Una juez decidió suspender una ley aprobada por el Congreso que cambia algunos aspectos de la Sunedu. Una interferencia aberrante que ha empezado a hacerse común desde hace algunos años, cuando los caviares, que ya tenían un apreciable influencia en el sistema judicial, lo asaltaron y capturaron en alianza con Martín Vizcarra.
En efecto, hay jueces que le han prohibido al Congreso elegir a los miembros del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, justamente cuando esas elecciones no eran del agrado de los caviares. También impidieron la nominación de un miembro del Colegio de Abogados al Jurado Nacional de Elecciones, lo cual le permitió a Jorge Salas Arenas usar un cuestionable voto dirimente en un organismo incompleto y legalizar lo que una comisión del Congreso catalogó como un fraude electoral.
Y no se trata de jueces supremos con una reconocida trayectoria, acreditados por su honorabilidad, conocimiento e imparcialidad. No. Cualquier juecesillo, convenientemente aceitado por la mafia caviar, que tiene una influencia determinante en el sistema judicial, puede enmendar la decisión de un poder del Estado.
Así, una juez provisional, con tres días en el cargo, decidió suspender la ley promulgada por el Congreso realizando algunos cambios en Sunedu. (Expreso, 23/7/22).
Como bien ha señalado el jurista Martín Belaunde Moreyra, “ningún juez de cualquier instancia puede ordenar al Congreso que no legisle sobre Sunedu o cualquier otra materia porque viola o interfiere con el proceso legislativo. Solo el Tribunal Constitucional puede ordenar la derogatoria de una ley como resultado de una acción de inconstitucionalidad”.
Esa es una verdad evidente para cualquiera, pero no funciona en el Perú de los caviares.
El gran golpe lo dieron con el pretexto de una supuesta poderosa organización criminal a la que denominaron los “cuellos blancos del puerto”. En realidad, se trataba de una red de corrupción de jueces y funcionarios venales que intercambiaban favores y que vendían sentencias y puestos. Nada que no se conociera o sospechara en un Poder Judicial corrupto.
Pero la magnificaron hasta el infinito, desmesuradamente, con propósitos protervos. Toda la coalición vizcarrista se movilizó al completo empezando por las ONG caviares, que han hecho un trabajo persistente en el sistema judicial por décadas, adoctrinando magistrados y beneficiándolos con becas en el Perú y el extranjero, y promoviéndolos con sus poderosas redes.
Usaron a policías deshonestos que habían sido promovidos y endiosados desde el gobierno de PPK, que se prestaron al juego sucio. Sus periodistas consiguieron las primicias, convenientemente seleccionadas, para amplificar el efecto mediático que les convenía. Los medios de comunicación de esa coalición desplegaron todos sus recursos en ese empeño.
Y, por supuesto, el Lagarto utilizó todos los resortes del poder para desarrollar esa siniestra trama, que lo beneficiaba a él de muchas maneras: lo presentaba paradójicamente como un luchador anticorrupción y aumentaba su popularidad; a la vez que le permitía salir indemne de las comprobadas acusaciones de corrupción que pesaban sobre él.
Un gran golpe lo dieron cuando el Lagarto defenestró al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry e instaló en su lugar a la impresentable Zoraida Ávalos, que fue una pieza clave para la infinita cantidad de estropicios que se cometieron en los años siguientes. El otro gran golpe fue liquidar al corrupto Consejo Nacional de la Magistratura y reemplazarlo por una Junta de Justicia diseñada a la medida de esa coalición.
De ese modo, la influencia que tenían en el sistema judicial se transformó en un control enorme.
Un ejemplo clarísimo de como tuercen las cosas perversamente, es la persecución política a sus enemigos y la protección a sus amigos y aliados. A Keiko Fujimori, que no fue gobierno, la encarcelaron tres veces y la exhibieron enmarrocada y con el chaleco de detenida, propinándole un golpe político devastador. Hasta ahora, el fiscal politizado y prevaricador que lo hizo no puede presentar una acusación factible. A Alan García quisieron hacerle lo mismo y se suicidó.
En cambio, el Lagarto, sobre el que existen testigos y evidencias de sobra respecto a la corrupción de cuando fue gobernador de Moquegua, se pasea libremente por el país sin problemas. Y nada, por supuesto, de la corrupción y el desastre sanitario de cuando ocupó la presidencia de la República.
La ex alcaldesa Susana Villarán, que admitió que recibió coimas y los funcionarios del municipio que están en la misma situación, están libres, al igual que el ex premier de Vizcarra, César Villanueva.
Aquí no pasa nada.
Esta situación no puede ser resuelta en el marco institucional existente, que se ha convertido en un círculo vicioso que es imposible de reformar con los instrumentos de la democracia fallida que existe en el Perú.
Se requieren soluciones rápidas y radicales.