Entre 2021 y 2025, en apenas cuatro años, el país no solo experimentó la sucesión de tres gobiernos, sino también la erosión progresiva de la legitimidad del poder ejecutivo, el deterioro de la conducción institucional y la transformación del conflicto político en un espectáculo permanente de escándalos.
Estos tres gobiernos —Castillo, Boluarte y Jerí— no representaron etapas aisladas, sino momentos consecutivos de un mismo proceso que no es otro que la descomposición del liderazgo presidencial y la sustitución de la gobernabilidad por la improvisación y la puesta en escena del poder.
Pedro Castillo: El ascenso del comunismo
El gobierno del golpista Pedro Castillo, que se extendió desde julio de 2021 hasta diciembre de 2022, estuvo marcado por una profunda inestabilidad política, alta rotación de funcionarios y múltiples investigaciones por presunta corrupción, configurando uno de los periodos más turbulentos del Ejecutivo peruano en las últimas décadas.
En apenas 16 meses de gestión, el régimen tuvo un total de 79 ministros, una cifra récord en tan corto tiempo. Esta constante rotación se reflejó también en la Presidencia del Consejo de Ministros, que fue ocupada sucesivamente por Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer, Aníbal Torres y Betssy Chávez. La inestabilidad no se limitó al gabinete, pues más de 700 altos funcionarios del aparato estatal fueron reemplazados durante su administración.
En el plano político, uno de los ejes centrales fue el intento de impulsar una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 1993. El Ejecutivo buscó avanzar en esta propuesta incluso mediante mecanismos como la cuestión de confianza, lo que generó fuertes tensiones con el Congreso y el Tribunal Constitucional.
En el ámbito económico, impulsó una preocupante intervención estatal en áreas estratégicas como el gas de Camisea y Petroperú, lo que generó fricciones con el sector privado y mayores desbalances fiscales.
Paralelamente, el Ministerio Público abrió múltiples investigaciones que involucraban presuntas redes de direccionamiento de obras públicas, tráfico de influencias en contrataciones estatales —incluyendo el caso Petroperú— e irregularidades en ascensos dentro de las Fuerzas Armadas. También se investigó a personas del entorno más cercano del presidente, incluidos familiares y asesores. Todo luego de que se encontraran USD$ 20 mil en un baño de Palacio de Gobierno, y de que se registrara en video al presidente asistiendo a encuentros nocturnos con sus financistas de campaña en una casa en Sarratea, Jesús María.
Pero la crisis política alcanzó su punto culminante el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente anunció la dictatorial disolución del Congreso. Un golpe de Estado sin tapujos. Horas después, el Congreso aprobó su vacancia y su propio resguardo policial procedió a detenerlo culminando así una de las peores administraciones de este siglo.
Dina Boluarte: La ineptitud del consenso
El gobierno de Dina Boluarte, iniciado en diciembre de 2022 tras la caída de Pedro Castillo, se caracterizó por una combinación de alta inestabilidad política y una fuerte conflictividad.
Desde el inicio de su gestión hasta su salida en octubre de 2025, el Ejecutivo mostró una marcada volatilidad en la conducción del Estado. En total, se registraron más de 70 cambios ministeriales, reflejo de un gabinete en permanente reconfiguración. Durante este periodo, al menos cinco presidentes del Consejo de Ministros encabezaron el gabinete, evidenciando una lógica de supervivencia política antes que dé continuidad programática. Varios ministros tuvieron permanencias extremadamente breves, en algunos casos de apenas semanas.
El gobierno estuvo asimismo marcado por una sucesión de escándalos políticos que erosionaron su legitimidad. El más emblemático fue el denominado “Rolexgate”, relacionado con la posesión de relojes de lujo y otros bienes no declarados por la mandataria, lo que dio lugar a investigaciones fiscales, cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio y allanamientos a su residencia.
A ello, se sumaron las secuelas del conflicto social surgido tras su llegada al poder. Durante el primer año de su administración, las protestas dejaron más de 60 personas fallecidas y más de mil heridas, generando denuncias nacionales e internacionales, muchas fomentadas por la agenda de la izquierda y bajo ambiguas figuras legales, pero en la forma, Dina quedo completamente desprestigiada y sometida a una opinión publica molesta y cansada de la ineptitud
Por si fuera poco, Boluarte enfrentó múltiples denuncias constitucionales en el Congreso por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, abandono de cargo y responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas.
El desgaste político fue persistente. Su nivel de aprobación pública se mantuvo entre los más bajos registrados por un mandatario en el Perú.
Finalmente, en octubre de 2025, el Congreso aprobó su vacancia por incapacidad moral permanente, poniendo fin a un gobierno que se caracterizó únicamente por su fragilidad política y su constante estado de crisis.
José Jerí: La promesa que no se cumplió
El gobierno de José Jerí se instaló en octubre de 2025 tras la vacancia de Boluarte, en un escenario marcado por el desgaste institucional y la necesidad de evitar una nueva crisis de gobernabilidad.
En el plano ministerial, el Ejecutivo optó por conformar un nuevo gabinete pero esta vez uno de carácter técnico-político, buscando generar señales de continuidad y control en sectores estratégicos del Estado. Se produjo el cambio total de las 20 carteras. Nuevos rostros, nuevas expectativas.
Pese al poco tiempo que tenía por delante, el breve mandato de José Jerí se articuló en torno a tres ejes centrales: enfrentar la inseguridad ciudadana, sostener el crecimiento económico —con una reestructuración de Petroperú orientada a reducir la carga fiscal— y garantizar elecciones limpias y transparentes.
En la práctica, los avances fueron limitados.
En materia de seguridad, desde los primeros días se impulsaron requisas en penales y comisarías con el objetivo de contener la creciente ola de extorsiones. No obstante, estas acciones tuvieron un carácter reactivo y carecieron de un marco estratégico integral. Se anunció la elaboración de un plan nacional de seguridad ciudadana desde la primera semana de gestión, pero el documento nunca fue presentado formalmente ni se tradujo en una política articulada que alineara a los distintos sectores del Estado. Sin hoja de ruta, las intervenciones quedaron como un show mediático, gestos aislados más que como parte de una reforma estructural.
En el frente electoral, el panorama tampoco fue alentador. El Jurado Nacional de Elecciones solicitó, desde noviembre, la ampliación presupuestal necesaria para garantizar la logística de los comicios. A pesar de las reuniones sostenidas y de la evidente urgencia institucional, en los 131 días que duró la administración en Palacio no se concretó una respuesta efectiva.
Donde sí se registraron algunos avances fue en el ámbito económico. El Decreto de Urgencia N.º 010-2025 planteó la reorganización de Petroperú a través de ProInversión, abriendo la puerta a un eventual ingreso de capital privado en la empresa estatal. La medida fue bien recibida por diversos sectores que reclamaban una solución estructural al deterioro financiero de la petrolera. Sin embargo, la brevedad del mandato impidió que la reforma pasara de la fase inicial a una implementación concreta, dejando más expectativas que resultados verificables.
En suma, el gobierno de Jerí terminó siendo una administración de intenciones declaradas, pero de concreciones parciales. La falta de tiempo explica parte del desenlace; la falta de ejecución estratégica explica el resto.
Lo que no faltaron fueron los escándalos. Uno de los episodios más sensibles fue el relacionado con las reuniones clandestinas que Jerí habría sostenido en múltiples ocasiones con empresarios chinos. Estas visitas generaron sospechas fundadas sobre posibles redes de influencia o vínculos no institucionales, alimentando críticas sobre la falta de controles y protocolos en la sede del Ejecutivo.
Paralelamente, surgieron denuncias mediáticas sobre la presencia recurrente de jóvenes mujeres que ingresaban a Palacio a altas horas de la noche y conseguían contrataciones con el Estado posteriormente. El impacto político fue significativo y contribuyó a erosionar aún más la ya frágil legitimidad del mandatario.
La caída de José Jerí no fue el desenlace de una crisis súbita, sino el punto final de un proceso político que muchos analistas describieron como una secuencia de tensiones amplificadas por el espectáculo.
Desde semanas antes de su censura, el ambiente en el Congreso ya estaba cargado de acusaciones mediáticas, filtraciones y denuncias que, si bien generaban impacto político, no siempre se traducían en pruebas concluyentes. Las controversias sobre ingresos irregulares a Palacio, reuniones no transparentadas y presuntas cercanías con ciertos círculos de poder se convirtieron rápidamente en el eje del debate público, desplazando cualquier discusión sobre gestión o políticas públicas.
El proceso de censura avanzó en ese clima. La censura terminó aprobándose en un contexto donde el costo político de sostener al mandatario parecía superar cualquier incentivo para defender su continuidad.
Así, el final del gobierno de Jerí fue interpretado como el resultado de una tormenta política que creció en el terreno del simbolismo y la imagen.
En perspectiva, más que proyectos de gobierno, estos años reflejaron una secuencia de atrapadas entre la crisis y la supervivencia, donde el poder dejó de ejercerse como conducción estratégica del Estado para convertirse en una disputa constante por sostenerse, administrar el desgaste y escenificar control en medio de la inestabilidad.
