En el Congreso y los medios de comunicación, uno de los principales temas de debate es si el próximo presidente del Parlamento será uno de los impresentables acólitos de César Acuña o si existe una alternativa distinta.
Eso ocurre mientras el Perú se desintegra. La inflación ha alcanzado niveles que no se conocían desde hace muchísimos años, azuzada por el precio de los combustibles, los más altos en Latinoamérica. Si bien, por circunstancias internacionales, en todas partes han aumentado, aquí se han disparado porque los peruanos estamos pagando un monstruoso elefante blanco, la refinería de Talara (unos cinco mil millones de dólares), obra absurda de Ollanta Humala, Nadine Heredia y de todos los caviares y comunistas que la promovieron y respaldaron.
Como consecuencia de eso, se anuncia un paro de transportistas para el lunes 27, al que se plegarán probablemente muchos grupos descontentos y otros que quieren sacar provecho del caos y desgobierno.
Con el Perú en ebullición, el inepto que ocupa Palacio, se fue a su tierra, como hace con frecuencia para, entre otras cosas, reunirse con algunos oligarcas regionales de fortuna más que dudosa, espetar varias de las sandeces habituales (los peruanos reclaman desde hace 200 años internet) y quién sabe que otras trapacerías.
La situación, a pesar de lo desastrosa que pinta ahora, va a empeorar muchísimo en los próximos meses. Los ataques y paralizaciones de las más importantes minas del país han costado cientos de millones de dólares (US$ 770 millones, según la Sociedad de Minería), la pérdida de miles de empleos y un daño irreparable a la reputación del país, lo cual desalienta las inversiones e incentiva la huida de capitales.
Eso ocurrió cuando el precio de los metales estaba en alza. Ahora, por los problemas de China, los precios están disminuyendo, por tanto el Perú tendrá menos ingresos.
El otro sector que dinamiza la economía, las agro exportaciones y la agricultura en general, se están viendo perjudicadas por la escasez de fertilizantes y en los próximos meses el descenso de la producción afectará sobre todo a los más pobres. Y aquí, nuevamente, la incompetencia y corrupción del gobierno ha agravado el problema. Las compras de fertilizantes han fracasado y demorado porque los incapaces y rufianes que han puesto en cargos estatales no han podido adquirirlos rápidamente.
Ni qué decir de la violencia y la delincuencia. Los 14 muertos en Arequipa consecuencia del enfrentamiento de bandas de mineros ilegales es solo la punta del iceberg. Hace poco el policía Robert Grados fue asesinado a pedradas en Paiján por delincuentes a los que había detenido un mes antes –y que por supuesto fueron puestos en libertad-, sin que nada ocurra. (“Correo”, 24/6/22). Los delincuentes gobiernan desde Palacio y en las calles. Esa es la realidad.
Es decir, no es solo que estamos es una situación crítica, nos estamos hundiendo cada vez más en un abismo insondable de caos, corrupción, pobreza y quizá pronto, hambruna.
Entretanto, se discute intensamente si el próximo presidente del Congreso será un individuo de más que dudosos antecedentes, proveniente de una zona donde reina la minería ilegal, que ha respaldado al gobierno y que es el favorito de un oligarca regional que ahora es figura decisiva en la política nacional y controla una considerable bancada en el Congreso.
Quizá se logre evitar que eso ocurra. Pero las transacciones y componendas necesarias para impedirlo, que inevitablemente tendrán que hacerse con auténticas organizaciones delincuenciales que prevalecen en los predios congresales, ¿producirán un resultado necesario para conducir al país a una salida de la catástrofe que nos amenaza? ¿Algo menos malo que la peor opción será la solución? ¿Algo similar a lo que hay ahora puede ser una alternativa a la hecatombe?
En verdad, esa pregunta ni se pregunta.