De manera incomprensible, esta semana le hemos vuelto a entregar —democráticamente y con todas las de la ley— el poder a Perú Libre y a Vladimir Cerrón. El mismo adversario contra el que salimos a marchar en 2021 y 2022; el proyecto político que intentó implantar postulados marxistas y leninistas en todo el país, que promovió una asamblea constituyente y que llevó al Congreso a figuras como Guillermo Bermejo, Betssy Chávez y Edgar Tello, entre otros.
Hablamos de una organización cuyo líder se ha mantenido en la clandestinidad durante más de dos años, afrontando procesos judiciales por presunta corrupción. Y, sin embargo, hoy ese mismo grupo vuelve a ocupar la casa de Pizarro, no por mérito propio, sino gracias a las fracturas, los cálculos y la miopía estratégica de la derecha.
La elección de José María Balcázar como presidente no puede leerse como un hecho aislado. Es el síntoma de algo más profundo: la incapacidad de los sectores no alineados con Cerrón para articular una mayoría mínima, coherente y responsable en un momento crítico. ¿De verdad no existían mejores cuadros para asumir la sucesión presidencial en este pleno extraordinario? ¿No había una sola figura capaz de generar consensos básicos y ofrecer gobernabilidad, aunque fuera por cuatro meses?
O quizá la respuesta sea más incómoda.
Tal vez sí existían nombres, pero nadie quiso “quemarse”. Nadie quiso cargar con el desgaste de gobernar un país exhausto, polarizado y en campaña electoral. Nadie quiso asumir un mandato breve, sin margen de maniobra, sabiendo que no habría resultados tangibles antes de abril y que cualquier decisión —por necesaria que fuera— sería utilizada como munición política en plena contienda.
Porque entrar hoy a Palacio, a solo cincuenta días de la primera vuelta, es políticamente tóxico. La ciudadanía no concede periodos de gracia en contextos electorales. La crítica es inmediata. La prensa fiscaliza con mayor severidad. Los adversarios magnifican cada error. Y el gobierno de turno acumula anticuerpos antes siquiera de cumplir cien días.
Palacio de Gobierno, en este contexto, no es un premio: es un pasivo. Es una carga que erosiona imagen, desgasta capital político y contamina cualquier candidatura vinculada al oficialismo. Por eso cabe preguntarse si lo ocurrido responde a un simple error de cálculo o, por el contrario, a un cálculo frío y premeditado: permitir que otro asuma el costo del desgaste mientras se reorganizan fuerzas de cara a abril.
Pero jugar con la institucionalidad como pieza de ajedrez electoral tiene consecuencias. La derecha ya pagó en 2021 el precio de la fragmentación, de la soberbia y de la incapacidad de construir acuerdos mínimos. Volver a ese escenario, repetir la dispersión y el cortoplacismo, no es solo un error estratégico: es un daño directo al país.
Porque mientras unos calculan encuestas y otros evitan asumir responsabilidades, el Perú vuelve a quedar en manos de quienes ya demostraron cuál es su proyecto y hacia dónde quieren conducirnos.
Y esta vez no podremos decir que fue un accidente. Fue una decisión.
