Analista en comunicaciones

Berit Knudsen

El 6 de mayo India lanzó su mayor ofensiva aérea contra Pakistán en medio siglo, bombardeando supuestos campamentos terroristas en Cachemira y Punjab. Los ataques fueron en respuesta al atentado del 22 de abril en Pahalgam (Cachemira india), donde 26 turistas hindúes murieron a manos del Frente de Resistencia, vinculado a militantes islamistas en Pakistán. Islamabad denunció la agresión contra civiles y prometió represalias “en el momento y lugar de su elección”.

La escalada reaviva una disputa estructural originada con la partición del Raj británico en 1947. India y Pakistán han combatido en cuatro guerras (1947, 1965, 1971 y 1999), con múltiples conflictos menores, con Cachemira –de mayoría musulmana y administración india–, como epicentro. Estas incluyeron ataques “quirúrgicos” en 2016, intercambios de fuego prolongado en 2017 y bombardeos en 2019, por tensiones étnico-religiosas, nacionalismo, con actores armados no estatales.

Desde 1998 ambos países se convirtieron en estados nucleares. India, quinta potencia militar global practica la doctrina nuclear de No First Use (no usar primero), mientras Pakistán desarrolló armas nucleares tácticas como elemento disuasivo ante una inferioridad militar de diez a uno. Se estima que India posee 180 armas nucleares y Pakistán 170, no desplegadas en vectores operativos. El equilibrio estratégico se sostiene sobre la base de una frágil “disuasión mutua”.

La ofensiva india en mayo incluyó misiles SCALP y bombas guiadas Hammer lanzadas desde cazas Rafale franceses. Pakistán asegura haber derribado cinco aviones indios, sin confirmar. Ambos bandos intercambiaron fuego de artillería en la Línea de Control, con 31 civiles muertos en Pakistán y 13 en India.

Pero el mayor peligro es el agua. India suspendió unilateralmente el Tratado del Indo (1960), que regula el reparto del caudal de los ríos del Himalaya. El Indo nace en el Tíbet controlado por China, fluye por India y atraviesa Pakistán, surtiendo el 75% del agua para producción agrícola e hidroeléctrica. India liberó aguas desde la represa de Uri el 27 de abril, provocando graves inundaciones en Pakistán. Aunque India carece de capacidad técnica para cortar completamente el flujo, lo manipula causando daños civiles y económicos.

En respuesta, Pakistán cerró su espacio aéreo, suspendiendo el Acuerdo de Shímala firmado tras la guerra de 1971, eliminando el marco bilateral de no agresión. Ello deja un vacío diplomático sin mecanismos de contención, peligroso escenario que intensifica las hostilidades.

El conflicto se desarrolla en un entorno internacional desentendido. Trump, aliado de India, expresó poco interés, minimizando el conflicto al decir que “han estado peleando por siglos” y su administración no ha nombrado embajadores en la región. Pero China observa con atención: ha invertido 25 mil millones de dólares en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), controlando el nacimiento del río Indo en el Tíbet. En 2017 usó el agua como presión estratégica, bloqueando datos hidrológicos del Brahmaputra durante un conflicto con India.

A pesar del intercambio de fuego y amenazas cruzadas, es probable una contención armada, como en Kargil en 1999 o los enfrentamientos de 2017. Pero la disuasión nuclear no garantizará estabilidad si alguno de los actores pierde control político o militar; además del agua agregando una dimensión “no convencional” de efectos imprevisibles.

Este conflicto estructural no puede interpretarse solo en clave territorial o identitaria, es una lucha por recursos y poder regional, donde misiles y represas presentan el mismo peso estratégico. Con una diplomacia global debilitada y potencias ocupadas en otros frentes, el subcontinente indio es un escenario de guerra que nadie quiere, pero que podría estallar ante cualquier error, inundación o provocación, cruzando el umbral nuclear.

Conflicto India-Pakistán, religión, territorio y agua, por Berit Knudsen

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca encontró al mundo en una tensión sostenida, la guerra en Ucrania persistía, conflictos abiertos en Oriente Medio y fricciones económicas con China. Pero una arquitectura multilateral –debilitada– ofrecía marcos de cooperación. Instituciones como la ONU, OMS o la OTAN sostenían un frágil equilibrio, con Estados Unidos conservando su posición de garante del orden liberal desde 1945.

Durante su campaña, Trump prometió restaurar la grandeza estadounidense, una economía fuerte, cierre de fronteras, relocalización industrial y una paz internacional inmediata. Con la consigna de “America First”, ofreció resultados sin concesiones ni equilibrios institucionales. Atacó a las élites globalistas, organizaciones multilaterales y la llamada agenda progresista, denunciando la ideología de género, afirmando que existen solo dos sexos, defendiendo la familia, propiedad privada y libertad de expresión como pilares de los derechos humanos. No obstante, el alcance de esa libertad ha sido puesta en duda con mecanismos de censura selectiva desde el Ejecutivo.

El resultado de los 100 primeros días ha sido una transformación tanto política como en el modo de ejercer el poder. Con 140 órdenes ejecutivas se ha desmantelado agencias como USAID, recortado programas sociales con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk. El objetivo es reducir el aparato federal y neutralizar el “Estado profundo”, debilitando controles burocráticos heredados.

El impacto económico del 2 de abril, “Día de la Liberación”, fue inmediato. Anunciados como jugada patriótica, los aranceles de 10 % a todas las importaciones y 145 % a los productos chinos, desataron el caos financiero con el S&P 500 cayendo más de 9 % en una semana. Los bonos del Tesoro se depreciaron, encareciendo el crédito por la profunda incertidumbre. Lejos de una bonanza, los indicadores anticipan una posible recesión, con plantas industriales que debían mudarse a Estados Unidos paralizadas por falta de personal calificado, empresas como Apple declaran inviable la fabricación en suelo nacional y compañías de microchips buscan alternativas en India. Las promesas industriales enfrentan las severas limitaciones estructurales del sistema.

En política exterior Trump ha dado un giro radical, retirándose de la OMS, la Corte Penal Internacional, desfinanciando el Acuerdo de París, cuestionando el papel de la OTAN y el FMI. La diplomacia multilateral se ha sustituido por relaciones bilaterales bajo una lógica de fuerza. Europa observa con preocupación el deterioro de la relación transatlántica, en América los vínculos con Canadá y México son frágiles; mientras Panamá cede a las presiones comerciales. Trump busca liderar un nuevo orden, pero su política transaccional lo aísla frente a aliados históricos.

Objetivos como terminar la guerra en Ucrania y los conflictos en Oriente Medio persisten, con nuevos focos en Cachemira tensionando a India y Pakistán. La guerra comercial con China escala, amenazando con extenderse a Taiwán. Las sanciones dificultan la planificación de empresas en el mundo, afectando cadenas de suministro globales.

Trump ha consolidado una narrativa en defensa de valores tradicionales: combate los discursos de género, impulsa leyes para restringir contenidos en plataformas digitales y respalda demandas judiciales contra el “adoctrinamiento progresista”. Esta agenda sostiene su base leal, pero pierde el apoyo independiente. Con una aprobación del 41 %, su poder está en juego ante las elecciones de medio término, donde tradicionalmente la oposición gana terreno en el Congreso.

Lo que se presentó como restauración del liderazgo estadounidense se ha traducido en disrupción. El orden prometido, hoy se manifiesta como fragmentación institucional y aislamiento internacional, en una carrera para lograr resultados apresurados.

Los 100 primeros días de Trump, por Berit Knudsen

El modelo autoritario de Xi Jinping, con un anclaje histórico-cultural que perpetúa su legitimidad, podría hallar nuevas formas de supervivencia en el siglo XXI. Para entender por qué la sociedad china respalda casi sin excepción un sistema político vertical y controlado, es necesario examinar dos factores íntimamente ligados: el contrato de prosperidad y orden suscrito por el Partido Comunista con la población, y los principios filosóficos confucianos que han modelado el imaginario colectivo por más de dos milenios.

Desde el siglo XIX, la meta de convertir a China en un “país rico y ejército fuerte” (fuguo qiangbing) avanza sin separarse de la defensa de su “esencia cultural” (zhongti xiyong). Ese acuerdo, bajo Xi Jinping, se tradujo en hechos: China es hoy la segunda economía mundial y exhibe un despliegue militar con alcance global. A cambio de crecimientos acelerados, empleos industriales y gasto social en infraestructura, vivienda y salud, las mayorías aceptan la censura, control de la información y la ausencia de elecciones libres. El bienestar material y la estabilidad cotidiana pesan más que amplias libertades políticas.

Pero este pacto no puede sostenerse sin un sustrato cultural dispuesto a venerar la jerarquía y priorizar la armonía. El confucianismo, como sistema ético, se reinterpreta para articular un autoritarismo que instituye la obediencia filial del “xiao” –devoción a padres y ancestros– como clave de la cohesión social. Al proyectar esa obediencia familiar al ámbito estatal, cuestionar al líder se percibe como falta moral que traiciona el orden natural. El concepto de “li” –normas rituales que rigen las interacciones–, refuerza la disciplina, mientras que la figura del “junzi” –gobernante virtuoso– legitima un poder ejercido solo por quien, teóricamente, demuestre sabiduría y rectitud.

En la práctica contemporánea, el Partido Comunista rescata y reinterpreta esos preceptos. Las campañas de “educación moral” en los Institutos Confucio del mundo son herramientas de propaganda que promueven la unidad, sacrificio y deber colectivo, silenciando la crítica al poder injusto confucionista. La lealtad al Estado se convierte en imperativo ético, reforzado en escuelas y redes sociales que premian el conformismo y marginan la disidencia.

El control se intensifica con la vigilancia digital y una economía supervisada masivamente, reforzando la idea de inexistencia de alternativas viables. La ausencia de espacios públicos libres, con millones que disfrutan los logros tangibles –ciudades seguras, transporte ultrarrápido, acceso al crédito–, convierte en tolerables las restricciones al asociarlas con un orden que ofrece resultados concretos. Cualquier experimento democrático occidental evocaría el caos frente a un modelo chino que opera con eficacia y continuidad histórica.

Sin embargo, un atisbo de cambio es posible: la generación pos-noventa, nacida en un entorno algo más abierto, lejano a Mao, podría acceder a la cúpula con una mirada menos rígida. Sin abrazar el liberalismo, podrían entender que un margen de debate y autonomía puede fortalecer al régimen, mejorando su credibilidad internacional. En un mundo donde la democracia liberal muestra grietas y el globalismo iliberal gana terreno, una China “menos cortante” podría presentarse como alternativa: un autoritarismo capaz de ofrecer prosperidad compartida y un relato moral basado en un confucianismo social renovado.

La continuidad del régimen chino descansa sobre un delicado equilibrio entre promesas económicas y sustentos filosóficos. Mientras el Partido Comunista mantenga la percepción de que “orden y riqueza” van de la mano con obediencia a nivel superior como deber moral, la población seguirá dispuesta a soportar –e incluso proteger– un sistema autoritario que, paradójicamente, se nutre de antiguas enseñanzas confucianas para garantizar la supervivencia del sistema, silenciando la crítica al líder.

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Autoritarismo confuciano de Xi Jinping, por Berit Knudsen

El fallo que condena a Ollanta Humala y Nadine Heredia a prisión por lavado de activos parecía marcar un hito en la lucha contra la corrupción en el Perú, pero la narrativa se desvió en pocas horas. En lugar de enfrentar la cárcel, la ex primera dama ingresó a la Embajada de Brasil, recibió asilo diplomático, saliendo del país con un apresurado salvoconducto, rumbo –justamente– al epicentro del escándalo Odebrecht.

Lo que está en juego es la credibilidad del sistema, el debido proceso y la lucha contra una impunidad sofisticada, blindada por afinidades ideológicas y redes de protección construidas en años de financiamiento irregular de campañas políticas.

La sentencia ha sido cuestionada por los penalistas Julio Rodríguez y Humberto Abanto. Señalan que se dictó sin respetar precedentes del Tribunal Constitucional, lo que constituiría una infracción procesal. Afirman que la base probatoria se apoya en testimonios de colaboradores eficaces sin corroboración en los casos de entrega de dinero desde Venezuela en 2006 y versiones sobre valijas diplomáticas. Lo mismo afirman sobre los aportes brasileños de Odebrecht en 2011, cuyo origen ilícito fue acreditado con testimonios escritos por la ausencia de testigos brasileños. Pero son conocidas las trabas impuestas por los fiscales, impidiendo que los casos relacionados con Odebrecht progresen desde 2016.

Otros juristas sostienen que la acusación debió formularse como financiamiento ilegal de campaña y no por lavado de activos, que implica otros estándares probatorios. Esto revela una preocupante falta de rigor técnico por parte de la Fiscalía en un caso complejo y políticamente delicado.

La controversia se intensifica con el asilo concedido por Brasil. Heredia entró a la embajada el día de su condena, logrando en pocas horas la protección diplomática de Luiz Inácio Lula da Silva. El gobierno de Dina Boluarte emitió el salvoconducto sin resistencia, amparándose en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, aunque este prohíbe conceder asilo a condenados por delitos comunes.

¿Puede hablarse de persecución política? ¿O estamos ante el uso estratégico de vacíos legales para evadir una condena?

No es coincidencia que Lula y la pareja Humala-Heredia compartan afinidades ideológicas. Durante la presidencia de Lula, Odebrecht transfirió tres millones de dólares a la campaña de Humala en 2011, operación avalada por el propio mandatario. Es razonable pensar que el asilo responde a la intensión de proteger un proyecto político común.

Lula purgó 580 días de prisión por corrupción vinculada a Odebrecht y aunque su condena fue anulada por razones procesales, su relación con el caso Lava Jato sigue siendo parte de su historia política.

La Convención sobre Asilo obliga a Perú a otorgar el salvoconducto salvo en casos de fuerza mayor. ¿No califica una condena por corrupción como tal, al menos para tomarse un tiempo y evaluar la situación? Pero no fue así. Se actuó con velocidad y complacencia.

Este episodio lanza un mensaje peligroso: que en América Latina las lealtades ideológicas y los vínculos personales funcionan como salvavidas, incluso cuando la postergada justicia empieza a hacer su trabajo.

No es un caso más: “Ningún cambio legal funcionará sin una reforma radical del sistema de justicia”. Y aunque se necesita construir casos sólidos, la independencia judicial no puede doblegarse ante presiones políticas externas.

La lucha contra la corrupción se ha convertido en un campo de batalla ideológico. No puede hablarse de justicia si se acomoda según la cercanía al poder. No puede haber democracia si los que cuentan con los contactos correctos quedan fuera del alcance de la ley.

Salvoconducto a la Impunidad, por Berit Knudsen

El activo más poderoso de Estados Unidos en el último siglo, más que su economía o arsenal militar, ha sido su capacidad para construir alianzas sólidas, duraderas y confiables. A través de tratados comerciales, pactos de seguridad y acuerdos multilaterales, Washington fue el corazón de un sistema internacional que —aunque imperfecto— ofrecía previsibilidad, reglas compartidas y una arquitectura donde el liderazgo estadounidense era aceptado, incluso deseado.


Sin embargo, en una era de competencia geopolítica, esa red de alianzas corre el riesgo de erosionarse. La política comercial de Trump, con aranceles indiscriminados a rivales y socios históricos, sacude el comercio global enviando señales contradictorias sobre el compromiso estadounidense con sus aliados. En un entorno de alta volatilidad financiera y fragilidad fiscal interna, su percepción internacional se ve afectada.


El mercado de bonos del Tesoro, refugio tradicional del sistema financiero global, no logra recuperar su estabilidad. Las tasas a 10 años aumentan por la caída en la demanda, exceso de emisiones para financiar el déficit y temores sobre una política errática. Estados Unidos necesita renovar 9 billones de dólares en deuda este año, con posibles aumentos de tasas, incremento de costos operativos estatales, dificultando su margen de maniobra con una posición debilitada frente una crisis.


Estados Unidos debería ver en sus aliados parte de la solución. Gravar con aranceles a Japón, Corea del Sur, Alemania o incluso Canadá —socios clave en lo tecnológico, militar y comercial— cierra puertas cuando más las necesita. Enfrentar retos globales como la rivalidad con China o la seguridad en el Indo-Pacífico exige colaboración estrecha y sostenida.


Ante la imposición de 145% de aranceles, China responde que “no es la forma de negociar con ellos”. No se repliega ante la presión, ni renuncia al pragmatismo. Fortalece lazos con Rusia, potencias emergentes del sur global y regiones donde Estados Unidos pierde terreno diplomático, ampliando su círculo de influencia. Desarrolla alternativas financieras, comerciales y estratégicas como el reciente “Plan para Acelerar la Construcción de un País Agrícola Fuerte (2024-2035)"; mientras Washington levanta barreras que parecen insalvables.


La estrategia unilateral de Trump generó impacto político ante el electorado, pero los mercados financieros reaccionaron con caídas y aversión al riesgo ante la incertidumbre. Mientras China, bajo un sistema vertical autoritario con rápida capacidad de reacción ante nuevos escenarios, aplica una visión de mediano y largo plazo, jugando con tiempos, escala y paciencia.


Trump, enfocado en resultados inmediatos, mercados y presiones electorales, descuida herramientas estratégicas clave. Los aliados no pueden ser vistos como costos o cargas: son activos fundamentales. Existen canales para resolver diferencias —comerciales o estratégicas— más allá de sanciones o mecanismos de presión. Para continuar liderando un sistema global competitivo, interconectado y fragmentado, Estados Unidos necesita reconstruir alianzas sólidas, funcionales y confiables, socios que contribuyan a fortalecer su liderazgo global.


No significa que la estrategia estadounidense esté condenada al fracaso; aún conserva liderazgo tecnológico, dinamismo empresarial, capacidad militar y, sobre todo, una comunidad internacional que —a pesar de las tensiones— considera a Washington como socio fundamental. Pero la incertidumbre es un componente peligroso, puede frenar cualquier iniciativa.


El capital político no es eterno. La confianza, una vez quebrada, puede requerir años recuperarla. La pregunta es si Estados Unidos está dispuesto a reconstruir un modelo de cooperación con bases sólidas, colectivas y duraderas con aliados, para competir con China en los próximos veinte o treinta años. No se trata de elegir entre protegerse o cooperar; la mejor protección es la cooperación.

Estados Unidos y el riesgo del aislamiento, por Berit Knudsen

Donal Trump anunció el “Día de la Liberación Económica” aplicando aranceles a 187 países, 57 de los cuales van entre 50% y 12%, imponiendo 10% al resto. Afirman ser medidas reciprocas ante “barreras injustas” contra productos estadounidenses, generando una incertidumbre global sin precedentes.

El analista político, Ben Shapiro, referente republicano en temas económicos y defensor del libre mercado, examina los aranceles encendiendo alarmas. Afirma que las cifras no se basaron en tasas reales, sino en fórmulas que vinculan el superávit comercial bilateral con Estados Unidos, convirtiéndolo en arancel. En otras palabras, transforma el déficit comercial en una “tasa efectiva de injusticia”, distorsionando el diagnóstico.

Sugieren que Corea del Sur, por ejemplo, aplica aranceles del 50%, cuando la tarifa promedio es 0.79% (según la OMC), manteniendo un tratado de libre comercio vigente. El resultado es un castigo económico de 26%, vinculado al balance comercial.

Shapiro refuta la narrativa sobre el colapso económico que Estados Unidos vive en las últimas décadas. Según datos oficiales, el ingreso promedio en 1980 era de $12,575 (dólares constantes), superando los $65,000 en 2024; acceso a bienes y servicios tecnológicos exponenciales: telefonía móvil, aire acondicionado, computadoras personales, internet de alta velocidad. La pobreza extrema disminuyó, la clase media alta creció 16% y muchos de clase media ascendieron a rangos altos de ingresos. No es la nación “saqueada y desindustrializada” que Trump intenta proyectar.

Las reacciones internacionales fueron diversas. China respondió con aranceles espejo de 34% sobre productos estadounidenses seleccionados, sin el 20% previo. Pero el “acuerdo de libre comercio trilateral” anunciado por China, Japón y Corea del Sur, ante la ofensiva norteamericana, hubiera sido impensable hace poco tiempo.

Bruselas no descarta contramedidas en los sectores agroalimentario, automotriz y farmacéutico. Las declaraciones en medios económicos oscilan entre la incredulidad y la incertidumbre ante una “guerra comercial global” que deja de ser una posibilidad remota.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirma que los aranceles han sido “mayores de lo esperado” siendo probable que las consecuencias, aumento de la inflación y desaceleración del crecimiento, también lo sean.

En los mercados financieros: el VIX –índice del miedo– subió de 21 a 45 puntos, el Dow Jones cayó 3.9%, S&P500 4.8% y el Nasdaq tecnológico 5.97% en una sola jornada.

La constante es nerviosismo e incertidumbre, no saber cómo planificar ante medidas cambiantes y difusas. ¿Es una ofensiva geopolítica estructurada o una maniobra para presionar futuras negociaciones?

Si los aranceles son una herramienta de negociación país por país, la forma como fueron anunciados y fundamentados genera desconfianza. ¿Pretenden redibujar el comercio mundial sin organismos como la OMC, FMI o el Banco Mundial? Los hechos de facto reemplazan a organizaciones multilaterales por transacciones bilaterales, desafiando el sistema liberal internacional.

Pero en un mundo con cadenas de suministro globales, interdependientes y altamente especializadas, aplicar tarifas unilaterales puede producir efectos de segunda y tercera ronda: aumento de precios, disrupciones productivas, pérdida de competitividad y riesgos de recesión técnica.

Shapiro afirma que modificar el marco normativo global sin precisar los objetivos, genera reacciones en adversarios, aliados, mercados y los propios ciudadanos que verán subir los precios de alimentos, productos electrónicos y medicinas. El “Día de la Liberación” provoca condenas diplomáticas, amenazas de represalias y llamados a la moderación.

No sabemos si es una guerra comercial, el ensayo de una nueva arquitectura económica internacional o una estrategia geopolítica de contención. Pero es un hecho que los mercados están nerviosos, los empresarios desorientados y el mundo reacciona con incertidumbre, sensación de que esta maniobra de laboratorio podría tener resultados impredecibles en el mundo real.

Día de la Incertidumbre Global, por Berit Knudsen

En una región marcada por la incertidumbre, inflación y agitación política, Guyana brilla por razones inesperadas: con menos de 900,000 habitantes, registra el mayor crecimiento económico del mundo. Según el Banco Mundial, su PBI creció un asombroso 421% entre 2020 y 2024, impulsado por el descubrimiento de reservas petroleras en su plataforma marítima. Su PBI per cápita pasó de 6,800 a 27,900 dólares, cifra que merece acaparar portadas.

Pero Guyana no aparece en nuestros titulares. Pocos sudamericanos la ubican con certeza en el mapa, pueden explicar por qué habla inglés, por qué se identifican como caribeños o qué su capital, Georgetown, tiene más vínculos históricos con Londres que con Bogotá o Lima.

La explicación está en su singular historia colonial: mientras la región fue modelada por virreinatos españoles o portugueses, Guyana fue colonia británica hasta 1966. Esa herencia dejó huellas profundas: idioma, sistema jurídico, organización administrativa y política exterior. Los guyaneses se definen a sí mismos como “caribeños en tierra firme”, no como sudamericanos.

Esa identidad “atípica” los mantiene fuera del radar de los procesos de integración continental, alejados del Mercosur, Alianza del Pacífico o la Comunidad Andina. Guyana es miembro de CARICOM, del bloque de naciones caribeñas de habla inglesa y su política exterior mira hacia el Atlántico.

Pero el petróleo reconfigura esta zona periférica. Desde 2015, cuando ExxonMobil descubrió enormes yacimientos offshore en el bloque Stabroek, Guyana pasó de ser el país pobre del hemisferio, a convertirse en centro de interés para inversores, diplomáticos y analistas energéticos, iniciando un proceso de transformación institucional.

Uno de sus principales retos es evitar la maldición de los recursos: paradoja que suele arruinar a muchas economías ricas en materias primas pero pobres en gobernanza. Frente al riesgo, Guyana emula a Noruega, no solo como ejemplo de eficiencia petrolera, sino como modelo de gestión estatal, transparencia y equidad social. Ha establecido un Fondo Soberano, con asistencia técnica en organismos internacionales para fortalecer sus capacidades fiscales y ambientales.

Desde mi experiencia en la selva del Marañón, trabajando con comunidades nativas aisladas en territorios sin carreteras, Guyana resulta familiar. Su selva, como la nuestra, tierras atravesadas por aguas, utiliza sus ríos como principales arterias de conexión, infraestructura ausente que exige creatividad, respeto cultural y planificación sensible.

El petróleo guyanés no está en la selva, está en el mar. Pero el desafío de integrar su riqueza al bienestar de una población diversa, dispersa y aún desconectada es el mismo reto que compartimos todos los países amazónicos.

Guyana nos muestra cómo un país pequeño, ignorado e “improbable”, puede convertirse en símbolo de transformación. Pero ¿cómo quiere verse Guyana a sí misma en 30 años? Un referente es Noruega, con riqueza petrolera, identificado como país de pescadores, que cuida sus mares como zona vital. El petróleo es un recurso temporal, no su identidad. Planifican el largo plazo, ocupando los primeros lugares en los índices de desarrollo, transparencia, calidad de vida y gobernanza. Su administración, organización estatal y economía se centra en el cuidado de sus habitantes.

Tal vez Guyana, “tierra de muchas aguas”, deba rescatar su esencia, aquello que seguirá siendo: una nación fluvial, selvática, profundamente caribeña y anfibia, con tesoros efímeros bajo el mar. Su naturaleza definida por su geografía, ríos y comunidades debe centrar su desarrollo en proteger a su gente, cultura y esencia, gestionando su riqueza petrolera mirando al futuro. Así, Guyana no solo crecerá: se convertirá en ejemplo regional y mundial.

El país con mayor crecimiento mundial está en Sudamérica, por Berit Knudsen

Las potencias consolidan zonas de influencia para proyectar poder. Durante las Guerras Napoleónicas (1803-1815), Francia expandió su control sobre Europa imponiendo regímenes afines, enfrentada a coaliciones lideradas por el Reino Unido y Austria. Años después, en la Conferencia de Berlín (1884-1885), Europa formalizó la repartición de África, dejando claro que la libertad de los pueblos no era más que un obstáculo a repartirse entre imperios. En América, Estados Unidos formuló la Doctrina Monroe en 1823 para frenar la intervención europea bajo el lema “América para los americanos”, es decir, bajo su propia esfera.

El concepto tomó una forma rígida tras la Segunda Guerra Mundial. En la Conferencia de Yalta en 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin decidieron el destino de Europa, dividiéndola en zonas de influencia que institucionalizaron la Guerra Fría. Por décadas, la libertad de muchos países quedó supeditada a un equilibrio de poder entre Estados Unidos y la URSS, que se enfrentaron indirectamente en conflictos como Corea, Vietnam, Afganistán y en América Latina.

Tras la disolución soviética en 1991, se creyó ingenuamente que la globalización reemplazaría las esferas de influencia. Pero la expansión de la OTAN hacia Europa del Este y la integración en la UE no fue percibida como libertad, sino como acciones que amenazaban la seguridad de Moscú. Putin respondió reactivando la lógica imperial: intervino en Moldavia, reconquistó Chechenia, invadió Georgia, anexionó Crimea y ocupó Ucrania. Mientras tanto, China consolidó su influencia con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, desafiando a Estados Unidos sin un solo disparo.

El retorno de Donald Trump marca un giro. Mientras los demócratas buscaban frenar a Rusia y China mediante alianzas multilaterales, Trump retomó una estrategia bilateral, transaccional y nacionalista. Con ello, reduce el financiamiento y compromisos con organismos internacionales, buscando trasladar el peso de la defensa y el comercio a sus aliados.

Trump muestra una postura conciliadora con Rusia, reduciendo el apoyo militar a Ucrania, contemplando la flexibilización de sanciones. Esto podría dejar a Europa del Este, especialmente a Polonia y los países bálticos, peligrosamente vulnerables. Con China adopta una estrategia cautelosa: reimpone aranceles, evita confrontaciones con Xi Jinping y mantiene la presencia militar en el Indo-Pacífico sin expandirla. En Taiwán, pretende trasladar la producción de semiconductores a Norteamérica, debilitando el principal activo estratégico de la isla. Pero la incertidumbre sigue provocando alarma en Japón y Corea del Sur, que evalúan desarrollos nucleares ante una posible reducción del paraguas de seguridad estadounidense.

En América Latina, Trump endurece el comercio y la inmigración, pero sin limitar la influencia china o rusa en aquellos países que no estima estratégicos. El interés económico y la seguridad fronteriza pesan más que la diplomacia.

El mundo se encamina hacia un modelo híbrido de poder: esferas de influencia flexibles, múltiples y disputadas. Estados Unidos redefine su rol global, China gana terreno económico y tecnológico, Rusia refuerza su control regional y Europa, debilitada, busca una autonomía que aún no logra consolidar.

En el nuevo tablero geopolítico, los organismos internacionales quedan relegados, y con ellos, la protección del sur global y las pequeñas naciones. Pero al mismo tiempo, surgen actores multialineados que evitan el compromiso con un solo bloque, equilibrando sus alianzas según los beneficios. Así, las esferas de influencia regresan en un escenario ambiguo, y con ellas, el eterno dilema entre el poder y la libertad.

El poder en las Esferas de Influencia, por Berit Knudsen 

Nuestros parientes más cercanos con quienes el Homo sapiens comparte casi el 99 % de los genes, son los chimpancés (Pan troglodytes) y los bonobos (Pan paniscus), modelos contrastantes de comportamiento social, inteligencia y organización grupal. El estudio de estos primates permite comprender la naturaleza humana, entre chimpancés, percibidos como agresivos, jerárquicos y dominados por la lucha por el poder; y los bonobos, alternativa más pacífica, matriarcal, basados en la cooperación. Entre estas dos especies se encuentra el ser humano, cuya historia evolutiva presenta tanto competencias violentas como la necesidad de alianzas y estrategias colectivas.

Un importante descubrimiento en la etología primate fue que los chimpancés utilizan herramientas. Los estudios de Jane Goodall en los años 70’s comprobaron que fabrican utensilios para extraer termitas, enseñanza transmitida de madre a hijo, demostrando una cultura rudimentaria pero real.

Los bonobos muestran una inteligencia social excepcional con capacidad para resolver conflictos mediante interacciones sociales, en particular contacto físico y sexual, estrategia evolutiva para reducir tensiones grupales. A diferencia de los chimpancés, cuya jerarquía se impone con violencia, los bonobos establecen límites de liderazgo flexibles, con una cultura matriarcal influenciada por las hembras adultas.

Antes de los estudios de Goodall, se idealizaba a los chimpancés como criaturas pacíficas, pero sus observaciones en el Parque Nacional Gombe en Tanzania cambiaron la percepción. Ella documentó la "guerra de los cuatro años", conflicto entre dos grupos de chimpancés que llevó al exterminio de una de las facciones. Ataques coordinados mostraron niveles de brutalidad que antes se creían exclusivos del ser humano, revelando que los chimpancés pueden ser estrategas, agresivos y vengativos, desafiando que la violencia es una invención cultural humana.

En contraste, no se ha documentado eventos similares entre bonobos quienes desarrollan sociedades basadas en la cooperación social e intercambio de recursos. Estas diferencias reflejan dualidades de la naturaleza humana: capacidad para la guerra y la destrucción, pero también la posibilidad de construir sociedades armoniosas.

The Goodness Paradox (2019) de Richard Wrangham, experto en primatología, biología evolutiva, genética y antropología, aborda esta contradicción en la naturaleza humana: somos una de las especies más pacíficas en nuestra convivencia cotidiana, pero capaces de cometer actos de violencia extrema premeditada, paradoja explicada como proceso de “autodomesticación”. Distingue entre “agresión reactiva” impulsiva y emocional ante provocaciones; y “agresión proactiva” planificada y calculada como estrategia de dominación. Los humanos evolucionaron hacia una menor agresión reactiva gracias a la selección social, manteniendo o incluso potenciando la agresión proactiva que desencadena conflictos organizados, terrorismo, guerras o violencia estratégica.

En un mundo marcado por la crisis, conflictos geopolíticos y fragmentación social, la humanidad necesita reevaluar su futuro. Los chimpancés nos recuerdan el peligro de la división, agresión desmedida y la constante lucha por el poder, reflejando sucesos en sociedades humanas donde la competencia extrema genera inestabilidad y violencia. Por el contrario, los bonobos muestran un modelo basado en la colaboración y la empatía.

La historia de nuestros predecesores humanos evidencia que la evolución no sigue un solo camino. Los chimpancés optaron por la agresión jerárquica, mientras los bonobos desarrollaron un modelo de cooperación. La humanidad, entre dos extremos, tiene la capacidad de elegir qué principios guiarán nuestro futuro. No se trata de negar la existencia de la violencia, sino de preguntarnos qué mecanismos queremos fortalecer para manejarla constructivamente. En última instancia, los humanos poseemos la capacidad de decidir cómo organizar nuestras sociedades. ¿Seremos capaces de reducir la violencia o los conflictos globales nos arrastrarán hacia la competencia extrema y la destrucción?

Humanos, Chimpancés y Bonobos, por Berit Knudsen

Desde inicios de la guerra entre Rusia y Ucrania las opiniones se dividen en narrativas con argumentos, verdades y omisiones. De un lado están quienes justifican la intervención de Rusia como reacción legítima a la expansión de la OTAN por la injerencia occidental. Del otro, la demonización de Rusia sin matices, agrediendo a Occidente en el conflicto. Ambas posturas, sustentadas en hechos verificables, presentan omisiones, distorsionando una compleja realidad.

La narrativa prorrusa justifica la invasión de Ucrania en respuesta a provocaciones por la expansión de la OTAN y la injerencia de Estados Unidos en política ucraniana. Sostienen que, desde la caída de la URSS, Occidente rompió supuestas promesas de no extender la OTAN hacia el este, acercándose a fronteras rusas. Afirman que Víktor Yanukóvich fue derrocado en 2014 con la intervención de Estados Unidos y la Unión Europea, buscando un gobierno alineado con sus intereses. Defienden las intervenciones en Crimea y Donbás para proteger a los rusoparlantes ante políticas discriminatorias impuestas por Kiev. Denuncian una doble moral de Occidente, interviniendo en Irak, Libia y Afganistán, mientras sancionan a Rusia.

Esta postura minimiza el autoritarismo y violaciones de Derechos Humanos rusos. Existen pruebas de crímenes de guerra, bombardeos a civiles y ejecuciones extrajudiciales. Aunque la expansión de la OTAN pueda ser una provocación, no justifica invasiones militares o la anexión de territorios. La narrativa de protección a poblaciones rusoparlantes recuerda argumentos del pasado con paralelismos peligrosos, negando el derecho ucraniano a tomar decisiones soberanas sobre política exterior y sus alianzas.

La narrativa opuesta critica a Rusia como único agresor sin matices, que Occidente actúa en defensa de la democracia y el orden global, argumentando que la invasión de Ucrania viola el derecho internacional y que Putin hace peligrar la seguridad europea para recuperar territorios soviéticos. Plantean que la OTAN no es una amenaza sino una alianza defensiva, acogiendo a países motivados por el temor a la influencia rusa. Ucrania es vista como una nación que lucha por la democracia frente a un régimen autoritario.

Esta postura ignora la injerencia occidental en la política ucraniana, financiando movimientos y cambios de gobierno favorables a sus intereses. Oculta intervenciones militares de Estados Unidos en otras naciones justificadas con premisas similares, u operaciones militares fuera del ámbito tradicional de la OTAN. Simplifica el papel de Ucrania, ignorando problemas internos, corrupción o grupos ultranacionalistas.

Ambas narrativas excluyen una alternativa: la neutralidad ucraniana. Situada entre Rusia y Europa, zona de fricción histórica entre Oriente y Occidente, Ucrania puede convertirse en un punto de equilibrio geopolítico similar a Finlandia durante la Guerra Fría, conservando su soberanía sin alinearse con ningún bloque.

La polarización descarta la neutralidad como ingenua o inviable; avalando la integración total de Ucrania a Occidente para garantizar seguridad, o, por el contrario, que proteger los intereses rusos hacen necesario el control directo de su vecino.

Más allá del debate, el riesgo es la violación de la soberanía de un Estado haciendo peligrar el futuro de las relaciones internacionales. Si la anexión territorial por las armas se acepta como hecho consumado, otras naciones optarán por la misma vía. China y Taiwán, India y Pakistán, conflictos en África y América podrían activarse haciendo irrelevante la diplomacia ante el poder militar.

La solución de conflictos solo es posible mediante el diálogo. En un acuerdo sostenible las partes deben hacer concesiones, sin intransigencia, priorizando una estabilidad de largo plazo, promoviendo la coexistencia. Este conflicto demuestra que sin acuerdos sólidos la paz nunca será duradera. Las victorias militares tienden a reactivar las guerras con el tiempo, perpetuando ciclos de violencia.
