Hay fechas que cierran ciclos, y el 26 de noviembre, salvo un terremoto jurídico, cerrará el de Martín Vizcarra. El expresidente —que alguna vez disfrutó de la aprobación más alta de la región— enfrenta la audiencia donde se leerá la sentencia del caso Lomas de Ilo. Lo que empezó como una investigación provincial terminó convertido en la prueba más devastadora contra el mito del héroe anticorrupción. Detrás de los videos desde un avión, detrás de los discursos de “no me voy a fugar”, hay un expediente armado durante más de ocho años, lleno de peritajes, declaraciones de colaboradores eficaces, correos, ampliaciones fiscales y movimientos financieros que lo persiguen como sombra propia, no como conspiración.
El expediente no es pequeño. Comienza en el 2013, cuando Vizcarra, en ese entonces gobernador regional de Moquegua, adjudicó la obra Lomas de Ilo al consorcio Obrainsa-Astaldi. Según la Fiscalía, hubo reuniones previas, coordinaciones indebidas y presuntos pagos encubiertos que, en el lenguaje jurídico, constituyen “cohecho pasivo propio”. No se trata de una sospecha difusa: la acusación se apoya en declaraciones específicas de empresarios, entregas de dinero narradas con detalle, y un patrón que, según el Ministerio Público, coincide con el de la obra del Hospital de Moquegua, otro caso donde también se ha acumulado información comprometedora. Para la Fiscalía, no fue un accidente, fue un método.
La ruta de la reincidencia
El golpe para Vizcarra se profundiza porque Lomas de Ilo no es un caso aislado, sino parte de un corredor de obras regionales bajo investigación. El Poder Judicial acaba de ordenar un segundo juicio por el mismo paquete de irregularidades, lo que agrava su situación. Además, Vizcarra tiene en paralelo investigaciones activas por Vacunagate, por la contratación de Richard Swing, y por presuntas declaraciones falsas que derivaron en su inhabilitación política. Aunque no todas derivarán en cárcel, todas construyen un relato consecuente: Vizcarra dejó demasiados cabos sueltos.
La paradoja es evidente. Vizcarra construyó su fama como destructor de instituciones después que disolvió el Congreso. Incluso hasta se dedicó a satanizar partidos políticos opositores. Pero jamás imaginó que sus propias decisiones regionales volverían para ajustar cuentas. Esa es ahora su tragedia política.
El mártir por encargo
En esta etapa final, su defensa ha apostado por presentarlo como víctima. Pero esa estrategia pierde fuerza cuando el expediente está compuesto por 49 tomos, 12 audiencias de control de acusación, 5 ampliaciones fiscales y un conjunto de testimonios que coinciden en la mecánica del presunto pago. No es un caso armado en tiempo de elecciones, sino un proceso que viene caminando desde mucho antes de su presidencia.
Según fuentes judiciales citadas por Canal N, la Sala Penal ya tendría una posición sólida respecto a la responsabilidad penal del expresidente. El abogado Carlos Caro ha declarado que el fallo será probablemente condenatorio, porque la estructura probatoria es consistente con otros casos similares. Esa es la razón por la que Vizcarra ha intensificado su presencia en medios: no está construyendo una defensa jurídica, sino una defensa narrativa para después de la sentencia.
Su equipo trabaja la idea de que la condena será “injusta” y “política”. Pero esa narrativa no supera un dato clave: el caso tiene origen y desarrollo fuera de cualquier ciclo electoral, y existen audios, declaraciones y actos administrativos que anteceden a los supuestos perseguidores de hoy.
Impacto político inmediato
El impacto político es enorme porque Vizcarra arrastraba un voto fiel, casi emocional. Para una parte del electorado, él representaba el castigo contra la clase política tradicional. Ahora, esa base queda huérfana y deberá reubicarse. Ese desplazamiento de voto moverá fichas. Los outsiders pueden capturar ese malestar. La ausencia de Vizcarra en campaña elimina a un competidor directo para el centro populista y fortalece a quienes apuestan al resentimiento contra el sistema.
El otro efecto es más profundo: el mensaje simbólico de un expresidente moralista condenado destruye lo poco que quedaba del prestigio institucional. La ciudadanía recibe otro golpe psicológico: si hasta el campeón anticorrupción habría cobrado coimas, entonces “todos son iguales”. Esa narrativa oscura alimenta la desafección, quiebra la confianza social y refuerza la idea del outsider mesiánico. Vizcarra, sin quererlo, abre la puerta para candidatos más peligrosos que él.
Una condena inmediata tendría tres efectos: destruye su figura moral, pulveriza su movimiento político y envía un mensaje implacable al país: ningún presidente, ni siquiera el que se pretendió más puro, escapa al sistema penal que él mismo ayudó a reforzar. Su prisión sería el final definitivo del “vizcarrismo” como marca, como narrativa, como refugio emocional.
Lo que ocurrirá este 26 de noviembre será un cierre histórico. El Lagarto Vizcarra se subió al pedestal ético para golpear a todos. Ahora debe enfrentarse al mismo estándar que impuso. Su sentencia es el espejo final: no hay mito que sobreviva a un expediente sólido.
