El Perú ha ingresado en una zona institucional que, más que inestabilidad, deteriora progresivamente las reglas de reemplazo presidencial. La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso, con efectos sucesorios inmediatos como Presidente de la República, es la culminación de una secuencia de decisiones parlamentarias opacas que en pleno proceso electoral debilitan el diseño presidencial.
El un sistema presidencialista como el peruano el jefe de Estado solo puede ser removido por causales específicas y mayoría calificada, exigencia que responde a un principio básico: la jefatura de Estado no puede quedar sujeta a mayorías circunstanciales. Cuando Dina Boluarte fue vacada a meses de las elecciones, el Congreso actuó sin la prudencia política que exige una transición en marcha. Eligió a José Jerí pese a antecedentes que erosionaban su legitimidad, removiéndolo 130 días después mediante censura, mecanismo previsto para ministros o la Mesa Directiva. La vacancia exige 87 votos; la censura, mayoría simple de 66 votos, para evitar tensiones en el equilibrio de poderes.
Sobre ese precedente el Congreso eligió a Balcázar con la facultad de elegir a su Mesa, pero no elevó los estándares de transparencia sabiendo que esa decisión tenía efectos presidenciales. La votación secreta, sin debate abierto, afectó la confianza por sus procedimientos y resultados.
El perfil de Balcazar agrava esa fragilidad por enfrentar investigaciones fiscales, antecedentes disciplinarios vinculados al Colegio de Abogados de Lambayeque y cuestionamientos en el Poder Judicial. Sus declaraciones sobre el matrimonio infantil generaron además serias condenas sociales. Estas denuncias constituyen antecedentes que debieron descalificarlo como candidato para la jefatura del Estado, aunque sea de manera transitoria.
A ello se suma su cercanía con Perú Libre y con la agenda impulsada en 2021, incluida la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la revisión del modelo económico. El capítulo económico de la Constitución de 1993 es un pilar de estabilidad, basado en seguridad jurídica y respeto a los contratos. Ese marco en pleno periodo electoral, sin legitimidad popular directa, solo produce inestabilidad.
Censurar a Balcázar no es una reacción ideológica, es una respuesta institucional. Primero, para preservar el equilibrio del sistema: si la elección de la Mesa produce efectos presidenciales, el Congreso sabe que, en los hechos, elige al jefe de Estado y la responsabilidad debería ser reforzada. Segundo, por idoneidad en periodo electoral: aunque la Constitución no prohíbe remociones durante campaña, la práctica comparada señala que la intervención extrema durante la transición debe ser excepcionalísima. En Alemania y España, el voto de censura es constructivo y exige proponer simultáneamente un reemplazo con mayoría asegurada, lógica que inspira una salida responsable. Tercero, para restaurar confianza: la influencia pública de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, opinando y exigiendo decisiones institucionales, proyecta una interferencia que profundiza la crisis.
La censura excepcional que se propone debería presentase bajo un procedimiento público claro, identificando a los candidatos en paralelo. El debate debe ser abierto y la votación nominal, cada congresista debe asumir su decisión. El eventual reemplazo debe garantizar la neutralidad electoral y abstenerse de efectuar reformas estructurales durante la transición. Nada de esto contradice la Constitución; al contrario, fortalece la responsabilidad parlamentaria.
La censura de Balcázar debería buscar revertir una decisión opaca que ha profundizado la crisis política. Ya ocurrió con Jerí y se repite con un perfil rodeado de denuncias y cuestionamientos. En un proceso electoral delicado como el del 12 de abril, la presidencia provisional no puede ser un experimento ni el resultado de negociaciones internas. Esta censura excepcional pretende detener el ciclo de reemplazos improvisados, restablecer la transparencia y estabilidad para lograr elecciones y una transición sin sobresaltos.
