Las encuestas más recientes colocan a Keiko Fujimori con una ventaja sobre Roberto Sánchez. Si tomamos como referencia a IPSOS —la encuestadora que más se aproximó al resultado de la primera vuelta—, la candidata de Fuerza Popular mantiene una diferencia cercana a los dos puntos porcentuales. En cualquier democracia, una ventaja es una ventaja. Pero en el Perú, y particularmente en el caso de Keiko Fujimori, la historia obliga a mirar esos números con cautela.
No sería la primera vez que la lideresa fujimorista llega a la recta final de una elección con los vientos aparentemente a favor. En 2011, las encuestas la mostraban competitiva frente a Ollanta Humala. En 2016, llegó a la segunda vuelta con una importante ventaja acumulada tras una contundente victoria en la primera. En ambos procesos contó, además, con desempeños favorables en los debates y con el respaldo de sectores empresariales, académicos y políticos que advertían sobre los riesgos de su contendor.
Nada de eso fue suficiente.
Las derrotas frente a Humala y Pedro Pablo Kuczynski demostraron que, en política, la percepción de inevitabilidad suele ser uno de los caminos más rápidos hacia la derrota. La sensación de que la elección está resuelta desmoviliza simpatizantes, relaja estructuras partidarias y debilita la vigilancia electoral. La historia reciente del Perú ofrece demasiados ejemplos como para ignorar esa lección.
Más aún cuando la diferencia actual se encuentra dentro de márgenes estrechos y cuando el país sigue profundamente fragmentado. No existe, hasta el momento, ningún elemento que permita afirmar que el desenlace de esta elección será distinto a aquellos escenarios que en su momento parecían favorables para Fujimori y terminaron convirtiéndose en frustraciones políticas de gran magnitud.
Por ello, el deber cívico de quienes participan en esta contienda no es celebrar triunfos anticipados ni alimentar expectativas de victoria segura. El deber es otro: asegurar la personería, defender cada voto y garantizar que el proceso llegue a su término con las mayores condiciones de transparencia posibles.
El Perú llega a esta segunda vuelta con instituciones debilitadas por años de confrontación política, crisis de representación y una permanente guerra contra los contrapesos del Estado. Lo que queda en pie de nuestra arquitectura institucional debe ser suficiente para soportar el escrutinio y la vigilancia de este último tramo electoral. Esa es la responsabilidad de los organismos electorales, de los partidos políticos y también de los ciudadanos.
Pero el mensaje debe ser claro. Las elecciones no se defienden al día siguiente en las plazas ni en las calles. Se defienden durante la jornada electoral, en las mesas de sufragio, en el conteo de votos, en la fiscalización de actas y dentro de los canales establecidos por la ley.
La democracia exige vigilancia. Pero también exige serenidad. Y ninguna de las dos cosas es compatible con la tentación de cantar victoria antes de tiempo.
Director de El Reporte | Conductor y reportero de Willax Noticias | Autor del libro ‘En Nombre de los Ausentes’
