Recientemente el Ejecutivo, con el apoyo del Congreso, promulgaron una ley que permite a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones retirar de forma extraordinaria -por sexta vez en dos años- hasta S/18,400 de sus fondos. Recordemos que en el 2020 estos retiros permitieron a muchas familias sobrevivir a los efectos de la crisis del Covid19. Sin embargo, ya se hizo costumbre en nuestro país el promulgar este tipo de leyes populistas que no hacen más que descapitalizar el sistema previsional para que unos pocos -y no necesariamente los más vulnerables- se beneficien de los reiterados retiros “extraordinarios”.
Las cifras no mienten. Acorde a cifras del INEI, 15% de las familias que retiraron extraordinariamente fondos de las AFP pertenece al 40% más pobre de la población. Esto quiere decir que el 85% restante fueron familias pertenecientes a niveles socioeconómicos medios y altos, o sea, la gran mayoría. Asimismo, aproximadamente 2.3 millones de personas retiraron el 100% de su AFP entre el 2020 y 2021. De este grupo, los más afectados serían los de mayor edad, puesto que cuentan con menos tiempo para seguir aportando al sistema, lo cual conlleva a que las pensiones de jubilación que obtendrían serían bajísimas en comparación a lo que hubiesen obtenido de no haber retirado el 100% de lo aportado.
Si bien resulta necesario realizar modificaciones al sistema previsional, los innecesarios y reiterados retiros de los fondos de AFP no harán más que acentuar los problemas preexistentes como las bajas pensiones que se les ofrece a los jubilados y la limitada cobertura del sistema. Estas medidas no solo han dejado de beneficiar a las familias más vulnerables, contrariamente, se está generando que millones de peruanos se queden sin recursos para su vejez, creando costos fiscales que en el futuro tendremos que asumir todos. No hay lonche gratis.
Lo que está haciendo el actual gobierno es promulgar medidas populistas cada vez que puede. Algunos ejemplos de estas en los últimos meses son los retiros anticipados de las AFP, la eliminación del ISC a los combustibles de más bajo octanaje -solo como reacción a la crisis social del sector minero-, la paralización de proyectos mineros, entre otras. Si Pedro Castillo dejara de culpar a otros por los fracasos que su gobierno y sus funcionarios están causando, y empezara a gobernar, tal vez -y solo tal vez- podría entregar la banda presidencial el 28 de julio del 2026.