Occidente no se encuentra ante una encrucijada futura entre el orden y el caos, como gustan fingir quienes siempre llegan tarde a la realidad y temprano al escándalo. El orden ya está regresando. No como promesa ni como consigna electoral, sino como reacción histórica. Lo que hoy se debate, con indignación teatral y retórica inflamada, no es su legitimidad, sino la incomodidad de aceptar por qué se volvió inevitable. Durante más de una década se cultivó con obstinación una pedagogía de la irresponsabilidad, una negación sistemática de la consecuencia, hasta romper el vínculo elemental entre decisión y responsabilidad, tanto en la vida privada como en la administración de lo público. El resultado no exige marcos teóricos sofisticados. Basta caminar por cualquier ciudad occidental sin anestesia ideológica.
El reciente cambio de retórica del gobierno de Donald Trump no debe entenderse como una anécdota electoral ni como una simple variación de tono. Es la verbalización de un hartazgo profundo, acumulado durante años, frente a una cultura política que confundió contención con rendición y sensibilidad con parálisis. Se abandonó el lenguaje culposo, vacilante y moralmente acomplejado frente al crimen, la migración ilegal y el desorden urbano, para recuperar una verdad antigua y esencial: la autoridad existe para ejercer poder, no para disculparse por hacerlo. Las redadas de ICE, el endurecimiento del law enforcement, la recuperación del control territorial y la reactivación de la presencia estatal no son gestos simbólicos ni provocaciones estéticas. Son respuestas tardías a una decadencia prolongada que se prefirió negar antes que enfrentar.
La degradación urbana no es una percepción subjetiva ni una exageración nostálgica. Es un hecho material, persistente y mensurable. Drogadicción abierta convertida en paisaje, violencia latente normalizada, caos estético elevado a estética oficial, hipersexualización del espacio público, suciedad crónica, comercio informal agresivo y zonas enteras donde el Estado se retiró, dejando un vacío que el crimen ocupó con rapidez. Estos entornos no solo resultan desagradables; son psicológicamente corrosivos. El ser humano reacciona con ansiedad ante la imprevisibilidad y el desorden. Negar este hecho elemental no es empatía social, sino una forma sofisticada de crueldad.
Nada de lo ocurrido fue accidental. Fue político, ideológico y deliberado. Durante años se redefinió la autoridad como opresión, el castigo como crueldad y la consecuencia como injusticia estructural. En nombre de una empatía abstracta se abandonó al ciudadano concreto. Se deslegitimó a la policía, se paralizó la justicia y se convirtió al Estado en un administrador culpable, temeroso de ejercer la coerción que justifica su existencia. La consigna no escrita fue clara: comprender siempre, corregir nunca. Y cuando corregir se volvió inevitable, hacerlo tarde y mal.
A esta renuncia se sumó la desinstitucionalización de la enfermedad mental, presentada como un avance humanitario cuando en realidad fue una evasión masiva de responsabilidad. Se cerraron espacios de contención sin construir alternativas funcionales y se arrojó el problema al espacio público, no por compasión, sino por comodidad moral. Lo que antes se trataba, hoy se tolera; lo que antes se contenía, hoy se exhibe como prueba de progreso. El costo lo paga la población funcional, obligada a convivir con la amenaza permanente de lo imprevisible, mientras se le exige además celebrar esa convivencia como virtud cívica.
Este clima produjo una sociedad feminizada en su lógica política e infantilizada en su comportamiento social. No en términos biológicos, sino morales y funcionales. La emoción desplazó a la norma, la intención sustituyó al resultado y la victimización se convirtió en capital simbólico. El adulto acepta consecuencias; el niño las niega. Durante años, Occidente decidió comportarse como un niño y ahora reacciona con sorpresa y resentimiento cuando alguien le recuerda que el mundo no funciona a base de deseos ni de consignas.
La infantilización no es un rasgo anecdótico, sino el núcleo del problema. Adultos incapaces de tolerar el límite, de asumir errores, de aceptar que toda decisión implica un costo. Individuos que exigen derechos como garantías naturales y viven cualquier corrección como una agresión. Esta incapacidad, tolerable en lo privado, se vuelve devastadora cuando se amplifica a escala colectiva. Una sociedad que rechaza la consecuencia se vuelve ingobernable, y una sociedad ingobernable termina siendo gobernada por la fuerza que antes se negó a ejercer.
La destrucción del modelo familiar terminó de sellar el proceso. Las ciudades dejaron de pensarse para padres, madres e hijos y se rediseñaron para individuos solitarios, transitorios, consumidores perpetuos sin responsabilidad intergeneracional. Viviendas mínimas, vínculos frágiles, comunidades inexistentes. Donde no hay familia, no hay horizonte; donde no hay horizonte, no hay cuidado del espacio común. El orden no se sostiene en discursos ni en decretos, sino en aquello que merece ser protegido y en quienes están dispuestos a hacerlo.
Por eso hoy, cuando el Estado vuelve a ejercer autoridad, el escándalo es inmediato. Pero la imposición del orden no nace de un impulso autoritario ni de una pulsión represiva, sino del agotamiento. Cuando la consecuencia desaparece de la vida cotidiana, regresa amplificada desde arriba. No como pedagogía, sino como corrección. No es ideología: es una constante histórica.
En el Perú, la militarización de la seguridad responde a una realidad que desbordó hace tiempo a la policía y al sistema judicial. Extorsión generalizada, sicariato, minería ilegal, narcotráfico y contrabando han convertido amplias zonas del país en territorios disputados. La cooperación con fuerzas estadounidenses, incluidos los Navy SEALs, no obedece a filantropía ni a afinidades morales. Responde a una lógica geopolítica elemental. A Estados Unidos no le interesa el Perú por afecto, sino por estabilidad hemisférica, protección de rutas estratégicas y contención de vacíos de poder que siempre terminan siendo ocupados por algo peor.
Quienes hoy rasgan vestiduras ante la restauración del orden omiten una verdad incómoda: no fue el Estado quien rompió primero el pacto civilizatorio. Fue una élite política y cultural que decidió proteger al infractor, infantilizar al ciudadano y negar la realidad hasta que el deterioro se volvió ingobernable. El orden que vuelve no es bello porque no se permitió que fuera gradual; es áspero porque se lo pospuso demasiado.
La pregunta ya no es si estas medidas son duras. Lo son. La pregunta es por qué se llegó a este punto. Y la respuesta es sencilla: una civilización que huye de la consecuencia termina siendo corregida por ella. El orden no es una opción moral ni una preferencia ideológica; es la condición mínima para que algo merezca seguir existiendo.
Hay además un elemento que suele omitirse por incomodidad intelectual. El orden no solo protege bienes materiales o reduce estadísticas delictivas; ordena el alma colectiva. Las sociedades no colapsan primero por hambre o pobreza, sino por pérdida de sentido, por la disolución de las fronteras morales que permiten distinguir lo tolerable de lo inadmisible. Cuando todo es negociable y toda conducta encuentra una coartada emocional, el ciudadano deja de confiar en el espacio común y se repliega en el miedo o el cinismo. El orden no es solo una función policial; es una pedagogía silenciosa que recuerda que no todo vale.
Durante años se intentó reemplazar esa pedagogía por una retórica terapéutica. El delincuente fue redefinido como víctima, el infractor como incomprendido y la violencia como producto del entorno. Cada acto fue explicado hasta perder gravedad, cada falta diluida en causas externas. El resultado fue una inversión perversa del sentido moral: el ciudadano que exige protección es acusado de intolerancia, mientras el infractor recibe comprensión infinita. Esta inversión no produce sociedades más justas, sino sociedades paralizadas.
La reacción actual responde a una verdad histórica recurrente: la autoridad que no se ejerce se pierde, y la que se pierde debe ser recuperada con mayor costo. El orden que se impone hoy habría sido innecesario si el límite se hubiera sostenido ayer. Pero la renuncia prolongada convierte toda corrección en trauma colectivo, no porque sea injusta, sino porque una sociedad infantilizada interpreta cualquier límite como violencia.
En este contexto, la defensa del law enforcement no es una postura ideológica extrema, sino una posición de realismo político elemental. Sin policía respaldada, sin justicia operativa y sin capacidad coercitiva creíble, el Estado se convierte en una ficción administrativa. Y cuando el Estado abdica, no emerge una comunidad virtuosa, sino poderes informales, criminales o tribales, siempre más brutales y menos responsables.
La dimensión hemisférica del proceso tampoco puede ser ignorada. La presencia militar estadounidense en América no responde a una cruzada moral ni a un deseo de tutela cultural, sino a una lógica estratégica transparente. Las potencias no intervienen para salvar almas, sino para proteger intereses. Uno de ellos es impedir que el desorden, el crimen transnacional y los vacíos de poder se conviertan en amenazas sistémicas.
Lo que estamos presenciando no es el nacimiento de un autoritarismo nuevo, sino el cierre abrupto de una fantasía prolongada: la de que se podía disolver la autoridad sin consecuencias, infantilizar al ciudadano sin costo y destruir el orden familiar, urbano y simbólico sin que la realidad reclamara su deuda. La historia, cuando cobra, no ofrece planes de pago.
El orden que regresa no es amable ni inclusivo ni estéticamente agradable. No lo será. Porque llega tarde. Porque se lo ridiculizó cuando aún podía ejercerse con mesura. Ahora vuelve como vuelven siempre las cosas necesarias cuando se las ignora demasiado tiempo: sin pedir permiso, sin pedir disculpas y sin preocuparse por la sensibilidad de quienes confundieron civilización con comodidad.
