Parece que todo el arduo trabajo de mantener fuera del poder presidencial a Perú Libre y a un comunista de la misma cepa resultó una acción en vano, luego de ser testigos de que nuestro nuevo presidente interino de nuestra flamante democracia es José María Balcázar Zelada, un abogado de poca monta, exmagistrado y político peruano cuya trayectoria pública ha estado marcada por una serie de cuestionamientos que lo han acompañado tanto en el ámbito judicial como en el gremial y por supuesto también político.
Inició su carrera dentro del Poder Judicial, donde llegó a ser vocal superior en Lambayeque e incluso vocal supremo provisional. Sin embargo, su paso por la magistratura terminó rápido tras un proceso disciplinario que concluyó con su destitución por inconducta funcional grave, al haber participado en la anulación de una resolución firme violando el principio de cosa juzgada. Posteriormente intentó revertir esta sanción ante el Tribunal Constitucional, pero su demanda fue declarada infundada.
Tras su salida del sistema judicial, continuó su actividad profesional en el ámbito gremial y llegó a convertirse en decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) entre 2019 y 2020. Su gestión derivó luego nuevamente, como le pasó en el ámbito jurídico, en investigaciones fiscales por presunta apropiación ilícita de fondos institucionales, al detectarse que ingresos del colegio no fueron bancarizados y que parte del dinero habría sido depositado en cuentas personales. ¿Negligencia o robo deliberado? Ambas sancionables y nada necesarias para la investidura presidencial.
Lo cierto es que se identificó un faltante superior a S/ 1.4 millones en la caja institucional, y la Fiscalía solicitó una reparación civil de más de S/ 348 mil. Además, informes internos del propio ICAL señalaron imputaciones éticas, civiles y penales vinculadas al cambio de titularidad de cuentas.
Como consecuencia de estos hechos, fue expulsado definitivamente del Colegio de Abogados en 2022, sanción que fue ratificada en 2024. A este episodio se sumó una denuncia en 2019 por presunta agresión física y verbal contra una funcionaria del mismo colegio, Rosa Pizarro, a quien habría empujado e insultado durante una discusión institucional; el caso fue archivado.
En el ámbito político, que es el que nos congrega ahora, Balcázar fue elegido congresista en 2021 por Perú Libre. Durante su paso por el Parlamento participó en comisiones clave como Justicia y la encargada de la selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Posteriormente se afilió al partido político Ahora Nación, el cual está liderando el comunista López-Chau. En dicha agrupación duro hasta el año 2024, cuando decidió apartarse de dicha o mejor dicho, decidieron echarlo en medio de tensiones internas y reconfiguraciones.
Su nombre también apareció en una denuncia constitucional presentada en 2025 por presunto cohecho y tráfico de influencias vinculada al caso de la fiscal Patricia Benavides. Este habría buscado apoyo para archivar su proceso penal a cambio de respaldo político, un tráfico de influencias.
Sin embargo, la controversia más intensa surgió a raíz de sus declaraciones durante el debate legislativo de 2023 sobre la prohibición del matrimonio infantil. En ese contexto, sostuvo que las relaciones sexuales tempranas podrían contribuir al desarrollo psicológico de las menores si no existía violencia, y afirmó que desde los 14 años no debería existir impedimento para determinadas relaciones.
Estas afirmaciones generaron especial preocupación porque contrastan tajantemente con lo que hoy señala la evidencia empírica. Las últimas investigaciones en neurodesarrollo indican que las experiencias sexuales tempranas pueden impactar negativamente en un cerebro que aún se encuentra en formación, aumentando el riesgo de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. La diferencia entre un adulto y un adolescente no es únicamente la edad y su legalidad, sino también una brecha real y verificada en el desarrollo neurológico y emocional del cerebro.
La polémica se intensificó aún más cuando, en ese mismo contexto, minimizó los casos en los que una menor se casa con su agresor, calificándolos como situaciones “aisladas”. Estas declaraciones fueron interpretadas por diversos sectores como una falta de sensibilidad frente a la complejidad psicológica del abuso, y no es para menos. Además, siendo una postura totalmente contraria a los consensos en materia de protección de menores y salud mental.
Pero la gota que rebalsó el vaso ocurrió hace no muchas horas. El abogado del expresidente y golpista Pedro Castillo anunció que solicitará un indulto humanitario al actual mandatario interino, apelando a supuestos problemas de salud. ¿Problemas de salud o excusa política?
El pedido llegó apenas horas después de su arribo al poder tras la salida del polémico José Jerí. Pero, las dudas solo se incrementan. ¿Seguirá en conversaciones con el prófugo Vladimir Cerrón? ¿Indultará también a Guillermo Bermejo? ¿Qué pasara con Betssy Chávez? El futuro es bastante incierto.
En resumidas cuentas, su trayectoria pública no es más que una acumulación de cuestionamientos que incluyen su destitución como magistrado, investigaciones por presunto uso indebido de fondos en el Colegio de Abogados de Lambayeque, denuncias por tráfico de influencias, su expulsión institucional por manejo irregular de recursos y una serie de declaraciones que generaron rechazo social y miedo, sobre todo las relacionadas con el matrimonio infantil y las abominables relaciones entre adultos y menores.
Señores, ese es el perfil rápido y relativamente superficial del presidente que tendrá que garantizar una transición democrática y transparencia en todos los órganos electorales. Pero si esto es lo que está a flor de piel, ya podremos imaginar qué más cosas pueden estar ocultas.
