Es una táctica recurrente de la izquierda peruana construir relatos rígidos que deforman la realidad entorno a diversos temas para así satanizar a la derecha. A este proceso, el Dr. Alan García Pérez le llamó la “verdad evidente”: relatos simples, emocionales y, por lo mismo, extremadamente eficaces para instalarse en el subconsciente la opinión pública. Así se construyen culpables automáticos y se señala a un enemigo útil para cada crisis social. Es un mecanismo exitoso que se evidencia desde las protestas por la “Ley Pulpín” en 2014, hasta los paros de transportistas en 2024 y 2025.
Esta “verdad evidente” suele ser explicada en espacios como IDL Reporteros, La Encerrona, Ojo Público, Utero.pe, Epicentro, El Diario de Curwen y en los diversos podcasts que produce La República a diario. La receta es siempre la misma: argumentos que superficialmente suenan convincentes, el ensañamiento con un personaje particular —el rostro del problema—, y la vinculación —de carácter obligatorio— con alguna rama del fujimorismo.
Hoy, esa “verdad evidente” tiene una nueva encarnación: la idea de que el Congreso promulga leyes “pro-crimen”, diseñadas —según la traducción caviar— para favorecer a las mafias y desproteger a la ciudadanía. Una acusación repetida con una convicción casi doctrinaria. La narrativa, sin duda, es seductora: un Parlamento impopular, un país asediado por la delincuencia y, como conclusión automática, una supuesta conspiración legislativa presidida por un fujimorista —Fernando Rospigliosi— para premiar a los criminales.
La verdad es menos romántica y mucho más compleja. Ninguna de esas leyes busca favorecer al crimen organizado; todas surgieron para corregir fallas reales del sistema de justicia peruano. La llamada “Ley Soto” (Ley 31751) respondió al abuso de la Corte Suprema en la extensión ilimitada de los plazos de prescripción. Es decir, evita que una persona pase décadas investigada o procesada a pesar de que no se le haya logrado probar nada en contra.
La reforma del tipo penal de organización criminal (Ley 32108) buscó evitar que cualquier grupo de tres personas sea tratado como una mafia internacional y así evitar las figuras abusivas como la que estableció el fiscal José Domingo Pérez con el chofer y la secretaria de Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado, la modificación a la colaboración eficaz (Ley 31990) procuró frenar excesos fiscales como negociaciones sin abogados, testimonios “a medida” y corroboraciones circulares entre delincuentes.
¿Son reformas perfectibles? sí, pero necesarias ante un Estado cuyos engranajes judiciales permanecen oxidados desde hace décadas.
Las descalificaciones que se han hecho a este “paquete legislativo” no provienen de una defensa legítima de la seguridad ciudadana, sino de un conflicto político entre instituciones y personalismos que pugnan por el control de la justicia, y de una estrategia comunicacional que necesita culpables fáciles para ocultar la ineficacia estatal y la ambición de poder.
El panorama delictivo que enfrentamos en la actualidad guarda una relación mucho más directa con la perniciosa volatilidad ministerial que ha caracterizado a los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte que con reformas legislativas que ni siquiera tienen un año en vigencia. Durante los últimos dos gobiernos hemos normalizado el reemplazo exprés de ministros, incluso en sectores tan críticos como Interior, Defensa y Justicia. Esa inestabilidad ha impedido la continuidad de políticas públicas y la consolidación de estrategias sostenidas contra el crimen.
En ese escenario de caos y ausencia de liderazgo, la delincuencia ha encontrado un campo fértil para expandirse sin resistencia alguna. Pero reconocerlo implicaría aceptar que el voto por Pedro Castillo y su vicepresidenta fue un error monumental. Y esa es una verdad que muchos prefieren ocultar acusando con facilidad a otros con tal de no asumir responsabilidades.
El Congreso debe mejorar la técnica legislativa y coordinar más con fiscales, jueces y academia; pero acusarlo de “pro-crimen” es una falacia que desprecia la realidad y manipula el miedo ciudadano. Si de verdad queremos combatir el delito, comencemos por desmontar mitos que, bajo el disfraz de “verdad evidente”, solo enturbian el debate y distraen de lo esencial: el correcto funcionamiento de las leyes.
