Hace unas semanas escribí un artículo sobre las medidas que tomó Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para enfrentar la delincuencia y el pandillaje en su país; medidas que resonaron en todo el mundo y que fueron abiertamente criticadas por los medios y los organismos internacionales. Aquella vez hice un símil entre el jefe de Estado salvadoreño y el ex mandatario del Perú Alberto Fujimori por el tipo de medidas drásticas que tomaron en sus gobiernos y por los derechos humanos que se vieron afectados durante estos.
En el mundo del Derecho se puede decir que existe cierto debate entre dos conceptos: legalidad y legitimidad.
En la primera clase que llevé de Derecho Constitucional me plantearon el dilema de su validez. Dado que la “legalidad” se refiere a todo lo que va acorde al ordenamiento jurídico de un Estado —con los tratados firmados—, mientras que el concepto de “legitimidad” va más por el camino de lo que es apoyado por el pueblo.
Ciertamente no son dos términos antagónicos ni es que siempre se tenga que elegir entre uno u otro. Lo legal puede, y muchas veces tiende a, ser legítimo, pero puede darse el caso donde lo legitimo no vaya en unísono con la legalidad Considero que ambos mandatarios decidieron por sí mismos este debate, optando por el camino de la legitimidad sobre el de la legalidad.
En otras palabras, realizaron — realiza en el caso de Bukele— lo que iba acorde a la voluntad de su pueblo, lo que este consideraba correcto, dejando de lado el camino legal.
Tras el autogolpe de Estado de 1992, Fujimori, para combatir aquello que los organismos internacionales llaman “conflicto armado”, en palabras más reales, terrorismo; instauró la figura de jueces sin rostro, con el fin de establecer un mecanismo que garantice una sanción verdadera para los terroristas. Vulnerando así los derechos de debido proceso de todos aquellos que vulneraron los derechos de todos los peruanos durante los 80s y los 90s. Una situación que, al igual que el mismismo autogolpe, carecía de un trasfondo legal, pero que era apoyado indiscutiblemente por el pueblo peruano.
De cierta perspectiva no es muy distinto a lo que hace hoy Bukele en El Salvador. Los derechos de los pandilleros y delincuentes en cárceles salvadoreñas son vulnerados, la discusión no va por ahí. Medidas drásticas para tiempos drásticos, dirán algunos. Podría decir que concuerdo, pero el que sí lo hace, y notablemente, es el pueblo salvadoreño. Otra vez, legitimidad sobre legalidad.
Si los criminales no respetan nuestros derechos, ¿por qué hay que respetar los suyos? ¿De verdad está mal tanteárselo? Independientemente si considero que está bien o no, creo que para un gobierno sobreponer la legitimidad a la legalidad, puede darle frutos a corto plazo, pero al largo la medida comienza a desmoronarse. Esto por un factor que a veces parecen olvidarse. La legalidad se mantiene con el tiempo, pero el gobierno del mandatario no. Salvo sea una dictadura, las gestiones de los gobiernos se acaban. Y salvo entre otro que piense igual que el mandatario que sale, probablemente las medidas que se utilizaron dejarán de usarse y se hará un retroceso en el tiempo.
Así fue con Fujimori. Una vez que fue vacado en el año 2000, y entra el gobierno transitorio de Paniagua y luego el de Toledo, medidas como los jueces sin rostros fueron eliminadas, tanto por la voluntad de los nuevos mandatarios como por la presión de los organismos internacionales. Los juicios fueron nulos, y los condenados volvieron a ser procesados. Lo que, como sabemos, conllevó a nuevas condenas para los sentenciados, los cuales, en muchos de los casos, se libraron de una perpetua y se ganaron con condenas de 18 a 25 años. Ese fue el precio de priorizar la legitimidad a la legalidad para Fujimori.
Si Bukele no tiene mejor suerte, sus medidas también serán erradicadas con la llegada de un nuevo mandatario, probablemente anulando el bien que hizo, y regresando la inseguridad a las calles de El Salvador. Desde una perspectiva naturalista, la legalidad es perenne, ¿pero la legitimidad? Es efímera.