Un gerente de planta mira su presupuesto anual y observa, con claridad incómoda, dónde se le escapa el margen: merma, reprocesos, tiempos muertos, variabilidad de calidad. Sabe que existe tecnología para mejorar la productividad como sensores simples, pruebas de nuevos materiales, automatización liviana, un rediseño de empaque, o un software que convierta los datos operativos en decisiones. Eso, en el mundo real, es innovación aplicada. Y casi siempre es gasto operativo, o como se le conoce en la sigla en inglés OPEX: horas de ingenieros, pilotos, iteraciones, consultorías, pruebas. El reto es que, bajo el marco legal actual, ese OPEX no siempre llega a tener un incentivo diferenciado que acelere la decisión de innovar dentro de la empresa; y muchas veces, por coyuntura y urgencias del día a día, esas iniciativas se desestiman y pasan al olvido.
Han pasado más de diez años desde la aprobación de la Ley 30309, concebida en un país donde repetimos una idea con razón: que el Perú necesita generar más valor agregado y no vivir solo de volumen o precio. Esa fue la lógica del incentivo: empujar a las empresas a invertir en investigación, desarrollo e innovación para competir mejor. Hoy es un buen momento para evaluar resultados, reconocer lo que sí funcionó y proponer ajustes para que el beneficio se expanda y sea más accesible, dejando de ser un mecanismo de nicho y convirtiéndose en un motor masivo de productividad.
La mayor observación, desde mi punto de vista, es que el marco legal termina incentivando la inversión como si la innovación fuera un evento certificable por una entidad externa a la empresa, cuando la lógica natural de innovar es iterar, ajustar y ejecutar dentro de la operación sin depender de una autorización previa de terceros. En las siguientes líneas explico esta percepción y propongo ideas para que la iniciativa sea más simple, más rápida y más útil para instalar cultura de innovación en las empresas.
Qué promete la ley, y qué exige a cambio
La Ley 30309 ofrece una deducción adicional por gastos en proyectos de I+D+i. El enfoque es correcto: si innovar cuesta, reducir el costo efectivo puede destrabar decisiones que de otro modo se postergan. Los obstáculos aparecen cuando el acceso al beneficio queda atado a un proceso de calificación y autorización por una entidad ajena a la empresa.
En sencillo, para aplicar la deducción adicional, la empresa debe contar con proyectos que cumplan requisitos y que hayan sido calificados dentro del marco de la norma. En la práctica, CONCYTEC actúa como “gatekeeper” técnico: califica el proyecto como I+D+i y, con ello, habilita el acceso al régimen tributario. Además, la ley empuja control por proyecto, cuentas de control y trazabilidad para verificar ejecución y gastos. Desde la perspectiva fiscal, es comprensible; desde la perspectiva empresarial, el costo de transacción es alto, sobre todo cuando la innovación real se ejecuta por iteraciones rápidas.
Cómo define “innovación” la Ley 30309
La definición de “innovación tecnológica” en la ley es amplia y, en principio, alineada a la realidad empresarial: interacción entre oportunidades de mercado y capacidades de la empresa, con creación o mejoras tecnológicas significativas en productos, procesos o servicios.
Aquí vale una precisión breve. Mejora continua e innovación no son lo mismo. La mejora continua es eficiencia cotidiana con bajo riesgo. La innovación tiene mayor incertidumbre, requiere experimentación y puede fallar. Por eso tiene sentido que exista un incentivo público. El problema es que, en la práctica, la frontera se vuelve difusa en innovación de proceso: pilotos y prototipos que empiezan como “mejoras” pero terminan cambiando productividad de forma estructural. Si el marco vuelve costoso clasificar y sustentar esa transición, muchas empresas simplemente la postergan.
La pregunta incómoda: ¿por qué una decisión empresarial debe validarse como concurso?
El objetivo oficial es evitar abuso: que gastos rutinarios se disfracen de I+D+i. Ese riesgo existe. Pero la norma actual genera tres efectos no deseados. Primero, burocratiza el ciclo de innovación, que por naturaleza es iteración. En startups se resume con una frase: “fail fast”. No como culto al fracaso, sino como disciplina para probar rápido, aprender rápido y corregir antes de quemar tiempo y presupuesto. Cuando el incentivo exige validación previa y documentación extensa, se frena esa dinámica, se encarece el aprendizaje y se premia lo que se documenta mejor, no necesariamente lo que se aprende más rápido.Segundo, penaliza la innovación incremental, que es la forma más común de innovar en sectores productivos: mejoras pequeñas, frecuentes y medibles. Si calificar la propuesta cuesta casi lo mismo que ejecutar, muchas empresas ejecutan sin beneficio o no ejecutan. Tercero, desplaza el centro de gravedad: en lugar de nacer en la operación, la innovación se vuelve un expediente empujado por el área contable o consultores, y no por la urgencia competitiva de la planta o del campo.
Parafraseando a Hayek, cuando un sistema burocrático premia el seguimiento de reglas por encima del criterio, termina seleccionando a quienes administran el procedimiento, no a quienes se responsabilizan por el resultado. Esto no es teoría. Es un tema de adopción.
Métricas de la ley 30309, fue exitosa?
De acuerdo con reportes de CONCYTEC, desde 2016 hasta diciembre de 2025 se aprobaron 260 proyectos bajo el marco de la ley, que representan más de S/ 407 millones de inversión privada en I+D+i. Es un dato positivo, pero también una señal: para casi una década, el número de proyectos luce acotado frente al tamaño y diversidad de la economía peruana.
Aquí entra un proxy útil para medir complejidad: cuántas empresas lo usan y, dentro de ellas, cuántas son consideradas “grandes”?. En enero de 2026, una entrevista en Gestión citó que 66 empresas obtuvieron el beneficio tributario y que el régimen sigue vigente hasta 2028.
Hagámos una reflexión, sólo 66 empresas!…. esto refleja la alta exigencia que representa para ellas el proceso para conseguir el beneficio tributario.
Dicho eso, sería injusto tratar la Ley 30309 no fue exitosa; el hecho es que ha tenido un efecto positivo: ha puesto el lenguaje de I+D+i en la mesa, ha fortalecido capacidades en universidades, centros de investigación e institutos, y ha creado puentes iniciales con empresas para convertir problemas productivos en proyectos con metodología. El punto es que esa cultura, que se consolidó más en el lado de la oferta de conocimiento; ahora necesita moverse al lugar donde se multiplica la productividad: la empresa.
El elefante en la sala: el Perú invierte muy poco en I+D
Según reportes de CONCYTEC, el gasto en I+D como porcentaje del PBI en el Perú se ha movido aproximadamente en el rango de 0.12% a 0.17%. Es un piso demasiado bajo para un país que quiere competir en exportaciones con valor. En contraste, la intensidad de I+D en la OCDE ha estado alrededor de 2.5% del PBI. La brecha no se cierra con discurso. Se cierra con incentivos que mueven el gasto hacia dónde escala: las empresas.
Simplificando conceptos: la ecuación del MIT
En MIT se repite una ecuación que puede simplificar el debate: innovación = invención x comercialización. Si uno de los factores es cero, el resultado también lo es. Puedes inventar mucho, pero si no llega a adopción real, no existe como innovación económica.
En el Perú, la variable “invención” tiene un hogar natural en universidades y centros de investigación, además de institutos especializados como el INIA. Ahí se forma capital humano, se hacen ensayos y se genera conocimiento aplicable. El problema no es la ausencia de inventores. El problema es que la segunda variable, “comercialización”, todavía no tiene un carril simple. Lo que falta son mecanismos rápidos y estandarizados de colaboración empresa-institución: contratos modelo, reglas claras de confidencialidad y una metodología simple para compartir réditos de propiedad intelectual, de modo que las instituciones de investigación capturen valor vía royalties cuando una invención se escale en el mercado. Ese acuerdo debe ser directo, ágil y predecible entre las partes, sin intermediación innecesaria.
Visto así, el cuello de botella peruano no es solo inventar más. Es comercializar más, y eso ocurre dentro de empresas que compiten, miden, iteran y escalan.
Si aceptamos esa lógica, el incentivo peruano debería privilegiar la cultura y la velocidad de ejecución o “fast fail”. Para lograrlo, el sistema podría simplificarse: autodeclaración de gastos I+D+i bajo criterios públicos simples y control ex post basado en data tributaria. Las declaraciones juradas históricas ya muestran una línea base de OPEX por empresa y sector; SUNAT puede usarla para detectar desviaciones anómalas. Si aparece un sobre gasto inusual, se audita y se exige evidencia y trazabilidad. La lógica se invierte: primero se innova, luego se verifica.
Thomas Sowell observa que en las últimas décadas muchas reformas han reemplazado lo que funcionaba por lo que sonaba bien en el papel. El reto con la Ley 30309 es evitar ese destino y ajustar el diseño para que funcione en la vida real, con menos trabas y más adopción.
Si queremos que el incentivo sea transformador, el principio debería ser simple: la innovación debe ocurrir dentro de la empresa y tener un beneficio tributario diferenciado, mientras el Estado controla sin interrumpir. En la práctica, eso supone pasar a reglas claras con auditoría ex post en lugar de autorización previa por proyecto, reducir la intermediación en la relación empresa universidad mediante acuerdos simples de propiedad intelectual para que las instituciones capturen royalties cuando corresponda, y publicar métricas de adopción por tamaño de empresa y sector, porque este mecanismo debe medirse como producto: uso, fricción y valor generado.
La Ley 30309 puso el tema correcto en la agenda y ayudó a construir puentes iniciales. Ahora toca la siguiente fase: llevar el cambio cultural al corazón del aparato productivo, donde la innovación deja de ser expediente y se vuelve hábito. Y queda una pregunta abierta que vale la pena dejar sobre la mesa: si el Perú ya crece y compite incluso con barreras, fricción y desincentivos, ¿qué tan lejos podríamos llegar si innovar de manera activa dentro de las empresas fuera lo normal, y no la excepción?
