El Perú se encuentra frente a un grave peligro. El actual periodo congresal (2021-2026) ha aprobado más de 229 leyes con impacto fiscal adverso, al incluir medidas como aumentos salariales, mejoras en pensiones y beneficios sociales, sin que exista un financiamiento previsto en el Presupuesto General de la República. De no ser modificadas todas estas medidas, se estima que demandarían anualmente S/ 25,902 millones adicionales, equivalentes a 2,2% del PBI, un monto que duplicaría casi la proyección original del déficit y pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Entre estas leyes y proyectos perniciosos se encuentran incrementos en las remuneraciones de servidores públicos, ajustes en las pensiones del sistema nacional y privado, y la creación de bonos y subsidios. Según el Consejo Fiscal, toda esta legislación podría elevar el déficit fiscal proyectado por el Banco Central de 2,1 % a 4,3 % del PBI para 2026, superando ampliamente la meta establecida.
El economista Miguel Santillana, ha sostenido que evadir las metas fiscales es un problema que se remonta al gobierno de Ollanta Humala, quien abrió la puerta a la posibilidad de expandir los presupuestos y por consiguiente el déficit fiscal.
Además, la falta de financiamiento formal para estas iniciativas limita la transparencia y la planificación presupuestal, generando incertidumbre sobre cómo se destinarán los recursos públicos.
Desde el punto de vista legal, la Constitución prohíbe al Congreso aprobar normas que incrementen el gasto público fuera del presupuesto vigente, salvo lo relacionado a su propio financiamiento. Sin embargo, el Parlamento sostiene que, según su interpretación de fallos del Tribunal Constitucional, estas medidas podrían ejecutarse sin afectar el presupuesto aprobado.
Pero ¿realmente no están afectando la economía del país? ¿Cómo es posible que si es que los gastos son mayores a los ingresos ello no generaría un problema en la economía peruana?
Miguel Santillana sostiene que el déficit está anclado mayormente al gasto en planillas que en este gobierno se ha disparado, sobre todo en el ministerio de educación. En definitiva, una de las fórmulas sería ampliar la base tributaria o impulsar la productividad para generar mayores ingresos. Sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar un crecimiento significativo en esos frentes.
Además, Santillana afirma que Petroperú representa uno de los grandes focos de gasto innecesario del Estado, y que, en medio de la crisis actual, redirigir esos recursos hacia áreas como la seguridad sería una medida provechosa sobre todo cuando las empresas públicas no generan absolutamente nada.
Urge reevaluar nuestras empresas públicas e instituciones para determinar dónde realmente conviene destinar el presupuesto. Aquello que no genera valor no debería seguir recibiendo dinero público.
Por ello mismo, esperemos que el próximo gobierno tome medidas para reducir el gasto donde no hace falta y sobre todo aumentar tanto la masa de tributación como los ingresos. Ello solo es posible con menor intervención estatal y mayor posibilidad para que el mercado genere por sí mismo.
