1. Introducción: La Constante Militarización del Orden Interno
En los últimos años, el empleo de las Fuerzas Armadas para el orden interno ha sido la constante. El argumento principal utilizado se alinea con el hecho de que las fuerzas del orden, entiéndase Policía Nacional, son sobrepasadas, aunque nadie haya podido definir las condiciones precisas para el término “sobrepasado”.
Bajo esta situación, nuestras Fuerzas Armadas han sido lanzadas a cumplir misiones para las cuales no estaban preparadas, entrenadas ni equipadas. Los resultados, en muchos casos, han sido devastadores, tanto para la legitimidad de las instituciones como para los militares que participaron en dichas acciones, debido a la obvia incompatibilidad funcional del empleo militar en temas de seguridad pública.
2. El Empleo Militar como Estrategia de Percepción
El tema central es que el empleo de las Fuerzas Armadas se ha convertido en una manera de demostrar ante la ciudadanía cuán “fuertemente serios y decididos” están las autoridades o futuros gobiernos para hacer frente a algunas de las problemáticas que envuelven hoy en día a la sociedad.
Por desesperación, ignorancia o simplemente por un exacerbado optimismo, se ha constituido una “coalición de actores” que estaría de acuerdo con el uso de las Instituciones Armadas en temas de seguridad ciudadana. Esta postura se justifica por la percepción de respeto y profesionalismo que imponen sus miembros. Sin embargo, proponemos que este formato no puede constituirse en el modelo a seguir cada vez que el Estado es incapaz de asegurar la responsabilidad de proveer paz y tranquilidad para sus ciudadanos.
3. La Insuficiencia de la Respuesta Militar en Problemas Complejos
Aun cuando la Constitución Política del Perú, a través del articulado sobre Regímenes de Excepción, permite la participación de las Fuerzas Armadas en el tema interno, queda claramente establecido que ello solo puede darse cuando “se produzcan casos de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. En ello coincidimos plenamente.
No obstante, a la luz de los eventos en Pataz, por ejemplo, ¿podemos asegurar que la participación de las Fuerzas Armadas se constituye en el acto ideal para hacer frente a un problema complejo como el de la minería ilegal y sus conexos? Quien piense que las bandas delincuenciales son básicamente una partida de idiotas organizados que van a enfrentarse a las Fuerzas Armadas y que ante la presencia masiva del Estado no van a tener mejor alternativa que redimirse, capitular e integrarse a la sociedad o, en su defecto, morir en el intento de perpetuar sus actividades ilícitas, no está entendiendo plenamente la idea de lo que es un “problema complejo”.
Al respecto, la realidad nos explica que, a diferencia del paquidermismo del Estado para asumir medidas coherentes, la delincuencia “cambia de estrategias con una facilidad realmente envidiable”. El efecto globo, por ejemplo, nos expone que los delincuentes se moverán a otros lugares en espera de los momentos oportunos para retornar o, en su defecto, iniciar otras actividades ilegales en lugares propicios. Es crucial entender que el “Estado de Emergencia” no se puede prolongar indefinidamente.
4. Hacia un Enfoque Integral y Multisectorial de Intervención
Aun cuando en los últimos días se hayan escuchado voces que claman por más acción y seguridad, sea cual fuere la misma, se requiere que el gobierno sea más cauto y preciso a la hora de definir las estrategias de intervención correspondientes.
Aunque ya se haya intentado en el pasado sin mucho éxito, a lo que debe tender el Estado es a insistir en el desarrollo de sistemas integrales de respuesta. Es decir, debe seguir fortaleciendo la capacidad de cohesionar los esfuerzos de diferentes actores con claras responsabilidades en la problemática y en sus temas conexos.
En tal sentido, el Planeamiento Multisectorial y Multinivel de Intervención se hace hoy más que nunca necesario y vital. La versión peruana de un “All whole approach” (enfoque de gobierno completo) que resuelva problemáticas complejas de manera coordinada, considerando la participación integral del Ejecutivo, el Sistema de Justicia, el Ministerio Público, la responsabilidad en seguridad ciudadana de los Gobiernos Regionales y Locales, y la participación de la Sociedad Civil en su conjunto, se constituye en la alternativa a un problema que está lejos de ser resuelto solamente con el empleo de los medios militares.
5. La Disociación entre Política y Ejecución
Finalmente, al constituirse las políticas públicas en el modelo que norma las acciones que ejecuta el Estado para la solución de un problema público, y en el entendido de que se cuenta con una Política Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 que teóricamente articula el esfuerzo con base en cuatro (04) ideas centrales y que, por lo tanto, debería constituirse en el punto de partida para la coordinación del aparato estatal , queda claro que la elaboración de “las políticas” ha devenido en un problema sustancial.
Esto se debe a que no se termina de entender de manera integral lo que una estrategia significa, ya que existe una desconexión entre el análisis y la implementación. Queda claro que nos hemos dedicado a “regular, pero no hacemos lo más importante que es supervisar la ejecución”.
