La anulación de las elecciones primarias de Acción Popular no solo representa el colapso de un partido histórico; es la evidencia más cruda de una reforma electoral mal diseñada y peor ejecutada. Con la Resolución N.º 0745-2025-JNE, el JNE declaró nulo todo el proceso interno del viejo partido de don Fernando Belaunde Terry, dejándolo fuera de la contienda de 2026 y al borde de perder su inscripción. No se trata de un error administrativo menor. Se trata de un sistema que permitió que la opacidad se convirtiera en regla.
El núcleo del problema está en la elección de delegados del 30 de noviembre. Ese día se definió quiénes tendrían el poder real dentro del partido: los hombres y mujeres encargados de elegir, una semana después, la plancha presidencial y las listas parlamentarias. A diferencia de la elección del 7 de diciembre —organizada y supervisada por la ONPE—, la del 30 de noviembre quedó íntegramente en manos del propio partido. Sin fiscalización externa. Sin control. Sin garantías. Esa “zona gris” fue el terreno perfecto para el fraude.
Las denuncias cruzadas revelan la magnitud del desorden. Julio Chávez, presidente del partido y precandidato presidencial, denunció un “manifiesto y grosero fraude” y acusó a la presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE), Cynthia Pajuelo, de haber sustituido a 28 delegados, casi la mitad del total. La acusación es grave: delegados inscritos sin sustento, con presunta complicidad de funcionarios y hasta ofrecimientos de dinero y puestos de trabajo. Un audio, atribuido a la propia autoridad electoral partidaria, agrava aún más el cuadro.
Pero el escándalo no termina ahí. Otras fuentes internas señalan que, en mesas del mismo proceso, los delegados vinculados a Chávez obtuvieron votaciones imposibles: 200 votos a cero. ¿Fraude contra Chávez? ¿Fraude a favor de Chávez? ¿O ambos? La respuesta más honesta, reconocida por dirigentes del propio partido, es demoledora: “ninguna de las dos partes se salva”.
El informe N.º 000399-2025 del JNE confirmó lo que ya se sospechaba: incongruencias entre la lista de delegados proclamados por Acción Popular y los nombres cargados en el sistema de la ONPE. Y la ONPE, por ley, no puede hacer más que recibir información. No investiga. No corrige. No interviene en procesos que no organiza. El 30 de noviembre, en la práctica, nadie fiscalizó nada.
A diferencia de las elecciones Apristas, las acciopopulistas perdieron por completo el sentido partidario. Parece que olvidaron que en los meses siguientes todos compartirían espacio en las mismas listas, en los mismos eventos, y en los mismos carteles. Los personalismos de Barnechea y Chávez, nunca cesaron.
El resultado es histórico y devastador: al anularse el proceso interno completo, Acción Popular queda fuera de las Elecciones Generales de 2026. Un desenlace que recuerda el caso de Julio Guzmán en 2016, pero con un impacto mayor: aquí no cae una candidatura, cae un partido emblemático del sistema democrático peruano.
Este episodio no puede analizarse al margen de la reforma política. En 2019, la Comisión Tuesta propuso flexibilizar la inscripción de partidos con la condición de un filtro final: primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ese candado nunca se cerró. El Congreso desnaturalizó el modelo, reemplazó las PASO por elecciones de delegados y permitió incluso listas únicas sin competencia interna. Se abrió la puerta… y se destruyeron los frenos.
Hoy, quedan 36 candidaturas presidenciales, una cédula electoral gigantesca y un sistema incapaz de ordenar la oferta política. El caso de Acción Popular es consecuencia de la avaricia política, de rivalidades desenfrenadas y de una reforma mal ejecutada.
