La transición presidencial se convierte en confrontación en Colombia. Dos sectores cuestionan legitimidades. La crisis surge de tres procesos simultáneos: una elección ajustada, Gustavo Petro desconociendo el resultado y la respuesta confrontacional del presidente electo Abelardo de la Espriella.
El 21 de junio, la segunda vuelta determinó el triunfo de De la Espriella sobre Iván Cepeda por 251,854 votos, menos de un punto porcentual. El Consejo Nacional Electoral entregó la credencial al ganador. Los observadores respaldaron la transparencia del proceso. La victoria legal, políticamente estrecha, es rechazada por el gobierno saliente.
Petro presenta reclamaciones, demandas y movilizaciones, declarando a Cepeda como verdadero presidente. Impugna la elección sin presentar pruebas y desconoce al ganador proclamado para construir una legitimidad paralela. Cuestiona las mismas instituciones electorales que reconocieron su victoria en 2022.
Cepeda aceptó el resultado, pero anunció una campaña de desobediencia civil. Exige que De la Espriella aclare o abandone su ciudadanía estadounidense, informe sobre cualquier relación con organismos de seguridad de Estados Unidos, garantice independencia judicial, descarte persecuciones contra Petro y renuncie a políticas para favorecer nuevas estructuras paramilitares.
Colombia tiene razones históricas para desconfiar de organizaciones civiles de seguridad. Pero Cepeda no puede condicionar el reconocimiento del presidente proclamado con exigencias políticas. Una eventual incompatibilidad jurídica debe determinarse en los tribunales, sin ultimátum y amenazas de desobediencia.
De la Espriella respondió acusando a Petro de preparar un golpe de Estado, suspendió el empalme y pidió a las Fuerzas Armadas proteger la Constitución, desobedeciendo toda orden contraria. Llamó “banda de golpistas y corruptos” al gobierno petrista, convocando a resistir hasta su posesión el 7 de agosto. Tiene derecho a defender su victoria, aunque interpelar a los militares introduce controversias que deberían permanecer en el terreno institucional.
El empalme se convierte en disputa entre dos gobiernos que se consideran ilegítimos. Pero De la Espriella no recibió un mandato indiscutible. Con 3 senadores de 103, sin diputados, gobernar exigirá acuerdos con conservadores, liberales y fuerzas tradicionales. El Pacto Histórico tiene representación parlamentaria, aunque ningún partido controla el Congreso.
Existen coincidencias con la experiencia peruana. En ambos países, resultados estrechos fueron interpretados como prueba de superioridad moral. Una ventaja mínima no es un cheque en blanco, la derrota se presenta como fraude, la competencia democrática produce enemigos.
La próxima administración recibirá una economía vulnerable. Colombia tiene crecimiento moderado, inflación persistente, tasas de interés elevadas, con débil inversión. El déficit fiscal superior al 6% limitará severamente la capacidad del nuevo gobierno para financiar sus promesas de seguridad, infraestructura y reducción de impuestos.
El mayor problema es La Paz Total. Tratar como interlocutores equivalentes al ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, bandas urbanas, organizaciones de narcotráfico, minería ilegal y extorsión, no desmonta economías que sostienen la guerra. El Catatumbo resume el fracaso: grupos armados fortalecidos, comunidades desplazadas y un Estado incapaz de instaurar instituciones permanentes.
De la Espriella promete abandonar negociaciones amplias y recuperar el control territorial mediante sometimiento y ofensiva militar. La fuerza sin presencia estatal reproduce la violencia; la negociación sin coerción fortalece a las organizaciones.
Colombia no está dividida entre izquierda y derecha. Para una mitad, el peligro es la continuidad del petrismo, expansión armada y debilitamiento del Estado. Para la otra, el riesgo es un gobierno punitivo, militarizado, con tentaciones autoritarias. El resultado no expresa una adhesión absoluta a De la Espriella, sino un estrecho rechazo al petrismo. El 49.5% de Cepeda demuestra que el progresismo no ha desaparecido.
El desafío no es lograr que el nuevo presidente asuma el 7 de agosto. Consiste en evitar que el país pase de una Paz Total sin control territorial a una seguridad total sin controles democráticos.
