Los esfuerzos de Estados Unidos por combatir el narcotráfico en el mundo se han intensificado en las últimas décadas a través de una combinación de asistencia militar, cooperación judicial y control financiero. Desde el Plan Colombia —que entre 2000 y 2016 movilizó más de US$10,000 millones en ayuda antinarcóticos— hasta la Iniciativa Mérida en México y los actuales esquemas de interdicción marítima en el Caribe y el Pacífico, Washington ha priorizado el desmantelamiento de redes criminales como un asunto de seguridad nacional.
En ese marco, el 26 de marzo de 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la DEA formalizaron acusaciones contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen venezolano, a quienes señalaron como líderes de una red de narcoterrorismo que habría operado durante más de dos décadas en alianza con las FARC.
Según los expedientes presentados, esa estructura criminal —conocida como el Cártel de los Soles— habría facilitado el envío sistemático de cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, corrompiendo desde dentro a las Fuerzas Armadas, al sistema judicial y al aparato político venezolano, mientras utilizaba el sistema financiero internacional para lavar miles de millones de dólares. No se trataba, en esta lectura, de un Estado infiltrado por el narcotráfico, sino de un poder político ilegitimo que había hecho del narcotráfico una de sus columnas de supervivencia.
Cinco años después, a inicios de agosto de 2025, esa acusación dejó de ser un expediente abierto para convertirse en un operativo en marcha. Un equipo de la CIA llegó a Caracas como parte de la llamada Operación Resolución Absoluta, con un objetivo preciso: capturar al cabecilla del Cártel de los Soles. La misión implicó meses de infiltración silenciosa, reconstrucción de rutinas, identificación de círculos de confianza y la localización de residencias. El nivel de detalle al que llegaron fue tal que, en Kentucky, se levantó una réplica exacta del complejo residencial de Maduro, donde los equipos bajo el mando del general John Daniel Caine ensayaban a diario la intervención y extracción del dictador.
Mientras tanto, en Washington, la administración de Donald Trump tomaba decisiones que reforzaban el cerco. Se autorizó el despliegue de fuerzas navales frente a las costas venezolanas, se incorporó al Perú como socio estratégico fuera de la OTAN y se colocó la lucha contra los grupos narcoterroristas latinoamericanos en el centro de la agenda.
Tras una escalada de incidentes marítimos y medidas de presión como el cierre del espacio aéreo venezolano, la madrugada del sábado 3 de enero se concretó la captura. Horas después, la fiscal general Pamela Bondi hizo pública la acusación formal de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro, cerrando así el círculo iniciado en 2020.
La argumentación presentada por la justicia norteamericana insiste en un punto clave: no se juzgan excesos individuales ni conductas episódicas, sino la dirección consciente y organizada de una maquinaria criminal desde el poder del Estado. Maduro es descrito como el principal jefe del Cártel de los Soles, responsable de coordinar cargamentos, garantizar protección militar, facilitar cobertura diplomática y autorizar el suministro de armas a grupos guerrilleros, utilizando el narcotráfico como instrumento político y económico. En esa tesis, el objetivo no era solo el enriquecimiento personal, sino la consolidación del poder y la deliberada intención de inundar de cocaína el mercado estadounidense, configurando un caso peligroso de narcoterrorismo.
Conviene, por tanto, llamar a las cosas por su nombre. Lo ocurrido aquella madrugada no fue un acto de “liberación” de Venezuela ni una imposición de soberanía yanqui sobre América Latina. Fue una operación quirúrgica, planificada durante años, para capturar a un narcoterrorista prófugo de la justicia estadounidense en el marco de una política de seguridad nacional. Si la caída del régimen deriva, eventualmente, en una transición democrática para el pueblo venezolano, esa será una consecuencia, no el objetivo inmediato.
El mensaje, sin embargo, ha sido explícito. En palabras del secretario de Estado, Marco Rubio: «Fuimos claros con Maduro y le ofrecimos alternativas. No quiso escuchar. Este es un gobierno que actúa sobre lo que anuncia. Si decimos algo, es porque vamos a hacerlo. En resumen: no jueguen con nosotros… Don’t play games with this president in office».
Más allá de la toma de control político y territorial de Venezuela, el verdadero desafío para la administración Trump comienza ahora: desarticular por completo el Cártel de los Soles. Solo la captura de sus principales cuadros permitirá validar plenamente la intervención y evitar que esta se reduzca a un golpe simbólico. Si Diosdado Cabello y otros remanentes de esta organización narcoterrorista permanecen en libertad, no solo se preserva la estructura criminal, sino que se abren interrogantes legítimas sobre el alcance real y los intereses finales detrás de la ausencia de Nicolás Maduro.
