Debería llamar la atención el silencio sepulcral de los empresarios peruanos y sus instituciones, que no han respaldado clara y enérgicamente a las fuerzas del orden que han frenado la ola de violencia desatada por los seguidores del delincuente expectorado del gobierno.
En realidad, si nos atenemos a los antecedentes, eso no debería sorprender a nadie. El acomodo es su bandera.
En este caso, la situación es muy grave. Cuando la coalición de senderistas, ilegales e informales que habían llegado al gobierno con el delincuente hoy recluido en Barbadillo, inició asonadas en diversos puntos, la PNP y las FFAA intervinieron enérgicamente para impedir que sigan tomando aeropuertos, bloqueando carreteras, quemando comisarías y saqueando negocios.
La estrategia de esa gente es harto conocida. Provocan disturbios muy violentos con la finalidad que las fuerzas del orden tengan que hacer uso de sus armas para repelerlos. Cuando se producen muertos y heridos, que son de exclusiva responsabilidad de los promotores de las asonadas, acusan al gobierno, a los militares y a la policía, y usan a las víctimas para azuzar nuevos brotes de violencia.
Parte de esa estrategia es acusar las fuerzas del orden y al gobierno de los damnificados que ellos mismos han producido, con la finalidad de paralizar o retraer a las FFAA y PNP que, por cumplir con su misión de atajar los disturbios, pueden ser enjuiciados una y otra vez en procesos que nunca terminan.
Las ONG caviares, generosamente financiadas desde el extranjero, son expertas en eso.
En realidad, desde el punto de vista jurídico hay poco que discutir. La ley N° 30151 señala claramente que “Está exento de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte.” (16/12/13).
Y la ley N° 31012: “La presente ley tiene por objeto otorgar protección legal al personal de la Policía Nacional del Perú que, en ejercicio regular de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte y brindar el servicio de asesoría y defensa legal gratuita al personal policial, que afronta una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial. (,,,) En estas circunstancias al ejercer su derecho a su legítima defensa y de la sociedad establecido en la ley, el principio de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, estableciendo mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial.”
Así mismo, establece que está “prohibido dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva” a los policías que hacen uso de sus armas en forma reglamentaria. (11/9/19).
En suma, la legislación es clarísima. Pero en el Perú, donde la mafia caviar tiene poderosísimos tentáculos, las normas se tuercen para perjudicar a militares y policías.
Un ejemplo reciente es el de los dos delincuentes juveniles asesinados probablemente por otros facinerosos que participaron en una algarada contra Manuel Merino en 2020, disturbios promovidos por las caviares para hacerse del gobierno. Cuando los caviares ocuparon el Ministerio del Interior acusaron, sin evidencia alguna, de esas muertes a policías, ministros y al propio Merino.
Además, indemnizaron sin ninguna justificación legal a los familiares de los delincuentes y los convirtieron en héroes y ejemplos para la juventud.
El asunto es que las asonadas no han terminado y los senderistas y toda suerte de ilegales se preparan para reiniciarlas en busca de recuperar el poder perdido. Los caviares y los comunistas amenazan persistentemente a militares y policías, ¿y quién los defiende?
Es vergonzoso que en estas circunstancias no haya una respuesta firme de los empresarios y de la sociedad civil en apoyo a las fuerzas del orden.