Ya se juntaron las 78 firmas. El Congreso quedó habilitado para convocar el pleno extraordinario que decidirá la continuidad de José Jerí y el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, tiene hasta quince días para fijar la fecha. En un país normal sería un trámite. Aquí es el pulso del sistema.
El Perú dejó de discutir hacia dónde va el Estado y empezó a discutir cada cuánto cambia de cabeza. La Presidencia vive instalada en el calendario administrativo, no como poder, sino como ceremonia fúnebre. Y esa normalidad, justamente esa normalidad, es la trama de nuestro círculo vicioso.
El país no atraviesa solo una mala racha de mandatarios. Atraviesa algo más delicado, la pérdida progresiva de la autoridad como hecho político. El cargo conserva banda, protocolo y escenografía intactos, pero perdió su tarea elemental. Ya no articula el poder ni ordena la vida pública. Permanece visible, aunque cada vez pesa menos.
El episodio de José Jerí no explica la crisis. La vuelve obscenamente evidente. En medio de investigaciones, registros de visitas y cuestionamientos por reuniones impropias, la conversación pública no gira alrededor de reformas ni de dirección estatal. Gira alrededor de accesos. El país debate circulación de personas donde antes discutía conducción. Por eso la destitución aparece como posibilidad ordinaria. Otra vez. La investidura ya no suena a estabilidad, suena a prórroga.
Para entender cómo se llegó aquí conviene retroceder sin moralismos y seguir la mecánica. La disolución del Congreso en 2019, maniobra del hoy encarcelado Martín Vizcarra, dejó una enseñanza peligrosa y determinante. Mostró que el conflicto podía resolverse estirando la interpretación sin derrumbar el edificio. La regla se volvió elástica. Desde entonces nadie confía en la estabilidad del otro. El Ejecutivo aprendió a forzar y el Legislativo a vivir en guardia. La política dejó de coordinar y empezó a adelantarse a la emboscada.
Luego vino el intento de quiebre institucional de Pedro Castillo. Ahí el sistema dejó de coquetear con la interpretación creativa y entró en modo supervivencia. Ya no importaba quién argumentaba mejor, importaba quién podía incendiar el tablero primero. Gobernar empezó a parecer amenaza. Controlar empezó a parecer defensa. El país cambió de música, dejó de buscar dirección y se obsesionó con frenar.
Aquí está la bisagra que ordena todo. No solo se deformó la regla, se deformó la expectativa. Cuando el poder central se percibe como un riesgo a contener, el cargo máximo se vuelve tolerancia negociada. Se le exige resultados y al mismo tiempo se le encoge el margen. Se le carga la culpa y se le retira la palanca.
Después llegó Dina Boluarte y administró la investidura como coyuntura, con una frivolidad que en otro contexto sería anécdota pero aquí es corrosión. Y ahora Jerí completa el triángulo con la versión más cruda del deterioro, Palacio como pasillo, el Estado como escalera, el poder como acceso. Si además se acumulan indicios de tráfico de influencias, cercanía impropia con intereses extranjeros y uso del aparato público como reparto, el mensaje que recibe el país no es solo moral. Es institucional. No se trata únicamente de un sistema desconfiado. Se trata también de ocupantes que no sostienen el peso del puesto.
En ese clima, la vacancia deja de sentirse como rareza y pasa a operar como el idioma normal de una desconfianza cruzada, un reinicio disponible cuando la tensión sube. El problema aparece cuando ese recurso se vuelve paisaje. El país aprende que la jefatura es intercambiable. Y ahí cuadra el patrón completo, la degradación viene de los dos lados. Por fuera, porque el sistema mantiene al Ejecutivo bajo advertencia permanente. Por dentro, porque han llegado gobernantes que trataron el cargo como botín, vitrina o agencia de favores. Así se forma el bucle. Un Ejecutivo pequeño dispara control. Un control excesivo produce Ejecutivos más pequeños. El círculo se alimenta solo.
Lo más inquietante es que el país se acostumbró. Cambiar de presidente ya no suena a trauma nacional, suena a trámite. Y eso, que algunos confunden con resiliencia, se parece más a anestesia. Un Estado que sigue caminando incluso cuando cambia la cabeza, pero caminando sin rumbo, como si lo importante fuera no caerse y no llegar a ningún lado.
El problema entra ahora en su fase electoral porque la crisis de autoridad no se queda en Palacio, se mete en la cabeza del votante. Tras años de reemplazos, una parte creciente del país incorporó una idea silenciosa. Votar no cambia el rumbo, apenas cambia al administrador temporal. Ese aprendizaje vuelve la elección menos épica y más utilitaria. No se elige proyecto, se elige duración. Por eso el 2026 asoma con dispersión, no solo de partidos, también de expectativas. Muchos candidatos y poca fe en que alguno pueda gobernar de verdad.
Ahí entra el factor generacional. Los jóvenes no recuerdan estabilidad, recuerdan sustitución. No vivieron reformas largas, vivieron crisis cortas. No es apatía boba, es memoria práctica. Si el poder visible se quema rápido y el poder real se mantiene en red, comprometerse parece ingenuo. El riesgo electoral no es solo el voto rabioso. Es el voto indiferente. Y la indiferencia no tumba el sistema de golpe, lo vacía por goteo.
Por eso el próximo posible interinato importa, y mucho. No para fundar una era, sino para devolver previsibilidad. Sobriedad institucional, límites, transparencia, autocontención.
El 2026 no será solo una competencia electoral, será una verificación histórica. Sabremos si el país aún puede sostener una autoridad que dure lo suficiente para hacerse responsable de sus decisiones o si la política quedó reducida a una administración de emergencias sucesivas. Si lo segundo se impone, ya no hablaremos de crisis de gobernantes sino de una forma estable de ingobernabilidad. Y esa sí sería, por fin, nuestra verdadera constitución material.
