El Perú discute reformas sin mirar el núcleo duro del problema: el Estado funciona con una estructura laboral propia de una empresa en crisis. Más del 55% de quienes lo sostienen trabajan bajo regímenes precarios (CAS + honorarios), sin carrera, sin continuidad y sin capacidad de consolidar conocimiento institucional. Esta no es una sutileza técnica; es el principal cuello de botella que impide que cualquier política pública funcione, desde seguridad hasta infraestructura.
El régimen CAS nació como una solución temporal. Hoy es la planilla principal del país: alrededor de 320 mil trabajadores, cerca del 45% de todo el aparato público, sostienen sectores críticos como Salud, Educación, Interior y gobiernos regionales. En cualquier organización privada, sostener el corazón operativo con contratos inestables sería una imprudencia. En el Estado peruano, se ha vuelto la norma. La consecuencia es inmediata: rotación alta, pérdida continua de capacidades y una administración que se reinicia cada vez que cambia un jefe.
A esto se suma el universo de honorarios: unos 85 mil profesionales contratados por locación de servicios, utilizados en especial por gobiernos subnacionales para ejecutar proyectos sin engordar la planilla formal. En principio, la flexibilidad es bienvenida; en la práctica, se ha convertido en un sistema paralelo que impide construir equipos estables y fomenta la captura política. El “aceite del engranaje” terminó reemplazando al engranaje mismo.
El diagnóstico es claro: no existe prosperidad posible sin instituciones predecibles. Cuando el Estado opera como una empresa que no protege el capital humano, el único capital verdaderamente indispensable, el resultados es un aparato que no aprende, no compite y no mejora. Un mercado puede corregirse por incentivos; un Estado precario, no.
La izquierda suele defender la ampliación de derechos laborales en el sector público. El error conceptual está en asumir que basta con “formalizar” para mejorar el desempeño. La formalidad sin meritocracia solo crea rigidez. La meritocracia sin formalidad —la situación actual— crea fragilidad. El único camino sostenible es construir un sistema que premie desempeño, asegure continuidad y permita remover ineficiencias sin destruir capacidades.
El problema no es jurídico; es estratégico. Mientras no exista una carrera pública moderna, con incentivos alineados a resultados y con movilidad real, ningún gobierno podrá ejecutar reformas profundas. Todo quedará atrapado en un Estado que opera como si cada año fuera el primero.
El Perú necesita instituciones que aprendan, no que sobrevivan. El capital humano del Estado debe ser lo más parecido posible al de una empresa bien gestionada: estable, exigente, evaluable y orientado al usuario: el ciudadano. La precariedad laboral no es solo un asunto administrativo. Es la causa estructural de nuestro estancamiento.
La reforma del Estado no empieza con leyes: empieza con personas capaces de sostenerlo. Mientras más del 55% del aparato público siga siendo descartable, el país seguirá siéndolo también.
