 Abogado y analista político

José Antonio Torres Iriarte

La reprogramación de la audiencia en la que se debía resolver la apelación planteada por la fiscalía para hacer efectiva la prisión preventiva del procesado Martín Vizcarra ha llamado profundamente la atención. El juicio oral contra el inhabilitado expresidente Martín Vizcarra viene demostrando el poco interés en impulsar celeridad a un proceso judicial que, por su naturaleza y connotación, reviste la mayor importancia. Vizcarra pareciera sentirse seguro de que seguirá en libertad durante su largo juicio oral, lo que le permite crear la atmósfera de que sigue en campaña electoral a lo largo y ancho del territorio nacional. Ha alcanzado el “sueño del partido propio”, amparándose en la laxitud de las normas exigidas a los nuevos partidos políticos, que han podido inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Un sinnúmero de agrupaciones políticas están prestas a participar en las próximas elecciones generales, siendo evidente que las autoridades electorales no tienen el menor interés en sancionar a los partidos que han incurrido en acciones dolosas, falsificando centenares de firmas de adhesión a nuevas agrupaciones políticas. Vizcarra goza de una aparente impunidad, a lo que se suma la inacción de las autoridades electorales.

Por otro lado, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, virtualmente se ha negado a cumplir con un mandato judicial que ordena la reposición como fiscal suprema de la Dra. Patricia Benavides. La fiscal de la Nación incurre en desacato y pareciera dispuesta a mantenerse intransigente.

La actitud de Gustavo Gorriti es reveladora. No concurre a las citaciones programadas, se niega a prestar sus declaraciones ante el Ministerio Público y, por cierto, desafía al Congreso de la República. A lo largo del tiempo, Gorriti ha demostrado que es un operador político de Odebrecht. ¿Cómo explicar que haga uso y abuso del poder casi ilimitadamente? El Perú ha sido testigo de cómo se ha convertido en el censor de la vida nacional, mostrándose seguro de poder desafiar a un poder del Estado.

Se puede afirmar que el Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht ha significado una cesión de derechos y el otorgamiento de excesivas concesiones a una empresa que tuvo como norte hacerse de las principales obras de infraestructura en nuestro país, corrompiendo a exjefes de Estado y altos funcionarios de diferentes administraciones. El Instituto de Defensa Legal, bajo el liderazgo de Gorriti, ha ido acentuando su poder e influencia en la política nacional. La “trama de Odebrecht” no ha concluido.

En las elecciones generales del próximo año se pondrá una vez más de manifiesto el peso e influencia de la llamada “judicialización de la política”. La democracia debe defenderse de la influencia nefasta de actores de la llamada “sociedad civil”. Más de cuarenta agrupaciones políticas conforman un universo electoral en el que no será el debate político o ideológico lo que prime.

El Perú no puede soslayar la influencia de la minería ilegal, del narcotráfico y del crimen organizado en el próximo proceso electoral. Más aún, es inaceptable que Martín Vizcarra y Gustavo Gorriti sientan que están por encima de la ley. Existen claros indicios de que el expresidente optaría por rehuir el mandato de la justicia, ya sea abandonando el país o buscando asilo en alguna embajada.

Martín Vizcarra, Gustavo Gorriti y Delia Espinoza deben comprender que nadie está por encima de la ley.

Nadie está por encima de la ley, por José Antonio Torres Iriarte

El Perú debe apoyarse en un sistema de partidos políticos que fortalezca la institucionalidad democrática. A lo largo de la historia nacional, los militarismos se expresaron en golpes de Estado, tanto en el siglo XIX como durante el siglo XX. Los militarismos del primer medio siglo republicano dieron paso a la formación del Partido Civil. Luego de la Guerra con Chile, surgió un período marcado por un nuevo militarismo. La República Aristocrática dio señales de cierta estabilidad política. El oncenio de Leguía estuvo marcado por sucesivas reelecciones presidenciales, teniendo su ocaso en un contexto definido por la crisis internacional derivada del crack de octubre de 1929.

Surgiría luego un militarismo de sesgo antiaprista, en el que el Ejército y las Fuerzas Armadas en general fueron aliados de la llamada oligarquía. El APRA sería un partido proscrito durante décadas, llegando incluso las Fuerzas Armadas, en julio de 1962, a expresarse políticamente a través del llamado “veto” a Víctor Raúl Haya de la Torre.

Los golpes de Estado en 1930, 1948, 1962 y 1968 fueron parte del acontecer nacional. El golpe del 3 de octubre de 1968, liderado por Juan Velasco Alvarado, fue la expresión de una nueva visión política al interior de las Fuerzas Armadas. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, durante el septenato velasquista, fue contrario a cualquier apertura democrática. La segunda fase del gobierno militar, presidida por el general Francisco Morales Bermúdez, optó por dar pasos seguros hacia un largo proceso de transición democrática. Las elecciones a la Asamblea Constituyente fueron convocadas para el 18 de junio de 1978. Los asesores del gobierno militar diseñaron la figura del voto preferencial con el claro propósito de afectar el liderazgo de Haya de la Torre al interior del APRA. El líder aprista superó el millón de votos preferenciales, presidiendo las Juntas Preparatorias. Con el voto del Partido Popular Cristiano (25) y del APRA (37), sería elegido presidente de la Asamblea Constituyente Víctor Raúl Haya de la Torre.

La dictadura velasquista prescindió de formar un partido político y optó por movilizar a la población a través de un organismo estatal como el SINAMOS. Hasta el autogolpe del 5 de abril de 1992, el Perú tuvo un sistema de partidos políticos con la presencia de un partido de masas como el APRA; Acción Popular; el Partido Popular Cristiano, con presencia en Lima; y un grupo de partidos de izquierda marxista que participaron en las elecciones generales de 1985 respaldando la candidatura de Alfonso Barrantes Lingán.

Alberto Fujimori, luego del 5 de abril, adoptó un discurso contrario a los partidos políticos, señalando que la “partidocracia” era la causante del fracaso nacional.

La Constitución de 1993 aprobó la reelección presidencial, optó por la cámara única y el distrito nacional único. La renuncia de Alberto Fujimori y el retorno de Alan García al Perú generaron un nuevo escenario político. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se promulgó la Ley de Partidos Políticos, impulsada por el jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla. La ley aprobada burocratizó la política; se inició una etapa de excesivo reglamentarismo, diseñándose el financiamiento público de los partidos políticos.

Durante el gobierno de Martín Vizcarra fue designada una Comisión de Alto Nivel, presidida por el exjefe de la ONPE Tuesta Soldevilla. Se elaboró un denso informe, en momentos en que el gobierno trataba de capitalizar políticamente las investigaciones del caso Lava Jato. La reforma política ha generado que hoy el país cuente con 43 partidos políticos inscritos ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Es claro que la reforma política ha alentado la facilidad en la formación de nuevos partidos. Asesores y consultores especializados en “dar vida” a nuevos partidos han encontrado una oportunidad laboral. Se ha generado un nuevo “boom”: el sueño de tener un partido propio. Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli, tan estrechamente vinculados, han alcanzado ese sueño. Vizcarra sigue haciendo proselitismo político en todo el país, a pesar de haber sido inhabilitado tres veces por el Congreso de la República. Más aún, afronta cargos penales y, seguramente, será sentenciado a pena privativa de libertad en las próximas semanas. Vizcarra gana tiempo y demuestra que no le preocupa generar problemas. Por ello, ha anunciado que su hermano César Vizcarra sería eventualmente candidato presidencial.

Los teóricos de la reforma política deben sentirse orgullosos de haber acentuado la precarización de la política en el país. Los partidos políticos deberían ser la expresión de corrientes de opinión, de pensamientos y de filosofía política. Los nuevos partidos no son partidos de masas ni de cuadros: son “vientres de alquiler” ávidos de poder.

Hoy el Perú deja de lado el debate político o doctrinario para dar paso a un escenario de caos y anarquía electoral. Las unidades de investigación de varios medios de comunicación han corroborado la masiva falsificación de firmas de militantes en los nuevos partidos. Los organismos electorales señalan que el ordenamiento legal no les permite denunciar penalmente a los infractores ni excluir del proceso electoral a los partidos que han logrado su inscripción de manera dolosa. Lo cierto es que ha aumentado la oferta electoral, generándose un mercado con creciente demanda para alcanzar un lugar en las listas al Senado o a la Cámara de Diputados.

Hoy los partidos no necesitan cuadros, pensadores, filósofos o activistas; por el contrario, surgen nuevos emprendimientos en torno a la política. Juan Velasco Alvarado denostó de los partidos políticos a lo largo de todo su gobierno.

Por su parte, Martín Vizcarra —el golpista del 30 de septiembre— se siente invencible, más aún por la cercanía política que mantiene con el actual presidente del Congreso, José Jeri. Son los tiempos de César Acuña, de Luna Gálvez y de los “niños” de Acción Popular.

El transfuguismo es tolerado políticamente, quedando atrás la disciplina y la lealtad partidaria. Actualmente, un congresista es elegido por un partido y tiempo después renuncia a su grupo parlamentario original, pasando a integrar otro grupo o la bancada de los “no agrupados”. Sin trayectoria política en muchos casos, los actuales congresistas utilizan la modalidad “remota” para no asistir a las sesiones plenarias o de comisión. Debe eliminarse el vicio de la llamada “semipresencialidad”. La semana de representación no cumple su cometido y frena el trabajo inherente a la función congresal, interrumpiendo muchas veces la labor de fiscalización y control político.

Las elecciones de 2026 deben permitir que prime el debate político e ideológico por un lado, y el debate programático por otro. El Perú no necesita decenas de partidos políticos: necesitamos partidos con militantes leales y disciplinados que mantengan en alto sus ideales.

Partidos políticos y "vientres de alquiler", por José Antonio Torres Iriarte

La elección del congresista José Jerí, de Somos Perú, como presidente del Congreso, nos impulsa a manifestar y evocar que las elecciones generales del 2021 no estuvieron exentas de diversos señalamientos y observaciones por el desempeño irregular del Jurado Nacional de Elecciones, en especial por la inconducta del magistrado Jorge Salas Arenas, que, en su condición de presidente, emitió voto (doble) dirimente en causas decisivas que limitaron la participación política de partidos como el APRA o el Partido Popular Cristiano.

Más aún, con el voto doble del señor Salas Arenas se decidió que la actual presidenta de la República quedara habilitada como integrante de la plancha presidencial de Perú Libre, a pesar de haber sido excluida de la lista congresal de Perú Libre por Lima. Estas decisiones, en mi concepto, fueron determinantes en un proceso electoral que generó dudas fundadas sobre su transparencia. La diferencia a favor de Pedro Castillo fue de algo más de cuarenta mil votos a nivel nacional, lo que representa el volumen de electores de aproximadamente 200 mesas. El país recuerda cómo el "fraude en mesa" se consumó de manera tan burda, con resultados inconsistentes en centenares de mesas de sufragio, que registraban cero votos para la candidata de Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral, a pesar de que en la primera vuelta tuvo sufragios en las mismas mesas. Más aún, el jefe de la ONPE no facilitó los padrones de las mesas de sufragio, impidiendo que se cotejen los padrones con las actas. Una muestra aleatoria a nivel nacional, estoy seguro, hubiera permitido corroborar o no vicios de fraude.

Pedro Castillo fue proclamado presidente de la República, presidiendo un gobierno que se propuso dinamitar la economía nacional y convocar a una Asamblea Constituyente. El fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 demostró la vocación autoritaria de Pedro Castillo, por un lado, y, a la par, el respaldo de las instituciones tutelares del país en defensa de la democracia. La intromisión del gobierno de López Obrador fue manifiesta. La vacancia de Pedro Castillo fue aprobada por más de cien congresistas, incluyendo a la amplia mayoría de los integrantes de Perú Libre.

Dina Boluarte preside un gobierno sucedáneo de Pedro Castillo, que ha tratado de diferenciarse de la administración anterior. El Congreso de la República ha evitado en todo momento desenlaces políticos que pongan en riesgo la estabilidad del país. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, las movilizaciones violentas trataron de desestabilizar al gobierno de Boluarte.

Para garantizar la estabilidad política del país ha sido fundamental el concurso de las sucesivas Mesas Directivas del Congreso y el apoyo tácito de grupos parlamentarios como APP, Fuerza Popular y Perú Libre, que han integrado dichas mesas. La presencia reiterada de Waldemar Cerrón como integrante de la Mesa Directiva explicita un acuerdo tácito entre Perú Libre y Fuerza Popular. Por su parte, Vladimir Cerrón se encuentra en calidad de "prófugo", evidenciándose cierta complacencia por parte del gobierno y la PNP. Vladimir Cerrón es un actor político "en la sombra", ávido de poder y decidido a compartir cuotas de poder con otras fuerzas políticas.

La elección del congresista Jerí como presidente del Congreso para presidir la Mesa Directiva en el tramo final del gobierno de Dina Boluarte puede tener varias lecturas.

No olvidemos que Somos Perú, en las elecciones generales de 2021, incluyó como candidato al Congreso al procesado Martín Vizcarra e incluso postuló a la presidencia de la República al expresidente del Congreso Daniel Salaverry. Martín Vizcarra, desleal y sin escrúpulos, fue capaz de urdir una "coalición" durante su gobierno que incluyó a los grandes medios de comunicación, receptores de generosos fondos por concepto de publicidad estatal. Vizcarra, de modo absolutamente irregular, fue candidato al Congreso de la República. El JNE esperó la hora final para cumplir con la inhabilitación política por diez años aprobada por el Congreso contra Martín Vizcarra. El JNE le entregó las cartas credenciales al congresista Jerí para que ocupe la curul que, en un primer momento, supuestamente le hubiera correspondido a Vizcarra. Hoy, Somos Perú asume un protagonismo político singular.

Actualmente, Martín Vizcarra tiene su propio partido y no desiste en seguir haciendo proselitismo político por todo el país. No se puede obviar la cercanía política entre Vizcarra y el electo presidente del Congreso. El Poder Judicial trata de modo singular al procesado Vizcarra. El juicio oral se desarrolla lentamente —apenas se realiza una audiencia por semana—, el procesado solo tiene impedimento de salida del país, y se desplaza sin restricciones por diversas ciudades del Perú, a pesar de estar inhabilitado políticamente. Vizcarra goza de impunidad, juega con diversos escenarios que oscilan entre la absolución por parte de la Sala, la condena a pena privativa de libertad, la posibilidad de solicitar asilo diplomático o, en su defecto, lograr que la Corte Interamericana de Derechos Humanos disponga medidas cautelares a su favor.

La reforma política que promovió Vizcarra durante su gobierno ha generado caos y anarquía electoral. Su estrecha colaboradora, Fiorella Molinelli, también ha logrado el sueño “del partido propio”. Fernando Tuesta, entre otros, como autor intelectual de la nefasta reforma política, apuesta por el caos y la desinstitucionalización de la política en las próximas elecciones generales. El apoyo de Fuerza Popular al congresista Jerí, de Somos Perú, demuestra la falta de convicciones de una agrupación sin un derrotero seguro.

La victoria de José Jerí representa una victoria tácita del inhabilitado Martín Vizcarra y de varias fuerzas políticas que tienen el pragmatismo como bandera. Fuerza Popular, Somos Perú, APP, Acción Popular y otros partidos carecen de doctrina, historia, militancia con trayectoria y lealtad partidaria. Son los tiempos del transfuguismo.

Una vez más, se hace evidente que la política se ha convertido en un medio transable y una mercancía, a pocos días de celebrarse el 204.º aniversario patrio.

La política como medio transable y mercancía, por José Antonio Torres Iriarte

La seguridad social sigue siendo un instrumento de política social válido, más aún en momentos de crisis sanitaria como la derivada de la crisis del COVID-19. Por otro lado, la Oficina Internacional del Trabajo, a lo largo del tiempo, se convirtió en un referente y soporte técnico en la realización de estudios técnico-actuariales que permitieran el adecuado cálculo de las tasas de aportaciones en función de los costos de las prestaciones otorgadas a los asegurados y la ampliación de cobertura a favor de sus derechohabientes.

El financiamiento de la seguridad social debe respaldarse en la eliminación de las tasas diferenciadas o subsidios en el pago de aportaciones. A la vez, debe mejorarse la recaudación y cobranza de los adeudos que mantienen los empleadores con EsSalud. Actualmente, los empleadores aportan el 9 % como cuota patronal, monto calculado en función del ingreso de cada trabajador, mientras que los trabajadores adscritos a las AFP u ONP cubren íntegramente el aporte previsional en sus cuentas individuales o, en su defecto, aportan el 13 % a favor de la ONP.

Desde la creación de las AFP han transcurrido más de tres décadas, tiempo suficiente para evaluar el impacto que ha tenido, en el tiempo, la administración privada de los fondos de pensiones. La población peruana está marcada por un proceso de transición demográfica, caracterizado por la existencia de un “bono demográfico” signado por un grueso sector de la población en edad productiva y reproductiva. Por otro lado, ha aumentado sostenidamente la población mayor de 65 años. El sistema privado de pensiones, al coexistir con el sistema público de pensiones administrado por la ONP (adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas), ha tenido que mostrarse dinámico y proactivo en la defensa de un sistema que ha estado permanentemente expuesto a la crítica y censura política. El SPP no ha tenido éxito en ampliar la cobertura en un mercado laboral afectado por la alta tasa de informalidad, ingresos limitados y por la intermitencia en los aportes.

Si en los primeros años existieron hasta incluso nueve AFP, lo cierto es que los procesos de fusión o retiro del mercado fueron manifiestos durante el primer lustro de creación de las administradoras privadas. Con la promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano se ha pretendido corregir errores, tratando de garantizar en el sistema público el otorgamiento de una pensión mínima como contraprestación, luego de que el trabajador haya aportado al menos 240 cuotas mensuales.

Cómo explicar que el SPP no pueda asegurar el pago de una pensión mínima equivalente al monto que ofrece la ONP, merece análisis y reflexión. El sector privado no puede pagar pensiones más altas o mínimas si es que carece de recursos para hacerlo. La solvencia no la puede asegurar cada AFP, porque no las anima un propósito solidario o de renuncia a sus expectativas de obtener mayores ganancias. Por ello, es oportuno mostrar cifras y estadísticas, por parte de la ONP como por parte de cada una de las cuatro AFP.

El mercado de las AFP es oligopólico, lo que ha limitado la competencia y seguramente permitido que las comisiones cobradas no sean tan competitivas. El Estado tiene una mirada particular, mientras que el sector privado se rige por otras consideraciones, resultando claro que no van a asumir pasivos que afecten la rentabilidad del sistema o reduzcan sustancialmente sus utilidades.

El Estado tal vez sea el mejor garante en materia pensionaria, sin embargo, tampoco se puede caer en el populismo demagógico e irresponsable. En los últimos años, la ofensiva contra las AFP tomó un cariz político más intenso, sin que las AFP hayan tenido capacidad de respuesta.

Considero que las AFP son eficientes en el pago de pensiones más altas a los trabajadores de mayores ingresos, sin embargo, es evidente que no han cubierto las expectativas de un sector amplio de afiliados. Me pregunto por qué no se ha sincerado la información para conocimiento de los afiliados. Las crisis financieras internacionales afectaron más de una vez los fondos privados. En el 2016 se autorizó el retiro del 95.5 % de los fondos administrados, con la intención de que cada trabajador pudiera contar con un “capital semilla” para acometer emprendimientos nuevos. Hasta la fecha, no se ha realizado un estudio serio que pueda evaluar el resultado obtenido como consecuencia de “nuevas inversiones”. A la vez, se supone que los fondos retirados por los afiliados en los últimos años han sido gastados para cubrir deudas vencidas o incluso para gastos superfluos. Es imperativo estudiar y analizar cómo el sistema privado de pensiones tiene serias limitaciones en su expansión, careciendo de respuestas oportunas y no siendo capaz de persuadir de sus bondades. Es importante educar a los afiliados y sincerar la información.

La seguridad social no va a desaparecer. El sistema público de pensiones está respaldado por el Tesoro Público, mientras que las AFP parecen carecer de respuestas y propuestas.

Por lo pronto, que las AFP exhiban sus logros y difundan los montos de las pensiones que abonan a sus pensionistas en general. El debate no ha concluido.

El debate no ha concluido, por José Antonio Torres Iriarte

La seguridad social en el tiempo se convirtió en el eje del Estado de Bienestar que se estableció en el Reyno Unido y en los países miembros de la Unión Europea. En América Latina, la seguridad social se fue gestando progresivamente en el campo de la salud y pensiones fundamentalmente. En el Perú se creó la Caja Nacional del Seguro Social Obrero y posteriormente la Caja Nacional del Seguro Social del Empleado. El Instituto Peruano de Seguridad Social data de 1980.

El Sistema Nacional de Pensiones a cargo del IPSS durante los años ochenta, será absorbido por la Oficina Nacional Previsional (ONP) unos años después. La creación de las AFPs en 1992, replicó el modelo chileno de naturaleza privada, con la seguridad de poder desplazar del mercado al sistema público de pensiones.

Desde las AFPs se cuestionó el sistema de reparto, asegurando como principio que cada trabajador debe ser "dueño de su jubilación". Para tal efecto cada trabajador debería aportar durante su vida laboral a una cuenta de capitalización individual, que le garantizaría una pensión en función de sus ahorros y la rentabilidad generada por la buena gestión de la administradora de pensiones. Lo cierto es que a lo largo del tiempo, los fondos de pensiones han sido afectados por sucesivas crisis internacionales, tales como la del Sud Este Asiático de 1998 o la crisis inmobiliaria del 2008 que remeció el sistema financiero norteamericano. La coexistencia de las AFPs con la ONP en el mercado nacional, en mi concepto han diluido o atenuado las demandas en contra del sistema privado de pensiones.

Por su parte Chile como pionero del sistema privado de pensiones, ha sido testigo de largos debates políticos con propuestas que oscilan entre la reforma del sistema e incluso su liquidación. Hoy la candidata de la coalición oficialista Jeannette Jara, militante del Partido Comunista de Chile, no duda en asegurar que su eventual gobierno alentaría el cumplimiento de la reforma previsional aprobada por el Congreso. Más aún asegura que si sólo dependiera de ella, aprobaría la liquidación de las AFPs.

Si en Chile, las AFPs son parte esencial del debate político, no descartemos que en el Perú en la próxima campaña electoral, se expresan propuestas políticas que propongan la liquidación de las AFPs. En el tiempo varias administradoras de fondos de pensiones salieron del mercado o fueron parte de procesos de absorción o fusión empresarial, demostrándose las limitaciones del mercado y la escasa cobertura del sistema, más aún cuando en el Perú existe una alta tasa de informalidad laboral. A la par no podemos negar, la relación existente entre las cuatro AFPs y determinados grupos empresariales ávidos de administrar fondos que pueden ser invertidos en operaciones de largo plazo.

Es oportuno precisar que hasta 1990, el Sistema Nacional de Pensiones fue solventado con los aportes obligatorios de los trabajadores y empleadores. Los trabajadores aportan el 3% de sus ingresos y los empleadores un 6% como cuota patronal. Las mismas tasas de aportaciones, eran aplicables al Sistema de Prestaciones de Salud. Actualmente son los empleadores, los que asumen íntegramente el financiamiento de las prestaciones de salud establecidas en la Ley 26790. Luego de la reforma previsional y de la salud, se puede comprobar cómo el sector privado en el campo de la salud, tiene una oferta aún limitada si la comparamos con la oferta de EsSalud en materia de infraestructura hospitalaria y asistencial.

Por su parte el sistema público de pensiones otorga pensiones mínimas de 600 soles a los pensionistas que han aportado no menos de 20 años durante su vida laboral. Las AFPs han demostrado ser eficientes en otorgar mejores pensiones a los trabajadores de mayores ingresos, sin embargo es claro que ante un mercado laboral signado por bajos ingresos, resulta insuficiente la capacidad de ahorro de la gran mayoría de trabajadores peruanos.

La evidencia empírica demuestra la eficiencia de las AFPs para otorgar pensiones sustantivamente altas a los trabajadores de mayores ingresos. Por el contrario, las AFPs no pueden satisfacer las expectativas de los trabajadores con menores ingresos, que han realizado aportes intermitentes en el tiempo. La ONP garantiza una pensión mínima de 600 soles, por su parte las AFPs tienen serias dificultades para hacerlo.

El sistema de reparto de la ONP ayuda a los trabajadores de menores ingresos, castigando a los trabajadores de ingresos más altos, al imponer un tope máximo a las pensiones, que no supera los 900 soles.

No puede negarse que las AFPs fueron afectadas con la aprobación del retiro del 95.5 % de las cuentas individuales aprobada por la representación nacional en el 2016. A ello se ha sumado las sucesivas autorizaciones de retiros de las cuentas individuales de los fondos de pensiones aprobadas por el congreso de la República.

En Chile, la candidata del oficialismo y del Partido Comunista Jeanette Jara, desde su condición de Ministra de Trabajo impulsó la reforma de las AFPs, logrando adhesiones y popularidad, no descartemos que pase lo mismo en el Perú, con motivo de las elecciones generales del próximo año.

Más allá de todo, en mi concepto la seguridad social debe ser fortalecida y las AFPs por su parte deben especializarse en administrar los fondos de pensiones de los trabajadores de mayores ingresos.

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Perú y Chile: Entre la seguridad social y las AFPs, por José Antonio Torres Iriarte

La elección de Jeannette Jara, militante del Partido Comunista de Chile, como candidata presidencial del oficialismo, debe ser analizada desde varias perspectivas. Participaron también en la reciente elección primaria la candidata del socialismo democrático chileno, Carolina Tohá (exministra del Interior), así como representantes del Frente Amplio y de las corrientes ecologistas. Aunque la favorita era la exministra Carolina Tohá, fue desplazada al segundo lugar debido al mensaje moderado y subliminal expuesto por Jeannette Jara, quien supo resaltar los alcances de las dos grandes reformas impulsadas durante su gestión ministerial: la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la reforma del sistema privado de pensiones.

¿Cómo explicar que una militante del viejo partido adscrito a la otrora Tercera Internacional, defensor a ultranza del leninismo soviético y admirador de la Revolución Cubana, así como de las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, haya alcanzado más del 60 % de los sufragios emitidos? Es verdad que solo asistió a votar menos del 10 % del electorado, y que la victoria alcanzada pueda estar siendo sobredimensionada por los medios internacionales. También es cierto que los resultados han causado preocupación en la derecha chilena, que con ligereza venía anunciando que en la segunda vuelta electoral, a realizarse en diciembre de 2025, estaba descartada la participación de un representante del oficialismo.

Jeannette Jara, de 51 años, milita desde su adolescencia en las filas del Partido Comunista, proscrito durante la dictadura, y que durante los sucesivos gobiernos de la Concertación tuvo un papel casi marginal en la política chilena. La candidatura presidencial de Gladys Marín en 1999 fue el primer intento del PC por retomar la senda de la participación política.

Salvador Allende fue elegido presidente en 1970 por la Unidad Popular, integrada por un Partido Comunista adscrito al Kremlin, que respondía a la línea política trazada por la URSS, alineada con el castrismo, y que no había descartado el camino de la lucha armada. El golpe de 1973 puso fin a la experiencia fallida de la Unidad Popular en Chile.

No olvidemos que Salvador Allende no tuvo éxito en conseguir el apoyo financiero de la URSS, y permitió la intromisión abierta de Fidel Castro en su gobierno. Durante varias semanas, el líder cubano recorrió Chile con el claro propósito de respaldar al gobierno socialista y hacer proselitismo. Allende, militante del Partido Socialista chileno, no supo imponer moderación a su gobierno, permitiendo que primara el extremismo y contribuyendo a polarizar el debate político de la época. El general Augusto Pinochet dejó de lado la lealtad a Allende, sumándose finalmente al proyecto golpista. La Democracia Cristiana no cuestionó el golpe de Estado del 11 de septiembre.

Años después, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista serían los pilares de la Concertación, que, luego de la derrota de la dictadura en el plebiscito de 1988, logró ganar las elecciones de 1989. El retorno a la democracia le dio estabilidad política a Chile, que alcanzó tasas de crecimiento económico y una reducción significativa de la pobreza durante los años noventa y los primeros lustros del siglo XXI.

Chile se convirtió en un referente latinoamericano. La victoria de Piñera en 2009 representó un giro político; sin embargo, el segundo gobierno de Bachelet intentó impulsar reformas sociales de la mano con sectores políticos que eran parte de una nueva generación de líderes chilenos. Sebastián Piñera retornó al poder en 2018, sintiéndose seguro de poder mantener el orden social y la estabilidad política.

El "estallido social" de octubre de 2019, en mi concepto, respondió a una acción política planeada por los servicios de inteligencia, con el apoyo y movilización de militantes de izquierda. No fue casual el accionar simultáneo en diversas estaciones del metro de Santiago y el ataque a la propiedad pública y privada. Santiago y las principales ciudades del país fueron escenario de grandes movilizaciones y actos de violencia con el claro propósito de provocar la caída del gobierno de Piñera. El detonante fue el alza de los pasajes en el metro de Santiago.

Gabriel Boric, protagonista del llamado “octubrismo”, ganó las elecciones de 2021. El proyecto constitucional aprobado por la Convención Constituyente fue rechazado ampliamente; sin embargo, la derecha insistió en debatir un nuevo proyecto, que también sería rechazado por la ciudadanía. Gabriel Boric ha demostrado serias limitaciones, presidiendo un gobierno incapaz de cumplir con sus promesas de campaña.

El Partido Comunista chileno no ha renunciado a su ideario ni a sus principios fundamentales. La victoria de la exministra de Trabajo, Jara, demuestra la importancia de seguir debatiendo política e ideológicamente en el plano universitario, sindical e incluso empresarial.

Me pregunto si la derecha chilena está en capacidad de debatir con el comunismo más ortodoxo. Por otro lado, me cuestiono si es el tiempo de nuevas utopías que, más allá de cualquier quimera, terminen por ilusionar a las nuevas generaciones. Que la razón y la sensatez primen, que no sacrifiquemos la libertad en la búsqueda de alcanzar mejores condiciones de vida.

Chile debe defender la libertad, por José Antonio Torres Iriarte

El Ministerio Público, no siendo un poder del Estado, se ha convertido en un suprapoder e instrumento político al servicio de oscuros intereses y de la “costra caviar”. Durante el gobierno de Martín Vizcarra fue evidente que la llamada “coalición vizcarrista” necesitaba controlar este organismo autónomo.

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarri fue denostado por los medios de comunicación receptores de las generosas transferencias del erario nacional bajo el concepto de publicidad estatal. Los grupos 

 y RPP, en especial, dedicaron decenas y hasta centenares de portadas y titulares a denigrar de forma sistemática al fiscal Chávarri.

Por su parte, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, asumieron un protagonismo mediático y político, desconociendo jerarquías y firmando el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht de forma subrepticia. Más aún, cuando el fiscal de la Nación Pedro Chávarri decidió remover a ambos fiscales a finales de 2018, el propio Martín Vizcarra retornó de Brasilia (donde había acudido a la asunción del gobierno del presidente Bolsonaro) para asumir la defensa política de los fiscales removidos.

Gustavo Gorriti, a la par, se convirtió virtualmente en el operador político de Odebrecht. No olvidemos que desde 2018, en especial, se han ido sucediendo una serie de acontecimientos que tienen en común haber “protegido” abierta o sutilmente los intereses de la empresa Odebrecht, y al mismo tiempo haber impulsado acciones de investigación fiscal con un claro direccionamiento político.

Hoy el país ha comprobado cómo la fiscal de la Nación en ejercicio, Delia Espinoza, no acató el mandato de la Junta Nacional de Justicia, llegando a afirmar que se pretendía instrumentar un “golpe de Estado” y que con el retorno de Patricia Benavides como fiscal de la Nación se consumaría una acción delictiva de usurpación. El abierto desacato en el que ha incurrido Delia Espinoza no responde a una decisión personalísima. En mi concepto, la fiscal de la Nación sigue presuntamente instrucciones dictadas por el Instituto de Defensa Legal y su director ejecutivo, Gustavo Gorriti. Ni Delia Espinoza ni los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos tienen liderazgo ni solvencia profesional o política para actuar con independencia.

El Ministerio Público se ha convertido en un instrumento político, direccionado por Gustavo Gorriti, convertido en censor de la vida nacional. Este protagonismo se puso de manifiesto cuando, desde mediados de 2018, se fueron selectivamente divulgando audios que delataban el supuesto accionar delictivo de los “cuellos blancos del puerto”. En ese contexto, Martín Vizcarra se propuso ser el adalid de la lucha anticorrupción en el país. Se creó la Junta Nacional de Justicia, se promovió un referéndum a finales de ese año y, a la par, se designó una Comisión de Alto Nivel presidida por Fernando Tuesta Soldevilla para impulsar la llamada “reforma política”.

En ese entonces, las detenciones sucesivas de Keiko Fujimori y la posterior muerte del presidente Alan García en abril de 2019 marcaron la vida política nacional.

Martín Vizcarra tuvo siempre temor de que Pedro Chávarri impulsara la investigación fiscal sobre “Chinchero”; por ello se tramaron psicosociales con el apoyo de los grandes medios de comunicación receptores de la ayuda estatal. El fiscal Chávarri fue destruido mediáticamente, asumiendo el cargo la fiscal Zoraida Ávalos, quien fue siempre funcional a los intereses de Martín Vizcarra.

El golpista del 30 de septiembre se sintió empoderado por el trato generoso de los grandes medios de comunicación. Sin pudor se reunía en su domicilio con fiscales en ejercicio y defendía la continuidad de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por ello no dudó en impedir que el Congreso, conforme a sus atribuciones, renovara parcialmente el TC. El golpe de Estado del 30 de septiembre impidió la elección de nuevos magistrados. Con el apoyo de cuatro integrantes del Tribunal, logró unos meses después convalidar el cierre inconstitucional del Congreso. Nunca olvidemos que Nuevo Perú, el Frente Amplio y los sectores extremistas del Congreso respaldaron el golpe de Estado.

Martín Vizcarra se sentía muy seguro; sin embargo, fue vacado el 9 de noviembre de 2020 con el voto de más de cien congresistas. Intentó ser repuesto como presidente, alentando movilizaciones juveniles violentas respaldadas por los grandes medios de comunicación, grupos empresariales y militantes de la “costra caviar”.

Hoy resulta incomprensible cómo se viene alargando innecesariamente el juicio oral de Martín Vizcarra, que debió concluir hace varias semanas con la lectura de la sentencia condenatoria del expresidente. La inacción del Poder Judicial es manifiesta. Más aún, la solicitud de detención preventiva por seis meses, hace pocas horas, ha sido rechazada por el juez Alcocer. Martín Vizcarra seguirá en campaña y mantendrá su ánimo de postular a la presidencia de la República.

Por su parte, Gustavo Gorriti se siente intocable: no acude a las citaciones del Ministerio Público, invocando razones de salud, y a la vez se niega a entregar su celular.

El Ministerio Público ha sido tomado por la “costra caviar”. La publicación del Acuerdo de Colaboración Eficaz puso al descubierto las enormes concesiones otorgadas a la constructora brasileña Odebrecht.

No dudo que la próxima campaña electoral estará marcada por la “trama de Odebrecht” y por la participación de diversos partidos políticos financiados por la minería ilegal. El mandato de la Junta Nacional de Justicia debe ser cumplido a cabalidad. La ofensiva legal de la fiscal Delia Espinoza ha logrado la suspensión de la fiscal Patricia Benavides, siendo evidente el sesgo político de la decisión judicial.

Si la crisis institucional en el Ministerio Público se agudiza, corresponderá al Congreso de la República en funciones impulsar la reforma de una institución mellada, politizada y desprestigiada.

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El Ministerio Público como instrumento político, Por José Antonio Torres Iriarte

En Colombia, los movimientos guerrilleros en los años sesenta pretendieron la toma del poder con el apoyo de los campesinos, obreros y estudiantes. Surgieron las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el Movimiento M-19. No olvidemos que el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, militó en el M-19, organización terrorista que en su momento perpetró secuestros exigiendo cupos e incluso tomó por asalto la sede del Palacio de Justicia en Bogotá. El asesinato de once magistrados de la Corte Suprema en 1985 conmocionó al país y a la comunidad internacional.

Si la violencia política no tenía límites, por su parte los cárteles de la droga desafiaban el Estado de Derecho, teniendo en Pablo Escobar un avezado cabecilla sin escrúpulos, capaz de perpetrar u ordenar todo tipo de acciones terroristas y asesinatos. La campaña electoral de 1990 fue teñida de sangre, con el asesinato de tres candidatos presidenciales, a la par que, de manera selectiva, eran asesinados ministros de Estado, autoridades, periodistas, militares y policías. La historia política de Colombia ha sido retratada posteriormente en series y películas que se espera sirvan como descripción objetiva de un período de violencia que no debe repetirse. Un país no puede estar en manos de capos del narcotráfico o del crimen organizado.

Sin embargo, Colombia, con más de 50 millones de habitantes, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, aún no ha podido superar la violencia. Las FARC lograron negociar excelentes condiciones para sus líderes, para los "arrepentidos" y para las milicias que depusieron las armas. Sin embargo, un sector de las FARC optó por la disidencia. El presidente Juan Manuel Santos impulsó políticas contrarias a la estrategia desarrollada por el presidente Uribe a lo largo de sus dos gobiernos. El Ejército de Liberación Nacional, durante el gobierno del presidente Santos, se negó a participar en las negociaciones de paz. El presidente Santos sería ungido con el Premio Nobel de la Paz un tiempo después.

Hoy, el presidente Petro pretende hablar de la "paz total"; sin embargo, los hechos demuestran que el presidente en ejercicio no tiene vocación por la paz, siendo tan solo una frase declarativa. Gustavo Petro no ha deslindado ni con el narcotráfico, ni con la disidencia de las FARC, ni con el ELN. Por el contrario, el presidente Petro, lejos de ser un estadista en busca de la reconciliación nacional, utiliza los mecanismos del poder para polarizar y enfrentar a los colombianos.

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha revelado el perfil político y psicológico del presidente Petro. El presidente Petro no ha condenado el atentado; por el contrario, asignó más importancia a la condición de menor de edad del agresor. Es evidente que el acto criminal responde a un plan; no estamos ante un hecho aislado, ni ante la iniciativa de un opositor político que instruye a un menor de edad para perpetrar un crimen.

Gustavo Petro declara y opina con un evidente sesgo ideológico. El senador Uribe, en su condición de precandidato presidencial, debió tener un resguardo eficiente, capaz de proteger su vida. Si examinamos el desarrollo del atentado, resulta sospechosa la manera como se pudieron efectuar varios disparos casi de manera libre. Las investigaciones en curso permiten presumir, al menos, negligencia por parte de los efectivos de seguridad.

Gustavo Petro tiene el claro propósito de perpetuarse en el poder. Hace pocas semanas, el Senado rechazó una iniciativa legal para impulsar una consulta popular. Uno de los protagonistas del debate en el Senado fue precisamente el senador Miguel Uribe. Las expresiones del presidente Petro en torno al debate tuvieron varios matices; sin embargo, siempre tuvieron un sesgo amenazante contra los senadores que optaran por el rechazo de la consulta popular. Gustavo Petro carece de mayoría parlamentaria, estando el Pacto Histórico lejos de ser un grupo orgánico y disciplinado. Por ello, se utilizan mecanismos alternos para hacerse del poder. A través de las llamadas consultas populares, se pretende abrir el camino hacia una Asamblea Constituyente.

Gustavo Petro no es un arrepentido, ni un converso que ha aprendido de sus errores; no está dispuesto a deponer sus ambiciones políticas. El uso del lenguaje agresivo es frecuente, desafía a la oposición, no tiene reparo incluso en asistir a actos públicos en evidente estado de ebriedad.

Hoy, el senador Uribe Turbay, de tan solo 39 años, lucha por su vida, generando un gran sentimiento de adhesión nacional. Es oportuno recordar cómo en 1948 fue asesinado el líder liberal Eliecer Gaitán, desatándose la protesta ciudadana y la eclosión social en la capital y las principales ciudades del país. El llamado "Bogotazo" es recordado como un momento dramático de la historia colombiana. Años después, tanto liberales como conservadores tomaron acuerdos que abrieron el camino de la paz. Los posteriores acuerdos políticos entre liberales y conservadores abrieron el camino a cierta estabilidad política. El surgimiento de los grupos violentistas en los años sesenta cambió el escenario político. Los violentistas no son idealistas ni luchadores sociales; por el contrario, utilizan la violencia como arma política para hacerse del poder. Sus actividades ilícitas se financian con los ingresos generados por las economías ilegales y el narcotráfico. Más allá de todo, estoy seguro de que la gran mayoría de colombianos anhelan la paz.

Lo ocurrido en Colombia es una señal y una alerta política para el Perú. La minería ilegal está presuntamente financiando a muchos de los nuevos partidos políticos inscritos en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones. La minería ilegal actúa bajo la sombra e incluso, en el actual Congreso, tiene un aliado en la Mesa Directiva. Eduardo Salhuana no puede negar sus vínculos con la minería ilegal. APP y otros partidos en el actual Congreso tienen nexos con las economías ilegales. Es necesario fortalecer el trabajo de los servicios de inteligencia y neutralizar el accionar de los violentistas.

Por ello, es necesario debatir políticamente y confrontar con los sectores que quieren hacerse del poder para imponer dictaduras. Defendamos la libertad frente a la amenaza totalitaria.

Colombia anhela la paz, por José Antonio Torres Iriarte

Los partidos políticos que han logrado inscribirse ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, presentando miles de firmas falsificadas, no merecen ser parte del próximo proceso electoral. Una democracia no puede sustentarse en partidos convertidos en "vientres de alquiler", que carecen de militantes y organización partidaria a nivel nacional. La reforma política promovida por Martín Vizcarra, sirvió para un supuesto grupo de expertos diseñaran las bases de un sistema de partidos, que ha tenido como corolario el debilitamiento de los partidos ya existentes y la multiplicación de nuevas organizaciones políticas.


Me permito asegurar que se ha creado un nuevo mercado en términos económicos, en los que es posible encargar la formación de partidos políticos a consultores especializados dedicados a prestar servicios que incluyen la "falsificación de firmas", la redacción de estatutos, la elaboración de planes de gobierno plagiados total o parcialmente, incurriendo en la comisión de ilícitos penales. La falsificación de firmas fue denunciada hace varias semanas. Las autoridades electorales, no han estado a la altura de las circunstancias. Las respuestas ofrecidas han sido vagas, imprecisas y más aún cómplices. No se puede invocar vacios en la legislación, ni tampoco sugerir que es imposible retirar la inscripción de partidos políticos que han violado abiertamente el ordenamiento legal.


El presidente del Jurado Nacional de Elecciones debe disponer la realización de una Auditoria Externa al R.O.P., que permita examinar si se han cumplido con los procedimientos regulares en la inscripción de las decenas de partidos políticos nuevos. Con un electorado que supera los 27 millones de ciudadanos con derecho a voto, resulta inaceptable que sólo se haya exigido la presentación de 25 mil fichas de inscripción de supuestos militantes. Más allá de los militantes, el J.N.E. ha verificado la existencia de locales partidarios abiertos, se ha verificado el desarrollo de actividades partidarias regulares.


Las democracias más institucionalizadas del mundo, no necesitan la participación de decemas de partidos políticos en los comicios generales. Los partidos políticos que han dado vida a las democracias del mundo se han insertado en grandes corrientes de opinión ligadas a la socialdemocracia o al social cristianismo por un lado o en su defecto formaron parte en América Latina de los partidos adscritos a la Tercera Internacional asociada al Krenlim. El APRA como movimiento continental sirvió de inspiración a partidos de frente único en toda América Latina.


En el Perú, el golpismo fue parte del devenir político. En nuestro país, la oligarquía tradicional se apoyó en las Fuerzas Armadas para cerrar el paso al aprismo liderado por Haya de la Torre. La dictadura del General Velasco Alvarado denostó de los partidos políticos, desarrollando conceptos como la "democracia social de participación plena". Alberto Fujimor denostó de los partidos, optó por consumar el golpe de Estado del 5 de Abril. La Constitución de 1993, prescindió del Senado. La unicameralidad y el distrito nacional único, debilitaron el sistema de partidos, más aún se aprobó un Reglamento del Congreso, que limitó las exposiciones y debates en las sesiones plenarias.


Los intentos de restablecer el Senado fueron infructuosos a inicios del nuevo siglo. Prevaleció en los debates parlamentarios, el concepto de que restablecer el Senado, sería muy oneroso para el erario fiscal. Por el contrario en la década de los noventa se puso fin a una generación de brillantes políticos que integraron el Senado hasta el 5 de Abril 1992 o que fueron parte de la Cámara de Diputados que presidió Roberto Ramírez del Villar hasta el golpe de Estado.


Fue un craso error que tanto el APRA, como Acción Popular no participaran de las elecciones al Congreso Constituyente en noviembre de 1992. El texto constitucional de 1993 fue aprobado en un CCD, en el que los debates fueron muchas veces tediodos e intranscendentes. La Constitución de 1993, aprobó la reelección presidencial y redactó un Capítulo Económico más ceñido a una visión liberal de la economía.


La crisis política del 2000, puso al descubierto las debilidades de un proyecto político liderado por Alberto Fujimori. La re reelección se impuso en comicios con graves visos de fraude.



El Perú debe aprender de sus errores. Las elecciones generales 2021, mostraron a un Jefe de la ONPE que se negó a facilitar los padrones de las mesas de sufragio para poder hacer el "cotejo de padrones con las actas de sufragio". Por otro lado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, haciendo uso de un "doble voto" o dirimente afectó la participación política tanto del APRA, como del PPC. Más aún permitió que la señora Boluarte sea parte de la plancha presidencial de Perú Libre, a pesar de haber sido excluída de la lista parlamentaria. A ello se sumó, no haber excluido oportunamente a Martín Vizcarra, que habiendo sido vacado por el congreso de la República, sin embargo se le permitió ser candidato en la lista de Somos Perú.


Hoy el Perú no puede permitir que los organismos electorales, sean indiferentes frente a la comisión de graves ilícitos penales. No se descarta que un número importante de los nuevos partidos políticos o incluso de los que tienen representación en el actual congreso, estén siendo financiados por la mineria o economías ilegales.


Si la política nacional ha sido erosionada por la "trama de Odebrecht", hoy no permitamos que el peso e influencia de la mineria y economías ilegales, sea determinante en el desarrollo de la próxima campaña electoral. Los extremistas de izquierda quieren dinamitar la economía nacional. Los antimineros financiados por la cooperación internacional y los partidos políticos financiados por las economías ilegales, quieren tomar el poder.

No lo permitamos, por José Antonio Torres Iriarte

Martín Vizcarra seguramente será sentenciado por el Poder Judicial en las próximas semanas, como consecuencia de los graves ilícitos penales cometidos, en su condición de Gobernador Regional de Moquegua. Los medios probatorios exhibidos, los testimonios y las declaraciones de testigos y colaboradores eficaces a lo largo del Juicio Oral son contundentes. Sin embargo resulta extraño que el Ministerio Público hasta la fecha no haya solicitado la detención preventiva o el arresto domiciliario del procesado, ante indicios razonables de que Martín Vizcarra optaría por eludir la acción de la justicia.

Martín Vizcarra pretende victimizarse, señalando que las imputaciones en su contra tienen una motivación política, argumentando que de manera irregular se pretende impedir su legítimo derecho a postular a la presidencia de la República.

No olvidemos que el 9 de noviembre del 2020 Martín Vizcarra fue vacado con 105 votos por el congreso de la República. En los siguientes días pretendió ser repuesto como Jefe de Estado, con el apoyo del partido Morado, ONGs y la prensa sumisa. Las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Manuel Merino fueron financiadas por grupos económicos aliados al vizcarrismo. Los medios de comunicación adscritos a los grupos "El Comercio", "La República" y RPP no dudaron en realizar transmisiones ininterrumpidas de forma excepcional para generar una sensación de caos total y de rechazo ciudadano al gobierno presidido por Merino. El congresista De Belaunde (partido Morado) llegó aasegurar la supuesta desaparición de decenas de personas como parte de la represión ordenada por el nuevo gobierno.

La muerte de dos jóvenes ocurrida la noche del sábado 14 de noviembre 2020 le fue imputada a la PNP. Posteriormente la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos formularía denuncia constitucional contra el presidente Merino, el ministro del Interior y el presidente del Consejo de Ministros Antero Flores Áraoz. El presidente del Congreso en funciones, (APP) exigiría la mañana del 15 de noviembre, la renuncia del presidente Manuel Merino.

La movilización de jóvenes fueron alentadas y sobredimensionadas por la prensa adscrita al vizcarrismo, como si se tratará de una insurgencia popular. Los manifestantes coreaban consignas como "Merino no me representa" y estaban dispuestos a desatar la violencia callejera que fuera necesaria para precipitar un desenlace político.

La coalición vizcarrista se puso en acción. El breve gobierno de Manuel Merino, la deslealtad de APP y César Acuña, los medios de comunicación financiados por el erario nacional serían determinantes en un contexto social marcado por la pandemia.

El Congreso en funciones no fue capaz de rebatir el argumento propuesto por la abogada Rosa María Palacios, en el sentido de que sólo estabán aptos para ser elegido presidente del Congreso, los 19 congresistas que no habían respaldado la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

Por ello sólo quedaron aptos los congresistas del partido Morado, del Frente Amplio y congresistas como Daniel Urresti. La elección de Francisco Sagasti como presidente del Congreso y de Mirtha Vásquez fueron consecuencia de una maniobra política sin precedentes. El gobierno de Francisco Sagasti, será virtualmente la segunda fase del gobierno de Martín Vizcarra.

Hoy Martín Vizcarra da muestras de autosuficencia, afirma ser un perseguido político, ha fundado un partido político que sin pudor ha falsificado miles de firmas. Martín Vizcarra no es un orador o un intelectual, tampoco un estadista con una visión asociada a un proyecto nacional. Vizcarra asumió la presidencia de la República en marzo 2018, luego de la renuncia del presidente Kuczinsky.

Vizcarra se propuso controlar el Ministerio Público, cuestionando al legítimo Fiscal de la Nación Pedro Chávarri. Martín Vizcarra contó siempre con el apoyo de los grupos "El Comercio", "La República" y RPP. La trama de los "cuellos blancos del puerto", la detención de Keiko Fujimori en octubre 2018, demostraron como el Equipo Especial LavaJato actuaba con claro propósito político.

Cuando el ex presidente Alan García solicitó asilo al gobierno uruguayo del presidente Tabaré Vásquez, será el propio Martín Vizcarra quien ordena el envio de más de mil folios del llamado expediente "Alan García" al gobierno uruguayo. Uruguay no honró su vieja tradición en favor del asilo. El asilo sería negado, luego de 16 días de permanencia del presidente García en la residencia de la Embajada uruguaya en Lima.

Martín Vizcarra respaldo siempre a los fiscales del Equipo Especial LavaJato. Hoy el país conoce como ambos fiscales suscribieron el entreguista Acuerdo de Colaboración Eficaz con la constructora Odebrecht. Un acuerdo lesivo a los intereses nacionales.

Martín Vizcarra siempre contó con el apoyo de Gustavo Gorriti, convertido en operador político de Odebrecht. Los directivos de Odebrecht fueron eximidos de responsabilidad penal, no fueron emplazados legalmente nunca, no se dispuso el allanamiento de sus oficinas, ni se solicitó el embargo de sus cuentas bancarias. La impunidad alentada desde el gobierno con el beneplácito de la prensa obsecuente.

Martín Vizcarra estuvo expectante la mañana del 17 de abril 2019, cuando los esbirros de la DIVIAC allanaron la casa del presidente García para cumplir la orden judicial de detención preliminar por 10 días. Martín Vizcarra convocó a sesión del Consejo de Ministros a una hora inusual en Palacio de Gobierno y hasta se llegó a montar un escenario en la Plaza San Martín. El presidente García optó por el honor y su familia no aceptó ni los honores, ni el protocolo que le correspondía como jefe de Estado. Alan García sería velado en el Aula Magna de la Casa del Pueblo y llevado en hombros por la militancia de su partido. El accionar de la DIVIAC, de Harvey Colchado y del ministro Morán merecen ser investigados.

El golpista del 30 de Setiembre consumo el golpe con la complicidad del primer Ministro Salvador Del Solar. El golpe de Estado sería "legitimado" por un Tribunal Constitucional al servicio del gobierno. La pandemia covid 19 causó la muerte de más de 200 mil peruanos. Martín Vizcarra descartó la compra de pruebas moleculares, no permitió el apoyo del sector privado en el abastecimiento de oxigeno e impuso una rigurosa cuarentena, lo que afectó frontalmente la economía nacional. Su indolencia fue manifiesta, promovió compras irregulares, demoró el abastecimiento de vacunas, siendo vacunado de manera irregular.

Hoy Martín Vizcarra se siente candidato presidencial y más aún la cuestionada empresa CPI recientemente lo ha ubicado primero en la intención de voto.

Se espera que la sentencia condenatoria sea leída y notificada a la brevedad. No se puede soslayar que hace poco, Nadine Heredia eludió la acción de la justicia con el apoyo del gobierno de Lula Da Silva y sin que el gobierno de la presidenta Boluarte realizara observación alguna.

Lula Da Silva no desamparó a Nadine Heredia y seguramente estará presto a otorgar asilo a Martín Vizcarra. El presidente Lula como "padrino" o "capitoste" de las empresas constructoras brasileñas se siente en el deber de proteger a sus aliados. Sin embargo, el escenario podría ser adverso debido al rechazo que ha generado en la oposición brasileña el otorgamiento de asilo a la sentenciada Nadine Heredia. Se abre la posiblidad de que se impulse un "juicio político" al líder del partido de los Trabajadores. No descarto que el astuto Martín Vizcarra explore otros escenarios.

Los próximos días serán decisivos, siendo urgente que el Ministerio Público evite el inminente "peligro de fuga" del procesado y que la unidad de Inteligencia de la PNP cumpla sus funciones. El poder Judicial no puede ser sorprendido y burlado una vez más. No a la impunidad.