Hace mucho tiempo que el gobierno de Pedro Castillo ha perdido la credibilidad. Esta situación de debilidad impide que se llegue a algún tipo de consenso por la sencilla razón que los acuerdos exigen de un mínimo de confianza. Lo podemos ver en cuanto conflicto sucede en el país donde se repite cual modelo el problema conflictivo, la llegada de ministros, la abundancia de promesas, el incumplimiento de las mismas y el inicio de las protestas. El ciclo se repite como patrón, esta vez con transportistas y trabajadores del campo, que van al paro y a la huelga por incumplimientos de ofrecimientos por parte del gobierno central.
Cuando surge un conflicto el primer eslabón de la solución corre por cuenta del gobierno de turno. Cuenta con el apoyo del gobierno regional o local y, en la mayoría de los casos, de los congresistas de la zona. En periodos anteriores esto era un factor gravitante para llegar a la solución. Ahora son parte del problema. La crisis de credibilidad se extiende a los gobiernos regionales y locales y al Congreso y sus representantes en general. La falta de intermediarios reconocidos como tales por los involucrados en el conflicto es vital para encontrar una solución, pero, ¿qué sucede cuando no se reconoce a los intermediarios porque tampoco se confía en ellos o simplemente tampoco tienen credibilidad?
Los problemas por ello se vienen agudizando y, en el paro anunciado de transportistas y agricultores, es obvio que uno de los mecanismos de presión será el desabastecimiento de alimentos en Lima Metropolitana, tan es así, que ha sido anunciado, como advertencia, por los promotores de la huelga. Ante ello, el gobierno ha fracasado en su intentona de solucionar el problema, cuestión previsible, pues una administración agobiada por la corrupción pierde rápidamente el respeto.
Dicen que este tipo de situaciones, extremas, hacen que los involucrados pierdan la cabeza y la vergüenza. Esa puede ser la explicación para que el gobierno acorralado presente proyectos de ley que buscan censurar, limitar la libertad de prensa, metiendo presos a los involucrados en brindar información que obra en poder de la Fiscalía o, peor aún, proyectos de reforma constitucional que buscan librar al presidente Castillo del antejuicio político.
Sabemos que el presidente Castillo ha mostrado ignorancia en muchos actos públicos. Es un dato de la realidad. Parece que la misma ignorancia abate a sus ministros, pues no se han dado cuenta que en nuestro país no se puede dar leyes con nombre propio. El proyecto de Ley presentado, de sacar del ámbito del Congreso el antejuicio político, busca beneficiar a Pedro Castillo. Y ello no se puede permitir.