Hay muchas cosas del gobierno de Donald Trump que resultan problemáticas, incluso políticamente difíciles de aceptar. El populismo como sustituto de dirección política, el amateurismo en cuestiones de alta política, la erraticidad comunicativa y la tolerancia —a veces explícita, a veces tácita— hacia pulsiones identitarias como el nacionalismo étnico. Nada de esto es anecdótico ni debería banalizarse; en algunos aspectos supone una regresión clara. Pero detenerse ahí es cómodo y, sobre todo, insuficiente. Ninguna de esas objeciones explica lo que acaba de ocurrir en Venezuela.
Lo sucedido en Caracas no puede entenderse como un arrebato ni como un exabrupto de un populista instalado en el Despacho Oval. Es una decisión estratégica del más alto nivel que solo cobra sentido —guste o no— cuando se analiza desde las lógicas de la seguridad nacional estadounidense y desde un retorno explícito del realismo en relaciones internacionales, en su versión más cruda. Todo lo demás —la psicologización de Trump, el escándalo inmediato, la moralización— es ruido.
El hecho, dicho sin eufemismos, es este: el gobierno de Estados Unidos ha actuado directamente sobre un jefe de Estado en funciones, sin mandato multilateral, sin cobertura jurídica internacional y sin intento serio de legitimación institucional. Se trata de una violación explícita del derecho internacional clásico: del principio de soberanía, de la no intervención y de la prohibición del uso de la fuerza. Negarlo no es realismo; es simple autoengaño.
Conviene, sin embargo, no escandalizarse de forma automática. La historia del sistema internacional está repleta de violaciones del derecho internacional, aunque no siempre de esta escala ni con este grado de franqueza. La cuestión relevante no es la infracción en sí, sino por qué hoy Washington está dispuesto a romper ese marco normativo sin complejos y a asumir el coste político que ello implica. La respuesta no está en el carácter personal de Trump ni en etiquetas apresuradas como “populismo” o “fascismo”, sino en algo más profundo: el agotamiento del orden liberal-institucional como marco efectivo de gobernanza global.
Durante décadas, especialmente desde el final de la Guerra Fría, la política exterior estadounidense combinó el ejercicio del poder con una retórica universalista: derechos humanos, multilateralismo, reglas compartidas. Ese lenguaje no eliminaba la lógica del poder duro; simplemente la amortiguaba y la revestía de legitimidad normativa. Episodios como Irak o Libia demuestran que la política de fuerza nunca desapareció, pero entonces operaba bajo una correlación de poder distinta. Hoy ese equilibrio ha cambiado.
Estamos asistiendo a un retorno explícito del realismo como práctica de gobierno, no como escuela académica. En una lectura realista, las normas existen mientras no colisionan con intereses vitales; cuando lo hacen, se subordinan. El derecho internacional no desaparece, pero pierde capacidad vinculante frente a la seguridad y a los intereses estratégicos. No porque la Administración Trump sea excepcionalmente transgresora, sino porque el equilibrio global —marcado por la competencia entre Estados Unidos y China, y en menor medida Rusia— ya no sostiene la ficción liberal que durante años permitió disimular la política de poder.
Desde esta óptica, Venezuela no es un problema ideológico ni moral, sino un caso de inseguridad hemisférica. Migración masiva, crimen transnacional, colapso estatal, activos energéticos estratégicos y presencia de potencias extrahemisféricas convergen en el país caribeño. Todos estos factores figuran entre las principales amenazas señaladas en la Estrategia de Seguridad Nacional recientemente publicada por la Administración Trump.
A la luz de ese documento, Venezuela concentra buena parte de los riesgos que Washington considera prioritarios: primacía hemisférica, negación de influencias externas, seguridad energética y control de flujos migratorios. Bajo ese marco doctrinal, no actuar habría sido incoherente con las prioridades declaradas. Lo ocurrido —guste o no— es una aplicación consistente de esa estrategia.
Este episodio obliga también a matizar muchas lecturas simplificadoras sobre el trumpismo. La idea de un gobierno puramente caótico, antiestatal o incapaz de articular una política exterior coherente no resiste el análisis. Con la extracción de Nicolás Maduro del poder y la posible reconfiguración del equilibrio político en Venezuela, se consolida, bajo la coordinación del secretario de Estado Marco Rubio, una política exterior más directa y menos normativa, menos preocupada por la legitimación multilateral y más dispuesta a ejercer poder sin pedir permiso. No estamos ante una nueva fase del orden liberal internacional, sino ante su agotamiento y probable cierre.
