Hay gobiernos que llegan cargando el desgaste del pasado. Otros llegan cargando el entusiasmo del futuro. Los segundos suelen enfrentar un desafío más difícil que los primeros: administrar la esperanza.
El próximo gobierno de Keiko Fujimori parece pertenecer a esa categoría excepcional. Tras más de una década de administraciones marcadas por la improvisación, la inestabilidad y la precariedad institucional —desde Ollanta Humala hasta el accidentado interregno que hoy concluye— buena parte del país percibe que se abre la posibilidad de un Ejecutivo integrado por cuadros técnicos, profesionales con experiencia y funcionarios dispuestos a recuperar la noción del servicio público. Es una expectativa legítima. También es un riesgo.
Porque las esperanzas, cuando se inflan más allá de la realidad, dejan de ser un motor para convertirse en una amenaza. Cuanto más alto asciende la ilusión, más violenta puede ser la caída. La historia política está llena de gobiernos que no fueron derrotados únicamente por sus errores, sino por la distancia entre lo que prometieron y lo que la realidad les permitió cumplir.
Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, sostenía que la prudencia —la phronesis— era la virtud indispensable del gobernante. No porque invitara a la inacción, sino porque permitía deliberar correctamente sobre aquello que es posible hacer en circunstancias concretas. La prudencia no consiste en pensar menos; consiste en medir mejor. Gobernar exige, antes que entusiasmo, juicio.
Ese llamado resulta particularmente pertinente para el Perú de hoy. Porque el principal obstáculo del próximo gobierno no será la falta de voluntad política. Será el Estado mismo.
Durante demasiados años se ha instalado una burocracia donde el miedo y la corrupción conviven como dos engranajes de una misma maquinaria. El miedo paraliza al funcionario honesto, que prefiere no firmar antes que exponerse a una denuncia, una investigación interminable o un proceso administrativo. La corrupción paraliza al resto, que convierte cada autorización, cada licencia y cada expediente en una oportunidad para cobrar un peaje clandestino. Entre ambos extremos, el Estado deja de servir para convertirse en un inmenso sistema de inmovilidad.
Quien haya intentado invertir, construir una obra, abrir una empresa o simplemente obtener una autorización administrativa conoce esa realidad. No basta con tener recursos, proyectos o buenas intenciones. Hay que atravesar un laberinto donde la lentitud dejó de ser una deficiencia para convertirse, muchas veces, en un modelo de negocio.
Por eso resulta peligroso alimentar la idea de que bastará un cambio de gobierno para que el país recupere, casi de inmediato, el ritmo perdido. La reconstrucción del aparato público será necesariamente lenta. Cada reforma encontrará resistencia. Cada decisión chocará contra normas contradictorias, oficinas saturadas, incentivos perversos y una cultura administrativa acostumbrada a sobrevivir sin resolver.
José María Arguedas escribió que “el Perú es un país de todas las sangres”, pero también de todas las frustraciones. Quizá esa frase explique por qué el entusiasmo suele transformarse tan rápido en desencanto. Esperamos milagros donde solo caben reformas; exigimos resultados instantáneos donde solo existe trabajo paciente.
Algo semejante advertía Max Weber cuando distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Gobernar —decía— obliga a hacerse cargo de las consecuencias reales de las decisiones, no únicamente de la nobleza de las intenciones. La política madura comienza precisamente cuando termina la comodidad de las promesas.
La presidenta electa haría bien en recordar esa lección desde el primer día. Su mayor capital político no será la euforia inicial, sino la credibilidad que logre conservar cuando inevitablemente aparezcan los primeros obstáculos. Administrar expectativas será tan importante como administrar el presupuesto nacional. Tal vez más.
Después de tantos años de improvisación, el Perú necesita recuperar la confianza en que el Estado puede funcionar. Pero esa confianza no se construye con anuncios grandilocuentes ni con calendarios imposibles. Se construye explicando con honestidad la magnitud del desafío, reconociendo las limitaciones existentes y celebrando cada avance sin convertirlo en una promesa desmesurada.
La esperanza es indispensable para iniciar un gobierno. La prudencia es indispensable para terminarlo con éxito. Entre ambas virtudes transcurrirá buena parte del destino político del próximo quinquenio. Si el nuevo Ejecutivo consigue resistir la tentación de gobernar para las expectativas y decide gobernar para la realidad, habrá dado el primer paso hacia una transformación mucho más profunda que cualquier discurso inaugural: devolverle al país la confianza en que las instituciones pueden volver a caminar.
