Periodista de El Reporte

Tony Tafur

El futuro del gobierno de Dina Boluarte sigue perdiendo estímulos. En menos de dos semanas, ha protagonizado una secuencia que solo dilata la intriga y consolida los mínimos aires de representatividad: realizó un viaje con más pena que gloria a Estados Unidos para la 78 Asamblea General de Naciones Unidas; tiene a su inamovible premier Alberto Otárola atenazado por presuntas maniobras irregulares; una última encuesta perfiló nuevamente su casi nula sintonía con la ciudadanía; se ha cuestionado su estado de emergencia por plantearse sin táctica ni estrategia, y más. Con el país al borde de una recesión, con la amenaza de una Toma de Lima para el próximo 12 de octubre, con una palestra capitalizada por la indigencia política, todas las clarividencias apuntan a que en cualquier momento se viene un golpe de dados.

Como si el sentido común empezara a ser anticuado, vemos a una mandataria que todavía no ha entendido la frescura de su pasado inmediato, que actúa como si hubiera caído convenientemente en el borrón y cuenta nueva. Me refiero a que fue parte del molde perulibrista, lo que por supuesto ha dejado en su contra una antipatía indeleble. Y en todos los frentes.

En medio de esta aventura ininteligible que viene teniendo en el poder es extremadamente vergonzoso que haya dejado una semblanza deplorable del país en Estados Unidos. Amagó furibunda a una reportera que le consultó por el estado de emergencia que se había activado en nuestros territorios por el avance de la delincuencia. ¿Marca castillista? Luego, amnésica voluntaria, deslizó que no podía representarnos fuera de nuestros márgenes. ¿Entonces para qué pidió licencia para gobernar vía remota? Seguido a esto, su ministro Mathews trató de edulcorar esa reacción diciendo que no podemos ventilar “los trapitos sucios” en el exterior. Y ni qué decir de algunos de los memorables comentarios de la mandataria (“hemos devuelto estabilidad y esperanza al país”) o las reuniones ficticias que trató de vendernos en las redes sociales (como con Joe Biden, lo que fue desmentido por el mismo gobierno norteamericano).

A dos meses de cumplir un año en el sillón de Pizarro resulta surreal no solo que no se adelante a las consecuencias de sus malos pasos, sino que no atisbe cómo le juega esto a favor de sus anticuerpos, entre ellos el sector progresista, ese que en su momento le subió los decibeles a sus aplausos cuando PPK invitó a los extranjeros a entrar en masa y sin ningún problema al Perú. Esa vocación populista, marcada por el correctismo político, nos estalló en la cara. Y ahora: mutismo total.

Por otra parte, volviendo a Boluarte, una última encuesta de IEP acaba de exponer que el 80% no confía en su gestión. Y no es para menos. Alguna vez se disculpó porque “a veces” comete errores a la hora de “buscar personas calificadas” para su equipo. En líneas generales, por sus decisiones, por sus improvisaciones orales y hasta en el plano gestual. ¿Cómo va a dibujar una sonrisa de oreja a oreja cuando dice que hará retroceder a la delincuencia? No es una señal de alguien que está pisando fuerte.

A esto se suma la larguísima permanencia del premier Alberto Otárola. Hay una dependencia total del que acaba de ser acusado de tener una red de amigos a los que ha favorecido con millonarias órdenes de servicio. Y no desde ahora, sino desde que asumió la cartera de Defensa. Por mucho menos se ha cambiado a otros ministros. No se puede naturalizar este juego de roles.

Si es que Boluarte y su comparsa quieren que su historia no sea la historia de un mal recuerdo deben dejar esta apología al tedio y las medias tintas. No solo se trata de apuntar a sus enemigos como si en su interna todo estuviera bien. Hasta ahora el mensaje a la nación del pasado 28 de julio sigue pesando más por su duración —más de tres horas— que por sus resultados. Deben empezar por abordar efectivamente este último dilema capital, tan transversal como una manifestación violenta: la criminalidad. Si no hay reglas claras, algún día dejaremos de ser la antesala y aterrizaremos sin paracaídas a la materialización de lo inconcebible.

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Ejecutivo en emergencia, por Tony Tafur

Que el premier Alberto Otárola anuncie que a Perú le llegó su “momento de quiebre” —en referencia a la inseguridad ciudadana— es una conveniente forma de marginar el efecto lógico de un incontable rosario de causas: pasividad desde el actual gobierno, por ejemplo. No tomaron la posta de un país con un decreciente índice de criminalidad. Esta crisis venía de más a más a una velocidad vertiginosa. Con esta forma subliminal de esta otra representación del Ejecutivo para desligarse de la responsabilidad y para no reconocer la nula contribución expone más de retórica política que de aires efectistas respecto al plan que, recién y a la fuerza, se ejecutará en el corto plazo. A estas alturas, ya prácticamente sin margen para treguas ni medias tintas, ¿qué debemos esperar?

Pero este no fue el único comentario descabellado del Presidente del Consejo de Ministros, también hizo otro que expuso su desconexión con la realidad y su equivalencia con nuestros peores arquetipos en el tablero. Dijo: “creo que hay una situación de hartazgo en la ciudadanía”. Nada como ese régimen oral del “creo”, con su exasperante carga de escepticismo, para deslegitimar el terror que siente la ciudadanía por esta situación. Como si no fuera demasiado nítido el panorama. Solo le faltó tratar de convencernos de que este apogeo del crimen, desde el que viene en su versión de robo al paso hasta el que está altamente organizado (ahí tenemos al Tren de Aragua o a los que rinden culto a Elegua, dios yoruba), solo es una percepción.

Su pronunciamiento fue a propósito de la decisión de alta esfera del poder, liderada por la presidenta Dina Boluarte, para poner en estado de emergencia los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima, y también Sullana, en Piura.

A destiempo, por supuesto. Tuvieron que esperar dos granadas en el primer distrito mencionado, respectivamente, el más grande del Perú, con aproximadamente 1,2 millones de personas, domesticado por el hampa desde hace un buen rato. Los informes preliminares de la Policía Nacional —seguramente extenuados de capturar a criminales para después verlos libres y encima desafiantes— es que grupos delictivos dedicados a la extorsión fueron los artífices de este hecho que dejó un saldo de 15 heridos. El otro artefacto explosivo fue dejado solo un día después en un local de eventos, a una cuadra de una comisaría. Y mientras escribo esta columna han informado que se habría lanzado otro más en una pollería. Esta secuencia solo tiene un efecto genuino: un miedo generalizado, lo que puede terminar siendo una peligrosa antesala para que este sector se termine aproximando a personajes radicales.

Solo en el primer trimestre de este 2023 en este distrito se contabilizaron 1.810 hurtos denunciados, muy lejos de los 504 en el mismo periodo de 2021. Además, fue uno de los lugares donde el sicariato aumentó hasta en un 50%, a tal punto que se informó que ocho personas por mes son víctimas de esta modalidad. La etiqueta de zona peligrosa no es gratuita. Las estadísticas hablan, razón por la que el actual alcalde (Jesús Maldonado) pidió ayuda al gobierno. "Quisiera que el Gobierno reflexione, porque nosotros no solucionamos el problema del sicariato", dijo el 11 de febrero en una entrevista para RPP.

Ahora se espera que el actual estado de emergencia pueda mermar la cobertura criminal. Se supone que no se trata de un trabajo bilaterial azaroso entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tomando en cuenta que el primero no está preparado para atender este tipo de problemas. Imagino, imaginamos, que ya hay una estrategia. No olvidemos que varias autoridades políticas ya le han perdido la confianza en este caso a funcionarios directamente comprometidos: a Vicente Romero, ministro del Interior, el tercero en la gestión de Boluarte en solo nueve meses, y a Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa, actualmente a puertas de ser censurado. Si hay más pasos en falso, ojalá la mandataria a su retorno de Estados Unidos rinda cuentas y no considere que simples preguntas de la prensa son amenazas de guerra.

Esta relativización de la criminalidad ahora nos tiene en un estado de vulnerabilidad. Nuestros políticos deben empezar a pulir su sentido común y a dejar de inhabilitar voluntariamente las llamadas de alerta. No podemos seguir transigiendo que sea inmanente el ser un país reactivo: esperar a que nos golpeen para actuar. Debe haber una lectura más rápida y perspicaz de los desafíos que se avecinan. De lo contrario, vamos a seguir en ese juego conjetural donde seguirán creyendo que no es lo que sí es y viceversa.

Vencidos por el crimen, por Tony Tafur

El gobierno de Dina Boluarte tiene otro punto común con el de su antecesor Pedro Castillo: un pésimo vínculo con la prensa, a tal punto que quiere modelar una medida que va en contra del ejercicio periodístico. En este caso, el de criminalizar la cobertura de las protestas. El Ejecutivo lo quiere hacer modificando un punto en el Código Procesal Penal a través de las facultades legislativas que han pedido al Congreso. Pese a que estamos ante la amenaza latente de grupos beligerantes en distintas partes del país por pedidos sin asidero como la liberación y reposición del golpista o la asamblea constituyente, el cuarto poder no le puede perder el rastro omitiendo la difusión de estos maniobras ni tampoco puede cercenar el trabajo investigativo durante estos eventos hostiles. Desde la alta esfera del poder rechazan un golpe a los medios. Sin embargo, todo apunta a que quieren desorientar a la supevisión.

La presidente ha generado preocupación en el ámbito de la prensa al buscar aprobar facultades legislativas que plantean amenazas a la libertad de expresión en el país. La propuesta es que se modifique la disposición del punto 3.1.2, inciso C, en el Código Penal de Perú, lo cual ha suscitado inquietudes en los medios de comunicación y la sociedad civil.

El Consejo de la Prensa ha advertido que estas medidas podrían llevar a la criminalización de la labor periodística y limitar severamente la capacidad de los medios de comunicación para informar de manera independiente y sin temor a represalias legales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también ha rechazado estas modificaciones al Código Penal, subrayando su preocupación por las posibles restricciones a la libertad de prensa.

Los gremios periodísticos han unido fuerzas para oponerse a estas propuestas, argumentando que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y debe ser protegida en todo momento. El temor radica en que estas enmiendas puedan ser utilizadas para perseguir a periodistas y medios críticos con el gobierno.

Esto da cuenta de que Dina Boluarte ha heredado más que la silla presidencial de su antecesor Pedro Castillo. Ha calcado el pésimo vínculo con la prensa, una relación que amenaza con socavar uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Los hechos que llevaron a Pedro Castillo a la presidencia, como maestro rural, fueron seguidos de cerca por la prensa peruana y mundial. Sin embargo, una vez en el poder, la relación del líder de Perú Libre con los medios de comunicación se tornó tirante, por decir lo menos.

Durante los 497 días de gobierno se registraron numerosos ataques a la prensa. Se contabilizaron más de 170 incidentes, lo que generó preocupaciones sobre la libertad de prensa en el país.

Los ataques incluyeron desde descalificaciones públicas hasta intentos de limitar la independencia de los medios a través de propuestas legislativas. Estas acciones suscitaron críticas tanto a nivel nacional como internacional, y organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresaron su inquietud por la situación.

La gestión de Boluarte no ha sido ajena a los choques con los medios de comunicación. Ha continuado con un discurso que pone en entredicho la labor de la prensa y, en ocasiones, ha adoptado medidas que generan preocupación en cuanto a la libertad de expresión.

El paralelismo entre Castillo y Boluarte en su relación con la prensa es innegable. Ambos han cuestionado públicamente la labor periodística y han planteado propuestas que podrían limitar la independencia de los medios. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Consejo de la Prensa han expresado su alarma ante estas actitudes, defendiendo la importancia de un periodismo libre en una sociedad democrática.

La historia se repite en Perú, pero con consecuencias aún más graves en esta ocasión. Es crucial recordar que la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia. Sin un periodismo independiente y valiente, la rendición de cuentas y la transparencia se ven comprometidas, lo que pone en riesgo la salud de la democracia peruana. La prensa debe poder cuestionar al poder sin temor a represalias o restricciones.

La presidenta Dina Boluarte sigue los pasos de su antecesor Pedro Castillo al mantener una preocupante relación con la prensa y buscar facultades legislativas que amenazan la libertad de expresión en Perú. Su propuesta de modificar el Código Penal para penalizar la cobertura de protestas ha suscitado inquietudes en los medios y organismos como el Consejo de la Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa han expresado su alarma. El paralelismo entre ambos políticos en su desconfianza hacia la prensa subraya la importancia de la libertad de prensa en la democracia, ya que los medios son fundamentales para fiscalizar al poder y promover la transparencia.

Prensa con presión del Ejecutivo

El fin de la injerencia internacional en Perú podría ser una realidad. Esto después de un pronunciamiento de Igor Garafulic, un diplomático chileno que se desempeña en nuestro país como coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas. El mencionado usurpó funciones de este frente internacional y lanzó un comunicado señalando que la separación de poderes en territorio peruano estaba en peligro con la investigación del Congreso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta intromisión le costó una amonestación y una citación desde la Cancillería para que explique por qué excedió sus facultades. Incluso trascendió que podría ser declarado persona non grata. Este hecho se da en medio de otras increpaciones como a la Organizaciones de los Estados Americanos (OEA), acusada de tener “sesgo político”, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por admitir denuncias de terroristas como Víctor Polay Campos. Con el propósito de obtener una visión más detallada del tema, 

 solicitó la opinión del excanciller Luis Gonzales Posada.

"La separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena". Este fue el titular de un pronunciamiento firmado por Garafulic, usando el nombre de Naciones Unidas, para exponer su rechazo a la investigación que viene ejecutando el Congreso a la JNJ. Esto por haber tratado de evitar la caída de Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, quien finalmente fue censurada por haber omitido funciones durante el régimen de Pedro Castillo. En síntesis, por haber pateado un escrutinio al profesor chotano por su condición de presidente, pese a que ya habían sobre la mesa varias investigaciones fiscales.

Entonces, este favoritismo le terminó explotando en la cara a la ONU. No solo porque el coordinador chileno —de pasado izquierdista— transgredió los límites que tiene respecto a su campo de acción sino que expuso una inclinación que colinda con la complicidad y que pone en tela de juicio la parcialidad de una entidad internacional.

La respuesta no se hizo esperar. Primero fue desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, frente que de forma 

 exigió que la Cancillería promueva la salida del país del coordinador del Sistema de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente de este bloque parlamentario, Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, dijo de forma tajante que Garafulic debe ser expulsado por que "ha demostrado intromisión en asuntos internos del Estado, usurpando y arrogándose funciones que no le competen dentro de la ONU". La misma línea siguió su colega María del Carmen Alva, quien hizo hincapié en que tienen la potestad no solo para escudriñar a instituciones sino también para impulsar destituciones.

Fue así que el Ministerio de Relaciones Exteriores (o la Cancillería), liderado por Ana Cecilia Gervasi, decidió tomar cartas en el asunto convocando al implicado por esta "extrañeza".

“El Ministerio de Relaciones Exteriores le recordó al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú el marco en el cual se deben desarrollar sus funciones, en estricto cumplimiento de las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, reza el comunicado.

Este episodio se suma a otras controversias, como las acusaciones de “sesgo político” dirigidas hacia la Organización de los Estados Americanos (OEA), razón por la que han pedido que no se le entregue más presupuesto del erario público este 2024.

De acuerdo al congresista Alejandro Muñante, se le daría aproximadamente US$ 1 431 800. "Desde hace algún tiempo vienen realizando actos injerencistas en los asuntos internos del Perú”, apuntó el legislador. “Ningún tipo de emolumento o aporte destinado a los organismos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hasta que no se garantice la imparcialidad y objetividad en sus decisiones”, complementó.

Por otra parte, también está el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admitió una demanda presentada por Víctor Polay Campos, ex líder del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en contra del Estado peruano. La demanda se relaciona con su encarcelamiento y supuestas violaciones de derechos humanos durante su prisión.

 se comunicó con el excanciller Luis Gonzales Posada.

“Garafulic ha intervenido sesgada e impropiamente en asuntos de competencia interna del Perú, violando principio del derecho internacional. Lo hizo sin contar con la autorización del secretario general de la ONU. Al parecer se ha contagiado del síndrome del mexicano Manuel López Obrador”, comentó.

Asimismo, hizo hincapié en que “este mismo representante se calló cuando el exmandatario Martín Vizcarra disolvió inconstitucionalmente el Congreso y pidió la destitución de Fiscal de la Nación Pedro Chávarry”. “Por ello ha sido acertado que lo cite la Cancillería y rechace su actuación la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento. La ONU debe retirarlo del cargo”, complementó.

Apuntó además que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha extralimitado sus funciones al reactivar los casos Polay y Artemio, a pesar que ambos fueron condenados por tribunales civiles y militares y la propia Corte ratificó los juzgamientos”. “Hacerlo es un despropósito; un acto de barbarie diplomática que no podemos tolerar”, agregó.

Finalmente, indicó que está a favor “de la iniciativa del Congreso de suspender la cuota anual de US $ 1 millón 400 mil dólares a favor de la OEA, que implica parte de los fondos de mantenimiento de la Corte y de la Comisión Interamericana”. “Es una respuesta firme y digna. No se puede financiar a los verdugos”, finalizó.

Esta situación pone de manifiesto las tensiones entre la comunidad internacional y Perú. Los organismos mencionados han expuesto su falta de imparcialidad, incluso llegando al punto de deslegitimar los asuntos internos del país. Esto plantea un fuerte debate sobre la influencia externa.

El fin de la injerencia internacional en Perú podría ser una realidad. Esto después de un pronunciamiento de Igor Garafulic, un diplomático chileno que se desempeña en nuestro país como coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas. El mencionado usurpó funciones de este frente internacional y lanzó un comunicado señalando que la separación de poderes en territorio peruano estaba en peligro con la investigación del Congreso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta intromisión le costó una amonestación y una citación desde la Cancillería para que explique por qué excedió sus facultades. Incluso trascendió que podría ser declarado persona non grata. Este hecho se da en medio de otras increpaciones como a la Organizaciones de los Estados Americanos (OEA), acusada de tener “sesgo político”, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por admitir denuncias de terroristas como Víctor Polay Campos. Con el propósito de obtener una visión más detallada del tema, El Reporte solicitó la opinión del excanciller Luis Gonzales Posada.

Sesgos revelados

Que la doctrina de Abimael Guzmán se siga filtrando como credo o receta justiciera en agrupaciones apátridas, tanto a escala local como internacional, es culpa de todos. De la enseñanza ambivalente en las escuelas y las universidades, de las instituciones que equiparan al terrorismo con la respuesta del Estado —unos abstemios totales en la Ley de Newton—, de los gobiernos permisivos con los monólogos incendiarios en las plazas y con su indiferencia respecto a los movimientos que se levantan en las provincias, de los electores y su apolítica, de las redes sociales y su licencia para que usuarios NN elogien a figuras subversivas, y más. Y ni qué decir del espectro político, donde pesan más los fundamentalismos antes que la exposición adecuada del personaje que quiso romper la democracia apelando a la violencia.

Nada es estático, diría Heráclito. Y hoy en día es mucho más tangible esa realidad que anunciaban prematuramente Sigmund Freud y Marshall Mcluhan: el humano llegará a ser un animal totalmente “prótetico” o uno acostumbrado a ese totalitarismo de las “extensiones”, respectivamente. Hay muchos escenarios, pero me ceñiré a esa carrera sin límites de los que son proclives a mimetizar con personajes antisistema. Se convierten en apéndices para proclamar su derecho a la sobreexistencia, buscan una autoreivindicación —no importa si malusan el humor al mismo estilo de AMLO— para plantarse como personajes hazañosos. No hay fondo más profundo que la villanización voluntaria con falsos aires heroicos.

Un botón es cómo a pesar de todas las pruebas sobre la maquinaria senderista, aún hay personas o grupos de personas que los apañan. Ahí vemos al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), que cada vez que tenía la oportunidad se iba hasta la Base Naval del Callao para exigir la liberación del terrorista. Luego, cuando murió exigieron que el cuerpo fuera entregado a la esposa Elena Iparraguirre para una justa sepultura. Un pedido surreal y desafiante tomando en cuenta el historial sanguinario de este personaje que venía cumpliendo dos cadenas perpetuas.

La jornada de protestas pos golpe de Estado de Pedro Castillo también trajo a colación la exposición de los otros grupos que siguen profesando este ideario. En un atestado de 18 folios, la fiscal Ketty Garibai evidenció que los capturados como Rocío Leandro Melgar (la camarada Cusi) no eran solo del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), sino que este mismo grupo es parte de la Nueva Fracción Roja, cuadrilla a la que Guzmán —tras ser capturado en 1992— le había delegado la siguiente etapa de su proceso revolucionario. En este informe también se hizo hincapié en los movimientos prosenderistas, aunque con algunos arreglos en la doctrina, que van movilizándose afuera del país: ahí tenemos a Estados Unidos. Y ni qué decir del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) que opera en el Vraem.

Y el culto no es necesariamente de forma directa como lo hacen los mencionados o como lo vemos en publicaciones de Twitter o Tik Tok, donde no tienen ningún reparo en mostrarle pleitesía al genocida. Incluso una Inteligencia Artificial (Pi) cuando le consulté si considera como un terrorista a Abimael Guzmán me respondió que “la lucha armada era una opción para cambiar la situación”. ¿Quién lo codificó? Se me vienen muchos nombres.

También está la forma tácita. Ahí por ejemplo tenemos a los profesores que consideran que Abimael fue alguien que quiso salvar al Perú llevando la guerra del campo a la ciudad o a los que creen que los terroristas deben ser defendidos por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No me sorprendería que en esta época se hubiera pedido un nuevo proceso judicial. Y que lo admitan.



Muchos dijeron en su momento que la captura de Guzmán fue la estocada. Otros que fue el desmantelamiento total de la célula subversiva. Y ahora último sí, definitivamente sí, la muerte del genocida, que le puso fecha de expiración al senderismo. Lamentablemente no es así. Los estragos ideológicos siguen haciendo metástasis y se los está dejando pasar progresivamente. Hay un radicalismo que podría calar en las próximas elecciones. ¿Qué se está haciendo para neutralizar esta secuencia? Ya estamos en jaque por las organizaciones criminales, también por una exasperante pasividad. ¿Será lo mismo con el terrorismo? Una simbiosis entre ambos y perdemos al Perú en un chasquido.

El recreo de los apologistas, por Tony Tafur

Salir a las calles en Perú se volvió una actividad de riesgo. Esta atmósfera de incertidumbre que ha generado la criminalidad sería paliada con la estrategia que viene trazando el gobierno de Dina Boluarte, el mismo que acaba de anunciar que destinará para este plan más de 16 millones de soles, cifra que supera a otras inversiones del Ejecutivo para esta materia. Y no es para menos. Solo en la capital, hasta la fecha y de acuerdo con registros policiales, se han contabilizado más de 52 mil detenidos. El gota a gota, el sicariato, el robo al paso, los secuestros y otros tipos de delitos siguen ganando terreno, lo que ha motivado que municipios como Surco, Miraflores y San Isidro adelanten algunas maniobras para tratar de contrarrestar esta aparente hegemonía del hampa, que ha llegado a tal punto de inercia que ha osado ponerle precio a la cabeza a un uniformado de alto rango como Víctor Revoredo, jefe de la unidad de homicidios de la Policía Nacional del Perú.

Partiendo de la implosión criminal en nuestro país, tanto de organizaciones locales, extranjeras o hasta mixtas, el Ejecutivo ha decidido destinar más de 16 millones de soles para enfrentarlos, para restaurar la tranquilidad de los peruanos. Así lo confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ante el Congreso cuando sustentó los 241 millones de soles que serán parte del presupuesto para el sector público.

Los fines del gobierno son lógicos: reforzar a la PNP (que captura), al Ministerio Público (que investiga) y al Poder Judicial (que sentencia). Y de paso al Ministerio de Justicia (que apoya en los lineamientos y la estrategia).

Respecto al inicio de esta secuencia, el del trabajo policial, esto se traduciría en mejor patrullaje, mejores operativos y más, teniendo en cuenta que la lucha que no solo es contra grupos criminales de baja categoría sino también con los que tienen un fuerte contingente como los narcotraficantes, los mineros ilegales, los dedicados a la trata de personas y más.

Lima ahora se tambalea ante el flagrante aumento y la despiadada intensidad de la delincuencia, es casi un territorio sin ley.

Un informe policial evidencia que los distritos con mayores índices de criminalidad son San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Independencia, Comas, Santa Anita, Ate-Vitarte y el Cercado de Lima.

Las alarmantes cifras que surgen de los informes en 2023 son una bofetada de realidad: en la capital, un abrumador total de 52,659 individuos han sido detenidos, de los cuales 46,591 son compatriotas y 6,068 son extranjeros. Mientras tanto, 1240 armas de fuego han sido confiscadas y 3161 pandillas delictivas han sido desmanteladas. De hecho, el mismo Osiptel informó que en Perú, en promedio, se roban 4.734 celulares por día, 197 por hora y 3 por minuto.

Esto, sin embargo, no significa que los otros distritos son perímetros exentos de la delincuencia. En Miraflores, Surco y San Isidro, por ejemplo, ya se están poniendo en marcha planes para frenar a los criminales.

En Miraflores, el "microcentro" enfrenta el 40-50% de la delincuencia y se refuerza la seguridad en áreas fronterizas y se implementan patrullajes con la Policía.

San Isidro ha reducido las incidencias delictivas un 25% con operaciones coordinadas con la Policía, más policías en patrullajes y cámaras de vigilancia.

Surco lucha contra robos de celulares, principalmente en tres avenidas. Se emplea el patrullaje integrado en motos y se busca colaboración del gobierno central para combatir la delincuencia en zonas fronterizas.

Para conocer a fondo esta iniciativa del gobierno nos comunicamos con el ex miembro del GEIN, José Luis Gil. Primero hizo hincapié en la pésima administración que tuvo el Ministerio del Interior frente a la inseguridad ciudadana. “Entró teniendo 350 millones de soles para gastar en enero. Solo ha gastado el 15% según los datos oficiales”, apuntó. “Si no han tenido la capacidad de gasto, de enero a la fecha, menos lo van a tener en los próximo 4 meses con mucha más plata porque son 500 millones de soles. Me parece a mí un contrasentido darles las facultades para que legislen: por la falta de capacidad de gestión para gastar los recursos”, agregó.

Asimismo, indicó que de las 18 medidas presentadas por el gobierno 16 son “sumamente genéricas”. Identificó, comenta, “expresiones etéreas” como “reforzar, evaluar y más”. “Por ejemplo, no encuentras dentro de estos proyectos la implementación de 50 grupos especiales de Inteligencia con 10 integrantes en cada grupo asignándoles un vehículo; se necesita 50 vehículos para actividades de Inteligencia para actuar en los conos de Lima. No está ese detalle. Por eso no es les debe dar las facultades”, explicó.

Aprovechó además para señalar que es oportuno hacer cambios en el gabinete, los referidos a este problema social. Citó a Jorge Chávez Cresta, del Ministerio de Defensa, partiendo de la “emboscada de Sendero Luminoso y el narcotráfico en el Vraem, donde murieron 4 soldados”. También habló del ministro del Interior, Vicente Romero: “Nos presenta un plan que nos deja mucho que desear. No digo que no sea capaz, pero él es el lider del sector. Hay un reponsable político. Y la inseguridad sigue campeando”.

Su recomendación al Ejecutivo es que no pida “facultades legislativas” porque el problena no son las “normas” ni las “leyes” sino tener una “mejor gestión”. Por otra parte, los exhortó a designar “un zar antiterrorista, alguien que tenga una capacidad de liderazgo y que dirija todas las acciones sociales, políticas, económicas, y operacionales, o sea militares y policiales contra el terrorismo en el Vraem”.

El reloj avanza implacable, y mientras el gobierno traza su estrategia para enfrentar la creciente ola de criminalidad en Lima, la delincuencia no espera. Cada día que pasa sin una acción decidida nos acerca peligrosamente al punto de no retorno. Es hora de que la inversión en el plan de seguridad se traduzca en acciones concretas, en patrullajes efectivos, en la desarticulación de las pandillas, y en la restauración de la paz en las calles.

Y la otra pregunta que  cae de madura es, ¿Qué está haciendo el alcalde de Lima por la seguridad? El Ejecutivo le toma la delantera…

¿Lima, tierra de nadie?

En la órbita de Boluarte, a casi 10 meses de su asunción presidencial, la contradicción se ha vuelto una variable sintomática. Ya es habitual ver que un elemento de su entorno —la misma presidenta, el eterno premier, etc.— extiendan un supuesto pensamiento de gobierno y luego en el corto plazo alguien lo desdiga. Y no solo pasa por el terreno oral —como con el gran anuncio del adelanto de elecciones, el Plan Bukele y más—. También hay una colisión en el campo simbólico. Ahí tenemos como botón la reciente renuncia de la ministra de Educación, Magnet Márquez, que termina exponiendo a una mandataria que todavía no prescinde del ideario castillista al respaldar una movida congresal que pone en peligro a la educación.

Este última secuencia arrancó con la dimisión de la titular del Minedu, Márquez, quien señaló que fue exhortada a hacerlo por el mismo presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Informó que esto fue consecuencia de un desencuentro por haber puesto sobre la mesa su rechazo a un dictamen aprobado en la Comisión de Educación del Parlamento: uno que permitiría el nombramiento automático de 14.000 profesores que no rindieron la prueba exigida a fin de obtener un título pedagógico profesional. Para la saliente funcionaria esto era un golpe a la meritocracia.

Extrañamente, el premier coincidía antes con este prisma, específicamente en un pronunciamiento que hizo en junio de este año. ¿Cambió de opinión? Parece que sí. Esta fricción incluso habría llegado tan lejos que provocó aparentemente renuncias en cadena en el gabinete. Aunque también trascendió que fueron cambios para refrescar el ambiente.

Lo cierto es que es imposible no estar de acuerdo con la ahora exministra. Sin embargo, no ahondaré en esta iniciativa que ha provocado un movimiento telúrico en el Ejecutivo. Haré hincapié en cómo ha quedado vigente el ADN del golpista en el trabajo de Boluarte. La invitación al despido no tiene la forma de una simple desavenenencia, es una marca de gobierno imponiéndose.

Esta propuesta ya había tratado de encarrilarse en el régimen chotano con el entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo. La síntesis de sus argumentos —como lo dijo en octubre de 2021 antes de ser censurado— es que se debía poner por encima el tiempo trabajado antes que el rendimiento académico. No pensó en buscar otras alternativas como ayudarlos en su preparación para aprobar esta prueba magisterial—esto recién se planteó en noviembre del 2022, a semanas del golpe—. El plan era entregar a dedo un reconocimiento que ponía en segundo plano el esfuerzo de otros y que amplificaba una posible pleitesía de esos miles de maestros.

El Minedu luego se suavizó cuando assmió Rosendo Serna, quien ya no hablaba de un nombramiento automático sino de mejorar las pruebas porque estaban “orientadas a desaprobar”. Casi el símil de un universitario excusándose de desaprobar el examen de admisión porque incluyó materias que no iba a estudiar. Por eso hay un tiempo de gracia para meterse de lleno en lo que vendrá: no es una guerra aleatoria, es una guerra avisada. Paradójicamente después se destapó que Serna habría plagiado el 70% de su tesis doctoral.

Este paneo exhibe una peligrosa semblanza de Boluarte. Esta fórmula perjudicial para apoyar al profesorado es una sombra del historial chotano. El gobierno olvida que el sector Educación ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. A los colegios en mal estado, al difícil acceso que tienen menores de bajos recursos, y un largo etcétera, ahora le quieren agregar una fuerte cantidad de profesores antes que profesores de calidad. No pueden dar licencias así nomas como si fueran una sucursal de este turbulento mundillo de Azángaro, en el Centro de Lima.

Por otra parte, el Ejecutivo debe mejorar a la hora de presentar en público el pensamiento de gobierno. Primero pasó con el adelanto de elecciones. Estaban en contra y luego plantearon un proyecto, cediendo ante la presión. ¿Cuál es el mensaje? También Otárola tuvo un episodio con Jorge Chávez, de Defensa: uno dijo que la crisis ya había terminado; el otro luego dijo que no. Hay otro capítulo del mismo Otárola con Daniel Maurate, de Justicia, por la muerte de un manifestante. O por último la misma Dina traiciona a sus propias palabras cuando dice que es transparente, pero mantiene en un duro secretismo los encuentros que tienen en la residencia presidencial.

La palabra y el hecho no pueden seguir siendo una disonancia. Esto solo alimenta los maquinaciones desestabilizadoras.

El eterno retorno, por Tony Tafur

Una vez más, una incursión militar-policial en las profundidades del VRAEM tuvo un desenlace mortal provocado por remanentes de Sendero Luminoso. Ocurrió en la madrugada del último domingo 4 de septiembre, en la región de Putis, Ayacucho. Una patrulla fue emboscada por una columna terrorista mientras intentaba recuperar territorios dominados por traficantes de drogas. El ataque dejó un saldo de cuatro militares fallecidos, tres heridos, incluyendo a un policía, y cuatro civiles afectados por proyectiles. En el otro bando, fueron abatidos dos elementos. Trascendió que este ataque fue una venganza por la captura y encierro en junio de este año de los camaradas 'Carlos' y 'Joel’, figuras clave en esta organización subversiva que subsiste gracias a su alianza con distribuidores de narcóticos, 

buscando tal vez en el largo plazo darle un nuevo golpe al Perú.

En una conversación con El Reporte, el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, señaló que "se trató de una emboscada contra una patrulla enviada para interrumpir las operaciones de grupos de mochileros que transportan droga por la zona". "Los terroristas los estaban esperando (...) Y asesinaron a cuatro militares e hirieron a varios militares y policías más", agregó.

Los cuatro valientes militares que cayeron en esta redada son: el Teniente EP Michael Bazan Peche, el suboficial de 1ra EP Anderson Huanaco Arrigoila, el suboficial de 3ra. EP Dani Cayahua Condori y el sargento 1ro. EP Fermín Arroyo Guzmán, según el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los restos están temporalmente en Huamanga, Ayacucho, mientras que los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales. La directora del Hospital de Huanta, María Elena Márquez, reveló a un medio local que uno de los heridos llegó con politraumatismos y tres heridas de bala en la cabeza, abdomen y piernas, lo que refleja la violencia del ataque.

Mientras el especialista en temas subversivos y analista en seguridad, Pedro Yaranga, afirmó en un medio local que este ataque podría ser una vendetta por los radicales capturados en junio, Rospigliosi tiene otra perspectiva. "En realidad, no se sabe si es una represalia por lo del terrorista Carlos", analiza. "En verdad, se juntan varios elementos en cada uno de estos ataques, pero lo más probable es que sea encargo del narcotráfico", señaló. Nos explicó que los contrabandistas de estupefacientes suelen financiar estas emboscadas para mantener amenazados a la Policía y al Ejército. "Pagan a los terroristas para que ejecuten estos ataques y se suspendan las patrullas por un tiempo, lo que les permite transportar droga libremente", indicó.

Además, dijo que no se deben buscar culpables. "Estas patrullas son habituales y necesarias, de lo contrario, se dejaría completamente el terreno en manos de terroristas y narcotraficantes", dijo. Aseguró que debería aplicarse una mejor inteligencia para prevenir este tipo de ataques, pero también destacó que es un terreno sumamente complicado.

Apuntó también contra este gobierno y los anteriores, mencionando que lo que falta es decisión para acabar con este grupo terrorista de Sendero Luminoso. "Lo que debemos hacer es utilizar inteligencia y tecnología", indicó, refiriéndose a factores que ayudaron a eliminar al "(Camarada) Alipio y a uno de los Quispe Palomino". Insistió en esta estrategia porque es lo que se necesita ante un grupo subversivo que, asegura, es relativamente pequeño, con alrededor de 100 o 120 miembros.

También reclamó por la falta de eficacia gubernamental. "Desde 2007, cuando las Fuerzas Armadas asumieron el control del VRAEM, se han gastado miles de millones de soles en una estrategia antisubversiva que no ha dado muchos resultados", concluyó.

En esta operación, también se logró la muerte de dos elementos subversivos y se incautaron una camioneta roja y una motocicleta que transportaban 500 kilos de Pasta Básica de Cocaína (PBC).

Putis, zona dominada por narcos y senderistas.


Desde la alta esfera política, se pronunciaron varios líderes. La presidenta Dina Boluarte rechazó el “accionar subversivo” y reafirmó su “firme propósito de luchar por la pacificación del país”. Mientras tanto, el primer ministro Alberto Otárola dijo que el valor de los caídos “no será olvidado”. Por su parte, la ministra de Transportes, Paola Lazarte, exigió que “los culpables paguen por sus crímenes”, una línea similar a lo dicho por la Defensoría del Pueblo, que pidió que se les aplique “el máximo peso de la ley” a los responsables de este ataque.

Este trágico episodio es un sombrío recordatorio de la urgente necesidad de un plan efectivo para acabar con los remanentes de Sendero Luminoso y, de paso, para desmantelar el narcotráfico. Nuestros valientes militares y policías no pueden seguir sacrificándose en vano. El gobierno debe entender que la recuperación del país no es un simple eslogan, debe convertirse en una realidad tangible.

Una vez más, una incursión militar-policial en las profundidades del VRAEM tuvo un desenlace mortal provocado por remanentes de Sendero Luminoso. Ocurrió en la madrugada del último domingo 4 de septiembre, en la región de Putis, Ayacucho. Una patrulla fue emboscada por una columna terrorista mientras intentaba recuperar territorios dominados por traficantes de drogas. El ataque dejó un saldo de cuatro militares fallecidos, tres heridos, incluyendo a un policía, y cuatro civiles afectados por proyectiles. En el otro bando, fueron abatidos dos elementos. Trascendió que este ataque fue una venganza por la captura y encierro en junio de este año de los camaradas 'Carlos' y 'Joel’, figuras clave en esta organización subversiva que subsiste gracias a su alianza con distribuidores de narcóticos, buscando tal vez en el largo plazo darle un nuevo golpe al Perú.

Masacre en el VRAEM

En Perú desde hace un tiempo se viene evaluando la posibilidad de reducir al Estado, específicamente eliminando o mezclando algunos de los 19 ministerios, tal como lo ha propuesto en Argentina el libertario con aspiraciones presidenciales Javier Milei. Entre las justificaciones está que esta iniciativa representará el debilitamiento de la burocracia y, en líneas generales, de la corrupción. La pregunta que cae de madura es cuál es la ruta que proponen los impulsores de estos proyectos  para poder concretarlos, tomando en cuenta que hay un sector que está más inclinado a la amplificación del   aparato estatal antes que a su optimización. Líneas abajo más sobre esta disyuntiva que podría ingresar al rosario de promesas de nuestros futuros interesados en el Sillón de Pizarro para el ruedo electoral del 2026.

Uno de los que viene apostando por esta medida en nuestro país es el ex gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz.

 apuntó lo siguiente: “El Estado peruano ha devenido en un organismo inútil, elefantiásico, redundante, maltratador y corrupto”. Indicó que “en vez de servir bien a la ciudadanía, cada vez se sirve más de ella. Nuestro Estado está diseñado para beneficiar a una burocracia indolente, incapaz, cruel y coimera, que crece año a año, sin freno alguno”.

Fue por esta razón que considera hacer una reforma en lo que respecta a los ministerios. “Es un error creer que, para cada función estatal, hay que crear un ministerio. No. Un ministerio debe, y puede, realizar más de una función”, menciona.

Su propuesta es quedarse con los portafolios de Economía, Vivienda, Relaciones Exteriores y Transportes. Los que mezclaría son Agricultura, Energía y Minas, Produce, y Comercio Exterior para crear una denominada “Producción y Servicios Empresariales”. Por otra parte, juntaría Salud y Ambiente para constituir un sector llamado “Salud y Medio Ambiente”. Lo mismo haría con los portafolios de Educación y Cultura y en simultáneo con los de Interior y Defensa. Los otro cuatro que serían fusionados son los portafolios de Trabajo, Mujer, Inclusión Social y Justicia.

En síntesis, su objetivo es que nos quedemos con 10 ministerios. “Todo lo que signifique reducir ministerios y reducir la burocracia improductiva y maltratadora, es una buena propuesta”, señaló. Aseguró que esto “propiciaría un ahorro muy significativo en el presupuesto público”.

El futuro candidato presidencial indicó que como “el presupuesto público está equilibrado” porque no hay “déficit fiscal”, los ahorros mencionados los destinaría de esta forma: (1) aumentar las remuneraciones de maestros, médicos y enfermeras, policías y militares, y jueces y fiscales; (2) aumentar el presupuesto en infraestructura de desarrollo social (escuelas, hospitales, carreteras, etc.); (3) aumentar las pensiones de los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y (4) eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles y reducir el Impuesto General a las Ventas (IGV).

“Por otro lado, implementaría la propuesta de Lampadia respecto de destinar 5 puntos porcentuales del IGV, a cuentas individuales de capitalización, administradas por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para universalizar las pensiones de jubilación a todos los peruanos, y de paso, fomentar la formalización empresarial en el país”, complementó.

Quien también propone esta reducción es el congresista Roberto Chiabra. “El Perú no puede tener 18 ministerios, es lo que genera alta burocracia, baja eficiencia y gran corrupción”, dijo para un medio local. Apuntó que deben quedarse "Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Interior, Justicia, Trabajo, Educación, Salud, Energía y Minas y Ambiente". “Con 14 ministerios es suficiente. No hay que desaparecer ni uno, porque los juntamos todos", señaló.

El analista político Percy Urteaga nos comentó que "la eliminación de ministerios sería una manera de contrarrestar la corrupción que tanto daño está haciendo a la institucionalidad política". "Al reducir la burocracia, reduces las posibilidades de que los malos funcionarios cometan delitos contra la administración pública", agregó.

"Considero que primero debería de presentarse un plan bien fundamentado y también priorizar qué ministerios podrían eliminarse y cuáles fusionarse. Por ejemplo, el Ministerio de la Cultura tal vez pueda fusionarse con el de Educación. El Ministerio de Vivienda podría fusionarse con el de Transportes y Comunicaciones", comentó.

Asimismo, indicó que debe haber un "un sustento técnico bien elaborado" y que se deben contemplar "aspectos estructurales económicos y sociales". "Estamos hablando de una reforma del Estado, lo que significa que no puede tomarse a la ligera, sino que debería de estudiarse y ejecutarse con la mayor rigurosidad y seriedad posible", enfatizó.

Va a ser importante, señaló, que se haga "un estudio técnico de las consecuencias que conllevaría esa eliminación/fusión ministerial". "Y al materializar la idea, hacerlo de manera gradual. Hay que tener en cuenta que estarían en juego puestos de trabajo de servidores públicos. Entonces se tendría que pensar en cómo reubicar o gestionar los empleos que existen en el ministerio eliminado", finalizó.

Los planteamientos para reducir el número de ministerios buscan contrarrestar la corrupción y mejorar la administración pública. Sin embargo, la implementación no debe ser apresurada ni superficial, sino respaldada por un análisis técnico riguroso que considere las implicaciones económicas y sociales.

En Perú desde hace un tiempo se viene evaluando la posibilidad de reducir al Estado, específicamente eliminando o mezclando algunos de los 19 ministerios, tal como lo ha propuesto en Argentina el libertario con aspiraciones presidenciales Javier Milei. Entre las justificaciones está que esta iniciativa representará el debilitamiento de la burocracia y, en líneas generales, de la corrupción. La pregunta que cae de madura es cuál es la ruta que proponen los impulsores de estos proyectos  para poder concretarlos, tomando en cuenta que hay un sector que está más inclinado a la amplificación del aparato estatal antes que a su optimización. Líneas abajo más sobre esta disyuntiva que podría ingresar al rosario de promesas de nuestros futuros interesados en el Sillón de Pizarro para el ruedo electoral del 2026.

Carga ministerial

Haciendo hincapié una vez más en el juego de las falsas equivalencias, el sector izquierdista, ese que atribuye suelto de huesos una especie de monopolio de la violencia a las Fuerzas del Orden, ha caído en un profundo —y conveniente— silencio desde que se conoció que el terrorista Víctor Polay Campos, exlíder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ha demandado al Estado peruano, con el respaldo de la siempre servicial Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). En síntesis, tu terrorista no es mi terrorista.

En Wayka, por ejemplo, no hubo ni un solo pronunciamiento. Este frente que se jacta de ser el más defensor de los defensores se quedó estancado en otros temas que considera más prioritarios, entre estos la reivindicación de un personaje autodenominado como "La Uchulú". Seguir scrolleando solo podría generar todo tipo de colapsos mentales. Pasé a IDL. Lo mismo. Solo sigue cubriendo con temblor en los dedos las protestas de los diez gatos de La Resistencia. En La República sí abordaron el tema, pero fueron solo dos minúsculos párrafos, una estructura surreal para una plataforma acostumbrada a llenar de subtítulos sus notas. ¿No hay material que explorar? Un terrorista tratando de atenazar legalmente al país al que hizo daño queda en un segundo plano. No esperaba menos.

Lo mismo pasa con los pilares izquierdistas y sus aliados, esos que suelen usar a las redes sociales como terreno fértil para amplificar sus narrativas. Algunos para ganar capital político; otros para multiplicar sus seguidores en esta época del periodismo-selfie.

Ahí tenemos como principal ejemplar de esta lista a Verónika Mendoza. Ni una sola mención al caso Víctor Polay. Su Twitter sigue siendo la agencia impulsora de la vacancia de Dina Boluarte y ahora último la tribuna de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Lo otro pasa con el desesperado por inocular en la mente nacional que estamos en dictadura: Marco Avilés. Ha preferido promover a la plataforma Fotos de lucha (ahora todos son “héroes de la democracia”) compartiendo un video donde hay varias mujeres vestidas como Santa Rosa de Lima llevando mensajes contra la Policía Nacional del Perú. Uno de estos reza: “No soy patrona de asesinos”. Y como no podía faltar puso sobre el tapete una nueva denuncia. Esta vez por haberse elegido a Roberto Huarcaya, fotógrafo “de Lima” (ojo al énfasis), para representarnos en la Bienal de Venecia. Se quejó de que el jurado era limeño, cuando él mismo cuenta que el mencionado solo ganó por un voto a la artista indígena shipibo-conibo, Olinda Silvano. Es decir, no hubo unanimidad. ¿Dónde está esa supermayoría arrolladora capitalina? No lo veo reclamando cuando el jurado DAFO decide encarrilar la subvención de material audiovisual con fines adoctrinadores y no de competitividad. Estamos a años luz de un premio de gran envergadura. En fin. Nada de Víctor Polay.

Infaltable en este grupo Rosa María Palacios, quien siempre ha creído que todos son tontos menos ella. “Gente opinando sobre algo que no han leído”, tuiteó, y compartió el enlace del informe. Nunca nadie se había preocupado tanto por nosotros.

La historia en cortas líneas va así. El personaje que lideró las "cárceles del pueblo" donde torturaba y hasta asesinaba a sus víctimas demandó al Estado peruano ante la CIDH, la misma que admitió esta medida en marzo de 2022 para así armar un frente representante para un proceso supranacional que tiene entre sus filas al exministro Javier Valle Riestra. El exemerretista, quien viene cumpliendo una pena de 35 años de cárcel por los delitos de terrorismo, terrorismo agravado y falsificación de documentos, aseguró que se violaron tanto su derecho al principio de legalidad como sus garantías judiciales. Además, señala que se puso en peligro su estado físico y psicológico por las las supuestas condiciones penitenciarias precarias en las que estaba. Incluso dijo que fue torturado y que el Ministerio Público hizo caso omiso.

Y eso no es lo peor, lo peor es la presión que se viene. La CIDH nos recomendará una solución amistosa entre el terrorista y la justicia. Si decidimos ignorarlos, darán su veredicto respecto a si hubo o no violaciones de los derechos humanos y enviaran nuevas recomendaciones. Si nuevamente no atendemos esto, denunciarán al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un escándalo total.

Algunos personajes en redes sociales derraman argumentos a favor diciendo que esto no significa que procederá el caso sí o sí, que no pasará de esto. Este tipo de afirmaciones pasiva son las que terminan explotándonos en la cara cuando se les hace caso. ¿Y el caso Lori Berenson? ¿o la casi indemnización al emerretista chileno Jaime Castillo Petruzzi?

Estas licencias de la CIDH ponen una vez más en tela de juicio su legitimidad. Es prácticamente un trampolín para que personajes como Víctor Polay Campos le den un giro a su carrera subversiva para convertirse en exitosos demandantes . Aquel que sembró el terror ahora estaría a puertas de una inesperada redención. Esperemos que no.