¿Existen ideas que, por sí mismas, deban ser excluidas del juego democrático? ¿La censura puede ser en algunos momentos una defensa de la libertad?
En ese sentido, en parte de Europa se ha normalizado el discurso que justifica la censura y el aislamiento político de determinados grupos considerados radicales o extremistas, especialmente de los nuevos partidos nacionalistas de derecha. Esta estrategia, impulsada principalmente por las socialdemocracias europeas y el establishment político, es popularmente conocida como cordón sanitario.
El cordón sanitario ciertamente es una estrategia política mediante la cual los partidos tradicionales acuerdan aislar y excluir del poder a determinadas fuerzas consideradas extremistas o incompatibles con el orden democrático. No es una norma legal, sino un pacto informal que impide coaliciones, acuerdos parlamentarios o repartos de cargos con esos partidos, incluso cuando obtienen un respaldo electoral significativo.
Esta práctica se consolida en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente como reacción directa al trauma del fascismo y el nazismo. El consenso fundacional fue bastante claro en ese aspecto. No repetir la misma historia.
Con el tiempo, el cordón sanitario dejó de aplicarse solo a fuerzas neonazis o abiertamente violentas y se amplió a ciertos partidos nacionalistas de derecha.
El cordón sanitario se ejecuta mediante tácticas concretas como veto explícito a coaliciones de gobierno, bloqueo de cargos institucionales, alianzas electorales coyunturales entre rivales para derrotar al partido aislado y una deslegitimación discursiva que presenta a ciertos grupos políticos como una amenaza y no como un adversario político cualquiera.
Pero el debate actual en Europa gira en torno a si estas tácticas defienden la democracia o, por el contrario, distorsionan la representación popular e incluso que, si es que estas prácticas podrían, quizás, estar fortaleciendo a estos movimientos al ponerlos como víctimas.
No obstante, creería que el tema es más sencillo de lo que parece, es solo hacernos la pregunta correcta.
¿Estos movimientos radicales que desean censurar o dejar afuera de contienda, tienen expresamente dentro de sus planes y hoja de ruta, la destrucción de las libertades individuales? Si el caso es que si, pues eso basta para simplemente prohibirles el ingreso a cualquier contienda electoral. En caso no tengan esa directriz, la censura solo es una limitación a la libertad de miles de votantes que desean un proyecto político diferente al consenso progresista y socialdemócrata.
Ahora bien, podemos comprender rápidamente por un principio de inducción minino, que aquello que paso puede volver a pasar. En ese sentido, que el nazismo, fascismo y demás nacionalismos exacerbados sean prohibidos en Europa de competir políticamente, no solo es comprender la historia sino salvaguardar las libertades individuales. Es correcto que no se permitan nazis en un parlamento alemán o fascistas en uno italiano.
El error comienza cuando, desde ciertos sectores de la izquierda, todo lo que incomoda es etiquetado como nazi o fascista. Lo hemos visto con calificativos absurdos dirigidos a figuras como Trump, Milei o Kast, comparaciones completamente forzadas que banalizan conceptos históricos de enorme gravedad. Esta deriva discursiva no solo es intelectualmente pobre, pues si es que llega a consolidarse, puede resultar letal para un Estado de derecho.
Estas tácticas acidas solo vacían de sentido las categorías políticas y convierten el debate político en un capítulo de South Park.
Ahora bien, una vez aclarado que el fascismo y el nazismo —cuando lo son realmente, y no cuando un progresista los invoca por rabieta— deben ser excluidos de la vida política precisamente porque atentan contra la libertad individual y el Estado de derecho, resulta inevitable preguntarnos: ¿qué ocurrió con el comunismo y el socialismo?
¿Acaso el comunismo y las ideas marxistas no han dejado millones de muertos a lo largo del siglo XX? ¿Acaso hoy no persisten dictaduras abiertamente socialistas y de corte marxistas que siguen destruyendo la vida de millones de personas sin rendir cuentas ni enfrentar justicia alguna? ¿Organismos como la ONU, acaso no permanece impasible, sin condenas eficaces ni acciones reales frente a regímenes socialistas como Venezuela, Corea del Norte, China o Cuba?
¿Por qué en Europa es bien visto un cordón sanitario contra la AFD en Alemania, pero en América (Sur, centro y norte) existen partidos comunistas en procesos electorales? ¿Por qué el mismo pavor al nazismo de parte de las elites políticas no se traslada también al miedo del comunismo?
Realmente, considero que si bien el cordón sanitario en Europa, en muchos casos como en Alemania y Bélgica, es viable y prudente, no veo que esa misma prudencia se aplique a otras fuerzas radicales del otro bando.
Si el criterio invocado es realmente la defensa de la libertad individual y del Estado de derecho, entonces resulta profundamente incoherente no extenderlo también a la izquierda radical, incluido el ecosocialismo y ciertas corrientes del feminismo radical de género, cuando sus postulados derivan en políticas abiertamente coercitivas.
¿Acaso no constituye un atentado contra la libertad que el Estado pueda arrebatar la patria potestad a los padres porque se niegan a someter a sus hijos a tratamientos hormonales?
Del mismo modo, ¿no vulnera la propiedad privada y la libertad individual que, bajo discursos ambientalistas, se prohíba a una persona usar su propio vehículo por no ajustarse a criterios tecnocráticos o elitistas respecto a la combustión?
En ese sentido, cuando la ideología —sea identitaria, climática o de cualquier otro signo— se convierte en justificación para imponer, sancionar o expropiar libertades, deja de ser una opinión política legítima y pasa a ser una amenaza real para el Estado de derecho y las libertades civiles.
Sea nazismo, comunismo o progresismo, el foco central no debería ser el apellido ideológico con el que se embadurna a un electorado, sino las consecuencias reales de aplicar esa ideología. Cuando dichas consecuencias lesionan la libertad individual y los derechos humanos, deberían quedar automáticamente excluidas de cualquier posibilidad legítima de acceso al poder.
El problema de los cordones sanitarios europeos es que suelen evaluar los riesgos políticos desde un enfoque ideológico, y no ontológico. El peligro no reside en si una candidatura es de derecha o de izquierda, sino en el uso del poder estatal sobre las libertades individuales.
El verdadero riesgo aparece cuando el Estado se erige como una autoridad superior a la persona, subordinando la libertad individual, la propiedad y los derechos fundamentales a una causa colectiva. Allí es donde comienza el fin del Estado de derecho.
Y así mismo es como lo advirtió Leonard Peikoff: “El colectivismo no es simplemente una teoría política equivocada; es una negación del individuo como entidad moral.”
