El archivamiento definitivo del caso Cócteles constituye uno de los episodios más reveladores del deterioro institucional del sistema de justicia peruano. Lo cierto es que luego de casi diez años de investigación ininterrumpida (2016-2025), el Ministerio Público no logró formular una acusación jurídicamente válida ni acreditar la comisión de delito alguno, dejando en evidencia no solo una gestión fiscal deficiente, sino un uso abiertamente politizado de la persecución penal.
La prolongación artificial del proceso, sumada a la incapacidad de sostener una imputación conforme a derecho, vulneró principios elementales del Estado constitucional como el plazo razonable, la legalidad penal y el derecho de defensa, convirtiendo una investigación penal en un mecanismo de hostigamiento prolongado.
El caso, iniciado en 2016 bajo el argumento de presunto lavado de activos en el financiamiento de las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016, fue conducido durante años por el fiscal José Domingo Pérez, quien dispuso de recursos extraordinarios, equipos especiales y una exposición mediática sin precedentes. Sin embargo, lejos de consolidar una acusación sólida, el proceso acumuló observaciones judiciales reiteradas.
La tesis fiscal fue devuelta diecinueve veces por carecer de una imputación clara en los planos fáctico, jurídico y probatorio. La deficiente construcción del caso llegó a un punto crítico cuando, incluso en pleno juicio oral, el Poder Judicial declaró de oficio la nulidad del auto de enjuiciamiento y del propio requerimiento acusatorio, retrotrayendo el proceso a la etapa intermedia por la existencia de vicios estructurales insubsanables.
Esta situación fue finalmente zanjada por el Tribunal Constitucional, que declaró la nulidad del proceso al advertir que la acusación fiscal se había edificado sobre una modalidad del delito de lavado de activos que no existía en el ordenamiento jurídico al momento de los hechos investigados. Es decir, en aquel momento no existía ilicitud.
Al respecto, el máximo intérprete de la Constitución no absolvió a los investigados, pero sí invalidó por completo la vía utilizada por el Ministerio Público, al constatar una afectación directa al principio de legalidad penal y al derecho de defensa.
Lejos de asumir este desenlace como consecuencia de una década de errores procesales, el Ministerio Público optó por insistir en la prolongación del conflicto judicial, anunciando una apelación que, en los hechos, pretende reabrir un caso que el propio Tribunal Constitucional dejó sin sustento jurídico. Resulta especialmente grave que, después de diez años de investigación, la Fiscalía solicite más tiempo para seguir indagando aquello que fue incapaz de probar en un periodo que excede con creces cualquier estándar razonable de persecución penal. Esta conducta confirma que el caso Cócteles no fue conducido como una investigación técnica orientada a la verdad, sino como un proceso de naturaleza política, sostenido más por presión mediática e ideológica que por evidencia concreta.
La actuación del fiscal José Domingo Pérez en este contexto ha sido tan cuestionable que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) dispuso su apartamiento preventivo del cargo por seis meses, al advertir presuntas infracciones graves a la Ley de la Carrera Fiscal y al Código de Ética del Ministerio Público.
El caso Cócteles deja así una lección institucional ineludible: cuando la justicia se instrumentaliza con fines políticos, el resultado no es la sanción del delito, sino la erosión del Estado de derecho. Diez años de investigación sin pruebas, múltiples nulidades, una acusación declarada inválida por el TC y un fiscal suspendido por su mal desempeño configuran un escenario que obliga a una reflexión profunda sobre el uso del poder penal en el Perú. Persistir en este camino, negándose a cerrar un proceso agotado y jurídicamente inviable, no fortalece la justicia; por el contrario, la degrada y confirma ante la ciudadanía que el Ministerio Público ha confundido persecución con justicia.
