesarias y señalar las responsabilidades. Hay un sinnúmero de preguntas que aún quedan sin respuesta: ¿Con qué criterio se escogieron las vacunas que nos fueron inoculadas? ¿Quiénes tomaron las decisiones? ¿Cuál fue el sustento de la cláusula de exclusividad con Sinopharm que tanto daño nos hizo?

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¡Merecemos saber la verdad!, por Alfonso Baella Matto 

Grandes obras de la literatura universal han sido impresas en 79 páginas. Autores de todas las épocas y todas las tallas han encontrado en esta brevedad el espacio suficiente para contar historias que trascienden el tiempo, para desarrollar ensayos que desafían el entendimiento de lo convencional y para escribir biografías que detallan la esencia humana.

En el ámbito político no hay excepción. En 79 páginas sobra lugar para suscitar esperanzas en los desahuciados, para recuperar la unidad en un país dividido y para avivar el alma de la vasta población indiferente. Sin embargo, en el mundo moderno, en tiempos de gratificación inmediata y de poca retención de audiencias, nadie aguanta escuchar una atropellada lectura de 79 paginas mal redactadas.

El discurso de Dina Boluarte este 28 de julio tuvo una duración de 5 horas ininterrumpidas, erigiéndose como el mensaje de fiestas patrias más largo de los últimos 30 años. «Lo cierto es que la extensión del discurso fue necesaria por el nivel de detalles», argumentó la ministra de Vivienda. Lejos de cumplir con supuestos objetivos informativos, lo único que logró la presidenta con su verborrea fue dormir al canciller y a su hermano Nicanor. Las 79 páginas y la exigua habilidad retórica de la mandataria demostraron que la verdadera elocuencia no se mide en cantidad de palabras, sino en la profundidad del contenido.

El inacabable mensaje de este año se resume en tres puntos que han puesto, una vez más, en tela de juicio el rumbo que ha trazado el Estado peruano luego de 600 días de Boluartismo, rumbo con destino desconocido.

El primero tiene que ver con el poder ejecutivo. Boluarte anunció cambios en la organización ministerial: La creación del nuevo “Ministerio de Infraestructura”; el cambio de denominación del Ministerio del Interior por “Ministerio de Seguridad Pública”; y la fusión de cuatro ministerios en dos, entre ellos el Ministerio de la Mujer y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El segundo tiene que ver con la implementación de una Estrategia Multisectorial para la prevención de violencia sexual contra niños y adolescentes. El tema tomó fuerza debido a los recientes casos de violaciones en el Amazonas. «En lo que va del año, un total de 651 docentes y administrativos, procesados y condenados por delitos de agresión sexual, han sido separados de manera definitiva del sistema educativo», señaló Boluarte.

En tercer lugar, la presidenta responsabilizó al gobierno de Pedro Castillo por haber generado una crisis de confianza y la “mayor fuga de capitales de los últimos 50 años”. Sin embargo, gozó de suficiente memoria selectiva para olvidar que, de los 16 meses del régimen chotano, ella fungió de fiel acompañante y escudera en 15.

Pero es quizá la levedad con la que se han tratado algunos asuntos lo que ha generado mayor controversia. La implementación del Régimen del Servicio Civil, que aumentaría el sueldo presidencial; la débil acción contra la minería ilegal; la “no privatización del agua”; la incertidumbre en PetroPerú; la inconclusa política anticorrupción; el anuncio de los mismos proyectos de irrigación del 2023; y la relación adulante con un Congreso constantemente cuestionado, deja más dudas que certezas.

Dina Boluarte, sostenida por un inestable 5% de aprobación, llegó debilitada por sí misma al hemiciclo este 28 de julio. La poca astucia e inexperiencia la llevaron a perder quizás la última bala. Las interminables 79 páginas del discurso no pudieron decirnos menos de su gestión y más de su caprichosa manera de hacer las cosas.

En la política muchas veces la forma también es parte del fondo. El error de las 5 horas ha sido demasiado grande como para no colmar la paciencia incluso del poco apoyo institucional que le queda. La percepción es que no le importa que la escuchen. La pregunta unánime es entonces: ¿para quién gobierna?

Mujer de palabras vacías, por Alfonso Baella Matto

, señalé —con relación a los preocupantes vínculos de Boluarte y Martín Vizcarra— que “Dina era una luz de esperanza para algunos porque fácil es resplandecer ante la oscuridad de Castillo y sus huestes”. Si bien existió, en un inicio, cierto mérito en la presidenta por gestionar el Estado mejor que Pedro Castillo, su santificación por una fracción de la derecha y su exención de la fiscalización periodística, fueron privilegios superfluos que han terminado contribuyendo, de forma involuntaria quizá, a la gesta de un nuevo gobierno servil a Martín Vizcarra y útil para una cierta izquierda.

Seis meses después de la abrupta caída del régimen chotano, la administración Boluarte ha logrado mantenerse en el poder gracias al argumento del “mal menor”. Gremios empresariales y distintos miembros del fraccionado y errático espectro político han tomado una postura de respaldo a Dina Boluarte fundado en la necesidad de poner fin a la crisis de inestabilidad. Soslayando las acusaciones que cortejan a la ahora mandataria, la derecha reza el discurso de la gobernabilidad antes vaticinado por la izquierda. A pesar de ello, el nuevo gobierno del Perú parece no haber tenido grandes logros en su gestión; por el contrario, ha generado conflictos tanto a nivel interno como externo del país. El deficiente manejo del ciclón Yaku, las disparatadas propuestas legislativas, el decrecimiento económico, los problemas en la frontera, la indiferencia ante los setenta fallecidos durante las protestas a comienzos de año y la falta de comunicación diplomática al resto del mundo frente a estos sucesos, denotan la preocupante incapacidad de Boluarte y Otárola.


En mayo, surgió la epidemia del dengue, revelando que la millonaria inversión del Estado en el sector salud durante la pandemia por COVID-19 fue solo un espectáculo político. Quizá lo más grave de la situación se revela en la estructura de funcionarios del Minsa, donde podemos encontrar a los grandes amigos de Víctor Zamora de vuelta en el ministerio. Rosa Gutiérrez, actual ministra de Salud y ex miembro de Perú Primero (partido de Martín Vizcarra), parece haber logrado su principal cometido: copar la cartera con los mismos burócratas que manejaron, con absoluta incompetencia, la salud pública en el 2020.

Para una parte importante de la población, Martín Vizcarra no solo es el principal responsable del exceso de muertes durante la mala gestión de la pandemia por COVID-19, sino también el destructor de la institucionalidad democrática y de los partidos políticos. Sin embargo, para otros pocos, como es el caso de la ministra Hania Pérez de Cuellar, la cercanía de sus funcionarios con el expresidente "no es algo que le moleste ni le preocupe". ¿Será por la entrañable amistad que en algún momento tuvo con Claudia Cornejo Mohme? La sumatoria de vínculos y cuotas que tiene el lagarto dentro de los ministerios y entidades públicas, y la indiferencia de Boluarte frente al tema, pone en tela de juicio la línea ética del gobierno actual.

Al profundizar en el análisis, se hacen evidentes las similitudes entre estos dos presidentes. El auge de Dina Boluarte en diciembre de 2022, se da en circunstancias muy parecidas a las de Martín Vizcarra en marzo de 2018. Ambos acusados de traición por sus presidentes, por los partidos que los llevaron al poder y por los ministros y congresistas oficialistas con los que compartieron un efímero e infructuoso primer año de gestión. En un inimaginable déjà vu, Boluarte —al igual que Vizcarra—, asume la presidencia en medio de un ambiente de algarabía por el aparente y anhelado fin de la inestabilidad política. Sin embargo, la impredecibilidad, la sangre fría y la volatilidad ideológica que caracterizó a estos dos personajes desde el inicio de su mandato, debió pintarlos como lo que son: personas poco confiables.

Quizá sea verdad que la historia peruana es un círculo vicioso de tropezar con la misma piedra. A lo largo de los últimos 20 años, se han levantado figuras presidenciales que, a pesar de sus graves acusaciones y de inquietantes personalidades, han tenido el respaldo de una fracción importante de políticos y algunos otros poderosos. La derecha empresarial ha demostrado que no tiene analistas que comprendan los fenómenos sociológicos, solo cuenta con operadores para sus intereses. Lo grave sería que, al no comprender la situación actual, y siendo conscientes del daño que le hizo el lagarto al país, la derecha, dividida e incapaz de consensuar, levante desde el subsuelo a otra figura —esta vez una marxista confesa—, que no es digna de su respaldo, cometiendo el mismo error que en el 2018.

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El neovizcarrismo, por Alfonso Baella Matto

“Son pocos los recursos que tienen los congresistas. Ya quisiera un parlamentario tener el sueldo de un ministro o viceministro, o poder viajar en avión cuando le plazca en lugar del transporte terrestre” exclamaba Nano Guerra García durante el velorio de Fernando Herrera, excongresista de Perú Libre, en octubre de 2021. A pesar de las críticas periodísticas y las sentencias por parte de la opinión pública, no pasaron muchos meses para que otros congresistas —de diversas bancadas y pensamientos políticos distantes—, decidieran acompañar a Guerra García en su inoportuna queja, desconectada de la realidad nacional. Tal fue el caso de Alejandro Soto (APP), María Agüero (PL) y Nieves Limachi (CD-JPP), quienes acudieron a la prensa para manifestar su inconformidad con los sueldos, ya que los más de S/. 360 mil que reciben anualmente por fungir como padres de la patria, “no les alcanza”. Dentro de nuestro inestable parlamento, hay una bancada en particular que ha logrado sobresalir por su voracidad económica: Alianza para el Progreso (APP).

El grupo parlamentario que dirige César Acuña se ha mantenido bajo el escrutinio de la prensa gracias a sus constantes controversias, y ha sido catalogado por varios medios como “la peor bancada”. Entre los escándalos que han surgido, hemos visto desde acusados por violación (Caso Freddy Díaz), hasta aparentes ‘Niños’ que blindaban a los ministros del golpista Pedro Castillo (Caso Luis Picón y Hernán Condori). Sin embargo, el escándalo que ha causado revuelo en los últimos días ha sido el relacionado a las tres congresistas ‘Mocha Sueldos’. Las protagonistas esta vez son Magaly Ruiz, Heidy Juárez y Rosio Torres, denunciadas por haberle recortado el sueldo a sus trabajadores para depositárselo a terceros (familiares o allegados).

El 6 de marzo, Carlos Marina Puscan, auxiliar de la Comisión de Protección a la Infancia, denunció a Magaly Ruiz (APP) por haberse apropiado de su sueldo. Entre sus declaraciones, el extrabajador del Congreso señaló que el asesor de la congresista era quién se encargaba de cobrar los cupos. No pasó ni una semana para que le llegara una denuncia a Heidy Juárez —hoy congresista de Podemos—, esta vez venia de parte de cuatro de sus extrabajadores, quienes la acusaban por los mismos recortes. El domingo pasado, el programa Punto Final reveló una última denuncia para otra parlamentaria de APP: Rosio Torres Salinas. Esta vez, el equipo de investigación de Latina dio con las rutas de los cobros que se les hizo a cinco trabajadores del despacho, que iban directamente a las cuentas del sobrino de la congresista, Juan Daniel Pérez Guerra.

Los pasados martes 4 y miércoles 5 de abril, tanto el partido como la fiscalía tomaron cartas en el asunto. Acuña removió a Ruiz y Torres de la Comisión de Ética —grupo de trabajo que a este punto parece prescindir de cualquier tipo de moralidad, donde 12 de los 17 integrantes presentan denuncias y graves cuestionamientos—. Por su parte, el Ministerio Público ha abierto investigaciones contra las parlamentarias y en el caso de Rosio Torres hasta se han realizado diligencias dentro del Congreso a fin de recabar información.

Las ‘Cobra Peajes de APP’ son parte de una realidad a la que no podemos ser ajenos. La insatisfacción por el sueldo es un burdo pretexto que sirve como cortina para ocultar el deseo de robar. Quizás suene muy cliché, pero la situación que se vive en las más altas esferas del poder denota la falta de educación en valores que existe en el país. Somos parte de una sociedad que, con el pasar de los años, normaliza a los corruptos y trata de ingenuos a los honestos. Es difícil reflexionar en torno a un Congreso en el que existen ‘Niños’ en Acción Popular, ‘Topos’ en Fuerza Popular, violadores y cobradores de peajes en APP, golpistas en la izquierda, bancadas cascarón y un número exorbitante de No Agrupados (N/A) producto de transfuguismo, escándalos, denuncias y apetitos personalísimos. El problema nos lleva a la eterna pregunta sobre quienes votaron por ellos y la dura respuesta es nosotros. La solución es aprender a votar por nuestros representantes, para no pedir botar a nuestros representantes.

Peaje congresal, por Alfonso Baella Matto 

El fatídico paso del Ciclón Yaku en los últimos días ha despertado, una vez más, la preocupación y el temor de la población frente a la vulnerabilidad de nuestro país ante los desastres naturales. Si bien en los últimos años, los gobiernos de turno han lidiado, ineficientemente, con intensos problemas climáticos como lluvias, huaicos, inundaciones, incendios forestales y sequías —muchos de ellos producto del fenómeno del niño—, han dejado de hablar y de tomar acciones preventivas frente a una inminente catástrofe que acecha a la capital hace mucho tiempo: El gran terremoto.



El Perú es considerado como uno de los países más sísmicos del planeta. Esto se debe a que formamos parte del ‘Cinturón de Fuego del Pacifico’. En esta zona, la Tierra libera más del 85% de energía acumulada desde su interior debido al constante movimiento y fricción de las placas tectónicas (Nazca y Sudamericana). Desafortunadamente, la membresía de este club se paga con la vida de la población más pobre. El Perú tiene una deuda pendiente que compromete a su capital. La ciudad de Lima lleva más de 270 años de silencio sísmico, acumulando una peligrosa tensión entre las placas, creando una deformación lista para colapsar en cualquier instante. Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo de IGP, se espera un movimiento telúrico en Lima y Callao con una magnitud de 8.8 grados, aunque no se descarta que pueda ser mayor.



Los recientes reportajes sobre la precaria condición de la mayoría de las viviendas y establecimientos públicos o privados en los distintos distritos de Lima hacen aún más preocupante la supervivencia de la ciudad ante un terremoto a gran escala. En febrero de este año, Miguel Estrada, investigador de CISMID, señaló que el 70% de las viviendas de la capital son altamente vulnerables ante un terremoto. Asimismo, la mayoría de distritos son catalogados como zonas peligrosas debido a la inestabilidad que tienen sus suelos. Un factor no menos importante es la falta de cultura sísmica en nuestra sociedad y el desinterés por la prevención, considerando que los simulacros solo se realizan una vez cada dos años y que los protocolos ante situaciones de emergencia no están claros.



Viendo casos actuales como el terremoto de Turquía y Siria, que cobró más de 30 mil vidas y dejó devastada la infraestructura de distintas ciudades, es comprensible la preocupación de la población peruana. En nuestro país, se espera un resultado aún más catastrófico y atemorizante debido a que un movimiento sísmico de tal magnitud provocaría inevitablemente un tsunami. A comienzos de este año, INDECI estimó que “el gran terremoto limeño” podría dejar más de 110 mil muertos y al menos 2 millones de heridos. Ante todas estas observaciones, es necesario preguntarnos qué se está haciendo al respecto.



Gran parte de Lima Metropolitana vive a dos golpes y un repique. El impacto del ciclón Yaku debe servirnos para entender cuáles son los puntos vulnerables más urgentes de la capital. El Estado debe trabajar en la construcción de infraestructuras seguras y resistentes para proteger a la población. Asimismo, se debe desarrollar, junto a los ciudadanos, un plan de reforzamiento de viviendas que tengan señales de inestabilidad, como grietas, manchas de humedad o cimientos endebles. La ciudadanía, por su parte, debe tomar medidas preventivas, evaluando rutas de evacuación e implementando planes de acción que involucren suministros de alimentos y medicinas.



Arguedas solía decir que el Perú es un país condenado a la catástrofe. Que somos víctimas de un destino implacable que nos arrebata todo lo poco que conseguimos y no nos devuelve nada, como si fuésemos un pueblo maldito. Pero, aunque muchas veces la realidad no parezca ajena a las escrituras de El Tayta, tenemos que dejar la fatalidad de lado y empezar a tomar medidas concretas para evitar que la próxima catástrofe sea tan devastadora como se espera. La prevención y la educación son claves frente a los desastres naturales, y es responsabilidad tanto del gobierno como de cada uno de nosotros contribuir a ello.

Viviendo a dos golpes y un repique, por Alfonso Baella Matto 

La industria de la música en el Perú, aún emergente y abandonada en muchos aspectos por el Estado y la sociedad, sufre en la actualidad un preocupante desinterés por nuestra cultura andina. Con el pasar de los años, la música de los Andes peruanos parece ya no encajar dentro de la sociedad. Puede que esto se deba, en parte, a la falta de evolución de la misma. Los avances de la globalización en los últimos diez años han traído consigo la necesidad de modernizar los elementos que forman nuestra identidad cultural. Sin embargo, en el caso de la música andina, este problema no se ha resuelto. La falta de interés pone en peligro de extinción al género y le resta a la industria nacional la ventaja comparativa más importante dentro del mercado internacional.

La reinvención de lo tradicional, en busca de un producto moderno, no es algo nuevo en la industria de la música. A lo largo de los últimos treinta años, hemos visto cómo en distintos países se vienen trabajando estilos propios de cada cultura para implementarlos dentro de los géneros en tendencia y así no dejar que se pierdan en el tiempo, como es el caso del vallenato colombiano o las rancheras mexicanas. Un caso de éxito reciente ha sido Rosalía, cantante española de treinta años que logró fusionar el Flamenco con el Trap en su disco EL MAL QUERER (2018), convirtiéndose en un ícono de la música urbana moderna, revalorizando su cultura e incorporándola en los playlists de jóvenes Centennials y Millennials.

En el Perú la situación es complicada. Las canciones de Daniel Alomía Robles, Raúl García Zárate, Luis Abanto Morales o Jaime Guardia cada día son escuchadas por menos personas. Las bandas que intentaron seguir los pasos de Los Morochucos o Los Chamas ya no logran captar la atención de su público objetivo, mucho menos de las masas juveniles. Quizás lo único que ha prevalecido de nuestra milenaria cultura musical ha sido la música criolla, reducida hoy a un disco de “Grandes Éxitos” del Zambo Cavero que se usa como Soundtrack en la previa a los partidos de la selección o como parte de la “hora loca” en los matrimonios limeños.

En medio de este panorama tan desolador aparece Milena Warthon, una chica de 22 años que finalmente entendió el problema y encontró una solución. Un proyecto musical que busca revalorizar la música andina, sus instrumentos y sus bailes, a través de una interesante fusión con la música urbana. A diferencia de Renata Flores, el proyecto de Milena Warthon tiene un perfil más atractivo para el público nacional y se muestra como propuesta innovadora para los Major Records internacionales. Su primer sencillo ‘Agua de Mar’, publicado en 2021, llamó la atención no solo de la audiencia peruana, sino también de grandes representantes de la música internacional, posicionándose como “la canción peruana más viral” en Spotify ese año.

El triunfo de Milena en Viña del Mar la semana pasada, es un logro importante para la industria peruana. Es una luz de esperanza para todos los estudiantes de música en las universidades, conservatorios e institutos. Ha quedado demostrado el éxito de la fusión entre los elementos tradicionales de nuestra cultura y los géneros modernos. Con solo nueve canciones publicadas, Milena Warthon ya es una de las artistas nuevas mejor posicionadas de América Latina, siendo acreedora de una gaviota de plata, llenando locales en distintas regiones y vendiendo su propio merchandising. La bautizada ‘Princesa del Pop Andino’ no solo ha revolucionado la música de los Andes, también ha marcado la ruta para los futuros artistas nacionales.

Milena Warthon: ¿Game Changer?, por Alfonso Baella

Adentrándonos en la última semana de la primera legislatura ordinaria del periodo 2022-2023 del Congreso —última oportunidad para aprobar un adelanto de elecciones para este año o el próximo—, resulta oportuno hacer una reflexión con respecto a esta repentina e improvisada propuesta que ha sido tipificada por algunos medios como “la salida más viable” a la crisis que afronta el Perú.

Quizás fue la composición del gabinete Angulo lo que detonó la ira de la izquierda frustrada e impotente luego de la caída del golpista. Sea como fuere, no pasó una semana desde la juramentación de Boluarte para que distintos grupos en el sur, repentinamente, empezaran a pedir un adelanto de elecciones. El gobierno cedió ante la violencia y anuncio nuevos comicios para el 2024. El adelanto se volvió el vehículo único que el establishment decidió impulsar. De entre los escombros de la izquierda y la prensa caviar surgió nuevamente el discurso del electorado amnésico (mismo de noviembre del 2020): “Este Congreso no nos representa. Queremos que se vayan todos”. Una frase que a estas alturas evidencia un problema en los votantes y no tanto en el sistema.

No extraña que el adelanto de elecciones sea una propuesta popular, o que mantenga cifras importantes de aprobación en las encuestas. Siempre será más fácil volver a tirar los dados, sacar un nuevo maso de cartas o darle reset al juego en lugar de tomarse la molestia de arreglarlo. Es mejor volver a elegir que tener que asumir nuestros votos y responsabilidades.

La propuesta de adelanto es inocente. Pretendemos conseguir un resultado distinto sabiendo que los dados siguen cargados. Creemos que mágicamente esta vez sí vamos a votar bien, que de pronto tendremos buenos candidatos y, como siempre, creemos que en estas elecciones llegará ese mesías que nos sacará de la crisis y finalmente arreglará al Perú. Neruda no se equivocó al decir que la palabra esperanza en Latinoamérica es una promesa de pago cuyo vencimiento se aplaza.

El panorama actual es tan desolador como lo fue en el 2021. La demanda aumenta; sin embargo, la oferta es la misma, desordenada y poco representativa. ¿Qué va a cambiar entre las elecciones del 2021 y unas nuevas en 2024? Son los mismos partidos y muchas de las mismas caras. Este Congreso, que sufre un 80% de desaprobación, fue elegido con “memoria” supuestamente. Fue elegido por todos aquellos que salieron a marchar golpeando ollas frente a la asunción constitucional de Manuel Merino, ¿Qué va a cambiar en el 2024?

Va siendo hora de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se pongan a trabajar en pro del país, que empiecen a buscar vías para solucionar los problemas más urgentes (turismo, comercio, empleos, inflación, fertilizantes, etc.) y dejen de darle tiempo a disparates como un adelanto de elecciones improvisado. No simpatizo en lo más mínimo con Boluarte, por lo contrario, considero que debió ser inhabilitada en el 2022 por la SAC. Sin embargo, fue elegida junto a 130 congresistas para que asuman la responsabilidad que sus cargos conllevan y lidien con problemas como el actual. Solo así, afrontando y solucionando las dificultades, volveremos progresivamente a la estabilidad. De cualquier otro modo, viviremos entre gobiernos de transición donde se patean los problemas y prolongan las crisis.

Nada cambiará con un adelanto de elecciones, por Alfonso Baella Matto 

En los últimos días nos hemos vuelto, involuntariamente, férreos expectantes de un show que pone en riesgo el futuro del país. Un espectáculo improvisado que ha convertido al Parlamento en un circo, lleno de acrobacias, ilusiones, equilibristas y falsas personalidades. El problema empezó el jueves de la semana pasada, cuando la bancada de Fuerza Popular dio un giro sorpresivo. El fujimorista Nano Guerra presentó un pedido de reconsideración a la votación sobre el adelanto de elecciones generales para 2024, a fin de que estas sean en 2023. Esta solicitud no solo sorprendió a las demás bancadas dentro del pleno, sino también al mismo presidente del Congreso, José Williams, quien marcó distancia en un inicio con la propuesta añadiendo que no tenía conocimiento sobre el tema.

En un exiguo intento por justificar su accionar, Nano expuso dos motivos que, hasta ese entonces, fueron presentados como irrefutables realidades. En principio, se refirió a la crisis política que afronta el país y la necesidad de una salida rápida. “Hay que ver las calles. Esta propuesta no es una consigna partidaria, es una necesidad del país”, expresó en el hemiciclo. En segundo lugar, señaló que no se iba a llegar a un consenso con las bancadas de izquierda frente a las reformas constitucionales para las elecciones en 2024, ya que estas condicionan su voto a la Asamblea Constituyente. Sosteniéndose en esas dos premisas, la bancada fujimorista se aventuró, nuevamente, en la búsqueda de 87 votos, con una izquierda irracional y una derecha totalmente dividida en base a convicciones e ideales o, simplemente, intereses propios.

El extenso debate por el adelanto de elecciones nos lleva a cuestionar el ambiguo e insustancial discurso de Guerra García. ¿Acaso existe consecuencia en este sustento o es simplemente un intento acrobático por llevar a cabo la estrategia política fujimorista de cara a los próximos comicios? No es necesario estar muy pendiente del panorama político nacional para darse cuenta de que el mayor beneficiado de un eventual adelanto de elecciones sería Fuerza Popular.

Este último fin de semana, Nano se ha dedicado a hacer malabares para convencer a las demás bancadas de acompañarlo en su designio suicida. "No estamos ni con los chantajistas” —en referencia a los que secundan la violencia desde el Congreso— “ni con los negacionistas” —en alusión a los que creen que se debe cumplir el periodo hasta el 2026—. Junto a la bancada, parece no haber encontrado otra solución a su incapacidad de lograr consensos más que la dimisión del Parlamento. Por otro lado, su propuesta no solo se adecúa a los “tira piedras”, sino que evidencia claudicación ante la subversión y establece un peligroso precedente.

En el circo, la caída de un equilibrista causa risa; en la política, vergüenza. Pero a estas alturas solo produce malestar y más frustración. No estamos para shows improvisados, sino para tomar decisiones que calmen, no a la turba, sino a 33 millones de peruanos.

El show del malabarista, por Alfonso Baella Matto

Desde el pasado 7 de diciembre, el Perú viene siendo el centro de atención de la política sudamericana. La llegada de diversos corresponsales de agencias extranjeras a la capital, la cobertura y análisis en medios europeos, y los puestos destacados en la redacción web de los grandes diarios de la prensa yanqui definen el interés global por la situación que afronta el país. Sin embargo, el espectador extranjero, tan lejano y ajeno a nuestra realidad, está siendo víctima de medias verdades e información parcializada.

Para entender la situación con los medios extranjeros es necesario definir lo que es un ‘caviar’. En los últimos 10 años, este término —cumpliendo una función de adjetivo y sustantivo a la vez— se ha utilizado en el ámbito político como una suerte de etiqueta para cierto grupo de poder. El origen y su popularización dentro de la escena política nacional no tiene mayor relevancia en el presente texto; sin embargo, es importante hacer una clara puntuación en su definición.

El caviar se define, políticamente, de centro-izquierda. Es progresista en lo social, mostrándose siempre a favor de las exigencias de ciertos grupos minoritarios como el movimiento LGBTIQ. Son feroces críticos del modelo capitalista, lo consideran injusto e inmoral. Sin embargo, les gusta formar parte de los altos círculos sociales, vacacionan en los mejores hoteles de Miami y compran lujosas casas en el sur. Quizás la característica caviar más definida sea su irracional antifujimorismo, producto del desmantelamiento del modelo velasquista. Estas personas perciben la realidad como mejor les convenga. Juzgan y critican las decisiones de los demás, sintiendo que son moral e intelectualmente superiores; sin embargo, la verdad es que actúan por conveniencia, sin seguir ningún tipo de línea ética. Sus posturas, comentarios y análisis tienen un precio.

El panorama que hoy afronta el país es sumamente complicado. Las cifras de fallecidos y el descontento nacional van en aumento. Los caviares han logrado copar los medios extranjeros, desde los más progresistas hasta los que se caracterizan por estar al centro. Orgullosos corresponsales de los diarios más importantes del mundo comparten medias verdades. Cuentan a detalle las muertes que son causadas por las fuerzas del orden, pero cuando un subversivo quema vivo a un oficial o apedrea una ambulancia, ahí se quedan callados. Son especialistas en conseguir fotos en alta resolución de policías reduciendo a los delincuentes, pero cuando los revoltosos queman comisarías, de pronto la memoria de la cámara se les llena. El término ‘terrorista’ les causa fastidio. A pesar de que los violentistas asesinan efectivos, prenden fuego a medios de comunicación y disparan contra las fuerzas del orden, ellos los llaman protestantes. La represión policial y el supuesto atropello a derechos fundamentales —como la libertad de expresión— es una historia atractiva, entendible y familiar para el público internacional luego de lo ocurrido con el movimiento Black Lives Matters en 2020.

Cabe preguntarnos si acaso esta proliferación caviar es responsabilidad de la derecha. Si es que el abandono de las universidades y de las calles, de la historia y la cultura, condujo a todos esos estudiantes de periodismo y comunicaciones, seducidos por el progresismo moderno y lo “políticamente correcto”, a tomar el camino banal del caviaraje. Quizás fue nuestra culpa por nunca habernos tomado el tiempo de recordar y volver a popularizar figuras como Manuel D’Ornellas, Pedro Beltrán, Arturo Salazar, Luis Miró Quesada o Baella Tuesta. Dejamos solo a César Hildebrandt convirtiéndolo en el padre del periodismo moderno, siendo admirado por jóvenes que no conocieron más. Jóvenes que no encontraron textos alternos al Informe Final de la Comisión de la Verdad o que no consiguieron una segunda perspectiva académica que desdiga a Vergara. Quizás la derecha cometió el error de pensar que la batalla ideológica terminó el 12 de septiembre de 1992, cuando cayó Abimael. Nos olvidamos de la parte más importante de todo triunfo, saber contar la historia.

“Los vencedores cuentan la historia, pero el paso del tiempo también da voz a los vencidos”, decía George Orwell. Parte de lo que vivimos hoy es gracias a que dejamos que los vencidos la cuenten primero, dejamos que construyan museos e instruyan profesores para meterlos en universidades y colegios. Con todo lo que está pasando, ¿dejaremos que esta historia también la cuenten los vencidos? Aún estamos a tiempo de cambiarlo, de instruir a una nueva generación contándoles la verdad. Contandoles lo que se vivió durante la pandemia con el oxígeno de Vizcarra, con las vacunas de Sagasti y con el terrorismo de Pedro Castillo. No perdamos la batalla una vez más.

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Una vez más no sabemos contar la historia, por Alfonso Baella Matto 

En tan solo 22 días, el gobierno de Dina Boluarte ha juramentado dos gabinetes ministeriales. A diferencia de Pedro Castillo, Boluarte ha optado por designar personas con un perfil más técnico, alejadas de grupos terroristas y con cierta experiencia en distintos sectores. Sin embargo, la salida de Torres y Cerrón, ha abierto paso a un personaje mucho más peligroso, Martín Vizcarra.

La primera cuota Vizcarrista dentro del gobierno de Boluarte es Rosa Gutiérrez, actual Ministra de Salud que hasta hace poco desempeñaba el cargo de secretaria de relaciones exteriores en el partido Perú Primero. Pero su relación con el lagarto se remonta al 2017, cuando Vizcarra aún era ministro de Transportes. Gutiérrez esperaba a Vizcarra en cada provincia a la que viajaba y en varias oportunidades le entregó su currículum con la esperanza de tenerla en cuenta para algún cargo público. La relación se enfrió luego que el lagarto se fuera a Canadá. Sin embargo, logró que la recomendaran para ser designada como gerente sectorial de Salud de la Autoridad para el plan ‘Reconstrucción con Cambios’ en 2019.

Pero, ¿qué podría estar haciendo Rosa Gutiérrez en el Minsa para favorecer a Vizcarra? Habría que ser muy mal pensado para creer que la actual ministra de Salud esté tratando de eliminar documentos y borrar evidencia del nefasto manejo de la pandemia. Solo un loco podría creer que el lagarto necesita tener gente adentro que destruya todo lo relacionado a la fallida implementación de plantas y balones de oxígeno, la compra de pruebas rápidas o el caso Vacunagate.

La segunda cuota del lagarto vendría a ser Paola Lazarte, actual ministra de Transportes y Comunicaciones. Lazarte volvió al MTC luego de haber formado parte de la “argolla moqueguana de confianza” desarrollada durante la gestión de Vizcarra. En los últimos días, ha saltado la noticia que Lazarte habría designado como su asesor a Carlos Revilla Loayza, otro moqueguano cercano a Vizcarra y cuestionado ex director ejecutivo de Provias Descentralizado, que adjudicó el consorcio puente Tarata III a la compañía asesorada por Karelim López. Además, muchos de los nuevos funcionarios dentro del ministerio habrían sido reciclados del MTC de Vizcarra en 2017, evidenciando el copamiento de lagartos en la cartera.

Otra designación importante para Vizcarra fue Mónica Moreno como asesora dentro del MEF. Junto a Miriam Morales, Moreno es una de las personas de mayor confianza del ex presidente. Ejerció el cargo de jefa de Prensa cuando el lagarto todavía estaba en Palacio, encargándose de que lo veamos en nuestras pantallas durante toda la pandemia y que los medios de comunicación lo mimen y no lo cuestionen.

Por otro lado, es importante tener en cuenta a ministros como José Chávez, Julio Demartini y uno de los actuales consultores de la PCM, Pastor Paredes. Todos allegados a Vizcarra y a Miriam Morales, y amarrados a ellos por miles de favores.

Dina, para algunos, es una luz de esperanza. Fácil es resplandecer ante la oscuridad de Castillo y sus huestes. Pero esa luz puede terminar consumiéndola en una hoguera de indignidad si el vínculo con un corrupto y amoral, cómo Vizcarra, es intencional. En el círculo de poder y gobierno de Boluarte hay gente buena, honesta y profesional. Aún no sabemos si ellos también están ahí como coartada de los reptiles, y si, en los hechos, el lagarto sigue gobernando en Palacio.