Durante las elecciones en el Perú existe una pregunta recurrente: ¿cuál es la multa por no votar? La respuesta es contundente, cinco años de mal gobierno.
Ello advierte lo que realmente está en juego. Porque en Perú votar no es solo un derecho o una obligación. Es una de las pocas decisiones directas que inciden en cómo se administrará un sistema profundamente debilitado.
Otra pregunta central es si el ganador podrá gobernar. Sabemos que el país no llega a esta elección en condiciones normales. Treinta y cinco candidatos, votantes que no se identifican con la mayoría de ellos y una inestabilidad acumulada que erosiona el sistema político. La incertidumbre no está en el resultado electoral, sino en lo que ocurrirá después.
No se definirá solo a dos candidatos para una inminente segunda vuelta. Se define quién tomará decisiones en un Congreso renovado, con dos cámaras: senadores y diputados.
Por eso, en esta primera vuelta, más allá de la presidencia, se elige a un Congreso que, en la práctica, concentrará las decisiones del poder. El parlamento no solo legislará. Condicionará, bloqueará, redefinirá. La calidad de ese Congreso marcará la diferencia entre estabilidad o conflicto permanente.
Una campaña dominada por la inseguridad es comprensible. Pero la inseguridad no es un fenómeno aislado. Es la expresión de un sistema que no logra sostener trayectorias educativas, laborales e institucionales consistentes. Es el resultado de malas decisiones acumuladas. A ello se suman las redes de crimen organizado internacional, fenómeno regional que cruzó nuestras fronteras.
Las autoridades elegidas en la práctica no solo serán candidatos a presidente para competir en una segunda vuelta, son senadores y diputados que definirán la calidad del Congreso. Ellos no solo ocuparán cargos, diseñarán políticas, asignarán recursos, influirán en quienes las ejecutan. Decidirán políticas educativas, de seguridad y económicas. Por ello el problema no es solo quién lidera, son las capacidades del conjunto. Las decisiones no las toma una persona, las toman equipos.
El país sabe qué ocurre cuando esas capacidades son inexistentes. Políticas erráticas. Equipos débiles. Decisiones de corto plazo. Y un sistema inestable.
Por ello es importante recordar, antes de votar, que tenemos una constitución y un sistema económico que ha servido como mecanismo de contención frente al caos político. Ese sistema fue defendido, en sus peores momentos, por agrupaciones políticas democráticas.
En medio de una oferta fragmentada, existen solo dos candidaturas que comparten un rasgo central: operar dentro del marco constitucional vigente, proponiendo reformas desde la institucionalidad. Uno desde la política nacional, con conocimiento del funcionamiento del Estado y sus equilibrios; otro desde la gestión directa, con decisiones ejecutadas en un entorno complejo. No buscan refundar el sistema, sino gestionarlo, corregirlo y sostenerlo. En un contexto donde abundan las propuestas sin sustento para su implementación, estas opciones ofrecen propuestas desde la experiencia, no desde la especulación o promesas vacías.
No podemos dejarnos confundir por narrativas que prometen soluciones inmediatas sin explicar cómo se ejecutarán o cómo conseguirán los fondos. Promesas que conectan con el malestar, pero convertidos en discursos vacíos por falta de sustento en la realidad.
El riesgo no es esa retórica que puede sonar bien, es lo que se ejecutará después.
No se trata de encontrar candidatos perfectos o resolver en un día problemas acumulados por décadas. Pero sí de decidir nuestro voto con un criterio claro: elegir a quien presente capacidad para entender el Estado, gestionarlo, formar equipos y sostener decisiones más allá de la coyuntura. Experiencia verificable. Trayectoria.
Gobernar no es prometer. Es ejecutar.
El sistema no cambiará hoy. Pero hoy decidimos quién lo administra. Esa decisión define si el país mantiene un equilibrio frágil o acelera su deterioro.
