Hay una cifra que el Perú ha aprendido a pronunciar sin inmutarse: 70,7%. Siete de cada diez trabajadores peruanos operan fuera de la ley. No ocasionalmente, sino como condición permanente. Las estadísticas del INEI para el periodo abril 2024-marzo 2025 lo confirman: el 70,7% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Nos hemos acostumbrado al fracaso.
Cuando siete de cada diez personas están “fuera de la ley”, el problema deja de ser moral y se vuelve estructural. La legislación laboral peruana protege intensamente al 29,3% de trabajadores formales mientras condena al resto a un limbo donde las “protecciones” existen solo en el papel. Es un sistema que no integra: expulsa.
Permítanme ilustrar la aritmética perversa con un ejemplo. Una panadería en un distrito popular genera ocho mil soles mensuales de utilidad. Necesita un ayudante cuyo trabajo justificaría pagar mil doscientos soles. Pero el costo real no es mil doscientos. Es mil setecientos cuarenta cuando sumamos gratificaciones, CTS, EsSalud y vacaciones. Ese ayudante consumiría el 22% de las utilidades totales. No por productividad, sino por el costo de cumplir la ley.
El costo total de un trabajador formal supera en 45% su salario de bolsillo. Para microempresas, esto no es un detalle técnico. Es una barrera insalvable. Cuando el costo de cumplir la ley excede la productividad del puesto, la informalidad se convierte en decisión racional.
Pero hay algo peor que el costo: la incertidumbre. El sistema presume el contrato indefinido como norma y castiga cualquier error administrativo con severidad desproporcionada. La figura del despido nulo permite la reposición obligatoria del trabajador incluso cuando existe causa justificada. El riesgo es ilimitado. Nadie invierte ni contrata bajo reglas impredecibles. La rigidez contractual convierte cada contratación en un acto defensivo.
La fiscalización agrava el problema. SUNAFIL actúa como si la informalidad fuera siempre dolosa. Las multas van desde S/240 para microempresas hasta más de S/280,000 para empresas grandes. Multar no formaliza. Solo empuja a operar en la sombra. Lo kafkiano es
que el 95% de las inspecciones se concentran en el sector formal. El Estado fiscaliza al 30% que ya cumple mientras el 70% informal opera sin presión.
La comparación regional no deja lugar al consuelo. Chile mantiene informalidad entre 22% y 26%. Uruguay registra 22%. Colombia se mueve en torno al 55%. El Perú, con su 70,7%, duplica los niveles de los países más formales. La diferencia no es cultural ni económica. Es institucional. Chile combina costos predecibles con flexibilidad regulada. Uruguay tiene reglas claras. El Perú ha construido un sistema donde contratar es caro, despedir es impredecible, y el Estado fiscaliza sin reformar.
Una reforma seria debe atacar tres frentes simultáneamente. Primero, modernizar beneficios obligatorios sin eliminarlos. Las gratificaciones podrían unificarse en un bono flexible según estacionalidad del negocio. La CTS debería convertirse en seguro de desempleo genuino con portabilidad entre empleos. Los aportes a EsSalud podrían graduarse: 4% el primer año, 6% el segundo, 9% a partir del tercero. El objetivo no es desproteger sino redistribuir costos para que más trabajadores accedan a la formalidad.
Segundo, certidumbre contractual. Permitir contratos temporales de hasta 24 meses sin justificación, con conversión automática a indefinido después. Establecer indemnización
tasada que cualquiera pueda calcular. Limitar el despido nulo a discriminación probada. Un periodo de prueba genuino de seis meses reduciría el miedo a contratar.
Tercero, fiscalización inteligente. SUNAFIL debe dar 90 días para regularizar antes de multar. Para microempresas, permitir cumplir 50% de obligaciones el primer año, 100% al tercero. E incentivos fiscales: reducir Impuesto a la Renta por cada trabajador formalizado.
El problema de fondo es que Perú nunca ha tenido una política de formalización seria. Ha tenido parches que cambian con cada gobierno. La formalización masiva tomará una generación completa. Chile, Uruguay y Colombia necesitaron décadas de reformas consistentes.
Una ley laboral que no se puede cumplir no protege al trabajador: lo deja fuera del sistema. Mientras confundamos derechos laborales con rigidez legal, la informalidad seguirá siendo nuestra verdadera política de empleo. Es hora de elegir entre la formalidad posible —con beneficios reales pero menores a lo ideal— y la perfección imposible, con derechos infinitos en el papel y cero protección en la realidad.
La comparación regional debería avergonzarnos. Países con menores recursos han logrado niveles de formalidad que Perú ni siquiera proyecta. No porque tengan mejor gente, sino porque tienen mejores reglas.
La ley laboral que expulsa al trabajador seguirá expulsándolo hasta que decidamos cambiarla. La pregunta no es si podemos permitirnos reformar. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo.
