Politólogo y columnista de El Diario El Nacional de Venezuela

Alberto López Núñez

 publicó el pasado sábado 27 de mayo su reportaje sobre el “

” de la niñera del hijo de la todopoderosa Laura Sarabia, no pensé que eso pasaría de una prueba más del acostumbrado abuso del poder por parte de figuras de la cúpula del poder petrista, en un gobierno en el que el presidente señala públicamente que es el “jefe del fiscal” apuntando de un golpe hacia la sacrosanta división de poderes, fundamento básico de la democracia. ¡Que su jefe de gabinete intimide a una empleada doméstica para averiguar sobre un robo cometido en su casa es un asunto baladí! Pero seguramente el olfato periodístico de Vicky Dávila y sus importantes fuentes le habían hecho ver que no era eso, sino que presagiaba (o probablemente ya sabía) un asunto que «golpeaba» al ya débil gobierno de Petro. Es que el “niñeragate” se vislumbra como la más grave crisis del Estado desde el caso 8.000, y por la misma razón: injerencia del narcotráfico en el sistema político colombiano al más alto nivel, el de la presidencia de la república.

Todo comenzó por una denuncia de la niñera del hijo de Laura Sarabia, de que había sido llevada a la Casa de Nariño y se le había practicado el polígrafo, a la par de insultos, amenazas y ataques a su persona y su propiedad por parte de funcionarios de la seguridad de presidencia, acusándola de un robo de un maletín de dólares que se había perdido en la residencia de la alta funcionaria. Repito, con todo lo reprochable del caso, esto no pasaría de ser un asunto menor en un gobierno caracterizado por el abuso de autoridad ejercido desde la figura del propio presidente con sus imprecaciones a diario desde su cuenta de Twitter. Pero una vez la Fiscalía actuó, esto pasó de castaño a oscuro: se evidenciaron interceptaciones ilegales de los teléfonos de la niñera y la empleada por días en la residencia de Sarabia, revelándose así abuso de autoridad, pero ya no con amenazas sino con un hecho paradigmático en la política colombiana, y por el cual Petro se ha hecho famoso y adquirido notoriedad como líder de la oposición de izquierda. Es más, el hecho revelaba que el “cambio” no era tal y que el gobierno Petro no solamente se caracterizaba por estar conformado y apoyado por las más conspicuas personalidades y partidos del establishment, sino que también recurre a las más criticadas prácticas de este, nada menos que la violación del derecho a la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos, a través de las vulgares chuzadas, tan denigradas por el mismo Petro y todo su combo de lloronas por abusos durante décadas, incluidas ONG de derechos humanos que ahora callan culpablemente. Pero si esto no fuera poco, con todo y lo reprochable que son las chuzadas, es un asunto menor al lado de lo que se reveló a raíz de este caso: una consuetudinaria y gigantesca corrupción en la cúpula del Estado.

Es allí donde entra la inefable figura de Benedetti, el hasta el viernes embajador en Caracas y quien fue la mano derecha de Petro en la campaña. La entrada en escena de este conspicuo representante de la corrupción farcsantista es porque fue él quien llevó a Sarabia a la campaña de Petro, esta había sido la mano derecha de Benedetti por varios años. Él mismo en su juicio por corrupción testificó que era ella quien manejaba sus finanzas, y… -por su recomendación- llegó a ser mano derecha de Petro. Pero la amistad se quebró entre Benedetti y Sarabia, hubo disputas por lo que se entrevé ser un tráfico constante de millones de dólares en la residencia de Sarabia, y cuando estalla la denuncia de la niñera en el reportaje de 

, Sarabia acusa a Benedetti de ser el soplón y este la acusa a su vez de corrupción y abuso de autoridad. Ante este vulgar cuadro de dimes y diretes, el locuaz Petro que trina un promedio de 33 veces/día, pasó 24 horas totalmente mudo. Finalmente -dos días después de la visita de la Fiscalía a la Casa de Nariño- no le quedaba de otra a Petro que sacar del gobierno a ambos funcionarios.

Ahora bien -como lo señala Salud Hernández-, semejante crisis de gobierno no se arma por 7.000 dólares, el mismo Benedetti acusa que el robo fue por más de 30.000, peor aun lo que la prensa destila es que la casa de Sarabia era un centro de flujo de paquetes de enormes sumas de dólares (siguiendo la costumbre que entronizó Petro de que… el dinero se maneja en paquetes de efectivos, nada de transacciones bancarias legales… ¡por algo será!). El lío para Petro es mayúsculo, pierde a sus «manos derechas» de la campaña y, de sus primeros 9 meses de gobierno, alguno, si no los dos, pueden soplar secretos delicados de Petro. De hecho, ya Benedetti comenzó sigilosamente esa rutina, publicó (“por error”) un diálogo entre él y Petro donde acuerdan «silencio» (la ley de “omertá” de las mafias) y en una entrevista hace veladas críticas a Petro y su gobierno. Pero también aparecieron los sulfurosos audios de Benedetti, que confirman lo que se señala en este informe, con sólo los indicios que da el análisis, pero sin una comprobación: alguno iba a soplar secretos delicados de Petro, y si bien Benedetti no lo dice textualmente, cuando señala “Qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata en la Costa”, deja entrever lo que señalamos… ¡Hay fuertes indicios de financiamiento de Petro por parte del narcotráfico!

Lo de las chuzadas es grave, sobre todo por el valor simbólico en un gobierno que hizo de su lucha electoral el hecho como una leit motiv de la misma. Ya entonces se descubrió que -como diría Juan Manuel Santos- “el tal cambio no existe”. Lo elemental es que se investigue de dónde salió la orden, pero el propio Petro en su declaración decretó la impunidad al negar contundentemente “que alguien de su gobierno ha dado esa orden” dentro de la misma línea de… “yo no lo crié”, “ese tweet ni lo hice” y “la paz total no es mía, es invento de los medios”. Ahora Petro saldrá con que… “la orden no es del gobierno, sino de la oposición”. Pero más grave que eso es lo de la corrupción putrefacta que se destila en las altas esferas del gobierno. “Al presidente lo tienen chantajeado. Benedetti tiene información personal de él que consiguió en la campaña. Por eso Benedetti se siente tan seguro de que no le va a pasar nada”, le dijo a La Silla una fuente del círculo más cercano del presidente, que pidió no ser citada (

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/circulo-cercano-de-petro-teme-un-chantaje-de-benedetti-al-presidente/

Todo esto lleva a la pista de un financiamiento de Petro (a través de Sarabia y Benedetti) por parte del narcotráfico y de los grupos narcoterroristas FARC y ELN, por eso el nombramiento de Benedetti en Caracas, para ser el correo de transmisión entre esos grupos, Maduro y Petro. El conflicto entre Benedetti y Sarabia amenaza con que salga la luz detalles de este tenebroso caso, de cooptación del alto gobierno por parte del narcoterrorismo, pero eso no sería nada excepcional, es el patrón del socialismo del siglo XXI, que se hizo en Venezuela y Nicaragua, y al cual se adhiere Petro. Conclusión: el “niñeragate” demuestra aspectos horribles del gobierno: 1) Abuso de poder desde su cúpula. 2) Uso de los «nadies» para arribar al poder y empobrecernos y humillarnos desde él. 3) Corrupción rampante que debe ser revelada. 4) Negación de todo esto por el mismo Petro. ¡Todo típico del socialismo del siglo XXI!

* Artículo publicado en el Diario El Nacional de Venezuela

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Chuzadas y corrupción del petrismo, por Alberto López Núñez*

Desde el mismo día que triunfó Duque en el 2018, Petro declaró su oposición sin tregua “en la calle” contra ese gobierno. No había duda del interés supremo del líder exguerrillero: tomar el poder para destruir la democracia, tal como lo indica la estrategia del Foro de Sao Paulo (transformado en Grupo de Puebla) para la instalación de la dictadura del socialismo del siglo XXI. En esta misión estuvo ayudado por dos garrafales errores del liderazgo democrático: 1) la debilidad de Duque frente a la izquierda, lo cual le permitió a esta crear el estado de anarquía y descontento propenso a su arribo al poder por la vía electoral, para una vez en el poder destruir la institucionalidad republicana; 2) la indolencia de los partidos políticos que no se unieron en un frente común para enfrentar el peligro del socialismo del siglo XXI representado por Petro.

Ya es tarde para llorar por la leche derramada, pero es imperativo que se forme el frente mencionado de todas las fuerzas democráticas para contrarrestar el poder autoritario de Petro e impedirle que acumule todo el poder mediante un triunfo electoral en octubre. Sólo mediante la unión de toda la oposición se puede enfrentar la estrategia de “frente popular” que se avizora entre el Pacto Histórico y los traidores a la democracia de los partidos tradicionales, que, bajo el poder hipnotizador de la mermelada, harán de bufones presentándose como candidatos divisores de la oposición para permitirle a la izquierda tener un poder territorial que nunca ha tenido.

Los líderes naturales de la oposición, los expresidentes Uribe y Pastrana, junto con connotados opositores de Petro de los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, deben invitar a sectores de los partidos Liberal, de la U y cristianos a conformar listas únicas a concejos y asambleas departamentales y presentar candidatos únicos a gobernadores y alcaldes, la más mínima desviación de este principio, ir con más de una lista o candidato, será una oportunidad para la izquierda de ganar en rio revuelto, y esto le permitirá mermar el poder territorial de la oposición.

La unidad es un requisito indispensable para el triunfo y este el primer peldaño para conformar un gran frente opositor, que desde ya debe declararse en resistencia llamando a toda la sociedad civil, con sus diferentes estamentos: sindical, empresarial, gremial, estudiantil, campesino, femenino, etcétera a oponerse a los intentos dictatoriales del socialismo del siglo XXI.

No nos engañemos: el comportamiento democrático y moderado de Petro es una estrategia de simulación mientras se hace con el poder total, la llamada “participación política” que se enuncia en los diálogos con el ELN es la base para como el mismo acuerdo de la mesa estipula “revisar el modelo político y económico” del país. El modelo político es la democracia representativa, que será sustituido por el modelo de partido único y el modelo económico es el de libre mercado, que será sustituido por el del estatismo, ambos modelos (partido único y modelo económico estatista) son las columnas de la dictadura del socialismo del siglo XXI.

Los líderes políticos democráticos deben dejar en segundo plano sus intereses personales o partidistas para servir al interés nacional, este es impedir la consolidación de un régimen autocrático que lleve a Colombia a convertirse en un narcoestado. Las reformas sociales que se están aprobando en el Congreso son los sedimentos de la destrucción de la economía y la sociedad, que, con la tesis del decrecimiento, llevarán a la ruina al país, pauperizando la población la hace dependiente del Estado y así le permite al régimen socialista perpetuarse en el poder.

Tengo años insistiendo en el peligro de la instauración del socialismo del siglo XXI en Colombia, la negligencia del establishment permitió el primer paso de la estrategia de toma del poder por el socialismo del siglo XXI: llegar al mismo por la vía electoral, ese liderazgo debe despertarse y no permitir la ejecución de la segunda fase: la aniquilación de la institucionalidad democrática, el tener una sólida base opositora en los gobiernos departamentales y locales le imposibilitará a Petro la ejecución de este torcido fin. Para ello los demócratas requieren de la unidad, sí o sí.

Artículo publicado en el diario El Nacional de Venezuela*

Unidad sí o sí, por Alberto López Núñez*

https://www.elnacional.com/opinion/la-farsa-electoral-2/

) la ociosa vía electoral para derrocar la dictadura del socialismo del siglo XXI y ante la consuetudinaria respuesta de que es lo único que se puede hacer o la procaz alusión de que se critica pero no se proponen alternativas, voy a tratar de presentar mi humilde visión de lo que considero una vía larga y difícil pero la única para lograr ese cometido, considero que precisamente porque no rinde frutos en el corto plazo es la razón por la cual ha sido desechada por la mayoría, el resto por simple arrodillamiento al régimen.

La premisa básica de la visión aquí presentada es que el régimen es comunista (sí, no adscrito a la ortodoxia del marxismo-leninismo, pues esa ya no existe, pero si comunista en sus dos estamentos fundamentales: régimen de partido único y rol predominante del estado), y por lo tanto no se pueden seguir las reglas de juego de una democracia liberal, pues indefectiblemente se va a la derrota, como efectivamente ha sucedido.

La pregunta obvia, luego de afirmar esto, es si no es la vía electoral ¿cuál entonces? La primera vía a la cual se ha debido recurrir obviamente es la conspirativa, ir a los cuarteles a presentarle a los militares patriotas, esos que no se dejaron comprar por las bolsas de dinero o embaucar por el adoctrinamiento cubano, que el socialismo del siglo XXI significaba la eliminación de la institución militar tal como se concibe en un régimen democrático, que se iba a una dictadura hambreadora y represiva. Pero ese camino se tiene que tomar en el inicio del régimen, antes de que este aprisione los cuarteles por medio de la represión. Como no se tomó en el inicio, pues resultó imposible recurrir a ella a los pocos años de haberse instaurado el chavismo. Incluso sin haber sido esa la vía tomada, el vacío de poder el 11A, dos errores impidieron que se hubiese terminado con el régimen ese día: no haber designado como presidente un político fogueado que dominase la situación, pero aún con un empresario sin experiencia política se hubiese ido al éxito a no ser por la terquedad de los militares de no haber dejado que Chávez se fuera a Cuba y permitieron al régimen ganar tiempo y finalmente retomar el poder.

Creo que el punto de inflexión definitivo fue el referéndum revocatorio, la oposición ha debido aprender la lección y reconocer la inutilidad de la vía electoral, pues el chavismo ya tenía la fórmula del fraude aceitada como en toda dictadura comunista ¿qué hacer, entonces? Acá es donde se ha debido tomar la decisión trascendental de conformar un frente de resistencia popular que mediante la estrategia que voy a describir a continuación hubiese logrado la implosión del régimen.

Esta es una vía larga y difícil, pues supone ir de peldaño en peldaño hasta que el pueblo aprisione al régimen en vez de lo contrario. Presupone antes que todo un liderazgo de estadistas que piensen en la próxima generación y no en la próxima elección y de líderes patriotas, pues una salida posible es que el poder no vaya a ser logrado por ellos, sino incluso una o dos generaciones después.

La primera tarea es constituir una plana mayor que defina e implemente la estrategia de arranque de la conformación de ese ideario de resistencia popular, este grupo de líderes que debe estar claro en poner las divisiones internas en sordina en función del interés superior de la patria. Una vez dado este primer paso sigue el camino de la creación de una gran red de comités de resistencia en cada célula de la sociedad civil del país (barrios, urbanizaciones, sindicatos, escuelas, universidades, gremios, etcétera). Los “viejos” que vivieron la política de la V república se recordarán de los comités de base de AD y Copei, pues de algo similar estoy hablando.

El objetivo primordial de estos comités es la formación cívica y política de sus integrantes, que, en una metodología de bola de nieve, irán formando sucesivos integrantes hasta conformar una masa crítica suficiente para comenzar el trabajo de resistencia propiamente dicho. Una vez alcanzada esta se inicia el trabajo de protestas y acciones similares que enciendan el fragor “revolucionario” popular contra el régimen.

Poco a poco esta vía de resistencia a través de las protestas irán cercando al régimen hasta que el fervor de una inmensa mayoría haga que dentro del mismo régimen surjan divisiones que lleven a su implosión.

Dos apuntes marginales a este esbozo de camino de resistencia: es un trabajo a largo plazo, 15-20 años, nótese que hablo de implosión, pues los regímenes totalitarios solamente por esa vía es que caen. Si se hubiese comenzado en el 2000 ya con seguridad se hubiese caído el régimen, pero como por diversas razones que analizamos en el artículo anterior el liderazgo opositor se empeñó en la vía electoral, ya se perdió un cuarto de siglo y si no se comienza ya en la conformación de esa estrategia, pues el régimen se irá haciendo eterno.

Se me argumentará que es una utopía lo que estoy presentando. Respondo que no, hay experiencias históricas exitosas: 1) las revoluciones de 1989 fueron el desenlace de esta vía en Europa del Este, se inició en Polonia, porque acá es donde estaba más madura la resistencia liderada por el sindicato Solidarnosc, la acción del efecto juego de dominó llevó a la diseminación de la revolución de los países del bloque comunista en Europa oriental hasta que esto determinó la caída de la PCUS y la disolución de la URSS.2) Con menor éxito pero, sin embargo, con triunfos parciales (el choque de civilizaciones postulado por Huntington impidió el triunfo total) de la primavera árabe, que es el punto culminante de un movimiento sociopolítico heredero de lo que se denomina espíritu o corriente de 1968 anticolonialista —frente al exterior— y antiautoritaria —frente al interior— que no llegó a triunfar en su día y que ahora vuelve a resurgir —aunque con contradicciones—. Hay muchos otros eventos menores diseminados por el mundo que demuestran el éxito de la organización social en lograr reivindicaciones políticas. Incluso la generación del 28 y su largo camino de formación política a través de generaciones hasta lograr la implosión de la dictadura perezjimenista podría con cierta largueza argumentativa considerarse otro ejemplo de la vía larga y difícil pero la única exitosa hacia el derribo del socialismo del siglo XXI ¿Existirá el liderazgo que se anime a acabar con la farsa electoral e iniciar este largo camino hacia la redemocratización de Venezuela?

Una vía larga y difícil pero la única exitosa, por Alberto López Nuñez*

Lamento señalar que desde el 92 he estado clamando en el desierto respecto a la evaluación del 4F, de la naturaleza del régimen y de cómo actuar frente a él. Fui de los que contados con los dedos de una mano advertimos el potencial gravemente peligroso de Chávez, me quedé corto en mis predicciones respecto a la barbarie que se venía venir, es que el calamitoso estado de la Venezuela de hoy ni el más pesimista podía advertirlo. Renuncié a Copei en 1999, de quien había sido miembro de la dirección nacional, por la muy débil posición de este y AD, ante lo que considero el inicio de la dictadura, lo cual fue la toma del Congreso; a partir de allí el establishment fue condescendiente con el régimen, hasta el punto de que solamente hasta hace 2-3 años se le califica como dictadura, antes el liderazgo incurría en múltiples eufemismos para negar su carácter dictatorial y todavía la mayoría se niega a caracterizarlo como un régimen comunista. ¡Con oposición así, obvio que el régimen cada día es más fuerte!

El problema de la oposición venezolana es un pecado original: no tener una concepción estratégica del enemigo, y sí, es un enemigo en la terminología de Carl Schmitt, para quien “la esencia de las relaciones políticas es el antagonismo concreto originado a partir de la posibilidad efectiva de lucha. Lo político es, entonces, una conducta determinada por la posibilidad real de lucha; es también la comprensión de esa posibilidad concreta y la correcta distinción entre amigos y enemigos. El medio político es, por ende, un medio de combates concretos”. (

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt

La oposición TODAVÍA no ha comprendido que el socialismo del siglo XXI es la reencarnación del marxismo-leninismo en los baldres del marxismo cultural de Gramsci, el socialismo del siglo XXI busca la instauración de la dictadura a través de la hegemonía social, por lo tanto, no hay ninguna entidad de la sociedad política o civil que no esté bajo su dominio; en consecuencia, no acepta las reglas de juego del liberalismo político, y por lo tanto, no se puede luchar con él bajo las premisas de la competencia electoral, pues jamás se podrá obtener el triunfo, puesto que el dado (sistema electoral) está trucado. El que se haga elecciones no significa para nada que haya la mínima posibilidad de arrebatarles el poder por este medio, en Cuba también hacen elecciones, y no creo que nadie en su sano juicio (Francia Márquez y sus acólitos no lo están o lo que creo más son cínicos sinvergüenzas).

Como consecuencia de lo anterior, el ir a elecciones bajo las reglas de juego del chavomadurismo es sencillamente una farsa electoral, lo es desde la elección de la constituyente, en la cual una mayoría del país obtuvo una exigua minoría de constituyentes, y mediante el fraude desde el referéndum revocatorio de Chávez toda elección bajo el chavismo son trucadas, vaya a saber qué les pasó en la elección de la AN, que se dejaron ganar, quizás exceso de triunfalismo, pero aprendieron la lección y rápidamente reinstauraron el poder dictatorial anulando los poderes de la AN.

La farsa electoral, por Alberto López Núñez*

El marxismo cultural es la base teórica del socialismo del siglo XXI y sobre todo su proyecto de dominación a través de las instituciones de la sociedad civil y de la cultura en particular. Bien saben los gramscianos que el uso del lenguaje no es neutro respecto al orden social, como lo explica muy profusamente J. L. Austin en su ya clásica 

, para quien hablar era una forma de acción, una forma de actuar. La lucha identitaria (de género, raza, étnica, etcétera) sustituye a la lucha de clases. Así como el marxismo clásico quería dominar la sociedad a través de la estatización del aparato productivo, el marxismo cultural quiere dominarla a través de la estatización (o al menos control) del aparato cultural. La mejor forma de realizar esto es a través de la dominación del uso del lenguaje.

Por eso es que lo que parece una fruslería, el lenguaje inclusivo, en realidad es una fuerte arma del marxismo cultural para la dominación social. El que se diga “todes”, en verdad de lo correcto gramaticalmente de “todos y todas”, es decir, la eliminación del género en la gramática, es una forma de acción que apunta a la subversión del orden moral de la sociedad a través de la imposición de reglas de lenguaje que pretenden la imposición de un nuevo orden marxista. A través del lenguaje -desde niños- se quiere inculcar la norma de que no hay un orden natural, sino que la sociedad lo impone, de allí entonces se da el salto a que no hay derecho natural, sino el derecho que el régimen marxista impone contra este.

Recientemente este debate -sobre la pretensión del marxismo cultural de dominio del lenguaje- se ha encendido por la decisión de una editorial inglesa, con el permiso de los herederos, de reeditar la profusa obra de cuentos infantiles de Roald Dahl con el llamado lenguaje inclusivo. El sello Puffin Books, de la editorial Penguin Random House, decidió simple y llanamente aplicar la censura a los famosos cuentos de este autor, haciendo cambios allí donde consideran que el lenguaje puede ser ofensivo para lectores sensibles. Así ya no existirán en estos cuentos ni gordos, ni feos, ni hombres, sino… ́personas´. Esto, extrañamente -porque la tendencia es de dejarse apabullar por el progresismo- causó una ola de indignación en el mundo cultural en todo el globo, hasta el punto de que autores tan connotados como Rushdie criticaron la decisión, teniendo la editorial que publicar una nueva edición original, junto con la “inclusiva” prevista.

Lo que hace la editorial es simplemente acabar con la “magia” de un cuento infantil. Esta lucha del “progresismo” para seguir la nueva ortodoxia ideológica del marxismo cultural está promovida fundamentalmente por las grandes empresas “big tech” que pretenden erigirse en los modeladores de una sociedad iletrada y por lo tanto sumisa. Esto se ve en que esta transformación de la obra de Dahl se hace luego de que Netflix comprara los derechos de propiedad intelectual de este autor a sus herederos.

Lo peor es que esta expurgación de su obra va en contra de su expresa intención, pues Dahl “amenazó con nunca escribir una palabra más si sus editores alguna vez cambiaban su idioma, prometiendo enviar a su “Cocodrilo Enorme” para engullirlos si lo hacían” (

https://www.telegraph.co.uk/news/2023/02/25/roald-dahl-warned-politically-correct-publishers-change-one/

). Dahl fue claro vaticinando la expurgación de obras literarias por el “progresismo”, pues afirmó: “Sabes, fueron Marx y Lenin quienes comenzaron esta basura de corrección política en 1917, y por Dios que se está infiltrando en este país” (idem). Como bien lo señala una destacada autora (y de tendencia socialista), Piedad Bonnett: “El escándalo no se hizo esperar, y con razón, por lo que supone como precedente y lo que revela sobre una época en la que la intransigencia y los radicalismos están haciendo estragos en nombre de los posibles ofendidos” (

https://www.eltiempo.com/lecturas-dominicales/la-polemica-por-rescribir-las-obras-de-roald-dahl-indignados-y-ofendidos-749219

Y esa guerra cultural del marxismo no se limita a la censura de obras, va mucho más allá y sobre todo trata de imponer un totalitarismo progresista en la academia. La socióloga Ilana Redstone, profesora de la Universidad de Illinois, el pasado 10 de marzo en un acucioso artículo hace una pugnaz crítica de esta tendencia.

“Las historias de excesos políticos en el campus se amontonan como cadáveres. Para citar algunos ejemplos recientes: estaba el grupo de estudiantes de Derecho en Berkeley, que prohibió a los hablantes sionistas la Iniciativa para la Eliminación del Lenguaje Nocivo de Stanford y el profesor de la Universidad Estatal de Valdosta que enseñó que el sexo no es dicotómico” (

Actually, You Don’t Know That Much | RealClearBooks

Tomemos como ejemplo el caso de Stanford, El wokismo se adueñó de esta prestigiosa universidad en donde “la Iniciativa para la Eliminación del Lenguaje Nocivo (EHLI por sus siglas en inglés) es un proyecto de varias fases y varios años para abordar el lenguaje dañino en TI en Stanford” (

https://s.wsj.net/public/resources/documents/stanfordlanguage.pdf

Unas pocas palabras (de entre cientos) prohibidas: adicto, estudio ciego, loco, minusválido, enfermo mental, retardo, retardado, senil, jefe, “

” (presidente/a del directorio), congresista (

), bombero/a, caballero, el/ ella, dama, policía (

policeman/policemen/policewoman/policewomen

), oriental, master (maestría), esclavo/a, todas la palabras con blanco en inglés 

, etc.), inmigrante, prisionero, prostituta/o, negro, gitano. Una estupidez que con la intención de ser “inclusivo” lo que hace es ensuciar y dejar sin sentido el lenguaje.

Nótese que siempre hemos utilizado entrecomillada la palabra “inclusivo”, entre comillas, porque es que como todo lo de la izquierda el uso de este término por el ´progresismo´ es una inversión de la realidad, en vez de lograr inclusión en la sociedad se está marginando toda una corriente de pensamiento: el liberalismo occidental para imponer la ortodoxia del marxismo cultural.

En conclusión, vemos que el marxismo cultural se está apropiando del lenguaje, imponiendo una dictadura de su uso, como instrumento de guerra cultural para subvertir el orden social, y así minar la institucionalidad democrática, logrando imponer sobre una masa sumisa -por iletrada- sus dictámenes totalitarios. Sería bueno que el Occidente despertara sobre esto y no se deje imponer un 

 que está a la vista en Rusia, China, Cuba y Venezuela. (¿Pronto también Colombia?).

Artículo publicado en el diario El Nacional de Venezuela 

El marxismo cultural: el lenguaje, por Alberto López Núñez*

La manipulación de la verdad por el comunismo es un fenómeno bien documentado en la ciencia política (

https://www.researchgate.net/publication/321958734_LA_MANIPULACION_POLITICA_DE_LA_INTERNACIONAL_COMUNISTA

), desde la I Internacional, Lenin se encargó de que la propaganda comunista estableciera una “verdad” histórica apropiada a los objetivos de la revolución. Willi Münzenberg fue el encargado de crear toda una organización de encantamiento de la intelligentsia occidental para la difusión de las mentiras leninistas: “Sin duda, todo el aparato cultural e intelectual del estalinismo “idealista” fuera de Rusia y gran parte de su 

 secreto operaban en el seno de un sistema que Münzenberg había puesto en funcionamiento” (KOCH, S. 

. Barcelona, Tusquets, 1997. p. 27). Las FARC como aparato subversivo del Partido Comunista también tuvo sus campañas de desinformación, las cuales probablemente originaron la condescendencia del establishment colombiano con su accionar terrorista. Una vez lograda la meta de continuar sus crímenes de lesa humanidad, pero bajo la legalidad y con el financiamiento y apoyo estatal, una de sus tareas fundamentales fue la imposición de su “verdad” como la verdad histórica aceptada y divulgada por el aparato ideológico del Estado y la sociedad colombiana. Por ello ese acuerdo de entrega del país a las FARC instituyó una “Comisión de la Verdad” con la finalidad de copiar acá el sistema de manipulación propio del comunismo, el Münzenberg colombiano es el cura comunista Francisco de Roux, como lo señalábamos el año pasado:

“Esa Comisión de la Verdad (CDLV) tiene como objeto la inoculación societal de una verdad única, marxista por supuesto, que exima en mayor medida a los criminales de lesa humanidad y narcoterroristas de las FARC y culpe al Estado como institución de los horrores de la guerra, que no fue más que una subversión armada de un grupúsculo narcotraficante, quien con terrorismo y crímenes de lesa humanidad pretendía derrocar al sistema democrático colombiano” (

https://www.elnacional.com/opinion/la-comision-de-la-mentira/

Por ello es vital el hacer la tarea de analizar cuidadosamente el informe de esa quinta columna comunista dentro de la sociedad colombiana que es el informe del cura comunista de Roux, y establecer una verdad histórica, que no esté manipulada por la desinformación comunista, para ello es menester darle la palabra a las víctimas de esos genocidas de las Farc apoyados por la CDLV de Roux. Eso lo ha hecho el centro democrático, el cual ha publicado un Informe sobre los crímenes de lesa humanidad de las FARC, contado por las víctimas y analistas reputados tanto de la academia como de la sociedad civil y la política colombiana. Lamentablemente ese informe no ha tenido la difusión y por lo tanto el análisis que su importancia amerita. Intentaré condensar con alguna observación personal tal informe (

https://www.centrodemocratico.com/la_verdad

Prologa el informe el presidente Uribe, el cual inicia con una verdad inobjetable: “No tiene pretensiones de verdad absoluta, que no existe. Los dogmas de fe son absolutos, la verdad es relativa que aumenta sus grados de aproximación a través del debate. A este queremos contribuir”, contrario a la intención hegemónica de las FARC de querer imponer una “verdad” fabricada por de Roux, Uribe plantea que su escrito es solo una contribución a construir la verdad de la historia de los crímenes de las FARC.

Recuerda Uribe que la Comisión de la Verdad nació del antidemocrático procedimiento de enmendar un plebiscito con una proposición del Congreso. También el hecho elemental de que “es notoria la inclinación ideológica de los miembros de la Comisión de la Verdad con excepción del exmilitar mayor Carlos Ospina, persona ecuánime cuyas apreciaciones fueron desconocidas”.

El objetivo fundamental de la Comisión de la Verdad es imponer la falsedad de la culpabilidad del Estado para justificar el genocidio de las FARC, en ello es claro Uribe: “La Comisión de la Verdad ha producido como titular de su obra la frase 

. Eso es nada más y nada menos que la justificación de la violencia, el terrorismo, el asesinato, el secuestro, las violaciones, el reclutamiento de menores, las destrucciones, el atraso y la pobreza de todos los años por actuación de grupos violentos”. Hace Uribe una detallada defensa de su actuación y desvirtúa las canallas mentiras de de Roux y sus camaradas de la Comisión de la Verdad, remito al documento para su objetivo examen.

El historiador Darío Acevedo Carmona hace un prolijo análisis del discurso ideológico del informe de la CDLV de Roux. Comienza por señalar que “no es propiamente la experticia académica la que distingue a quienes fueron seleccionados en su integración sino el factor de activismo en la defensa de los derechos humanos, liderazgo de organizaciones de víctimas y afinidades ideológico-políticas”. Acevedo destaca las siguientes falencias del documento: 1) El texto no posee una unidad temática y metodológica como para caracterizarlo desde una única valoración. 2) El texto deriva en una historia sin cambios, signada por y en la violencia, que podríamos asimilar a una visión fatalista de nuestro discurrir histórico. 3) Se habla de un régimen excluyente en materia social y política, de precaria democracia, sin entrar en constataciones, datos, debates al respecto, cambios, etc. 4) “Cuando se refiere a los factores estructurales o causas objetivas, desliza una retórica tipo opinión libresca sin demostrar de qué manera, por ejemplo, el racismo, el patriarcado (que no lo caracterizan, no dicen si es de ley o cultural), la pobreza generalizada, la exclusión, el no reconocimiento del otro, como si la verdad compleja consistiera en listar una serie de fenómenos y problemas, y sobre los cuales no se realiza el ejercicio imprescindible de sustentar lo que se afirma. 5) El documento pierde su norte al referirse a asuntos que, si bien son problemáticos, no tienen una relación directa con el surgimiento y desarrollo del conflicto armado interno – CAI. La corrupción, la impunidad, el desempleo y la informalidad son un flagelo, de eso no hay duda, pero, citarlos cuando se espera de parte de la CEV análisis sobre todo lo que tenga una relación directa con el CAI, termina por distraer el objetivo para el cual fue creada. 6) ”Omisiones increíbles: no hay una sola referencia al papel y la influencia de las teorías marxistas y comunistas en el CAI, siendo como han sido,determinantes en el surgimiento de grupos guerrilleros, como tambiénde agrupaciones legales que justifican el accionar de aquellos”. En consecuencia, es obvio que calla el rol del PCC en la conformación de las FARC. 7) El tono moralista y moralizante del documento va en detrimento del esperado acento analítico. 8) En el documento no hay referencias bibliográficas a investigadores y textos que han explorado temas del CAI o que sostienen puntos de vista o hipótesis que ameritaban ser considerados en el informe. 9) “Está construyendo un relato de la confrontación que presenta lo vivido no como un conflicto armado sino como la represión sistemática de un régimen político contra la población a la que además le niega la satisfacción de sus reivindicaciones. Modelo copiado de las comisiones de la Verdad de países del Cono Sur americano”. 10) El texto es recurrente en acusar al Estado colombiano de todo los males e injusticias pasadas y actuales. 11) “En conclusión, el texto en comento no es un aporte a la verdad histórica, a la verdad compleja, a aquella que es el fruto de indagación de diversas fuentes de información, que no parte de cero, que reconoce otros textos e investigadores, que plantea hipótesis para explicar un problema, que contrasta, que demuestra, que analiza datos. En cambio, es un texto en el que se abusa de un lenguaje moralista, acusatorio contra el Estado, que iguala para borrar las diferencias, que no es concreto, que generaliza, que omite hechos esenciales”.

Sesudo análisis sistemático del texto el que realiza Darío Acevedo Carmona, refutando con claridad argumental las sandeces ideológicas de la CDLV de Roux. Es esa la desinformación típica de la manipulación que el comunismo hace desde Lenin y por ello es muy significativo el esfuerzo del Centro Democrático en la divulgación de este documento que seguiremos analizando en siguientes artículos.

¿Cuál verdad? (I), por Alberto López Núñez*

Concluimos nuestra serie de artículos dedicados a reflexionar sobre la doctrina que debe guiar al católico en su acción, basado en la Doctrina Social de la Iglesia, expuesta en su Compendio de la Doctrina Social (CDS), seguiremos analizando la doctrina sobre la actividad económica según ese documento para concluir con los principios que rige las relaciones de la Iglesia con la política

Hemos explicitado en diversas ocasiones la antinomia catolicismo-comunismo, tan olvidada hoy en día por la jerarquía católica. La Iglesia es enfática en defender la propiedad privada y criticar el estatismo “Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos». La ausencia o el inadecuado reconocimiento de la iniciativa privada, incluso económica, y de su función pública, así como también los monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiaridad.” (CDS, 187).

Quién lo iba a creer en medio de tanta desinformación desde la misma Iglesia incluso respecto a los banqueros, los ricos etcétera que el CDS hace una vigorosa defensa del sistema financiero: “La experiencia histórica enseña que en ausencia de sistemas financieros adecuados no habría sido posible el crecimiento económico.” (CDS,368). Igualmente defiende la doctrina social de la Iglesia a la globalización “la política, al igual que la economía, debe saber extender su radio de acción más allá de los confines nacionales, adquiriendo rápidamente una dimensión operativa mundial que le permita dirigir los procesos en curso a la luz de parámetros no sólo económicos, sino también morales” (CDS, 372).

Es firme la Iglesia en la defensa de la democracia como principio rector de la política: “El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía” (CDS, 395). La autoridad política obviamente debe guiarse por la ley moral. La ley debe ser justa como primera regla del sistema político. Pero la democracia no es una cuestión formal de leyes justas, va mucho más allá: “Una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del «bien común» como fin y criterio regulador de la vida política”. (CDS,407).

La representación política tiene por sobre todo una obligación moral: “Quienes tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación, que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales” (CDS, 410). ¿Cómo responderán los parlamentarios católicos ante su aprobación de un régimen del socialismo del siglo XXI, que busca la imposición de una dictadura hambreadora para perpetuarse en el poder? No pueden, no tienen justificación alguna.

Enfatiza la Iglesia el principio de la subsidiaridad, el Estado solamente acogerá como funciones propias aquellas que no puedan ser ejercidas por la sociedad civil: “El Estado debe aportar un marco jurídico adecuado para el libre ejercicio de las actividades de los sujetos sociales y estar preparado a intervenir, cuando sea necesario y respetando el principio de subsidiaridad” (CDS,418).

Está claro pues que la Iglesia define la acción política basada en tres principios: bien común, subsidiaridad y solidaridad. Defiende la libertad y la democracia como valores fundamentales de la acción política, propone como un derecho humano la propiedad privada y al trabajo y critica al estatismo. Estos son los valores que debería defender el político en la política. Bien difícil debe ser para destacados representantes de la jerarquía católica y para la mayoría de los políticos colombianos que se declaran católicos el justificar sus acciones en la promoción de un régimen político que es diametralmente opuesto a los principios de la doctrina social de la Iglesia, pues pretende instaurar la dictadura del socialismo del siglo XXI y darle un gran poder al narcoterrorismo, elemento asesino de la vida y la libertad.

* Artículo publicado en El Nacional de Venezuela

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La Iglesia, la sociedad y el Estado (III), por Alberto López Núñez*

Retomando el tema de la relación entre la Iglesia, el Estado y el capitalismo me abocaré en este artículo a revisar, siempre siguiendo los postulados de la doctrina social de la iglesia, los fundamentos de la acción política que deben guiar a un católico, especialmente en lo que atañe a la vida económica y a la comunidad política.

En primer lugar, la doctrina recalca que la riqueza no es un mal, por el contrario “Las riquezas realizan su función de servicio al hombre cuando son destinadas a producir beneficios para los demás y para la sociedad” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia –CDS-, 329), y por ello “la eficiencia económica y la promoción de un desarrollo solidario de la humanidad son finalidades estrechamente vinculadas, más que separadas o alternativas” (CDS, 332). Coincide plenamente la Iglesia con la doctrina liberal clásica (capitalismo) en que: “Objeto de la economía es la formación de la riqueza y su incremento progresivo” (CDS, 334), lo que nos dicen los grandes teóricos del capitalismo Moderno (Mises, Hayeck, Friedman) que la base del progreso está en la acumulación de la riqueza, lo indica claramente el CDS, muy contrario al discurso del decrecimiento de los progresistas y a la monserga miserabilista de la Teología de la Liberación y muchos en la Iglesia que le son sus compañeros de camino. Quiere ser la Iglesia explícita en esto cuando sin ambages postula:

“En la perspectiva del desarrollo integral y solidario, se puede apreciar justamente la valoración moral que la doctrina social hace sobre la economía de mercado, o simplemente economía libre: ‘Si por “capitalismo” se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios productivos, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta es ciertamente positiva” (CDS, 335)

Más detalladamente postula la doctrina social de la Iglesia su apoyo a la iniciativa privada: “Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica, y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos, y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos” (CDS, 336). No hay aquí espacio para discursos de tercera vía, ni ocultamientos de modelos socialistas, bajo eufemismos de cualquier índole, tanto que se jactan los progresistas de los derechos humanos, pues bien, la Iglesia declara la iniciativa económica de la persona, como un derecho humano.

Con mayor precisión hace la doctrina social de la Iglesia una defensa de la empresa privada al indicar “En esta producción de bienes y servicios con una lógica de eficiencia y de satisfacción de los intereses de los diversos sujetos implicados, la empresa crea riqueza para toda la sociedad: no solo para los propietarios, sino también para los demás sujetos interesados en su actividad. Además de esta función típicamente económica, la empresa desempeña también una función social, creando oportunidades de encuentro, de colaboración, de valoración de las capacidades de las personas implicadas” (CDS, 338). La Iglesia proclama la justificación de las utilidades del capitalista: “La doctrina social reconoce la justa función del beneficio, como primer indicador del buen funcionamiento de la empresa” (CDS, 340).

Para la Iglesia el mercado es consustancial a la actividad económica, es decir el capitalismo es el sistema económico apropiado para que la sociedad ejecute su función económica: “El libre mercado es una institución socialmente importante por su capacidad de garantizar resultados eficientes en la producción de bienes y servicios” (CDS, 347), obviamente y en esto entra en acción el ordoliberalismo que hemos analizado en otros artículos en este diario, “La doctrina social de la Iglesia, aun reconociendo al mercado la función de instrumento insustituible de regulación dentro del sistema económico, pone en evidencia la necesidad de sujetarlo a finalidades morales que aseguren y, al mismo tiempo, circunscriban adecuadamente el espacio de su autonomía” (CDS, 349).

En consecuencia, con el principio de subsidiaridad analizado en el anterior artículo, la Iglesia precisa contundentemente que la acción del Estado en la actividad económica debe guiarse por este principio y por lo tanto ser limitada: “El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. El Estado tiene, además, el derecho a intervenir, cuando situaciones particulares de monopolio creen rémoras u obstáculos al desarrollo. Pero, aparte de estas incumbencias de armonización y dirección del desarrollo, el Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales” (CDS, 351). No hay pues contradicción, sino por el contrario coincidencia entre la doctrina social de la Iglesia y los principios liberales postulados por ejemplo por Mises, contra el Estado intervencionista en su magistral obra A Critique of Interventionism, 1929, 1976.

Por lo tanto la tarea fundamental del Estado para la Iglesia es definir un marco jurídico de regulación de las relaciones económicas, propugnando un justo equilibrio entre la iniciativa privada y la acción pública, por consiguiente, una tributación expropiatoria como la que el gobierno del socialismo del siglo XXI de Petro acaba de aprobar con la aprobación de parlamentarios supuestamente católicos y sin que la jerarquía católica se haya pronunciado en contra por violar ese equilibrio que postula la doctrina, por lo tanto yendo en contra del bien común propugnado. Precisamente a este respecto señala el compendio: “Los ingresos fiscales y el gasto público asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política: el objetivo hacia el cual se debe tender es lograr una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad” (CDS, 355) y detalla para que no haya confusión:

“La finanza pública se orienta al bien común cuando se atiene a algunos principios fundamentales: el pago de impuestos como especificación del deber de solidaridad; racionalidad y equidad en la imposición de los tributos; rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos. En la redistribución de los recursos, las finanzas públicas deben seguir los principios de la solidaridad, de la igualdad, de la valoración de los talentos, y prestar gran atención al sostenimiento de las familias, destinando a tal fin una adecuada cantidad de recursos” (CDS, 355). No se entiende pues como la jerarquía católica y dirigentes que se dicen católicos actúan en contra de los postulados de la doctrina social de la Iglesia, ello no puede llevar sino al empobrecimiento de la población con la finalidad de hacerla dependiente del Estado, ese es el objetivo del socialismo del siglo XXI, el gobierno de Petro actúa descaradamente en ese camino, con la benevolencia de la jerarquía católica, y la dirigencia de los cuerpos intermedios, a cuyo análisis nos abocaremos en el próximo artículo.

La Iglesia, la sociedad y el Estado (II), por Alberto López Núñez*

Lo que anunciábamos desde la campaña aceleradamente se define: el gobierno de Petro no solamente parece claramente orientado en cuanto a ideología en la extrema izquierda del socialismo del siglo XXI, sino que además estaría signado por el dominio del narcoterrorismo, no sólo el anclado en la ideología del marxismo-leninismo, como las FARC y el ELN, sino también el de los narcos puros, como el “Cartel del Golfo” y otros grupos de criminales, con los cuales se dice que Petro habría hecho el “Pacto de la Picota”.

Para quienes dudaban, ahí está la “oda a la coca” de Petro en la Asamblea de la ONU, y la “tapa del frasco” es la entrevista de la vicepresidenta Francia Márquez hoy domingo 30 de octubre en 

. Con una complicidad explícita con las FARC y una reafirmación del discurso progresista de la izquierda mundial basado en el odio de clases, ahora con el añadido del discurso de división étnica y de género, la vicepresidenta Márquez va más allá y más claro que Petro en la definición ideológica del gobierno.

Francia Márquez no se conforma con proclamar el eufemismo de “paz total” con un discurso lírico y rimbombante como Petro. Ella “va al grano” con su discurso claro y directo y no solamente da una argumentación política, errónea en nuestro concepto, pero al fin y al cabo sustentada en su ideología. Tiene el mérito que varias veces he resaltado de la coherencia de la izquierda.

El gobierno se define de izquierda, lo declara y actúa como tal. Eso es loable. No como el gobierno de Duque, que ganó con las banderas de la derecha, pero se declaró de centro, aunque en realidad actuaba como de izquierda en aspectos primordiales como el de la seguridad y la paz, al cogobernar con las FARC, a través del cumplimiento estricto del acuerdo de entrega del país a las FARC, por medio de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI, organismo de veto de las FARC a cualquier acción gubernamental que estuviese contrario a su meta de la toma del poder. Y con una actitud de debilidad espeluznante frente al terrorismo disfrazado de “protesta social” al permitir la paralización total del país y especialmente del Puerto de Buenaventura, que aisló al país en el área de comercio exterior. Es por esa errónea actitud de Duque que se permitió la llegada al poder del socialismo del siglo XXI.

Pero Francia Márquez no solamente hace un discurso ideológico claro, sino que también tiene la osadía de ser clara al plantear públicamente la intención del gobierno de instaurar la dictadura del socialismo del siglo XXI, no solamente -insistimos- con una declaración política, sino también con una falaz declaración judicial, que viola toda la normativa jurídica y cae en el prevaricato, al defender nítidamente la estrategia de declaración de inocencia de los narcoterroristas de las FARC. Claro esto lo hace al saber que no habrá ninguna consecuencia judicial, pues hay en Colombia una justicia dominada por la izquierda, pero aún peor ninguna consecuencia política, pues los partidos -salvo el Centro Democrático y Cambio Radical- están entregados incondicionalmente al gobierno.

A tal punto ha llegado la connivencia del gobierno con los narcoterroristas que el acuerdo Santos- Timochenko aparece como muy duro y el negociador de la entrega del país a las FARC como el principal crítico de esta peor entrega del país a la impunidad de todo grupo criminal. La vicepresidenta Márquez claramente declara la inocencia de las FARC y culpabiliza a la institucionalidad de actuar alevosamente contra unos pobres inocentes que fueron “engañados” por la justicia y el ejecutivo:

1- “Lo primero es una realidad que no podemos negar al país: los grupos que se sometieron al proceso de paz sintieron muchos que los entramparon, que los engañaron, que empezaron a asesinarlos”. ¡Qué desfachatez… para justificar el narcoterrorismo! los grupos criminales de lesa humanidad, las FARC y el ELN, pueden (y hasta deben) continuar delinquiendo pues el proceso de paz fue un engaño “para asesinarlos”.

2 – “Fue parte del entrampamiento. Como a Jesús Santrich, quien también estaba en ese proceso. Vimos todo lo que le hizo el fiscal general de la nación (Néstor Humberto Martínez), lo entrampó”. Iván Márquez tiene impunidad (parece que eterna), tiene casi medio siglo haciendo acuerdos de paz, infringiendo y volviendo a obtener el perdón, en un círculo vicioso que Petro quiere repetir por tercera vez. Esperemos cuál va a hacer la respuesta del exfiscal Martínez ante esta calumnia que se le hace desde la más alta cúpula del gobierno.

3 – “La necesidad de seguir avanzando porque no hay una paz total porque se sigue en los territorios violentando a la gente”. Para la vicepresidenta Márquez no hay paz, no porque los narcoterroristas siguen violando las normas jurídicas del Estado, sino porque se les sigue violentando según ella. La culpa no es del delincuente, sino del Estado. ¡Esa es la peregrina tesis de la izquierda!

4 – “Y vino la bomba que puso el ELN en la Escuela de Policía como un mecanismo de presión”. Vaya, vaya, matar a decenas de inocentes estudiantes es un mecanismo de presión ¡qué excelente apología del terrorismo!

5 – “Para mí la forma de acabar con el narcotráfico es la legalización». Frente a toda esta apología del crimen, pues se termina con una conclusión lógica para el progresismo izquierdista.

6 – “Hay quienes intentan boicotear el gobierno generando este tipo de violencia”. Ahora el asesinato de “líderes sociales” no es por ajuste de cuentas entre grupos de narcoterroristas, sino una acción política de los enemigos del gobierno para boicotearlo… ¡por Dios!

7- “No hay dudas de que esto sea parte de las estrategias para desestabilizar, para generar una zozobra para que la gente no crea en el cambio. Es parte de una estrategia macabra”. Entonces ahora la guerra entre narcos es simplemente una estrategia macabra para impedir el cambio ¡ujum!

En conclusión, considero que habría que prepararse ya sí, sin alguna duda, para un recrudecimiento del narcoterrorismo, la inseguridad y la generalización del tráfico de drogas ilícitas en el país, pues el gobierno contrario a su deber de luchar contra el narcoterrorismo y el crimen en general, los disculpa y hasta justifica (Francia Márquez), con lo cual -en la práctica- los protege y aúpa.

Recordemos que esa es la tesis que ha venido manejando el socialismo del siglo XXI, i.e, crear anarquía (además de la ya consabida pauperización de la sociedad) y consecuentemente la disolución del Estado, con lo cual en otras latitudes se ha asegurado la hegemonía del poder totalitario. Ojo con esta entrevista… Colombia estaría iniciando su etapa de conversión en un narcoestado, siguiendo el ejemplo de Venezuela, tal como lo hemos pronosticado desde el año pasado.

*Artículo publicado en el diario El Nacional de Venezuela.

Definición narcoterrorista del gobierno, por Alberto López Núñez*

En un artículo anterior en el que revisaba la relación entre la Iglesia y la política (

https://www.elnacional.com/opinion/el-catolico-y-la-politica/

) concluía, basado en la doctrina social de la Iglesia, que dado que el comunismo es antropológicamente erróneo, si se es coherente la Iglesia no puede ser tolerante con regímenes comunistas, pues estos van contra la dignidad humana. Queriendo profundizar pretendo ahora estudiar la relación entre la Iglesia, el Estado y el capitalismo. Me sustentaré fundamentalmente en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDS) (

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html

), tratado básico para analizar este complejo pero apasionante tema.

La Doctrina se inicia con el principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana (CDS, 17). Respecto al orden social la Iglesia postula que “Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Ésta representa el fin último de la sociedad, que está a ella ordenada” (CDS, 132). Obviamente la Iglesia afirma la importancia de los derechos humanos, siendo categórica en que “el primer derecho enunciado en este elenco es el derecho a la vida, desde su concepción hasta su conclusión natural” (CDS, 155) ¿No va a nombrar una abortista como Académica de la Iglesia en contra de ese postulado?

La iglesia define el principio del bien común al cual debe referirse todo aspecto de la vida social. “El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral”. (CDS, 164) Este es la razón de ser de la autoridad política. La iglesia no está en contra de la creación de riqueza, todo lo contrario, propone sí que esta debe tener una función positiva 8 es decir orientada al bien común): “La propiedad privada, en efecto, cualquiera que sean las formas concretas de los regímenes y de las normas jurídicas a ella relativas, es, en su esencia, solo un instrumento para el respeto del principio del destino universal de los bienes, y, por tanto, en último análisis, un medio y no un fin» (CDS, 177).

Un segundo principio es el de la subsidiariedad. “Los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a otras agregaciones sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada, en definitiva, su dignidad propia y su espacio vital. A la subsidiariedad entendida en sentido positivo, como ayuda económica, institucional, legislativa, ofrecida a las entidades sociales más pequeñas, corresponde una serie de implicaciones en negativo, que imponen al Estado abstenerse de cuanto restringiría, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad, no deben ser suplantadas”. (CDS, 186). Este principio va pues definitivamente en contravía del estatismo, este solamente debe actuar en las funciones que los cuerpos intermedios no puedan cumplir. Esto lo expresa claramente el documento: “Con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público: «Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos». La ausencia o el inadecuado reconocimiento de la iniciativa privada, incluso económica, y de su función pública, así como también los monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiariedad” (CDS, 187).

Finalmente está el principio de solidaridad. “El término «solidaridad», ampliamente empleado por el Magisterio, expresa en síntesis la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos” (CDS, 194).

A continuación, la Iglesia traduce estos principios en la aplicación de ciertos valores fundamentales. La libertad, el derecho a su ejercicio es inseparable de la dignidad humana. La justicia que “consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido” (CDS, 201). Obviamente la Iglesia define la familia como la célula vital de la sociedad. El matrimonio (entre un hombre y una mujer, atención a esto) es el fundamento de la familia. Contra el relativismo que el wokismo pretende imponer y frente a la cual en mi opinión la Iglesia ha sido laxa, la doctrina de la Iglesia es clara y explícita: “En relación con las teorías que consideran la identidad de género como un mero producto cultural y social derivado de la interacción entre la comunidad y el individuo, con independencia de la identidad sexual personal y del verdadero significado de la sexualidad, la Iglesia no se cansará de ofrecer la propia enseñanza: «Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales, están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos». Esta perspectiva lleva a considerar necesaria la adecuación del derecho positivo a la ley natural, según la cual la identidad sexual es indiscutible, porque es la condición objetiva para formar una pareja en el matrimonio” (CDS, 224). Más específico aún es con respecto al matrimonio de personas del mismo sexo: “La persona homosexual debe ser plenamente respetada en su dignidad, y animada a seguir el plan de Dios con un esfuerzo especial en el ejercicio de la castidad. Este respeto no significa la legitimación de comportamientos contrarios a la ley moral ni mucho menos, el reconocimiento de un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, con la consiguiente equiparación de estas uniones con la familia” (CDS, 228).

La Iglesia define la prioridad social de la familia. “El reconocimiento, por parte de las instituciones civiles y del Estado, de la prioridad de la familia sobre cualquier otra comunidad y sobre la misma realidad estatal, comporta superar las concepciones meramente individualistas y asumir la dimensión familiar como perspectiva cultural y política, irrenunciable en la consideración de las personas. (CDS, 254). Proclamar pues fundamentos de la acción política basados en estos principios, no es “fascismo” ni “ultraderecha” es doctrina social de la Iglesia. El católico que es coherente debe accionar en política de acuerdo a estos principios y no relativizar los principios apoyando partidos y gobiernos que se desvían y hasta van en contra de ellos. Continuaremos en el próximo artículo abordando este importante tema.