El gabinete que hoy intenta sostener al gobierno no nace de una decisión política clara, sino de una urgencia mal contenida. La salida de Denisse Miralles no se puede leer como un relevo más dentro de la inestabilidad habitual, sino como una maniobra ejecutada contra el reloj, cuando el Ejecutivo ya había perdido margen frente al Congreso y estaba a punto de exponerse a una derrota en el voto de confianza.
Lo que vino después terminó de revelar el cuadro. Balcázar, lejos de ofrecer una explicación cerrada, dejó ver las costuras. En un primer momento reconoció que desde el Congreso se había planteado la necesidad de un cambio en la conducción del gabinete, vinculándolo al deterioro de la seguridad. Pero casi de inmediato reformuló el argumento, reduciendo todo a una decisión propia basada exclusivamente en ese problema y descartando cualquier vínculo con la correlación de fuerzas en el Parlamento. No corrigió lo anterior. Lo superpuso. Dejó coexistir dos versiones que no terminan de encajar. Esa ambigüedad no es un error de comunicación, es una señal política. El Ejecutivo no está en posición de reconocer abiertamente la presión que enfrenta, pero tampoco puede ocultarla del todo.
Ese punto de partida explica mejor que cualquier discurso los nombres que hoy integran el gabinete.
En Salud, la elección resulta especialmente reveladora, y además no fue un cambio aislado dentro del remezón final. Días antes de la caída de Miralles, el gobierno ya había removido al titular del sector, en un primer intento por descomprimir tensiones en una de las carteras más sensibles. Juan Carlos Velasco no es un técnico que aparezca en escena para ordenar un sistema en crisis, sino un funcionario que ya venía siendo observado por distintos frentes de control. Su gestión como director del Hospital Arzobispo Loayza entre 2020 y 2022 derivó en una investigación fiscal por presunta negociación incompatible. En paralelo, la Contraloría identificó un perjuicio económico significativo en contrataciones realizadas durante su dirección, dejando constancia de que sus descargos no lograron despejar responsabilidades. No se trata de un episodio aislado.
Cuando se revisa su paso por el Instituto Nacional de Salud, donde fue presidente ejecutivo, aparece la advertencia del Banco Mundial sobre fallas en la conducción de un proyecto financiado con recursos de gran escala. Retrasos, descoordinación, riesgo de paralización. En Susalud, donde también ocupó la presidencia ejecutiva, su nombre figura en informes de control concurrente por deficiencias en la gestión administrativa, además de un conflicto que terminó en su reposición judicial tras ser removido del cargo. No hay aquí una línea limpia que se interrumpe, sino una trayectoria marcada por observaciones reiteradas desde distintos niveles del sistema de control. Velasco no irrumpe en medio de la crisis sanitaria. Llega con antecedentes que dialogan directamente con ella.
En Defensa, la lógica es distinta, pero la elección no es menos elocuente. Carlos Díaz Dañino no proviene de una carrera política ni de un liderazgo militar visible. Su perfil se ha construido en las zonas más técnicas del Estado. Fue secretario general del Ministerio del Interior en 2024, jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente en 2025 y antes ocupó cargos similares en el Ministerio de Defensa y en el Gobierno Regional de Áncash. Ese recorrido adquiere otro peso cuando se conecta con su paso por el Ministerio del Interior, donde participó en la cadena administrativa que permitió que el Estado asumiera la defensa legal de Juan José Santiváñez.
Santiváñez no es un exministro cualquiera. Su paso por el Interior estuvo marcado por fuertes cuestionamientos políticos y mediáticos por su manejo de la seguridad y por decisiones controvertidas dentro del sector. Que el Estado haya asumido el costo de su defensa privada —a través de una contratación directa por 120 mil soles— convirtió ese episodio en un símbolo del uso discutido de recursos públicos. No es necesario forzar interpretaciones. El rol de Díaz Dañino en ese proceso lo ubica dentro de una decisión que generó amplio rechazo.
Su trayectoria reciente refuerza ese patrón. Ha pasado por cargos de confianza en áreas de planeamiento y presupuesto en distintos niveles del Estado, desde el Gobierno Regional de Áncash hasta el Ministerio del Ambiente. No aparece como un conductor político de sector, sino como alguien que conoce el funcionamiento interno del aparato estatal y cómo se ejecutan decisiones sensibles desde la estructura administrativa. En un gabinete armado bajo presión, ese tipo de perfil no se elige al azar.
Interior completa la escena desde otro lugar. José Zapata Morante no es un recién llegado ni un intento de giro. Es parte del mismo circuito que ha venido gestionando la seguridad en los últimos meses. General PNP en retiro, fue pasado a esa condición en diciembre de 2023 bajo la figura de renovación de cuadros. En diciembre de 2025 fue designado viceministro de Seguridad Pública y, pocos meses después, en marzo de 2026, asumió como ministro. Zapata ya estaba dentro cuando la crisis de seguridad se profundizaba. Su ascenso no introduce una variable nueva, confirma una línea previa.
No aparece en su caso un expediente fiscal que concentre la atención, pero su significado político no pasa por ahí. Lo relevante es que el gobierno no ha salido a buscar una figura capaz de reordenar el sector, sino que ha optado por reforzar a alguien que ya formaba parte de la estructura que no logró revertir el problema.
En Educación, el movimiento es todavía más transparente. María Esther Cuadros no llega desde fuera del sistema, sino desde su núcleo. Fue viceministra de Gestión Pedagógica hasta enero de 2026, además de haber sido directora general de Desarrollo Docente y responsable de programas estratégicos del sector en años previos. Su salida del viceministerio a inicios de año y su retorno casi inmediato como ministra no marcan un punto de quiebre, sino una reconfiguración interna.
Su perfil, además, se articula con actores que hoy tienen peso en la disputa por el control del sistema educativo. Ha participado en espacios de diálogo con el Bloque Magisterial en temas de nombramiento docente y su designación ha sido bien recibida en sectores de universidades públicas. En un contexto donde la Sunedu, el licenciamiento y la gobernanza universitaria siguen siendo un terreno de conflicto, ese entramado no es un dato menor. Cuadros no aterriza en medio de esa disputa. Forma parte del entramado que la sostiene.
Cuando se ordenan estas piezas, el sentido del gabinete se vuelve más claro. No hay en estos nombramientos una apuesta por redefinir la conducción del gobierno en su tramo final. Lo que aparece es otra cosa. Un conjunto de perfiles que comparten una cualidad específica, conocen el aparato, pueden operar dentro de él y no generan un ruido político propio que complique aún más el escenario.
Ese tipo de selección no responde a una lógica de fortalecimiento, sino a una lógica de administración del riesgo. Y eso encaja con el momento en que se produce. A semanas de las elecciones, con el Congreso marcando el pulso y con una situación nacional que sigue tensionándose, el Ejecutivo ya no se mueve con horizonte de gobierno, sino con horizonte de resistencia.
El cambio de gabinete no reorganiza el poder. Lo expone.
Porque al final, más que los nombres, lo que queda en evidencia es la forma en que se toman las decisiones. Y en este caso, la señal es difícil de ignorar. El gobierno no está eligiendo desde la fortaleza. Está acomodando piezas para no ceder el tablero antes de tiempo.