En el actual contexto político peruano, marcado por una prolongada inestabilidad institucional, comienza a delinearse con mayor nitidez el escenario electoral ideal para la recuperación del país. Todo apunta a que una segunda vuelta protagonizada por candidaturas de la derecha, que justamente son las más comprometidas con la defensa del orden constitucional vigente, ofrecería no solo un marco de mayor previsibilidad política, sino también un punto de contención frente a propuestas populistas.
En efecto, iniciativas como la convocatoria a asambleas constituyentes volverían a tirar por la borda la poca institucionalidad que tenemos, los mercados nacionales e internacionales entrarían en pavor y definitivamente que el gasto humano y social seria muy duro, y todo eso, pese a no hablar de que puntos justamente cambiarían que son precisamente los del capítulo económico.
En ese sentido, existen dos opciones de la derecha que pueden pasar a segunda vuelta. Vemos nuevamente al fujimorismo muy sólido arriba, no obstante, ahora se siente que el anti voto, que le hizo perder las tres elecciones pasadas, ha disminuido significativamente. Esto último se debe a que ahora 1 de cada 4 votantes serán nuevo, e debutantes en los comicios. ¿Podrá haber triunfo Fujimorista de mantenerse la racha el domingo de fiesta electoral?
De manera paralela, Rafael López Aliaga parece haber estabilizado su posición tras un periodo de desgaste, conservando un electorado fiel, particularmente en Lima, que le permite mantenerse competitivo. Es sin lugar a dudas, en contraste con Belmont o Álvarez, quien verdaderamente mantiene un mayor voto de feligreses. Hay mas posibilidades que se volteen los votantes del comediante o del octogenario candidato que del ex burgomaestre de Lima, López Aliaga
En contraste, la irrupción de Ricardo Belmont pone en evidencia la persistencia de candidaturas de alta volatilidad: figuras que, bajo un discurso antisistema, logran captar adhesiones rápidas, aunque no necesariamente sostenibles. Este tipo de perfiles genera inquietud adicional cuando se les vincula, directa o indirectamente, con entornos políticos asociados a Vladimir Cerrón, Pedro Castillo, pero aún más nocivo cuando vemos a etnocaceristas, personajes propios del Andahuaylazo en sus filas. Definitivamente, esta clase de personajes sumado a los elogios de Ricardo Belmont al líder izquierdista mexicano López Obrador, reabre interrogantes sobre la continuidad del modelo económico y el respeto al orden jurídico.
Un elemento central para comprender la dinámica actual es la transformación del comportamiento electoral. El votante peruano ha dejado atrás, en buena medida, patrones de fidelidad partidaria para adoptar una lógica más volátil, en la que las preferencias se redefinen con rapidez frente a coyunturas específicas. Esta evolución sugiere una reconfiguración más profunda del electorado, en la que comienza a ganar peso la demanda por estabilidad, gobernabilidad y responsabilidad institucional, en detrimento de discursos polarizantes o abiertamente disruptivos. Por ende, el anti voto se vuelve cada vez más heterogéneo, ya no es solo anti fujimorista o incluso, el grado de negativas contra candidaturas especificas baja, esto también debido al exceso de oferta política.
De cara al próximo ciclo político, la gobernabilidad se perfila como el eje decisivo. Las proyecciones apuntan a un Congreso con predominancia de fuerzas de derecha. En ese marco, una eventual presidencia de corte antisistema enfrentada a un Parlamento adverso podría reactivar dinámicas de confrontación permanente, bloqueo institucional y crisis recurrentes, con el consiguiente riesgo de nuevas vacancias. En sentido opuesto, una convergencia programática entre ambos poderes del Estado abriría la posibilidad de destrabar reformas largamente postergadas, restablecer la confianza de los agentes económicos y sentar las bases para un crecimiento sostenido, con tasas potenciales que podrían situarse entre el 7% y el 8%.
En última instancia, lo que se encuentra en juego trasciende la mera competencia electoral. Se trata, más bien, de una encrucijada estructural: persistir en un ciclo de incertidumbre y fragmentación política, o encaminar al país hacia una etapa de consolidación institucional que permita recuperar el crecimiento económico y la tranquilidad en las calles.
