Durante años el Perú transitó por sucesivas crisis políticas, presidentes destituidos, enfrentamientos permanentes entre poderes del Estado y una sensación de estancamiento profundizada durante el régimen de Pedro Castillo, que gobiernos posteriores no supieron revertir.
Pero, precisamente cuando la decepción parece imponerse, los ciudadanos deben preguntarse qué permitió que el Perú evitara ese cambio hacia modelos fracasados que países de la región no pudieron superar.
La respuesta no es un líder político. No es un partido. Tampoco un gobierno. Lo que protegió al Perú fueron su Constitución, la autonomía de sus instituciones y los contrapesos democráticos que limitaron la concentración del poder.
Cuando Pedro Castillo intentó quebrar el orden constitucional en diciembre de 2022, fueron precisamente las instituciones las que resistieron. El Congreso, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado, respaldados por millones de ciudadanos, que actuaron dentro del marco constitucional e impidieron una ruptura mayor.
Por ello esta elección no enfrenta solo a dos candidatos. Enfrenta dos visiones sobre el futuro institucional del país.
Por un lado, una opción que propone gobernar dentro de la Constitución vigente. Por otro, un proyecto político que cuestiona los pilares institucionales y económicos que han permitido al Perú mantener estabilidad en medio de la turbulencia política.
No se trata de izquierda o derecha. La pregunta es simple: ¿debemos fortalecer las instituciones existentes o ponerlas en peligro mediante un proceso constituyente?
Durante los últimos años cayeron presidentes, se enfrentaron congresos, protestas masivas y hasta un intento de golpe de Estado. En otros países una crisis semejante habría terminado en hiperinflación, colapso monetario o fuga masiva de inversiones. Sin embargo, la inflación permaneció controlada, las reservas internacionales se mantuvieron sólidas y la moneda conservó estabilidad.
Ello no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque la Constitución establece barreras que limitan el poder político sobre la economía: un Banco Central autónomo, prohibición de financiar el gasto público mediante emisión monetaria, protección de la inversión privada, estabilidad contractual y una economía social de mercado. Es justamente lo que hoy cuestiona la coalición de Roberto Sánchez, promoviendo una Asamblea Constituyente.
La experiencia latinoamericana ofrece cuantiosos ejemplos. Venezuela inició su transformación mediante una Asamblea Constituyente, como instrumento para cambiar la democracia. Bolivia modificó su arquitectura institucional. Ecuador hizo lo mismo durante el correísmo. Nicaragua eliminó de facto la alternancia democrática. Chile recorrió dos veces ese camino rechazado en las urnas. Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas y sociales de la historia.
Los contextos son distintos, con una sola constante: los procesos constituyentes se presentan como herramientas para corregir problemas, pero terminan concentrando poder en quienes los impulsan.
La historia demuestra que desmontar instituciones resulta fácil. Lo difícil es reconstruirlas. Debilitar contrapesos toma meses. Recuperar la confianza, independencia institucional y una democracia plenamente funcional puede tomar décadas. Peor aún cuando esos proyectos no llegan al poder para administrar un periodo de gobierno, sino transformando reglas que les permitan permanecer en él.
El Perú tiene enormes problemas pendientes. Inseguridad, corrupción, informalidad, pobreza, servicios públicos deficientes, desigualdad territorial y una profunda crisis de representación política. Pero ninguno de estos desafíos exige destruir aquello que funciona.
Esta elección no decidirá únicamente quién gobernará los próximos cinco años. Determinará si el país preserva el marco institucional que le permitió resistir las peores crisis de las últimas décadas o si inicia un proceso de incertidumbre cuyas consecuencias serán difíciles de revertir.
Por eso el voto en blanco, el voto viciado o la abstención no son una posición neutral. Los proyectos que buscan transformar radicalmente un sistema no triunfan cuando convencen a toda la sociedad. Triunfan cuando quienes creen en la democracia deciden quedarse en casa.
La democracia peruana tiene defectos evidentes y reformas pendientes. Pero sigue permitiendo cambiar gobiernos mediante el voto, fiscalizar al poder y corregir errores sin destruir el orden constitucional. Eso es precisamente lo que está en juego. Este domingo no decidiremos únicamente quién ocupará Palacio de Gobierno. Decidiremos si el Perú continúa perfeccionando las instituciones que han protegido nuestra libertad y estabilidad o si inicia un camino cuyos resultados América Latina conoce demasiado bien.
