Intelectuales, empresarios, líderes políticos y millones de ciudadanos han llegado a la misma conclusión. Las razones detrás de una coalición que busca impedir el retorno del experimento castillista.
Por primera vez, en lo que va del siglo, amplios sectores de la sociedad peruana llegan a una segunda vuelta presidencial convencidos de que Keiko Fujimori es la opción legítima para asumir la conducción del país desde Palacio de Gobierno.
La candidata de Fuerza Popular, que este domingo 7 de junio disputará la presidencia frente al izquierdista Roberto Sánchez, ha terminado concentrando un respaldo que trasciende con mucho las fronteras de su propio partido. La razón es menos emocional que política: para millones de peruanos, Fujimori representa la continuidad de un orden institucional, económico y republicano que, con todas sus imperfecciones, permitió al país atravesar tres décadas de crecimiento, estabilidad y movilidad social. Su adversario, en cambio, aparece asociado a una experiencia reciente cuyos costos siguen demasiado frescos en la memoria nacional.
La coalición improbable
Hay ocasiones en que las alianzas políticas dicen más que los discursos. Esta parece ser una de ellas.
El pasado 3 de junio, catorce expresidentes y exjefes de Gobierno iberoamericanos agrupados en el Grupo Libertad y Democracia hicieron público un pronunciamiento de respaldo a Keiko Fujimori. El expresidente colombiano Iván Duque difundió el documento, que la describió como una representante de la defensa de la democracia liberal, la institucionalidad republicana y la economía de mercado. Ese mismo día, Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel Peruano Mario Vargas Llosa, publicó un mensaje dirigido a los electores indecisos expresando su apoyo a la candidatura de Fuerza Popular.
No se trata de figuras acostumbradas a repartir adhesiones por cortesía ni de actores que respondan mecánicamente a una disciplina ideológica. Son personas que han dedicado buena parte de sus trayectorias a distinguir entre democracia y simulacro democrático, entre alternancia y hegemonía, entre reformas y aventuras políticas. Que hayan coincidido de manera tan explícita alrededor de una misma candidatura constituye un dato político en sí mismo.
Lo mismo puede decirse de la coalición que se ha ido formando dentro del Perú. Gremios de micro y pequeña empresa han respaldado a Fujimori aclarando que no lo hacen por afinidad partidaria, sino tras evaluar las propuestas económicas de ambos candidatos. Renovación Popular, que compitió directamente contra Fuerza Popular en la primera vuelta, terminó orientando a su electorado hacia la candidatura naranja. Diversos líderes y excandidatos de centroderecha, con trayectorias y sensibilidades distintas, han recorrido el mismo camino.
Lo singular del fenómeno es que no los une una identidad política común. Lo que los reúne es una conclusión compartida: consideran que Keiko Fujimori representa estabilidad, previsibilidad y respeto por las reglas del juego; y que la candidatura de Roberto Sánchez no ofrece garantías equivalentes sobre ninguno de esos tres frentes.
Lo que está realmente en juego
Las democracias suelen ser observadas a través de sus rituales visibles: las elecciones, los debates, la competencia entre partidos, la alternancia en el poder. Sin embargo, su verdadera fortaleza descansa en mecanismos mucho menos espectaculares y mucho más importantes.
La independencia del Banco Central de Reserva. La seguridad jurídica que protege contratos e inversiones. La existencia de jueces capaces de resistir la presión política. La autonomía de organismos técnicos. La libertad de una prensa que investiga sin pedir permiso al gobierno de turno.
Son estructuras silenciosas. Tan silenciosas que muchas veces pasan inadvertidas. Precisamente por eso suelen ser valoradas únicamente cuando comienzan a deteriorarse.
Cuando esas bases se debilitan, el daño no aparece de inmediato en los discursos. Aparece en las decisiones económicas que dejan de tomarse, en las inversiones que buscan otros destinos, en los empleos que nunca llegan a crearse. La incertidumbre se instala primero en los mercados y después en la vida cotidiana de millones de personas.
Keiko Fujimori ha construido su campaña sobre la defensa explícita de ese marco institucional. Su propuesta apuesta por la inversión privada como motor del crecimiento, por la continuidad del régimen económico vigente, por el respeto a los organismos autónomos del Estado y por una política exterior alineada con las democracias liberales de la región.
En una época marcada por la incertidumbre, su principal oferta política es la previsibilidad.
La ciudadanía parece haber percibido esa diferencia. La última encuesta de Ipsos antes del balotaje mostró que el 45% de los peruanos considera que el país sufriría un grave retroceso si Roberto Sánchez llegara a la presidencia, frente al 38% que expresa el mismo temor respecto de Fujimori. Esa brecha no surge de una campaña publicitaria particularmente exitosa. Refleja una evaluación política que millones de ciudadanos han construido observando antecedentes, alianzas, propuestas y experiencias recientes.
La lección que el Perú todavía recuerda
Existe un antecedente que gravita sobre toda esta elección como una sombra imposible de ignorar.
Pedro Castillo llegó al poder en 2021 prometiendo una transformación profunda del país. Lo hizo impulsando una agenda constituyente, cuestionando los fundamentos del modelo económico vigente y presentándose como el vehículo de una refundación nacional.
Lo que siguió fue uno de los episodios más convulsos de la historia política reciente del Perú.
Más de setenta ministros desfilaron por el gobierno en poco más de un año. Escándalos de corrupción alcanzaron los niveles más altos del poder. Diversas instituciones fueron ocupadas por operadores políticos cuya principal credencial era la cercanía al régimen. Finalmente, el 7 de diciembre de 2022, Castillo intentó disolver por decreto el Congreso, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después fue detenido.
Hoy cumple condena por conspiración para la rebelión.
Aquella experiencia dejó una huella profunda en el electorado. Explica, en buena medida, por qué el histórico antivoto a Fujimori —el fenómeno que frustró tres intentos presidenciales consecutivos— no ha tenido en esta campaña la misma intensidad.
Los datos parecen confirmarlo. Según CPI, Fujimori alcanza el 45.6% de intención de voto en Lima y Callao frente al 19.7% de Sánchez. En la costa y la sierra norte, la ventaja supera los doce puntos porcentuales.
Son regiones donde la clase media, el empresariado formal y los sectores productivos experimentaron con especial claridad los efectos de la inestabilidad política. El castillismo dejó una factura. Y una parte significativa del electorado parece haber decidido cobrarla en las urnas.
El candidato de la continuidad castillista
Roberto Sánchez no llega a esta segunda vuelta rodeado de incógnitas.
Durante la campaña de primera vuelta se definió públicamente como “el candidato presidencial castillista” y expresó su voluntad de reivindicar la figura de Pedro Castillo. Además, fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante este régimen. Asimismo, su equipo técnico decidió incorporar a Pedro Francke, exministro de Economía de Castillo, y a Anahí Durand, una de las figuras más identificadas con aquella administración. Su alianza electoral incluye además a Nuevo Perú, la organización política liderada por Verónika Mendoza. Incluso integró al etnocacerista Antauro Humala, quien dirigió el Andahuaylazo donde se asesinaron a cuatro policías, razón por la que estuvo hasta 18 años en la cárcel.
Su programa original de Roberto Sánchez tampoco dejaba demasiado espacio para la interpretación. Planteaba una nueva Constitución, cuestionaba abiertamente el denominado modelo neoliberal y proponía una ampliación sustancial de la intervención estatal en sectores estratégicos de la economía.
A pocos días de la segunda vuelta, la candidatura presentó una versión más moderada de su propuesta. Sin embargo, los cambios terminaron alimentando nuevas interrogantes. El exministro de Economía David Tuesta resumió esa impresión con una frase que se volvió rápidamente viral: “Ellos lo llaman pluralidad y democracia. Yo lo llamo improvisación”.
Un episodio resulta especialmente ilustrativo. En una primera versión del nuevo documento programático aparecía la propuesta de nacionalizar Telefónica del Perú. Horas más tarde, el párrafo desapareció sin explicación pública. No fue un error de redacción. Fue una ventana accidental hacia las tensiones internas de una coalición donde conviven corrientes ideológicas distintas y, en ocasiones, contradictorias.
La propuesta de una asamblea constituyente no ha sido retirada formalmente. Tampoco ha desaparecido la intención de revisar aspectos centrales del régimen económico vigente. La moderación, por ahora, parece más una estrategia electoral que una redefinición doctrinaria.
La alternativa real
Keiko Fujimori no llega a esta elección convertida en una figura de consenso nacional ni en una candidata capaz de despertar entusiasmo unánime. Llega, más bien, como la opción que amplios sectores consideran menos riesgosa para la continuidad institucional del país.
Quienes votarán por ella este domingo no necesariamente lo harán por adhesión emocional. Muchos lo harán después de comparar antecedentes, equipos, propuestas y experiencias de gobierno. Harán el mismo cálculo que cualquier sociedad realiza cuando enfrenta momentos de incertidumbre: elegir entre aquello que conoce y aquello que podría alterar las reglas fundamentales bajo las cuales funciona la vida nacional.
La discusión de fondo ya no gira únicamente alrededor de Keiko Fujimori. Gira alrededor de la continuidad de un orden institucional y económico que, con todas sus imperfecciones, convirtió al Perú en uno de los países más dinámicos de América Latina durante las últimas décadas. Lo que está en juego este domingo no es solo quién ocupará Palacio de Gobierno, sino qué tan dispuesto está el país a preservar las reglas que hicieron posible ese recorrido.
Esa es la razón por la que el respaldo a Fujimori ha terminado desbordando las fronteras del propio fujimorismo. Para millones de ciudadanos, la elección ya no se trata de una candidata, sino de la defensa de un marco democrático, republicano y económico cuya estabilidad consideran indispensable para el futuro del Perú. Esa convicción, más que cualquier consigna de campaña, explica el sentido profundo de esta segunda vuelta.
