En el caos político que vivimos, con leyes que se aprueban para pagarle pensiones envidiables a docentes cuya labor daba pena, es fácil que se pasen desapercibidas decisiones del gobierno que indignan a aquellos que aun mantenemos la atención en las cosas importantes. Ése es el caso del último rescate aprobado para Petroperú de 500 mil millones de soles. Sus defensores saltan a decir que no es una inyección de recursos públicos, porque en realidad es una deuda.
Pero es una deuda asumida por una empresa que no hace plata. Que lleva años a pérdida y que se niega a hacer los ajustes necesarios para volver a hacer ganancias. Es decir, es una deuda que no tiene forma de pagar. Y como el garante de esa deuda es el Estado peruano, todos sabemos que lo terminaremos pagando con el dinero de nuestros impuestos. Dinero que preferiría utilizar en mejores colegios y en hospitales que no se caigan. Pero a nosotros nadie nos pregunta, por supuesto.
Según IPSOS, un abrumador 84% habría preferido que el dinero que se usa en apoyar a Petroperú se podría haber usado en salud, educación o seguridad. Es decir, los peruanos no queremos seguir metiendo nuestro dinero en esta empresa pública quebrada y sobreendeudada. Sin embargo, ahí es exactamente a donde van a parar nuestros impuestos.
Quizás lo más triste de este último rescate anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas es la traición por parte de ProInversión. Hace unos meses, cuando se anunció que Indecopi podría iniciar un proceso concursal a Petroperú, porque había dejado de pagarle descaradamente a sus proveedores sin consecuencia alguna (reto a sus defensores a que se imaginen lo que sucedería si una empresa privada grande le dejara de pagar a sus proveedores por varios meses). De hecho, ésa habría sido una solución efectiva al problema de Petroperú. Indecopi habría tomado el control y habría velado por los derechos de los proveedores. Que los tienen.
Pero no. El gobierno de Jerí sacó su decreto, por el cual le encargaba a ProInversión reestructurar Petroperú. Muchos celebraron. Los que sabemos la velocidad glaciar a la que va esta institución, no tanto. Menos aun los que tenemos claro que ProInversión no tiene capacidad de negociación política, que es lo que hace falta aquí. Primero anunció una etapa de investigación. Mientras tanto, inyectó recursos públicos a Petroperú. Después de un par de meses anunció que mentirita, sería la consultoría internacional Deloitte la que diría qué había que hacer. Eso costó más de nuestro dinero. Y ahora anuncia que al cabo que igual la vamos a seguir rescatando. Entonces, ¿de qué sirve ProInversión?
No solo eso. En sus redes sociales le dan espacio al sindicato de trabajadores de Petroperú para que celebre que no van a tocar sus beneficios extraordinarios y para aclarar que por si acaso no se va a privatizar al elefante blanco. Dejando en claro que aquí el que toma las decisiones es ese sindicato. Que no importa lo que digan los analistas financieros o las calificadoras de riesgo o cualquiera que haya llevado un curso introductorio de contabilidad. Aquí los privilegios de los trabajadores de las empresas públicas no se tocan. Punto. No sigan insistiendo.
Ésta es una lección que parece que nadie quiere aprender. El problema de Petroperú no es financiero. Eso se demostró durante el gobierno de Dina, cuando se puso lumbreras de las finanzas en el directorio y no pudieron cambiar nada. Tampoco es ingenieril. Eso lo dejó bien en claro Humberto Campodónico con sus grandes inversiones en procesos modernísimos que nunca rindieron. Es un problema político. Y como tal, debe ser resuelto usando política.
Pero, claro, eso implica sacar la cabeza de la arena como el avestruz que son. Y los que toman las decisiones empresariales y económicas en el Perú ya sabemos que no están dispuestos a eso.
