La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos, según cifras oficiales, delitos como el robo, la violencia callejera y la extorsión afectan hoy de manera directa a hogares, pequeños negocios y espacios públicos, haciendo que el primer foco de atención para cualquier candidato tenga que si o si ser la seguridad. Sin un buen plan de seguridad nuestro país seguirá siendo un baño de sangre.
Por ello, es necesario observar algunos planes de gobierno plausibles y viables para nuestro escenario actual.
José Williams — Avanza País
El gran comando Chavín de Huántar, que trata de revivir la candidatura luego del inesperado retiro de Phillip Butters, enfoca su propuesta de seguridad ciudadana en una concepción integral del orden público y la importancia de la autoridad del Estado.
Se plantea una reforma profunda del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional (PNP), basada en una separación de funciones. El MININTER asumiría un rol estrictamente normativo, estratégico y de supervisión, mientras que la PNP concentraría la gestión directa de inversiones, adquisiciones y operaciones policiales. Este rediseño institucional busca reducir la burocracia, eliminar duplicidades y establecer un modelo de gestión por resultados.
El plan también aborda de manera directa el incremento del delito callejero, priorizando una mayor presencia policial en zonas de alta incidencia mediante el uso de mapas de calor y herramientas de inteligencia artificial. Se plantea la ampliación del sistema de emergencias 105, la simplificación de los procedimientos de denuncia y el endurecimiento de las sanciones contra los mercados ilegales de bienes robados.
Ante ello, también se propone la incorporación de fiscalías y juzgados en las comisarías, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta judicial.
Respecto a la lucha contra la extorsión, se plantea la implementación de un sistema avanzado de inteligencia financiera y digital para el seguimiento de comunicaciones y flujos de dinero ilícito, facilitando el acceso rápido al secreto bancario bajo control judicial. Asimismo, se propone la creación de una Unidad Antiextorsión especializada en la protección de las micro y pequeñas empresas, mecanismos de denuncia completamente anónimos y la congelación inmediata de cuentas utilizadas para actividades extorsivas, con procedimientos acelerados para la devolución del dinero a las víctimas.
También se promete la incorporación de 60.000 nuevos efectivos y con ello un “shock de inversiones” en equipamiento e infraestructura, orientado a cerrar brechas críticas en patrullaje, conectividad y servicios básicos en las comisarías.
Finalmente, se plantea la reorganización del INPE, el endurecimiento del régimen disciplinario y la ampliación de la infraestructura penitenciaria, incluyendo establecimientos de alta seguridad para internos de mayor peligrosidad.
En conjunto, las propuestas de Avanza País configuran un modelo de seguridad basado en la mejora de la institucionalidad y la eficacia con el uso de nuevas herramientas.
Carlos Espá — Sí Creo
El eje principal propuesto por quien pretende ser el nuevo rostro de la derecha liberal peruana radica en función de la prevención del delito, entendida como una política pública sostenida en donde se establece una estrategia en tres niveles. En la prevención primaria, el Estado interviene antes de que el delito aparezca, promoviendo cultura, deporte, empleo juvenil y la recuperación de espacios públicos. En la prevención secundaria, se actúa directamente sobre pandillas, grupos de riesgo y focos de violencia mediante intervención focalizada. Finalmente, en la prevención terciaria, se implementan programas reales de salida del delito para internos, con acompañamiento psicológico, educación y participación activa de las familias de las víctimas.
El segundo eje de propuestas es el refuerzo inmediato de la fuerza policial. Para ello, se propone la creación de una Policía Militar, incorporando hasta el 40% de los egresados del servicio militar voluntario. Esta medida permite aumentar rápidamente el número de efectivos y reducir los costos de formación básica. Asimismo, se prioriza el reclutamiento femenino y se plantea una reforma total de las academias policiales.
El tercer eje se centra en el control efectivo del sistema penitenciario. Se propone el uso de grilletes electrónicos para delincuentes primerizos no violentos, reduciendo el hacinamiento y los costos que esto trae. A ello se suma un plan de movilidad penitenciaria continua para criminales de alta peligrosidad, rotándolos permanentemente entre penales con el fin de cortar redes de comunicación.
El cuarto eje aborda la infraestructura penitenciaria. Esta propuesta contempla la construcción de al menos tres nuevos penales de alta seguridad, ubicados lejos de centros urbanos. El financiamiento se realizará mediante cooperación internacional, especialmente con la CAF; es decir, el Banco de Desarrollo de América Latina.
En general, la propuesta de seguridad de Carlos Espá se basa en una visión de mano firme con cabeza fría, orientada a recuperar la calle, restablecer el principio de autoridad.
Rafael López-Aliaga — Renovación Popular
El Plan de ‘Porky’ adopta un enfoque integral de carácter coercitivo–institucional, que prioriza la acción operativa del Estado y la recuperación del orden.
Uno de sus planteamientos centrales es fortalecer el rol constitucional de la Policía, dotándola de respaldo político explícito, mayores herramientas legales y centralidad operativa. El planteamiento parte de la premisa de que la criminalidad ha avanzado en contextos donde la acción policial ha sido limitada por excesos normativos, judicialización preventiva y falta de protección institucional. En esta misma lógica, se propone la creación de una Policía Municipal como cuerpo complementario orientado al control territorial local.
Además, el plan introduce la creación de Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, concebidas como fuerzas operativas interinstitucionales que integran a la Policía Nacional, los serenazgos municipales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos locales y organizaciones sociales. Estas unidades están diseñadas para intervenir de manera focalizada en zonas de alta incidencia delictiva. El objetivo no es únicamente el ingreso puntual del Estado, sino la ocupación sostenida del territorio generando un efecto de disuasión.
Un componente transversal del plan es el fortalecimiento del sistema de inteligencia criminal. Se prioriza el uso sistemático de agentes encubiertos, operaciones de infiltración e inteligencia especializada. En este marco, se plantea un convenio estratégico con el Gobierno de los Estados Unidos orientado a la transferencia de tecnología de inteligencia, capacitación especializada, cooperación operativa y mecanismos de extradición inmediata de cabecillas criminales vinculados al terrorismo urbano.
Por otro lado, el plan contempla la expansión de sistemas de videovigilancia urbana, la integración tecnológica entre municipios, la Policía Nacional y otros niveles de gobierno, así como el monitoreo permanente de zonas críticas. Esta infraestructura tecnológica busca reducir los tiempos de respuesta, mejorar la capacidad de prevención del delito y fortalecer los procesos de identificación y persecución criminal.
A su vez, el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional ocupa un lugar central en la propuesta. Se plantea una política de revalorización de la función policial orientada al bienestar de la familia policial, la profesionalización y la formación continua. La creación del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Policía y la Seguridad busca dotar a la PNP de capacidades propias de análisis, innovación y mejora operativa.
Complementariamente, se propone el ingreso directo de personal licenciado de las Fuerzas Armadas a la PNP, con el objetivo de fortalecer el capital humano policial.
En síntesis, el Plan de Seguridad Ciudadana de Renovación Popular propone un modelo de seguridad firme, centralizado y orientado a la acción operativa conjunto a la revalorización institucional de las fuerzas del orden.
En conjunto, las propuestas de José Williams, Carlos Espá y Rafael López Aliaga muestran que, desde distintas aproximaciones dentro del espectro de la derecha peruana, existe un diagnóstico compartido sobre la necesidad de recuperar el orden, reforzar la autoridad del Estado y mejorar la eficacia de nuestras instituciones. Cada candidatura ofrece un camino para enfrentar uno de los problemas más urgentes del país, ya queda en sus manos por cual optar de forma en los comicios.
