La data dura de SUNAT contradice al INEI. Alguien está equivocado, y no es SUNAT.
Cada febrero, el INEI publica el dato del PBI y el país lo recibe con la deferencia con que un enfermo acepta el diagnóstico del médico: sin pedir segunda opinión. En 2025, el veredicto fue 3.44% de crecimiento. Nadie formuló la pregunta obvia: ¿y si ese número está mal? No en uno, sino en dos sentidos distintos, con consecuencias distintas, y con responsables con nombre y apellido.
La primera capa del problema no tiene que ver con cuánto creció el Perú el año pasado. Tiene que ver con cuánto vale. El INEI calcula el PBI usando como referencia la estructura económica de 2007 —dieciocho años sin actualizar. El FMI y Eurostat recomiendan hacerlo cada cinco. En 2007, el e-commerce no existía, la facturación electrónica era ciencia ficción y la economía de plataformas era un experimento californiano. Hoy representan sectores enteros que el modelo simplemente no ve.
Las consecuencias de ese rezago no son abstractas. Cuando Colombia actualizó su año base en 2015, su PBI subió 8%. Chile obtuvo un resultado similar al hacer lo propio. En ambos casos, los ratios de deuda pública sobre producto cayeron varios puntos de golpe —sin que el país hubiera pagado un solo dólar adicional. Por analogía, si el desfase peruano es del mismo orden —entre 8% y 10%— el PBI nominal del Perú, hoy registrado en USD 319,000 millones, debería situarse entre USD 344,000 y USD 351,000 millones. Una diferencia que no es cosmética: a ese nivel, el Perú dejaría de mirar a Chile desde abajo en el ranking sudamericano y prácticamente lo empataría. El déficit fiscal luciría menos dramático. Y la narrativa de que el modelo está agotado perdería uno de sus argumentos favoritos.
“Si el Perú creció 5%, la historia económica del año es completamente distinta. La inversión privada no está estancada. El modelo no está agotado. El diagnóstico cambia.”
Pero la historia no termina ahí. Lo más grave es que esto no es ignorancia: en 2020, la entonces ministra de Economía admitió públicamente que el año base estaba desactualizado y anunció su revisión. Cinco años después, el año base sigue siendo 2007. Lo que empezó como un rezago técnico se ha convertido en negligencia institucional.
La segunda capa es diferente, más inmediata y más explosiva. Aquí la pregunta no es cuánto vale el Perú sino cuánto creció entre 2024 y 2025. Y aquí es donde entra la evidencia que el economista Diego Macera planteó en El Comercio: los registros administrativos de SUNAT —transacciones reales, no muestras— cuentan una historia distinta a la del INEI.
Los números son difíciles de ignorar. La recaudación total de SUNAT creció 10.8% en 2025. El Impuesto a la Renta subió 18.4%. La demanda interna implícita en el IGV se expandió 5.1%. Las importaciones de bienes de capital —el termómetro de la inversión— crecieron 10.3%. El empleo formal subió 6.2% y la masa salarial real, 9.1%. Son datos duros, auditables, recogidos en tiempo real por el propio fisco. Y todos apuntan en la misma dirección: una economía que crece bastante más del 3.44% oficial.
La aritmética es implacable. Una economía cuya demanda interna crece al 5.1% según el propio fisco no produce solo 3.44% de PBI sin que la productividad se haya desplomado. Y no hay evidencia de desplome alguno. La estimación razonable para la tasa real de crecimiento 2025 se sitúa entre 4.5% y 5%. Si el Perú creció 5%, la historia económica del año es completamente distinta. La inversión privada no está estancada. El modelo no está agotado. El diagnóstico cambia.
Ambas capas se refuerzan mutuamente. El cambio de año base no altera dramáticamente la tasa anual —añade entre 0.3 y 0.5 puntos— pero eleva el nivel del PBI y corrige todos los ratios fiscales. La corrección Macera sí afecta la tasa 2024–2025, sumando entre uno y uno y medio puntos adicionales. Combinados, el crecimiento real del Perú en 2025 estuvo probablemente entre 4.8% y 5.5%, sobre una economía que vale entre USD 344,000 y USD 351,000 millones. No es el país que describe el INEI.
La reforma no es compleja. El próximo gobierno debería, en sus primeros cien días, ejecutar el cambio de año base incorporando los microdatos de facturación electrónica de SUNAT; crear un consejo técnico externo —academia, BCRP y sector privado— que certifique metodologías anualmente; y publicar el PBI con bandas de incertidumbre explícitas, como hacen los bancos centrales serios. Ninguna de estas tres medidas requiere nueva ley. Requieren voluntad institucional. Que es, precisamente, lo que ha faltado durante cinco años.
El Perú lleva años debatiendo si crece poco o mucho. La respuesta correcta es que no lo sabe. Y gobernar sin saber es, simplemente, no gobernar.
