El informe de un grupo de trabajo de la ONU no libera a Pedro Castillo ni borra el intento de golpe. Pero Balcázar lo dejó entrar al lenguaje del indulto, México lo amplifica y la izquierda local lo convierte en bandera. No hay una llave jurídica: hay una operación política.
José Balcázar no dijo que iba a indultar a Pedro Castillo. Hizo algo más ambiguo y, por eso mismo, más útil para la política: dejó abierta una ventanilla. El presidente de salida sostuvo que el informe del Grupo de Trabajo de la ONU “modifica un poco” el escenario jurídico, legal y constitucional para evaluar una eventual gracia presidencial. También admitió que, al parecer, no lo vincula directamente, pero que podría “servir para los peticionantes” si Castillo presenta una solicitud expresa y fundamentada. En castellano menos palaciego: el documento no abre la celda, pero puede abrir un expediente.
Ese matiz es el verdadero combustible del caso. Castillo no está preso por una orden del Gobierno, sino por una decisión judicial. Y una decisión judicial no se revierte con un comunicado internacional, una conferencia presidencial o un arrebato de solidaridad bolivariana. El constitucionalista Aníbal Quiroga lo puso en simple en una entrevista para Perú21: el informe no tiene fuerza vinculante, no puede servir como base jurídica para un indulto o una gracia, y tampoco permite que el Ejecutivo ordene al Poder Judicial liberar a Castillo. Una orden judicial se revierte con otra orden judicial. Lo demás puede sonar solemne, pero vive en el barrio de la presión política.
Ahí empieza la ficción. La opinión técnica habla de una detención que considera arbitraria; el castillismo intenta leer una absolución. El grupo de trabajo cuestiona el procedimiento; sus operadores venden persecución. El documento discute una ruta jurídica; la propaganda intenta fabricar una biografía nueva: ya no el presidente que quiso disolver el Congreso y reorganizar la justicia, sino el detenido “arbitrario” que debe volver por la puerta del membrete internacional.
La llave que no abre
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de Castillo fue arbitraria y recomendó su liberación inmediata, reparación e investigación. Ese es el dato. Pero el mismo dato necesita ubicación: no estamos ante un tribunal peruano, ni ante una sentencia internacional que reemplace al Poder Judicial, ni ante una orden que Palacio pueda ejecutar con una firma iluminada. Es una opinión de un mecanismo especializado del sistema de Naciones Unidas. Tiene peso político, sí. Tiene utilidad propagandística, también. Pero no manda abrir Barbadillo.
Por eso el análisis de Quiroga, en la misma en trevista, es útil: no se queda en la indignación, ordena el tablero. El indulto exige bases constitucionales propias. La gracia presidencial también. Y, en cualquier caso, el presidente no actúa como monarca de último minuto. Para esto, necesita cauce legal, refrendo ministerial y responsabilidad política. Si se forzara una salida fuera de la Constitución, el problema no sería humanitario; sería constitucional, político y penal. El Perú no es una hacienda donde el mandatario saliente abre o cierra celdas antes de entregar las llaves.
El expremier Alberto Otárola apuntó vía Twtiter en la misma dirección desde el flanco político. Dijo que el grupo de trabajo no es un tribunal, su opinión no vincula al Perú y el informe, a su juicio, politiza el caso al llamar “mensaje a la Nación” a lo que fue una proclama golpista. Ese punto no es menor. Porque el documento no solo discute una detención. También intenta nombrar el hecho de origen. Y en política, quien gana el nombre suele ganar media batalla.
El golpe vuelto mensaje
El 7 de diciembre de 2022 no fue una travesura retórica. Castillo anunció la disolución del Congreso, un gobierno de excepción, toque de queda y la reorganización de instituciones del sistema de justicia. En noviembre de 2025 fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para la rebelión. La sentencia puede discutirse por las vías que correspondan. Lo que no se puede hacer, sin insultar la memoria reciente del país, es convertir ese episodio en una especie de malentendido expresivo.
Castillo no habló como ciudadano en una plaza pública. Habló como presidente, jefe del Ejecutivo, jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Habló desde Palacio, con banda presidencial y vocación de mando. No estaba emitiendo una opinión incómoda: estaba intentando producir efectos de poder. Confundir eso con libertad de expresión es como llamar “comentario arquitectónico” a prenderle fuego a una casa.
Y allí el informe tropieza con su propio exceso. Puede observar la detención. Puede cuestionar garantías. Puede pedir reparación. Pero no puede degradar el intento de quiebre constitucional a la categoría de mensaje desafortunado. Los Estados no solo tienen derecho a defender su democracia; tienen el deber de hacerlo. Sancionar a quien intenta romper el orden constitucional no es persecución política. Es higiene republicana básica, aunque a algunos les incomode cuando el infractor viene envuelto en esa típica épica popular.
El Castillo que quieren vender
Pedro Castillo entendió de inmediato el regalo narrativo. En redes, se presentó otra vez como “presidente constitucional” y celebró el pronunciamiento como confirmación de que su encarcelamiento “nunca tuvo justificación”. La escena era previsible: el documento internacional convertido en acta de victimización. Quiroga lo leyó como una alegoría política y recordó lo elemental: Castillo fue vacado, ya no es presidente y esa narrativa debe ser combatida por la Cancillería en el terreno internacional.
La cadena ya está en marcha. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respaldó desde México la liberación inmediata de Castillo y dijo que esperará la postura de Keiko Fujimori cuando asuma el poder. Roberto Sánchez ya había planteado la libertad de Castillo como condición para dialogar con la presidenta electa. Y Balcázar confirmó que el eventual indulto fue abordado en una reunión con Sánchez y su bancada, aunque luego intentó bajarle el volumen a la escena.
La operación no necesita sacar mañana a Castillo de Barbadillo para funcionar. Le basta con devolverlo al centro del tablero. Ginebra produce el membrete. México internacionaliza el caso. Sánchez lo convierte en condición política. Balcázar abre la posibilidad administrativa. Y Keiko recibe, antes de jurar, el primer paquete envenenado de la transición.
El problema del nuevo gobierno no será solo jurídico. Será narrativo, diplomático y político. Si responde con berrinche soberanista, le regala al castillismo el disfraz de víctima. Si responde con debilidad, le entrega una bandera. La salida correcta es más fría: el Perú toma nota del informe, precisa que no es vinculante, defiende la competencia de sus tribunales y recuerda que ningún grupo de trabajo puede convertir un intento de golpe en causa democrática.
El Castillo real fue condenado por conspiración tras intentar quebrar el orden constitucional. El Castillo de ficción es otro: perseguido democrático, preso político, mártir de exportación, víctima perfecta para una izquierda que necesita reescribir el 7 de diciembre antes de enfrentar el gobierno que viene. Esa ficción no se combate con espuma. Se combate con Estado, memoria y precisión.
Porque en política internacional los papeles no siempre mandan. Pero muerden.
