El gabinete que hoy intenta sostener al gobierno interino no responde a una estrategia clara por el bien de la patria, sino a una reacción política. La salida de Denisse Miralles no fue un relevo más, sino una maniobra calculada del legislativo y sus bancadas para poder pasar por agua tibia sus errores y parasitismos a vísperas de elecciones.
Por ello, lo que ha surgido no es un equipo sólido, sino un gabinete armado a la loca. ¿Se elige a los mejores o simplemente a los disponibles?
Dentro de ese escenario, existen muchos casos mencionados como los expuestos por mi colega Tony Tafur. Pero habrían también dos nombramientos que son parte esencial de los problemas estructurales del Ejecutivo: el del ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, y el del ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra.
Ambos casos, lejos de ser anecdóticos, revelan una lógica más profunda que no es otra que la normalización de perfiles cuestionados en el armatoste estatal.
En el caso de Rodolfo Acuña, el problema no es menor ni interpretable. El señor ha declarado públicamente una investigación fiscal en trámite por presunto lavado de activos. No se trata de una denuncia mediática, sino de una carpeta fiscal activa consignada oficialmente.
¿Puede el responsable del manejo de las finanzas públicas del país operar bajo sospecha precisamente sobre el origen y manejo de dinero?
Lejos de atenuar la preocupación, su trayectoria la intensifica. No estamos ante un improvisado, sino ante un tecnócrata formado durante décadas en el corazón del sistema presupuestario del Estado. Alguien que conoce —y ha administrado— los mecanismos de asignación, control y flujo de recursos públicos.
Pero, si el caso de Acuña tensiona la legitimidad ética del gabinete, el de Jiménez Borra expone su debilidad técnica y estructural. Su designación como ministro de Justicia no responde a una trayectoria consolidada en el ámbito jurídico, sino a un patrón ya bastante recurrente en el Estado peruano, el del funcionario que, rota entre sectores sin especialización real, sostenido por sus círculos de confianza.
A esto se suma su inserción en redes políticas tradicionales, vinculadas históricamente a entornos de poder cercanos al expresidente Alan García.
Ambos casos, leídos en conjunto, revelan la configuración de un gabinete donde los cuestionamientos no son la excepción, sino parte de su diseño. Ministros con investigaciones en curso, perfiles sin especialización y trayectorias ancladas en redes políticas antes que en logros técnicos. ¿Es esto un accidente o el actual status quo?
En el fondo, lo que se configura no es solo una crisis de nombres, sino una crisis de criterios. El Estado no está seleccionando a los más capacitados, sino a los más funcionales dentro de su juego de poder. Se vienen diluyendo los estándares, relativizando los cuestionamientos y poco a poco reemplazando la excelencia por interés partidocratico.
¿Es posible hablar de reforma, transparencia o institucionalidad cuando quienes deben liderarlas llegan con cuestionamientos o sin las credenciales necesarias?