El nombramiento del General EP (R) César Augusto Astudillo Salcedo como Ministro del Interior ha generado una serie de cuestionamientos en el debate público. Aunque su trayectoria y capacidad de liderazgo son incuestionables —habiendo ejercido las máximas responsabilidades como Comandante General del Ejército y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas—, diversas voces objetan su perfil argumentando una supuesta inexperiencia en la gestión de la seguridad ciudadana y la labor policial.
Sin embargo, esta crítica parte de una confusión fundamental entre la ejecución táctica y la alta dirección pública.
Conducción política vs. enfoque operativo: El rol del líder estratégico
El Ministro del Interior no es un conductor ni jefe operativo; es el conductor político del sector. Su responsabilidad primaria radica en definir la política pública, trazar la estrategia institucional y priorizar los problemas de seguridad que angustian a la ciudadanía. Por ello, calificar esta designación como una mera “militarización” es errar el diagnóstico. Lo que se ha buscado es un liderazgo estratégico capaz de cargar sobre sus hombros la compleja tarea de alinear esfuerzos interinstitucionales en pos de un objetivo común.
Para lograr impacto real, esta conducción requiere de medidas que articulen a todos los actores del sistema público. Históricamente, la seguridad se ha abordado mediante “compartimentos estanco”, donde cada institución actúa aislada en su propia parcela de competencia. Superar esta fragmentación exige comprender que la lucha contra el crimen organizado demanda una estrategia donde converjan el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio Público, la SUNAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la SUCAMEC, la DINI, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los Gobiernos Regionales y Locales, la seguridad privada y más importante aún, la propia población.
La red criminal como sistema adaptativo: Por qué la fragmentación estatal fracasa
La delincuencia contemporánea ha evolucionado a un ritmo acelerado. Para nuestro mal, los grupos criminales han comprendido que su desempeño y su capacidad de supervivencia no dependen de la acción individual ni de agendas aisladas, sino de su habilidad para actuar de manera articulada y cooperativa. Han devenido en verdaderos sistemas adaptativos que no solo operan en las calles, sino que han logrado infiltrar estructuras estatales para promover normas a su favor, frenar acciones fiscalizadoras o simplemente forzar la inacción de la autoridad, permitiendo el afianzamiento y la expansión de sus economías ilegales.
Frente a un enemigo rediseñado bajo dinámicas de red, la respuesta estatal tradicional basada en la burocracia y el trabajo parcelado resulta obsoleta. Si la delincuencia cambia de tácticas con rapidez, el Estado no puede pretender combatirla con procesos rígidos y respuestas ineficientes. Es responsabilidad de las instituciones construir un contrasistema capaz de reaccionar con idéntica velocidad, flexibilidad y cobertura territorial.
El núcleo de la estrategia radica en sustituir la lógica rígida de la “Unidad de Comando” por una verdadera “Unidad de Esfuerzo”. Esto implica articular un sistema vivo de toma de decisiones integrado permanentemente a nivel de viceministros y directores generales. No se trata de crear más comisiones burocráticas de papel, sino de conformar una “coalición interinstitucional” que funcione 24/7, alimentada por información en tiempo real y facultada para decidir y actuar no desde la defensa de sus feudos institucionales, sino desde una cultura de colaboración continua.
Para viabilizar esta arquitectura, la labor del Ministro debe desplegarse dinámicamente a través de las tres dimensiones del Triángulo Estratégico de la Gestión Pública:
- La gestión política (mirada hacia arriba): Orientada a negociar y construir legitimidad con el entorno institucional y legislativo que autoriza los recursos y marcos normativos necesarios.
- La gestión programática (mirada hacia afuera): Enfocada en articular con todos los actores involucrados (stakeholders públicos y privados) que deben cooperar activamente en la solución del problema.
- La gestión organizativa (mirada hacia abajo): Dirigida a alinear y optimizar los sistemas operativos internos hacia el logro efectivo de los objetivos sectoriales.
Unidad de esfuerzo en acción: Inteligencia, sanción, infraestructura integral y participación ciudadana
Llevar la “Unidad de Esfuerzo” de la teoría a la práctica exige articular medidas concretas en cuatro ejes fundamentales:
1. Inteligencia oportuna e integración financiera
Operar a ciegas es garantizar el fracaso. La Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) debe recuperar su capacidad operativa, integrándose plenamente con los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para mapear, caracterizar y priorizar el enfrentamiento contra las organizaciones criminales. En tal sentido, la oportunidad de obtener información apelando a la cooperación internacional debe ser bienvenida y aprovechada en todo su potencial.
Paralelamente, el estrangulamiento económico es vital: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe ampliar su espectro de análisis para rastrear las modalidades de lavado con las que la delincuencia legitima sus fondos e impone la impunidad. Este esfuerzo financiero debe acompañarse de una firme campaña de comunicación pública bajo una premisa clara: quien colabora con la delincuencia es legal y moralmente tan culpable como el delincuente.
2. Celeridad judicial y firmeza en la respuesta
La acción del Estado requiere impunidad cero. El Poder Judicial debe optimizar la dinámica de los juzgados de flagrancia para que las sentencias se emitan a los pocos días de la captura del delincuente, enviando un mensaje inequívoco de efectividad.
En el plano operativo, la División de Servicios Especiales / Unidades Tácticas de la PNP deben desplegarse de acuerdo a un mapa de riesgos y con capacidad de respuesta firme de acuerdo con el marco legal sobre el uso de la fuerza, contando para ello con el acompañamiento directo de fiscales del Ministerio Público que garanticen la estricta legalidad de la intervención y asegurando que la flagrancia sea perseguida sin que medien limitaciones producto de la organización política de los distritos y las provincias.
El Congreso de la República debe revisar la Ley 31989 que derogó la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1607. Dicho decreto previo obligaba a la exclusión automática del REINFO a todo minero con inscripción suspendida que poseyera artefactos explosivos sin autorización, permitiendo la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) por tenencia ilegal.
Asimismo, la SUCAMEC debe revisar sus procesos y TUPAs tendientes a la autorización de compra de explosivos de uso civil, y en convenio con las Fuerzas Armadas garantizar que la inspección de polvorines a nivel nacional sea eficiente y garantice la trazabilidad de los explosivos.
3. Logística, tecnología e infraestructura penal
En el ámbito urbano, las Fuerzas Armadas deben asumir un rol activo de soporte logístico, de inteligencia y de empleo de tecnología; en ese marco, los gobiernos regionales deberán dotar (por Convenio) a los medios militares de capacidades tecnológicas (como drones) para el monitoreo permanente de las zonas urbanas de alto peligro. Los gobiernos locales deberán equipar (por convenio) a la Policía Nacional con vehículos y medios de comunicación integrados para todo el sistema —debiendo ser el MTC quien estandarice dichos sistemas—.
Por su parte, el serenazgo debe continuar con los patrullajes preventivos focalizados en áreas priorizadas, enlazados en tiempo real y permanentemente con las Unidades de acción táctica de la PNP a través de centrales de monitoreo, complementados por redes de cámaras de video vigilancia adquiridas y operadas por las centrales antes mencionadas de los gobiernos locales —también bajo especificaciones técnicas del MTC para asegurar la estandarización y evitar la dispersión de criterios— garantizando además la cobertura efectiva que impida el desplazamiento impune de la delincuencia a otros sectores.
Frente al colapso penitenciario, el MINJUSDH debe agilizar —en un plazo máximo de seis meses— los proyectos de inversión para la construcción de dos penales gemelos en zonas de difícil acceso (cometer un delito debe castigarse en todas las formas posibles), analizando y gestionando paralelamente la pertinencia de la gestión privada en las cárceles o las previsiones para su operación a cargo del INPE. Asimismo, durante el proceso de construcción se deberá definir el tipo de criminales que serán usuarios de los mismos, para su traslado si estuvieran ya internados en alguna instalación correccional.
4. La participación de la Población Civil organizada
Tal como aconteció en la respuesta histórica frente al terrorismo, la articulación de la población civil organizada resulta una necesidad ineludible en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la activación del frente ciudadano no puede abordarse desde esquemas rígidos o programas estáticos.
Iniciativas como Barrio Seguro o los comités vecinales deben ser concebidos bajo la lógica de pilotos adaptativos y de experimentación en la acción. Dado que operamos en un entorno complejo e impredecible, estos programas deben ser implementados como prototipos dinámicos: testeados en territorio, evaluados con métricas de valor público real y escalados si muestran efectividad, o descartados e innovados sin dilación si resultan ineficientes, evitando perpetuar iniciativas obsoletas por mera simulación estratégica, inercia burocrática o sesgo de costo hundido.
Liderazgo arquitectónico: El verdadero reto de la gestión pública
La respuesta del Estado ante la inseguridad debe ser de carácter integral. La arquitectura de éxito no se mide por la espectacularidad de intervenciones aisladas ni por la efectividad momentánea de medidas de excepción, sino por la capacidad de consolidar respuestas institucionales rápidas, flexibles y sostenibles en el tiempo. La verdadera fortaleza de un Estado moderno radica en su habilidad para adaptar sus procesos organizacionales a la misma velocidad con la que las estructuras criminales mutan sus tácticas.
Superar la tentación del “liderazgo heroico” —aquel modelo tradicional que busca resolver problemas complejos a través de acciones inconexas pero con alta visualización— exige transitar decididamente hacia un liderazgo arquitectónico. Este enfoque no busca concentrar la acción en una sola figura o institución, sino diseñar, ensamblar y hacer funcionar el sistema interdisciplinario e intersectorial que la nación demanda.
Construir esa red estatal integrada capaz de articular inteligencia, sanción, tecnología y presencia territorial y participación ciudadana, constituye precisamente el mayor desafío de la conducción política. Es, en última instancia, la tarea estratégica que el Ministro del Interior tiene por delante como parte del encargo recibido: transformar la fragmentación actual y la inexistente colaboración en una arquitectura institucional sólida y perdurable —la estructura que dé soporte a la estrategia—.
