El secuestro de periodistas de Cuarto Poder a manos de una ronda campesina en Cajamarca, ha dado lugar a que se develen otros casos de abusos brutales cometidos por esas organizaciones.
En realidad, no debería sorprender a nadie lo que ha ocurrido con las rondas. Si bien cuando nacieron, hace poco menos de 50 años, cumplían una labor reclamada en ciertos sectores rurales, combatir el abigeato, luego han degenerado en lo que ahora son —por lo menos muchas de ellas—, bandas violentas al servicio de autoridades locales corruptas o de caciques deshonestos que las utilizan en beneficio propio.
Además, son proclives a la superstición y a la violencia, aunque en muchos casos eso solo encubre venganzas personales y grupales.
El caso de las supuestas brujas en Pataz, mujeres torturadas brutalmente debido a acusaciones absurdas, es un ejemplo típico, que probablemente no se hubiera conocido —o no habría tenido la difusión que se le ha dado—, si no fuera por el muy publicitado secuestro de los periodistas.
No sería extraño que en Pataz alguien, por inconfesables intereses, haya denunciado y magnificado el caso de la supuesta brujería para perjudicar a personas con las que tenía algún problema. Y tuvo un resonante éxito en ese empeño.
En Lima y otras ciudades, los brujos y brujas se publicitan abiertamente, en carteles callejeros y por internet, y ofrecen los más variados servicios, desde indestructibles “amarres” con la pareja deseada hasta la cura del mal de ojo. Y, que se sepa, nadie los persigue ni tortura por ganarse la vida de esa manera.
En Chadín, es claro que el alcalde, que estaba en el negocio con la cuñada de Pedro Castillo, Yénifer Paredes, fue el que incitó o dirigió a los ronderos en su acción delincuencial. Lo primero que hicieron fue borrar los archivos de video que no le gustaban. Y luego obligaron a los periodistas, bajo amenaza, a una absurda “retractación” claramente política.
Otro caso es el que presentó Beto Ortiz en Willax, la de un dirigente de rondas que presuntamente asesinó a una joven mujer —según la familia de la víctima—. Por supuesto, está impune. Nadie se mete con las rondas y sus dirigentes, que usualmente están aliados a los políticos y autoridades locales, en un provechoso intercambio de favores. Y que, en cualquier caso, son capaces de movilizar a esas bandas para ejercer violencia contra quienes los importunen.
Las rondas son defendidas y alentadas por comunistas y caviares. Algunos han justificado descaradamente los atropellos conocidos, diciendo que en realidad no son tan violentos y que “son sus costumbres”. Otros critican los delitos señalados, aunque tramposamente insinúan que esos no son auténticos ronderos, al tiempo que exaltan a las rondas en abstracto.
En verdad, era previsible que sucediera lo que hoy se conoce. Si se les da poder a grupos organizados al margen del Estado para que ejerzan la violencia, y se les pone por encima de las leyes y las instituciones, con el pretexto del derecho consuetudinario, las tradiciones de los pueblos originarios o cualquier otro subterfugio, es obvio que se van a convertir en el instrumento de los poderes locales para obtener beneficios indebidos e ilícitos para sus jefes y patrocinadores.
Esto es parte también de la batalla cultural, legal y política que comunistas y caviares han ido ganado casi sin resistencia. O, peor aún, con la complicidad de quienes supuestamente se les oponen, como ocurrió precisamente con la aprobación en el Congreso de la ley para dar más poder y armar a las rondas (ley que todavía no ha sido derogada).
Hay que terminar con este doble estándar, reconocer y agradecer el papel que jugaron las rondas hace medio siglo combatiendo el abigeato, y acabar con los privilegios que tienen para usar la violencia indiscriminadamente contra quien le dé la gana quedando impunes. Simplemente que se les aplique las leyes vigentes. Nada más.