Analista en comunicaciones

Berit Knudsen

Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de “Paz Total” para poner fin a décadas de conflicto. Tres años después, su apuesta es el mayor fracaso de su gobierno. Lejos de consolidar acuerdos, negociar con todos los grupos armados al mismo tiempo permitió que crecieran y se fortalecieran. Los amagos de diálogo, sin control territorial ni mecanismos de verificación, dieron a las disidencias de las FARC, al ELN y al Clan del Golfo la oportunidad de ampliar sus filas y modernizar sus métodos. El asesinato de Miguel Uribe, los recientes atentados —como el derribo de un helicóptero policial con un dron en Antioquia y un camión bomba explotando en Cali— simbolizan el retorno de la violencia terrorista que Colombia había dejado atrás.

La paz de Santos, que ya mostraba fisuras, desmovilizó a una guerrilla hoy multiplicada. La de Petro es un espejismo más dañino: abrió espacios para que grupos criminales ocuparan el vacío de poder con más armas y mayor control territorial. El gobierno tuvo que reconocer su fracaso, lanzando una ofensiva militar tardía con miles de soldados adicionales, pero la violencia urbana y el desplazamiento masivo en zonas como el Catatumbo ya habían marcado un retroceso no visto en décadas.

Nada ofreció estabilidad. En tres años, Petro cambió 57 ministros, reflejando improvisación y ausencia de estrategia. Ninguna política pública se consolidó porque cada cartera funcionaba con ensayos de prueba y error. La inestabilidad interna se agravó con escándalos en su entorno cercano. El caso de su hijo Nicolás, investigado por lavado de dinero, minó la credibilidad presidencial. El excanciller Álvaro Leyva lo acusó públicamente de consumo de drogas, denuncia que expuso fisuras dentro del propio gobierno. El actual ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció sus adicciones en pleno ejercicio, lo que alimentó la percepción de un gabinete debilitado. Trascendieron denuncias en el Congreso sobre consumo de sustancias entre altos funcionarios, síntoma de una descomposición política difícil de disimular.

La falta de gobernanza, combinada con corrupción en la gestión pública —como el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo—, se sumó a contratos sobrevalorados y sobornos. La narrativa de cambio quedó atrapada en la realidad de un Estado con instituciones frágiles y un gobierno más preocupado en sobrevivir a la crisis que en ejecutar sus promesas.

En el plano internacional, la diplomacia de Petro abrió nuevos frentes de tensión. Con Perú, sus declaraciones sobre la soberanía de Santa Rosa provocaron una respuesta inmediata: el Congreso peruano lo declaró persona non grata y las relaciones bilaterales se tensaron, obligando a una reunión técnica de emergencia. Con Venezuela, su acercamiento al régimen de Nicolás Maduro derivó en una zona económica especial binacional como supuesta integración productiva, señalada por analistas como el caballo de Troya que facilita la penetración de economías ilegales en la frontera más vulnerable del país. La asociación con un dictador regional no solo compromete la imagen internacional de Colombia, también su seguridad.

El balance del mandato de Petro es desolador. Prometió paz y devolvió terrorismo. Prometió gobernanza y dejó caos ministerial. Prometió cambios profundos y se quedó en escándalos familiares, acusaciones por drogas y corrupción administrativa. La consecuencia es una Colombia sumida en la desconfianza, con fronteras inestables, un Estado debilitado y una sociedad que revive el miedo de tiempos que creía superados. Lejos de cerrar el ciclo de violencia, la paz total de Petro reavivó el terrorismo de sus propias raíces, confirmando que la improvisación, la falta de disciplina y la alianza con regímenes autoritarios solo conducen al abismo.

Petro: Crónica de una paz fracasada, por Berit Knudsen

El pasado 5 de agosto, el presidente colombiano Gustavo Petro sorprendió a su país y a la región al anunciar que trasladaría las celebraciones de la independencia y de la Batalla de Boyacá de Bogotá a Leticia, en plena triple frontera amazónica con Brasil y Perú. Acusó al Perú de ocupar ilegalmente la isla de Santa Rosa, violando el Tratado de Límites de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

La respuesta del Perú fue firme. Cancillería dejó claro que la isla de Santa Rosa, ubicada en Chinería, pertenece legítimamente al Perú desde 1929, asignada por la Comisión Mixta Demarcadora tras la firma del tratado. No existe controversia ni ocupación. A diferencia de otros países, el Perú ha cerrado todas sus fronteras mediante tratados internacionales, incluyendo el fallo de la Corte de La Haya que resolvió en 2014 su diferendo marítimo con Chile. No hay conflicto; es una maniobra política.

Como advertía Samuel Johnson, el nacionalismo suele ser el último refugio del político en apuros. Y Petro enfrenta la tormenta perfecta. Tras tres años de gobierno, su aprobación ha caído del 48 % en 2022 al 29 % en 2025. Ha perdido respaldo entre los jóvenes, sectores populares y ciudades clave como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Su coalición, el Pacto Histórico, llegó al poder con apenas el 13 % del Congreso, ampliando su base hasta el 60 % con alianzas partidarias; pero hoy el respaldo no supera el 25 %.

El Ejecutivo muestra fracturas internas profundas. Exministros y antiguos aliados denuncian un gobierno paralelo operado por un círculo íntimo, opaco e improvisado. Con el escándalo que involucra al excanciller Álvaro Leyva, suspendido por contrataciones irregulares, Petro fue acusado públicamente de comportamientos adictivos. La renuncia de la canciller Laura Sanabria agrava la parálisis diplomática y evidencia la ausencia de un rumbo internacional.

Las reformas estructurales laborales, de salud y pensiones propuestas en el Congreso han fracasado. En respuesta, Petro ha gobernado por decreto, con acusaciones de autoritarismo. Frente a la creciente oposición, planteó una Asamblea Constituyente, fórmula usada por Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Morales en Bolivia para reconfigurar el poder, perpetuarse en el cargo y neutralizar a sus adversarios.

Su principal bandera, la “Paz Total”, ha colapsado. Las negociaciones con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo no han frenado la violencia. Colombia atraviesa su peor ola de inseguridad desde 1997, con 150 municipios bajo control de grupos armados ilegales, masacres, reclutamiento de menores y 36.000 desplazamientos forzados en regiones como el Catatumbo.

Las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado. El senador Marco Rubio ha denunciado el debilitamiento de la cooperación bilateral y advertido sobre sanciones comerciales. El acercamiento con Venezuela y la ambigüedad diplomática profundizan la desconfianza internacional. A esto se suma la condena por el atentado contra Miguel Uribe y los 12 años de prisión a Álvaro Uribe, percibida como la revancha política de Petro, exguerrillero, contra quien combatió al terrorismo. El respaldo tácito del presidente alimenta la polarización judicial.

Acusar al Perú no es un acto de defensa soberana: es un gesto desesperado para desviar la atención. Sin reformas viables, paz, respaldo político ni legitimidad internacional, Petro agita la bandera nacionalista como último recurso. Mientras habla desde Leticia, Colombia se desangra. Las amenazas no vienen de la frontera, sino del corazón mismo del poder: adicciones, descomposición institucional y una ciudadanía que ya no escucha con esperanza, sino con rabia contenida.

Petro: Nacionalismo como distractor ante crisis interna, por Berit Knudsen

La Reunión de Alto Nivel “Democracia Siempre”, celebrada el 21 de julio en Santiago de Chile, pretendió ser un llamado a favor de la democracia, el multilateralismo y la justicia social. Sin embargo, expuso una realidad preocupante: los líderes convocados, lejos de encarnar los principios que invocaron, exhiben trayectorias que debilitan el ideal democrático. En lugar de consolidar un frente contra el autoritarismo, la cumbre reflejó ambigüedades, contradicciones y un silencio elocuente frente a las dictaduras del hemisferio.

Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España) y Yamandú Orsi (Uruguay) fueron los rostros visibles. Todos elegidos por la vía democrática, pero sus estilos de gobierno, alianzas externas y discursos selectivos ponen en duda su papel como referentes democráticos. Boric, duramente criticado por su gestión interna, ha condenado algunas dictaduras, evitando confrontaciones claras. Petro ha tensado el orden constitucional colombiano con decretos, consultas ilegales y gestos de simpatía hacia el chavismo, Cuba y Nicaragua. Lula ha estrechado lazos con Irán, China y Venezuela, sin emitir condenas por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Pedro Sánchez, en medio de una crisis de legitimidad interna, mantiene pactos con sectores radicales, evitando criticar al castrismo y al sandinismo. Orsi, que representa una nueva etapa en la política uruguaya, se sumó sin reservas a esta narrativa, mostrando una preocupante tibieza frente al autoritarismo en el continente.

Proclamaron nobles objetivos como reformar la gobernanza global, fortalecer una diplomacia democrática ante proyectos autoritarios, combatir la desinformación y la desigualdad, y promover narrativas alternativas ante el retroceso democrático. Pero estos temas resultan carentes de contenido frente a los hechos: ninguno condenó abiertamente a las dictaduras de Cuba, Nicaragua o Venezuela. No se exigió la liberación de presos políticos; las desapariciones forzadas no fueron mencionadas; tampoco la represión religiosa ni las prácticas sistemáticas de tortura. Ni una palabra contra el fraude electoral, el cierre de universidades o la represión del disenso.

Cuando gobernantes que mantienen relaciones estrechas con regímenes como China, Rusia, Irán o los autoritarismos latinoamericanos pretenden erigirse en defensores de la democracia, el riesgo es doble: confunden a las sociedades sobre el significado real de vivir en libertad y desactivan las alertas globales ante el avance del autoritarismo. La democracia, sin una defensa clara y coherente, se convierte en un eslogan decorativo, útil para agendas ideológicas, pero incapaz de garantizar los derechos y libertades que la definen.

Esta instrumentalización erosiona el valor moral de la democracia y deja a las poblaciones sin referentes confiables. La tibieza frente al terrorismo, la censura o la represión política no puede ocultarse tras discursos sobre justicia social o diplomacia multilateral. El silencio frente a los crímenes de sus aliados no es una postura estratégica: es complicidad ideológica.

Lo que demostró esta cumbre no fue una defensa de la democracia, sino su relativización. En lugar de enfrentar al autoritarismo, estos líderes ofrecieron una zona gris, donde los principios se diluyen y los compromisos se miden según las conveniencias políticas. En estos contextos, los derechos humanos se convierten en moneda de cambio y el pluralismo, en herramienta discursiva sin aplicación práctica.

El mundo no necesita líderes que hablen de democracia mientras pactan con dictaduras, sino una defensa firme, frontal y coherente de la libertad, el Estado de Derecho y los valores que hacen posible una sociedad libre. Sin esa coherencia, cumbres como esta no fortalecen la causa democrática: la ponen en riesgo.

Negar las dictaduras no es democracia, por Berit Knudsen

El 24 de julio, Tailandia y Camboya iniciaron un enfrentamiento armado en sus fronteras, con una docena de muertos —en su mayoría civiles—, decenas de heridos y 100 000 desplazados. Soldados tailandeses acusaron a las fuerzas camboyanas de haber lanzado cohetes que impactaron en una aldea civil y un hospital rural en los alrededores del templo Ta Muen Thom. En respuesta, Tailandia desplegó artillería y ataques aéreos, incluyendo cazas F-16, contra posiciones camboyanas en 12 puntos fronterizos, reactivando un conflicto latente por más de un siglo.

La raíz del conflicto gira en torno a la soberanía del templo de Preah Vihear, lugar histórico ubicado sobre un acantilado en la frontera norte de Camboya. Durante la colonización francesa, los mapas de 1907 y 1916 establecieron fronteras a favor de sus súbditos camboyanos con cierta ambigüedad. En 1962, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Camboya, otorgando la posesión del templo, sus riquezas y territorios, pero sin delimitar claramente las tierras adyacentes, convertidas en motivo de disputa militar.

Desde 2008, los enfrentamientos territoriales son constantes. El más reciente ocurre en contextos de tensión política en ambos países. En Tailandia, la primera ministra Paetongtarn Shinawatra fue suspendida tras una crisis interna, dejando al país con un liderazgo debilitado. En Camboya, el primer ministro Hun Manet, hijo del exdictador Hun Sen, busca consolidar su posición tras asumir el poder en 2023, transición hereditaria en un régimen autoritario que gobierna desde hace décadas.

El desequilibrio entre ambos países ayuda a entender el conflicto. Tailandia es una economía de ingreso medio con instituciones relativamente fuertes, aunque dominadas por militares. Tiene alianzas con Estados Unidos, Japón y mantiene relaciones pragmáticas con China. Su aparato militar es moderno y bien financiado. Camboya, en cambio, tiene una economía pequeña, con alta dependencia de la inversión y respaldo político de China. Su gobierno es autoritario, poco transparente y con un ejército limitado en sus capacidades.

Ambos países destinan entre 1 % y 2 % de su PBI al gasto militar, pero en términos absolutos la diferencia es clara: Tailandia, con una población cinco veces mayor, gasta cuatro veces el presupuesto de Camboya, con fuerzas armadas profesionales, aviación de combate y superioridad tecnológica. Camboya ha incrementado su cooperación militar con Pekín, reintroduciendo el servicio militar obligatorio, un intento por reforzar sus capacidades que refleja una escalada que podría durar más de lo previsto.

Pero el enfrentamiento entre estos dos países refleja una tendencia más amplia: los conflictos históricos no resueltos tienden a escalar con mayor facilidad en contextos de inestabilidad interna. Fronteras trazadas en tiempos coloniales, rivalidades identitarias e intereses de poder regional son factores de riesgo real. Tanto Camboya como Tailandia utilizan la antigua disputa territorial para reforzar liderazgos debilitados, movilizar el nacionalismo y desviar la atención sobre problemas internos.

El mundo enfrenta una combinación peligrosa: instituciones multilaterales que pierden influencia, liderazgos con incentivos cortoplacistas y una creciente militarización regional. En ese escenario, disputas como la de Preah Vihear, que deberían resolverse con diplomacia y acuerdos técnicos, generan víctimas, desplazamientos y enfrentamientos directos.

La escalada entre Tailandia y Camboya muestra que los antiguos conflictos no siempre están enterrados, pudiendo ser utilizados para desviar la atención durante una crisis interna. Pero también revela una preocupante tendencia: en un entorno internacional marcado por guerras abiertas, nuevos países optan por enfrentamientos directos ante la debilidad de los organismos multilaterales. Una chispa mal contenida puede convertir un foco latente en un nuevo frente de conflicto.

Tailandia y Camboya, conflicto reactivado, por Berit Knudsen

Escaladas de violencia sacudieron el sur de Siria. Los enfrentamientos entre milicias drusas, tribus beduinas y el ejército sirio en la gobernación de Sweida dejaron 300 muertos y miles de desplazados. Al caos interno se sumó el bombardeo israelí al Ministerio de Defensa en Damasco, convirtiendo al país en el epicentro de la inestabilidad regional.

Siria vive un frágil proceso de transición tras la caída de Bashar al Assad, derrocado en diciembre de 2024 por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) –ex Al-Nusra–, con el apoyo del Ejército Nacional Sirio y grupos rebeldes. El nuevo presidente Ahmad al Sharaa, de pasado yihadista, ex Al Qaeda y ex prisionero de Estados Unidos, sorprendió al mundo al proponer la firma de los Acuerdos de Abraham para alcanzar la paz con Israel.

El detonante del conflicto fue la intervención militar de Israel, bombardeando instalaciones gubernamentales para “proteger a los civiles drusos” en Sweida, ampliar la zona de amortiguamiento, extender la influencia israelí en Damasco y evitar un posible resurgimiento de Irán. Pero avalar la creación de un Estado druso debilita los intentos de restauración nacional siria.

Los drusos, minoría religiosa separada del chiismo con creencias propias, están divididos entre Siria, Israel, Líbano y Jordania. Algunos, como las milicias Ahl al-Karamah y la Brigada al Jabal, respaldan al gobierno. Otros, miembros del Consejo Militar de Suwayda, liderados por el jeque Hikmat al-Hirji, impulsan la secesión. El pueblo nómada beduino participa en el conflicto, alineado algunos con el régimen, otros con actores locales. Todo ello configura una guerra tribal con apoyo externo.

La figura de Al Sharaa, pese a su pasado islamista, generó expectativas de pragmatismo al aceptar a Israel, romper con Irán y mostrarse abierto a un nuevo orden regional. Estados Unidos levantó sanciones y las monarquías del Golfo ofrecieron multimillonarias inversiones para la reconstrucción del país. Pero la ofensiva israelí debilita esa posibilidad. Al Sharaa, presionado por Washington, ha retirado las tropas del sur, frenando la escalada con una tregua inestable.

Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en medio de un juicio por corrupción, pierde el apoyo de partidos ortodoxos —coalición que sostiene al gobierno en la Knesset—, llevando la situación al borde del colapso. Su supervivencia política depende de la extrema derecha de Ben Gvir y Smotrich, que rechazan los acuerdos con Siria y promueven la expansión territorial, entorpeciendo la unificación y el reconocimiento internacional.

Si los planes separatistas avanzan, Siria podría fragmentarse. Los kurdos, diseminados entre Siria, Turquía, Irak e Irán, que controlan el noreste, podrían declarar su propio Estado; al igual que los alauitas, grupo religioso de la costa mediterránea, protegidos por el régimen de Assad, que hoy son perseguidos. La balcanización del país pondría fin al proyecto nacional sirio con miniestados dependientes de potencias externas.

Pese a la mediación de Trump, la región vuelve a una lógica de guerra prolongada. El alto el fuego con Israel detiene momentáneamente los bombardeos, pero las tensiones internas y externas subsisten. La intervención israelí, lejos de pacificar, se suma a los conflictos étnicos, religiosos, políticos y geoestratégicos que enfrenta el gobierno.

El pasado de Al Sharaa, vinculado al terrorismo, y la represión contra drusos, alauitas y cristianos justifican la desconfianza internacional. Pero Siria no necesita bombardeos o proyectos de partición. Necesita cesar las matanzas, afrontar las fracturas internas con vigilancia internacional, avanzando —sin injerencias— para consolidarse como una sola nación.

Bombardeos en una Siria fragmentada, por Berit Knudsen

La rivalidad comercial entre Estados Unidos y China, conocida como la “guerra económica del siglo”, dio un giro inesperado con el acuerdo recientemente anunciado entre Donald Trump y el gobierno chino. El mismo Trump que en abril de 2025 lanzó el “Día de la Liberación”, imponiendo aranceles generalizados del 10 % a socios comerciales y tarifas a China de hasta el 145 %, hoy aparece sonriente con funcionarios chinos anunciando un pacto económico que alivia tensiones.

El conflicto comenzó en 2018, cuando Trump aumentó aranceles para reducir el déficit comercial estadounidense con China, una audaz medida que se transformó en una espiral de represalias mutuas. China, dominante en la extracción y refinamiento de minerales críticos como las tierras raras, reaccionó restringiendo el suministro, mientras Estados Unidos respondió con mayores controles sobre tecnologías avanzadas, incluidos chips de inteligencia artificial fundamentales para el desarrollo chino.

La situación pareció calmarse en 2020 con el acuerdo inicial llamado “Fase Uno”, aunque China no cumplió plenamente los compromisos de compra asumidos, y muchos aranceles permanecieron vigentes. La tensión continuó durante el mandato de Biden, quien endureció los controles tecnológicos y convirtió la pugna comercial en una disputa estratégica por la supremacía tecnológica.

En abril de 2025, Trump regresó con el “Día de la Liberación”, una medida agresiva que provocó que China bloqueara exportaciones de minerales esenciales, afectando a industrias clave estadounidenses como la automotriz y la defensa, lo que incrementó precios y amenazó empleos. Ambas economías sufrieron las consecuencias. Trump necesitaba frenar la inflación y el encarecimiento interno, mientras China buscaba recuperar ingresos comerciales. Bajo esta presión, ambas potencias iniciaron negociaciones urgentes.

El acuerdo, firmado en Londres a finales de junio, no menciona asuntos ideológicos, derechos humanos ni temas geopolíticos sensibles como Taiwán o Hong Kong. Todo giró alrededor de aspectos económicos clave: la reanudación de las exportaciones chinas de minerales estratégicos; la relajación de restricciones estadounidenses sobre tecnologías no sensibles para producir chips y software aeronáutico; la facilitación de inversiones chinas en sectores energéticos no sensibles; así como la flexibilización de visados para estudiantes e investigadores. Además, se pactó una tregua de 18 meses durante la cual Estados Unidos aplicará tarifas de hasta el 55 % y China del 10 %, sin imponer nuevas tarifas ni restricciones adicionales.

Desde la perspectiva económica, se ha evitado una crisis industrial mayor. Los precios de productos estratégicos como baterías, vehículos eléctricos y equipos tecnológicos podrán estabilizarse, dando tranquilidad a los mercados. Ambas naciones ganan tiempo para fortalecer su producción interna sin presiones inmediatas.

Sin embargo, el pacto envía un mensaje preocupante: cuando dos potencias ignoran temas ideológicos a cambio de beneficios económicos inmediatos, se debilita la credibilidad en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Países como Turquía, Nicaragua o Irán podrían interpretar que la presión occidental es negociable frente a intereses comerciales. Europa, además, queda marginada de estas negociaciones, debilitando la posición occidental ante China, Rusia y otros actores. El acuerdo fortalece un orden mundial basado exclusivamente en transacciones, dejando atrás valores compartidos y alianzas tradicionales.

El mayor riesgo es la fragilidad del pacto. No existen garantías reales de mantenerlo más allá del interés económico coyuntural. Cualquier crisis en Taiwán u otra zona sensible podría romper el acuerdo rápidamente, desatando caos económico global.

Trump y China evidencian que el poder internacional depende cada vez menos de ejércitos y más del control de recursos esenciales. Este enfoque transaccional implica un mundo volátil, con acuerdos que durarán solo mientras los beneficios superen a las pérdidas. La guerra comercial no terminó: simplemente se encuentra en una tregua temporal, demostrando que, en la política internacional actual, todo es negociable.

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Trump y Pekín, el negocio del poder, por Berit Knudsen

La 54.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Antigua y Barbuda con escasas repercusiones, pasó por alto comunicados diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que advertían a la región: “Cada país tiene que tomar una decisión sobre si respaldará a un régimen patrocinador del terrorismo”, en referencia a Irán, ante la pregunta de cómo actuaría Washington frente a los gobiernos latinoamericanos que rechazaron el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes.

Más allá del foro hemisférico, el dilema geopolítico trasciende lo ideológico. No se trata de estar a favor o en contra de Estados Unidos, ni de repetir discursos de gobiernos que condenan el ataque por afinidad multilateral. Se trata de entender una realidad: la creciente penetración de Irán y Rusia en América Latina, con transferencia tecnológica militar, entrenamiento de fuerzas disidentes, protección logística desde Venezuela y una peligrosa articulación con guerrillas colombianas activas en zonas limítrofes con Ecuador, Perú y Brasil.

Colombia ofrece evidencias de una amenaza subestimada. Las guerrillas nunca desaparecieron y, bajo el gobierno de Gustavo Petro, con una “paz total” sin condiciones, las disidencias de las FARC y el ELN cobran un preocupante protagonismo. El Ejército colombiano ha documentado 73 ataques con drones explosivos en tres meses, herramienta de guerra asimétrica cada vez más frecuente para atentar contra objetivos militares y sembrar terror en comunidades fronterizas.

El problema no es solo colombiano. Estos ataques han ocurrido en el Catatumbo, colindante con Venezuela, dominado por guerrillas del ELN vinculadas con el régimen de Maduro; en las fronteras del Perú, en el Putumayo; cerca de Ecuador, en Huila; y en la región de Guainía, fronteriza con Brasil, donde grupos disidentes operan sin contención territorial. La militarización con tecnología importada amenaza a los países limítrofes, cuya soberanía está siendo erosionada por redes criminales transnacionales.

El régimen iraní está presente en América Latina desde 1980. Su base de operaciones en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina es conocida por los servicios de inteligencia internacional por concentrar actividades de Hezbolá, organización financiada y entrenada por Teherán. La isla de Margarita, en Venezuela, es un punto de conexión para operadores iraníes desde tiempos de Hugo Chávez. Miembros de estas redes han sido detenidos en Perú, Brasil y otros países, en operaciones de inteligencia o presuntos intentos de atentados.

La presencia de exmilitares rusos y técnicos iraníes —según inteligencia militar colombiana— entrenando fuerzas irregulares en Venezuela no es coincidencia. Es una colaboración híbrida donde Venezuela presta infraestructura, cobertura diplomática y documentación legal (pasaporte y nacionalidad), mientras Irán y Rusia aportan know-how táctico y tecnológico, como drones explosivos usados en conflictos como Siria, Yemen o Ucrania.

Frente a esta realidad, la respuesta de algunos gobiernos y analistas resulta superficial o reactiva. Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia y México condenaron los ataques de Estados Unidos contra Irán, mientras Brasil adopta su recurrente posición ambigua. Pero este no es un debate ideológico: no se trata de alinearse con Washington o Teherán, sino de reconocer que hay actores internacionales que utilizan las fisuras institucionales en América Latina para establecer redes de influencia que combinan crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y guerra no convencional.

Ignorar esta amenaza bajo pretextos ideológicos, de soberanía o de no intervención solo facilita su expansión. El continente debe definir la política regional de seguridad con visión estratégica o terminaremos atrapados en un conflicto importado, donde la línea entre insurgencia, crimen y guerra desaparecerá.

Presencia de Irán  en América Latina, por Berit Knudsen

La confrontación entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público expone el deterioro institucional en Perú. Lo que parecía ser una controversia jurídica sobre la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación se ha transformado en un enfrentamiento entre dos órganos autónomos, donde las partes reclaman autoridad sin reconocer límites. El resultado es un Estado atrapado en el conflicto, sin árbitros eficaces.

Los nuevos integrantes de la JNJ declararon la nulidad del proceso disciplinario contra Patricia Benavides, señalando que se habían violado principios elementales del debido proceso. La resolución restablece la juridicidad quebrantada por sus antecesores, ordenando su restitución como fiscal de la Nación. Sin embargo, la actual fiscal Delia Espinoza ha decidido atrincherarse en el cargo, ignorando las resoluciones e iniciando incluso una investigación preliminar contra los miembros de la JNJ como una suerte de revancha.

Estos actos de rebeldía comprometen la imparcialidad y objetividad que exige el Ministerio Público. Lo que corresponde conforme a ley es que la fiscal deje el cargo, iniciando luego los procesos de reclamo que estime convenientes. No es tampoco jurídicamente admisible que quien encabeza la institución utilice su posición para investigar a quienes emitieron una decisión por el simple hecho de sentirse afectada personalmente. Este solo hecho es suficiente para ser destituida.

Pero no es la primera vez que ocurre. El caso del fiscal supremo Tomás Gálvez es otro ejemplo elocuente. El Tribunal Constitucional ordenó su restitución, pero la actual fiscal de la Nación optó por desacatarlo, patrón reiterativo donde mandatos judiciales o constitucionales son ignorados por resultar inconvenientes. Esta conducta instala una anarquía institucional, erosionando la legitimidad de la Fiscalía.

Cabe recordar que Patricia Benavides fue la fiscal de la Nación que se atrevió a investigar al régimen de Pedro Castillo, vista como figura clave para frenar un proyecto autoritario y corrupto. Esa actuación la convirtió en una fiscal incómoda para algunos sectores, apartándola del cargo mediante un apresurado proceso que hoy la misma JNJ califica como viciado.

Las instituciones no pueden funcionar sin reglas ni mecanismos de solución de disputas. El desacato, convertido en práctica recurrente, ignora resoluciones del Congreso, del Tribunal Constitucional o de la JNJ. Cada órgano actúa como soberano de sus propias interpretaciones, generando pérdida de confianza y una inseguridad jurídica que pone en riesgo la imagen del país, ahuyentando las inversiones.

Los fiscales, además, han convertido los conflictos en instrumentos de propaganda. Lejos de respetar la reserva que exige su función, se exponen en los medios victimizándose, convirtiendo procesos internos en espectáculos mediáticos. Lo que debería resolverse jurídicamente se discute con comunicados, entrevistas y ruedas de prensa, filtrando incluso información confidencial. Así, el Ministerio Público va perdiendo el respeto institucional y la confianza ciudadana.

Lo que está en juego es la estabilidad institucional. El Ministerio Público no puede operar al margen de la ley, desacatando sentencias, ignorando resoluciones, actuando según su propia conveniencia. La ciudadanía necesita una Fiscalía que funcione, reglas claras, independencia y autoridades que respeten la legalidad, aunque resulte incómoda.

La salida a esta crisis no será con cámaras o redes sociales. Se requiere una reorganización profunda del Ministerio Público, nuevos liderazgos comprometidos con el país, con voluntad para restaurar la confianza en la justicia. Cuando las instituciones no respetan sus propios límites, la confianza en el país simplemente se desintegra poco a poco.

Crisis institucional sin árbitros en Perú, por Berit Knudsen

La lucha por las esferas de influencia entre potencias es el motor tras los conflictos mundiales. Estados Unidos, China y Rusia compiten para asegurar su posición, no por altruismo o ideales, luchan por la supervivencia en un sistema internacional anárquico, sin árbitros que garanticen su seguridad. Según el realismo ofensivo de John Mearsheimer, la prosperidad es importante, pero solo puede alcanzarse sobreviviendo, dependiendo de la acumulación de poder y capacidad para disuadir o derrotar al adversario.

Cada potencia busca dominar su región evitando interferencias. Estados Unidos controla su hemisferio, vigilando a Europa y Asia para mantener su hegemonía. China persigue el "rejuvenecimiento de la nación", busca recuperar Taiwán, controlar el Indo Pacífico, proyectar poder en Asia Oriental y desplazar a Estados Unidos. Rusia, potencia económica menor, juega un rol clave con armas nucleares, capacidad militar y una red de alianzas como disruptor global. Al apoyar a Corea del Norte, vender armas a Irán o mantener la guerra en Ucrania, Moscú amplía su influencia impidiendo que Occidente concentre recursos en Asia.

En el juego por el poder cada intento por contener a una potencia rival puede ser percibido como amenaza, elevando el riesgo de guerra, no siempre deseada, fácil de empezar, pero difícil de detener. En Ucrania, Oriente Medio, África y Asia un solo incidente, un error de cálculo, un malentendido, puede desencadenar conflictos mayores.

La guerra en Ucrania consume recursos y atención estadounidense, beneficiando el avance de China en su estrategia para presionar a Japón, Filipinas, Corea del Sur y Australia. Con la retórica de "Asia para los asiáticos", Xi Jinping impulsa una narrativa de paz y desarrollo mientras sus barcos acosan pesqueros filipinos, hackers atacan infraestructura en Taiwán y Japón, con submarinos patrullando aguas estratégicas.

Japón se rearma duplicando su presupuesto militar, desarrollando capacidades de contraataque y alianzas con Estados Unidos, Australia y Filipinas. Corea del Sur evalúa la opción nuclear ante temores de que Estados Unidos, con su doctrina de "America First", reduzca compromisos. Filipinas, socio clave, enfrenta a la guardia costera china. Australia, antes socio económico de China, enfrenta el hostigamiento militar en aguas del Pacífico. La región se rearma porque saben que las palabras de Xi Jinping no detendrán a sus barcos o misiles.

Estados Unidos enfrenta una disyuntiva estratégica. Para mantener el equilibrio global, debe cerrar frentes negociando un alto al fuego en Ucrania, encontrar soluciones políticas en Oriente Medio y gestionar conflictos en África. Solo así podrá concentrar su atención y recursos en el Indo-Pacífico, definiendo el orden mundial. Reducir su presencia en estas regiones propicia el avance de China y Rusia, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad internacional.

Muchos pensaron que el comercio evitaría la guerra, pero no fue así. La rivalidad entre China y Estados Unidos, a pesar de sus economías interdependientes, sigue creciendo. El realismo ofensivo explica que la supervivencia prima sobre la prosperidad. El poder militar como base de la disuasión y seguridad, hace de la hegemonía regional el premio más codiciado: Estados Unidos en Occidente, China en Asia y Rusia intentando sostenerse en Eurasia.

La tragedia del sistema internacional hace necesario entender que cada Estado debe asegurar su supervivencia acumulando poder, porque en un mundo anárquico, nadie lo hará por él. Una guerra no se detiene con palabras y las negociaciones de paz tampoco garantizan estabilidad.

El equilibrio global se sostiene con una disuasión creíble. El desafío no es evitar el juego de poder, sino jugarlo asegurando alianzas sólidas, controlando las esferas de influencia, evitando errores de cálculo que desencadenen guerras difíciles de detener.

Supervivencia y lucha por el poder, por Berit Knudsen

El primer paso para el control social en un régimen autoritario es controlar la palabra. En Rusia, publicar una opinión contraria a la "operación militar especial" puede significar la cárcel. En China, un simple comentario en redes sociales puede desaparecer junto con el usuario que lo escribió. En Irán, burlarte del clero puede costarte la vida. Pero el verdadero peligro es que ciertas democracias utilicen la “regulación digital” para disfrazar mecanismos similares, amparados en una supuesta “protección frente al discurso de odio” o “prevención del daño”.

El caso del Reino Unido es paradigmático. Unas 30 personas son arrestadas diariamente por publicaciones en línea bajo la ley “Communications Act de 2003”. No hablamos de terrorismo, espionaje o amenazas directas, sino de comentarios ofensivos, sarcasmos, memes o críticas políticas. Un ciudadano fue detenido por quejarse de la escuela de su hija en WhatsApp. Otro, por usar un disfraz inapropiado en Halloween. Una mujer fue procesada por citar la Biblia en relación con la homosexualidad. Ser “groseramente ofensivo” o enviar mensajes “maliciosos” tiene consecuencias desproporcionadas: ciudadanos comunes enfrentando registros domiciliarios, detenciones prolongadas, juicios en tribunales y procesos penales por expresar opiniones impopulares en WhatsApp o Facebook. Estos episodios no ocurren en Turquía, Cuba, Nicaragua o Venezuela. Ocurren en Londres, Cardiff o Manchester.

Las democracias están importando métodos autoritarios de control preventivo, donde el problema no es lo que se dice, sino hablar fuera de lo permitido. Así como en China todo lo que circula pasa por filtros ideológicos, en Europa y Reino Unido las plataformas digitales son obligadas a eliminar contenidos ambiguos por temor a multas millonarias amparadas en normas como la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea o la Communications Act británica. No hay censores oficiales, existen algoritmos, departamentos legales y policías que patrullan el lenguaje.

Se argumenta que estas medidas protegen a la sociedad frente al odio, desinformación y extremismo. Pero los regímenes autoritarios son el referente para entender hasta dónde es posible llegar. En nombre del “bien común” o la “estabilidad”, se normaliza el castigo al disenso. Igual que en los regímenes autoritarios, el Estado, con un marco legal opaco, interpretativo y sin frenos reales tiene la potestad de decidir qué puede o no decirse.

La diferencia es que en los regímenes autoritarios la represión es abierta, mientras que en las democracias el castigo administrativo se “justifica” como bienintencionado. Pero el efecto es el mismo: instalar el miedo a hablar, convertir la autocensura en rutina, condicionando la libertad de los ciudadanos. Si hoy se detiene a alguien por una burla, mañana será por una crítica, luego simplemente por discrepar.

Lo más preocupante es que este fenómeno no nace de un dictador, sino de la tecnocracia, burocracia, presión mediática y legislación mal diseñada; un autoritarismo encubierto para controlar, sin golpes de Estado, limitando la autonomía del pensamiento.

Una sociedad que no comprende que la libertad de expresión incluye el derecho a incomodar, pierde su capacidad para defenderse. No es casualidad que China y Rusia promuevan modelos de “soberanía digital” en Naciones Unidas, buscando legitimar el control total sobre los contenidos en línea. Además, los avances de Occidente en esa dirección debilitan su autoridad moral para denunciar la censura en otras latitudes.

Silenciar a los ciudadanos con artificios legales es renunciar a la esencia de la democracia, olvidando que uno de sus rasgos principales es el pluralismo y libre debate. De no revertirse esta tendencia, nos encontraremos con sistemas que operen bajo la lógica autoritaria, con métodos supuestamente “democráticos”.