En el Perú, la historia no regresa: simplemente cambia de disfraz. “Venceremos” fue, en 1985, el nombre del primer folletín del MRTA, el manifiesto con el que esta organización armada anunció su guerra contra la República. Hoy, esa misma palabra encabeza el movimiento político de Guillermo Bermejo, congresista de izquierda investigado por terrorismo. Y mientras la justicia se prepara para decidir este 24 si lo envía a prisión, el parlamentario juega en dos tableros —el judicial y el político— con el respaldo logístico y financiero del propio Estado.
Ya no se trata de un panfleto insurgente impreso en la clandestinidad, sino de un sello partidario formal. Y aunque podríamos ver la coincidencia como un detalle anecdótico, la historia y el contexto empujan hacia otra lectura: el recuerdo de la insurgencia, la cooptación de símbolos, la ambigüedad ideológica que se disfraza de nuevo comienzo.
Actualmente, Guillermo Bermejo ocupa un balcón doble: como parlamentario y también como acusado. Su futuro en el segundo frente se definirá este viernes 24 de octubre. La Sala Penal Nacional emitirá el veredicto final de un proceso en el que la Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión en su contra por presunta integración a una organización terrorista.
Pese a ese controvertido intervalo, el hincha del castrismo y el chavismo sigue usando su curul, su licencia parlamentaria y los recursos públicos que esta contempla —sí: esos fondos pagos por todos los peruanos— para movilizar su estructura, armar candidaturas —¿Víctor Alanoca?— y posicionar su discurso hacia las elecciones generales de 2026.
Es un contraste brutal: al mismo tiempo que el Estado investiga su pasado —o presunto pasado—, el sistema lo deja operar, hacer campaña, construir “proyectos”.
¿Un fallo institucional? ¿Un agujero regulatorio? Ambos.
Hay algo kafkiano en que un movimiento que lleva el nombre de un folletín insurgente, promovido por un congresista bajo investigación por terrorismo, esté operando con recursos públicos. Esto nos lleva a preguntas lógicas: ¿con qué filtros entra alguien en la arena política? ¿Cuándo alguien bajo investigación o con vínculos —reales o presuntos— con terrorismo puede ejercer, promover, movilizar y usar recursos públicos como si nada pasara?
No se trata de prejuzgar, sino de establecer mecanismos de defensa institucional: que la candidatura sea rechazada, o al menos suspendida, mientras el proceso avance; que los fondos públicos no sean usados mientras hay indicios graves.
Que la izquierda —y cualquier actor político— considere los filtros democráticos como un “ataque al adversario” revela lo frágiles que están las defensas institucionales.
Lo que ocurra este 24 no solo definirá la suerte de un político cuestionado: marcará el pulso de la democracia peruana. Lo que está en juego no es solo un proceso judicial, sino la capacidad del Estado para marcar límites. Si no lo hace, no ganará Bermejo: perderá la República.
