Alianza para el Progreso (APP) insiste en que el “copamiento” del Ejecutivo es una ficción. Que es un cuento. Que son “interpretaciones” de la oposición. Ese es el discurso habitual cuando un partido ejerce influencia sin asumirla públicamente. La discusión suele quedarse en la foto del gabinete, como si el Estado se gobernara desde la ceremonia y no desde la estructura. Pero el poder —sobre todo en transiciones y en año electoral— se consolida asegurando continuidad, preservando palancas operativas y activando territorio.
En ese marco, el 20 de febrero de 2026, APP publicó un comunicado solicitando la permanencia de carteras estratégicas. El gesto importa por lo que revela, no por el tono institucional con el que se presenta. Un partido que no pesa no se permite decirle al Ejecutivo qué áreas “deben” mantenerse. Un partido que sí pesa utiliza la palabra estabilidad como llave, aunque en el Perú la estabilidad casi siempre viene acompañada de condiciones. En un interinato dependiente de equilibrios para sobrevivir hasta la elección del 12 de abril, ese mensaje no es un consejo: es una forma de presión pública.
La prueba del copamiento, sin embargo, no está en el comunicado. Está en la estructura. Y esa estructura se ubica donde casi nadie observa: en la segunda línea, en los programas y oficinas que firman decisiones. Por eso el punto de quiebre de esta historia no comienza el 18 de febrero, día de la juramentación de José María Balcázar como presidente interino, sino tres semanas antes, cuando se instalan o consolidan palancas que el interinato hereda y decide no tocar.
El 28 de enero de 2026, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió la Resolución Ministerial N.° 034-2026-MTC/01 y designó a Enrique Michael Guevara Varela como Director Ejecutivo de PRONATEL. Este nombramiento sería irrelevante si PRONATEL fuera un apéndice burocrático. No lo es. Administra conectividad y redes regionales de banda ancha, gestiona la continuidad de servicios que sostienen colegios, postas y comisarías, y opera como una palanca territorial de primer orden. En año electoral, conectividad no es una palabra técnica; es Estado en la vida cotidiana, infraestructura que puede narrarse y capitalizarse.
Por otra parte, Guevara Varela no llega desde un perfil de ingeniería o telecomunicaciones, sino desde un recorrido administrativo y legal, y su formación está anclada en la Universidad César Vallejo: es abogado por la UCV y tiene una maestría en Gestión Pública en la misma institución. Esto no convierte automáticamente el nombramiento en irregular. Pero las trayectorias importan porque revelan redes de confianza y afinidades estructurales. Las palancas del Estado no se ocupan solo por mérito técnico. También se ocupan por capital relacional y por cercanía con determinados entornos de poder.
El detalle decisivo es temporal. Ese nombramiento ocurre antes del interinato. Por eso el enfoque no es “Balcázar lo puso”, sino algo más incómodo: Balcázar llega con un tablero armado en sectores estratégicos y, una vez instalado, ese tablero permanece. En política, heredar es inevitable. Mantener intacto es una decisión. Y esa decisión se vuelve todavía más relevante cuando, por arriba, el partido que exige continuidad ministerial también mide la transición como plataforma hacia la elección.
La segunda capa del mapa es territorial, porque el copamiento que no aterriza en territorio es solo abstracción. La Libertad —bastión histórico de César Acuña y núcleo político de APP— concentra, en esa misma ventana crítica de enero y febrero, una secuencia de activaciones estatales verificables que no pueden leerse como piezas aisladas si el objetivo es entender funcionalidad política. Provías Nacional anunció la aprobación del estudio definitivo para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tayabamba–Puente Huacrachuco con una inversión estimada de S/ 1,560 millones. PRONATEL publicó el 18 de febrero que garantizaba internet para 959 instituciones públicas en La Libertad entre colegios, postas y comisarías. Provías Descentralizado comunicó coordinaciones para instalar un puente modular en Baños Chimú con el Gobierno Regional. No es necesario forzar la realidad para reconocer un patrón mínimo. Infraestructura vial y conectividad se vuelven visibles —y políticamente narrables— en el territorio emblemático del partido que se atribuye el derecho de pedir continuidad al Ejecutivo.
Es aquí donde la rentabilidad electoral deja de ser sospecha y se convierte en lógica política. En 2022 se difundió un audio en el que César Acuña hablaba de un proyecto —Alto Trujillo— en términos directamente electorales: que tenía 120 mil electores, que el proyecto lo iba a favorecer y que había que “ser políticos”. Esa frase no prueba que cada obra actual sea un favor indebido, pero sí revela con claridad cómo se concibe la relación entre política pública y ventaja electoral. Cuando el protagonista explica el método, no hace falta inventar motivaciones; basta observar el tablero en la ventana electoral.
En este punto, hablar de copamiento ya no es una consigna. Es describir un mecanismo. APP aparece como fuerza que puede presionar por continuidad en la cúpula y, al mismo tiempo, se beneficia de que las palancas operativas permanezcan funcionando en sectores con alto impacto territorial. La clave no es el gabinete, sino la combinación de tres elementos: capacidad de condicionamiento político, preservación de estructura y activación territorial. En año electoral, esa combinación es oro. Convierte el Estado en presencia y la presencia en relato; el relato puede transformarse en capital político sin necesidad de proclamarlo.
En una transición como esta, lo que está en juego no es quién ocupa un cargo, sino quién define los límites dentro de los cuales el gobierno puede moverse. Cuando un partido demuestra que puede intervenir en la configuración del gabinete y, al mismo tiempo, ver que el Estado se activa en su territorio estratégico en plena antesala electoral, el problema deja de ser narrativo y se vuelve estructural. No se trata de probar un delito, sino de reconocer una forma de influencia que condiciona la neutralidad del interinato. Y en un año de elecciones, la neutralidad no es un detalle administrativo: es la línea que separa la competencia democrática de la ventaja anticipada.
