 Abogado y analista político

José Antonio Torres Iriarte

La reforma política impulsada por Martín Vizcarra ha generado la multiplicación de partidos políticos en el país. La falsificación de cientos de miles de firmas, denunciada por más de una unidad de investigación de la prensa nacional, no ha merecido una respuesta seria de las más altas autoridades de los organismos electorales.

Los partidos políticos de masas o de cuadros, por un lado, o en su defecto los partidos de clase o de frente único de clases, se fueron organizando a lo largo de nuestra historia nacional. El Partido Civil, en el siglo XIX, permitió la llegada al poder de los sectores sociales que se enriquecieron durante la llamada “prosperidad falaz” generada por la “era del guano”. Luego de la Guerra con Chile, tanto Andrés Avelino Cáceres como Nicolás de Piérola lideraron agrupaciones políticas. Durante la República Aristocrática, el Perú logró cierta estabilidad política. Augusto B. Leguía llegó al gobierno en 1919, deviniendo sus sucesivos gobiernos en una dictadura que fue fuertemente afectada por la crisis internacional de 1929.

Víctor Raúl Haya de la Torre fundó el APRA en 1924, cuando se encontraba en el exilio. En septiembre de 1930, se fundó el Partido Aprista Peruano. Las elecciones de 1931 enfrentaron al comandante Sánchez Cerro (U.R.) y al líder aprista. La representación aprista fue desaforada (febrero de 1932) del Congreso Constituyente, que finalmente aprobó la Constitución Política de 1933. El APRA sería un partido proscrito durante décadas, a pesar de representar a un sector importante del país.

Hoy el escenario político es otro, de tal modo que la representación parlamentaria de Perú Libre no ha sido afectada ni privada de sus derechos políticos. El golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 fracasó. Pedro Castillo está siendo procesado por un tribunal de justicia, lo que no impide en absoluto que los congresistas electos por su agrupación política sigan ejerciendo su función parlamentaria. No hay persecución política alguna; más aún, el congresista Waldemar Cerrón es parte de la actual Mesa Directiva del Congreso. La sucesión presidencial se cumplió una vez que, con más de cien votos (incluyendo votos de representantes de Perú Libre y del Bloque Magisterial), fuera vacado el señor Pedro Castillo.

El Perú no se ha librado aún de la "trama de Odebrecht". La sentenciada Nadine Heredia ha sido asilada por el gobierno de Brasil, presidido por Lula da Silva, con la complacencia del gobierno de Dina Boluarte.

La renuncia del primer ministro Adrianzén se ha producido como parte de la crisis política agravada por la "matanza de Pataz", que ha puesto de manifiesto el creciente accionar delictivo de la minería ilegal. En el Perú se está librando una confrontación política que tiene como protagonista a actores vinculados al crimen organizado que transciende nuestras fronteras. Si en el pasado Colombia fue frontalmente afectada por el narcotráfico y las guerrillas de las FARC y el ELN, hoy el Perú es afectado por el crimen organizado transnacional.

La minería ilegal tiene presencia en parte importante del territorio nacional, y debe reconocerse que los sucesos luctuosos de Pataz no constituyen hechos aislados. Las víctimas superan las 13 personas. Por otro lado, otros hechos de extrema gravedad no han sido parte de las portadas y titulares de los diarios y medios de comunicación.

Si a inicios del segundo gobierno de Fernando Belaúnde se pretendió minimizar el accionar terrorista de Sendero Luminoso, hoy no puede responderse tardiamente. La empresa minera Poderosa, hace un tiempo, construyó instalaciones adecuadas para que las Fuerzas Armadas y la PNP pudieran establecerse en la zona. La inacción del gobierno y del primer ministro Adrianzén fue manifiesta. Por su parte, el Gobierno Regional de La Libertad, presidido por César Acuña, está demostrando desinterés y hasta complicidad con los grupos armados que apoyan las actividades de la minería ilegal.

No seamos ingenuos: no estamos enfrentando a mineros informales que buscan una oportunidad de trabajo y que se sienten incentivados por los altos precios del oro en los mercados internacionales. La minería ilegal está depredando la Amazonía —tanto de Madre de Dios como de Puno—; más aún, tiene presencia en Piura, Cajamarca, Ayacucho y Arequipa. La minería ilegal cuenta con capitales, maquinaria, recursos financieros, utiliza mano de obra intensiva, explota laboralmente a menores de edad e incluso explota sexualmente a niñas.

La actividad minera está asociada a la historia nacional. Si la minería ilegal desafía el orden establecido y la legalidad, por otro lado existe una campaña sistemática desarrollada por los antimineros, financiados por la cooperación internacional. El Perú no puede dejar de explotar su enorme riqueza cuprífera o aurífera. Los antimineros están al servicio de oscuros intereses, oponiéndose sistemáticamente a proyectos como Conga en Cajamarca o Tía María en Arequipa.

Hay un plan urdido con el propósito de afectar la inversión nacional y extranjera en el Perú. Chile y el Congo lideran la exportación de cobre a nivel internacional; el Perú ha sido relegado al tercer lugar. No olvidemos el papel nefasto desempeñado por el excongresista Marco Arana en Cajamarca y por la expresidenta del Congreso y ex primera ministra Mirtha Vásquez. La vocación antimiera de Arana y Vásquez no es consecuencia de la defensa de ideales y principios. Los antimineros son financiados desde el exterior, con recursos procedentes de ONGs y fundaciones internacionales.

Es imperativo confrontar políticamente a los antimineros; del mismo modo, es el momento de emplazar a los partidos políticos, a los congresistas y, sobre todo, al actual presidente del Congreso. No es casualidad que Eduardo Salhuana presida el Congreso y a la vez sea militante de APP, partido liderado por César Acuña. Me pregunto si la ONPE ha examinado las fuentes de financiamiento de APP, así como si ha revisado la fuente de los aportes de campaña del señor Salhuana.

Eduardo Salhuana representa a Madre de Dios y es virtualmente el asesor de los “mineros ilegales”. A fines del año pasado, el Congreso aprobó la ampliación del REINFO, censuró al entonces ministro de Energía y Minas (Ing. Mucho), y ciertamente movilizaron a miles de mineros en la avenida Abancay, en momentos en los que se desarrollaban sesiones plenarias en el Congreso.

La minería ilegal ejerce poder político, financiando a partidos políticos y congresistas. El precio del oro supera los tres mil dólares la onza en los mercados internacionales. La minería ilegal no duda en promover la corrupción en otros estamentos del Estado, tales como la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Hoy están registrados 43 partidos ante el ROP del JNE; seguramente muchos de los nuevos partidos políticos, o de los que tienen representación en el actual Congreso, son financiados por la minería ilegal. El actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones debe impulsar la realización de una auditoría externa para examinar los procesos de inscripción de los nuevos partidos. La política, en manos de la minería ilegal, es decir, del crimen organizado. La minería ilegal necesita un brazo político y, a la vez, un brazo legal.

No es casualidad que recientemente haya sido detenida una joven abogada vinculada a APP de César Acuña, exmilitante del Partido Morado e inscrita actualmente en el partido liderado por el procesado Martín Vizcarra. Ante la impunidad, se necesita liderazgo político y un cambio de rumbo en el país.

Debemos reconocerlo: no estamos en los tiempos de Manuel González Prada o de Víctor Raúl Haya de la Torre; por el contrario, estamos en los tiempos de César Acuña y Eduardo Salhuana de APP, de José Luna Gálvez de Podemos y de los “niños de Acción Popular”.

La minería ilegal, los antimineros y los partidos políticos, por José Antonio Torres Iriarte

La elección del Papa León XIV representa un hito importante en un escenario internacional marcado por una revolución tecnológica sin precedentes, por conflagraciones bélicas y por el impulso de la llamada Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La Iglesia Católica no fue ajena, en el pasado, a la revolución industrial, ni a la influencia creciente del marxismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ni a la revolución bolchevique de 1917, ni al estallido de las dos guerras mundiales.

El Vaticano, como Estado, mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 países del orbe, siendo influyente en los planos pastoral y político. La doctrina social de la Iglesia supo, en su momento, analizar las relaciones entre el capital y el trabajo, fomentando la defensa de los derechos laborales para contrarrestar los excesos del capitalismo industrial. Fue relevante el papel cumplido por el Papa León XIII a finales del siglo XIX. Hoy, el Papa León XIV se ha propuesto seguir la línea de acción del autor de la encíclica Rerum Novarum, en un contexto marcado por el desarrollo de la inteligencia artificial, preludio de una etapa novedosa en las relaciones humanas.

La elección del Cardenal Prevost Martínez, nacido en Estados Unidos (Chicago), con nacionalidad peruana y ancestros franceses y españoles, representa, estoy seguro, un punto de quiebre para una Iglesia Católica que necesita adaptarse a un mundo en constante cambio.

El Papa Francisco, a lo largo de doce años, impulsó ciertas reformas, procurando afianzar un liderazgo pastoral ante una comunidad católica afectada por el avance de iniciativas en favor del aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, la ideología de género y los derechos de las minorías sexuales (LGTBQ+). En Estados Unidos, Europa y América Latina, en particular, se está librando una batalla cultural influenciada por la visión de Naciones Unidas, impulsada con el financiamiento de organizaciones no gubernamentales norteamericanas y europeas.

Si el Papa Juan XXIII dio inicio al Concilio Vaticano II en 1963, fue el Papa Pablo VI quien lo concluyó unos años después. Su Santidad Juan Pablo I falleció pocas semanas después de su elección. En octubre de 1978, la elección del Cardenal polaco Karol Wojtyła marcó un cambio de rumbo en la conducción de la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II asumió con decisión la defensa de los dogmas católicos, cuestionó la Teología de la Liberación y demostró su voluntad inquebrantable de acercarse a los feligreses en diversas latitudes. Realizó innumerables viajes por el mundo, se acercó a las multitudes —especialmente a los jóvenes— y predicó el Evangelio en contraste con el ateísmo y la creciente secularización. El carisma y la elocuencia de Juan Pablo II lo convirtieron en un líder influyente en tiempos marcados por la Guerra Fría, la existencia del muro de Berlín, la hegemonía de la URSS y su influencia en Europa del Este.

El atentado criminal del 13 de mayo de 1981 contra el Santo Padre tuvo móviles políticos. En tiempos de Juan Pablo II, se fortaleció la Iglesia Católica, se disolvió la URSS, se reunificó Alemania y los países de Europa del Este abandonaron la planificación centralizada de la economía. La desintegración de Yugoslavia, la guerra del Golfo Pérsico y la invasión de Irak fueron parte de un tiempo de reconfiguración del escenario internacional. La hegemonía norteamericana, la ampliación de la Unión Europea, la creación del euro y la globalización de los mercados en un contexto signado por la revolución tecnológica ocurrieron durante el largo pontificado de Juan Pablo II.

Benedicto XVI siguió, en líneas generales, el camino trazado por Juan Pablo II, renunciando el 28 de febrero de 2013. La presencia del Papa Francisco en la Santa Sede representó un giro hacia América Latina y fue la primera ocasión en que un sacerdote jesuita se convertía en Obispo de Roma y líder de la Iglesia Católica. Francisco, como Santo Padre, dio señales de austeridad, inició una reducción en los gastos del Vaticano y designó a un grupo numeroso de nuevos cardenales.

León XIV fue designado Obispo de Chiclayo en 2015 y se nacionalizó peruano ese mismo año. Llegó a Roma en 2023, trabajando muy cerca del Papa Francisco. La elección como Papa de un ciudadano norteamericano con nacionalidad peruana, que ha desarrollado su labor pastoral en el Perú durante más de 20 años, es muy significativa.

Hoy, el mundo y las grandes cadenas internacionales se refieren al Perú con especial interés. La mención especial a su paso como Obispo de Chiclayo, realizada por el Santo Padre, constituye un acto de reconocimiento, manifestando el cariño y afecto que siente por el Perú y su pueblo. El Papa León XIV se mostró ante el mundo como un hombre sensible y agradecido. Los más de tres mil corresponsales acreditados ante la Santa Sede se vieron sorprendidos por la elección de un Papa norteamericano con nacionalidad peruana.

Considero que si en 1978 la elección del entonces casi desconocido Karol Wojtyła representó un giro para una Iglesia Católica acosada y limitada en Europa del Este, hoy la elección de un Papa nacido en Estados Unidos y con nacionalidad peruana representa un voto de confianza hacia una América Latina convertida en la "reserva del catolicismo", en tiempos en que se libra una batalla cultural y en que la otrora Europa cristiana cede ante el avance de la secularización, otros credos religiosos y el ateísmo. La elección de León XIV ha sido saludada por el presidente Trump, quien preside un gobierno cuyo vicepresidente y secretario de Estado, Marco Rubio, son católicos.

Mientras tanto, en Roma, la Plaza de San Pedro se colmaba de fieles católicos de diversas nacionalidades que vitoreaban al nuevo Papa, saludando la invocación por la paz hecha por el Santo Padre. Un día después, en Moscú, se celebró el 80.º aniversario del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi, con la presencia de Vladímir Putin, el presidente de la República Popular China, el dictador cubano Díaz-Canel, el tirano de Caracas Nicolás Maduro, el presidente Lula da Silva de Brasil y altos mandos militares de Corea del Norte.

La demostración del poderío militar ruso se puso de manifiesto en una fecha en la que se recordó el sacrificio de más de 27 millones de soldados soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Rusia no está dispuesta a ceder ante las iniciativas planteadas por la administración Trump. Por su parte, Ucrania cuenta con el apoyo del Reino Unido, Francia, Alemania y la OTAN.

El llamado a la paz formulado por el Santo Padre representa un reto en tiempos de crisis, como las desatadas en Medio Oriente, ante una escalada bélica entre India y Pakistán, y frente a negociaciones infructuosas entre Rusia y Ucrania. El accionar terrorista de Hamás, la respuesta militar de Israel y la crisis humanitaria en Palestina son parte de un mundo alejado de la paz.

La Iglesia Católica ya no ejerce el poder político de hace unos siglos, sin embargo, sigue siendo influyente. La elección de León XIV no genera mucho entusiasmo en los gobiernos de Rusia y China, que no dejan de estar involucrados en la guerra "no declarada" entre la India y Pakistán.

Si bien la Santa Sede es tolerante con otras religiones, no ocurre lo mismo en sentido inverso. No puede obviarse la presencia cada vez mayor de migrantes musulmanes en Europa y el crecimiento de las iglesias cristianas en América Latina. La batalla cultural está en pleno desarrollo, en un Occidente que cede ante el avance de agendas progresistas financiadas por los magnates de la globalización.

El Papa León XIV aboga por la paz y, tal vez, en los hechos, coincida con la administración Trump en temas sensibles como el aborto, la familia y la ideología de género.

El Papa Francisco no supo marcar diferencias con las tiranías latinoamericanas, guardando silencio respecto al fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, ni fue lo suficientemente firme frente a los atropellos contra sacerdotes y obispos en Nicaragua.

León XIV ha señalado la necesidad de evangelizar, desvirtuando el ateísmo y el "ateísmo de hecho", resaltando la fe y la unidad de una Iglesia que no es ajena a las diferencias de opinión, propias del debate político contemporáneo.

Estoy seguro de que León XIV renovará la doctrina social de la Iglesia, deponiendo cualquier extremismo. La labor pastoral debe afianzarse en todo el mundo, resaltando la autoridad moral de la Iglesia.

La elección del Papa León XIV es un motivo de orgullo nacional.

Una mirada a la Iglesia Católica, por José Antonio Torres Iriarte

Las democracias estables se apoyan en grandes partidos políticos, que representan grandes corrientes de opinión y cuyo proceso de formación ha estado vinculado a movimientos universitarios, sindicales o profesionales.

En el Perú, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), como movimiento continental fundado en 1924, tuvo un largo proceso de gestación, constituyéndose como partido político nacional en 1930, cuando aún su fundador se encontraba en el exilio. Las dictaduras en nuestro país conculcaron libertades e impidieron la participación política del APRA a lo largo de varias décadas. Desde 1956, se organizan nuevas fuerzas políticas como Acción Popular, la Democracia Cristiana o el Partido Popular Cristiano.

La dictadura militar liderada por el general Velasco depuso al presidente Belaunde en octubre de 1968 e impidió la realización de las elecciones generales en 1969. Luego de la caída de Juan Velasco Alvarado en 1975, durante el gobierno militar presidido por el general Francisco Morales Bermúdez, se inicia un proceso de retorno a la democracia. Haya de la Torre preside la Asamblea Constituyente en 1978 y el 28 de julio de 1980 se inicia el segundo gobierno de Fernando Belaunde.

El velasquismo no fue capaz de organizar un partido político, creando el SINAMOS como plataforma política dispuesta a movilizar al pueblo en apoyo al gobierno militar. La promulgación de la Ley de Partidos Políticos, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue alentada por la ONPE y su entonces director ejecutivo, Fernando Tuesta Soldevilla. Se señaló que la ley buscaba fortalecer los partidos políticos, promover la democracia interna y evitar que las cúpulas partidarias decidieran la suerte de los partidos.

Con la nueva ley se inició un proceso de burocratización de la política, contrario a la forma de hacer política. Los promotores de la Ley de Partidos Políticos se esmeraban en asegurar que en el Perú virtualmente no existían partidos políticos. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, desde la Comisión de la Verdad y Reconciliación se trató de reescribir la historia nacional, mientras que el sistema electoral, a través de la RENIEC, la ONPE y el JNE, aumentaba su presupuesto y burocratizaba el control y fiscalización de los partidos políticos.

Durante el nefasto gobierno de Martín Vizcarra, se estableció una Comisión de Alto Nivel abocada a proponer los grandes lineamientos de reforma política en el país. El exjefe de la ONPE, Tuesta Soldevilla, presidió la comisión que redactó un denso informe, que pretendió sentar las bases de un sistema político y electoral renovado.

Más allá de la teoría política y los conceptos doctrinarios desarrollados en el informe, fue evidente que Martín Vizcarra utilizó la llamada "reforma política" como arma política. Durante la dictadura velasquista, durante el gobierno de Alberto Fujimori y en los años del gobierno de Martín Vizcarra, se habló con insistencia de la llamada partidocracia, pretendiendo mellar la imagen de los partidos políticos.

Hoy que el país comprueba el fracaso de la reforma política promovida durante el gobierno de Martín Vizcarra, es necesario precisar que, al haberse acreditado la falsificación de cientos de miles de firmas de supuestos militantes de partidos políticos, se ha consumado un fraude de grandes proporciones.

El país no puede ser indiferente ante la burda maniobra instrumentada con el claro propósito de inscribir fraudulentamente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a organizaciones políticas cuyos líderes y dirigentes han transgredido la ley. No se trata de hechos aislados o de errores materiales intranscendentes. Decenas de agrupaciones políticas han sido registradas en el registro a cargo del Jurado Nacional de Elecciones de una manera dolosa.

En mi concepto, estamos apenas ante una muestra que revela la magnitud de sucesivos actos dolosos, direccionados a consumar delitos, cometidos por los dirigentes y personeros legales de agrupaciones políticas.

El Perú no necesita de decenas de partidos políticos para fortalecer la institucionalidad democrática. En las elecciones generales del 2000, la agrupación política Perú 2000 logró su inscripción ante el entonces JNE de manera dolosa. Se comprobó la existencia de una "fábrica de firmas" y la participación de un conocido notario público (Óscar Medelius) en la "trama de las firmas falsas". Alberto Fujimori ganó las elecciones en un proceso electoral lleno de irregularidades. Su tercer gobierno fue breve, poniéndose al descubierto la existencia siniestra de Vladimiro Montesinos y su rol hegemónico durante la década de los noventa. Fueron parte de la "trama del fraude 2000" tanto magistrados del JNE, José Portillo, jefe de la ONPE de ese entonces —el mismo que acuñó la frase "papelito manda"—, entre otros funcionarios.

La presencia del magistrado Salas Arenas (hasta hace pocos meses) en la presidencia del JNE, así como la ratificación de los jefes de la RENIEC y la ONPE por parte de los exmagistrados de la Junta Nacional de Justicia, deben merecer la mayor atención. El magistrado Burneo Bermejo, en su condición de presidente del JNE, debe ordenar que, con el claro propósito de examinar lo ocurrido, se realice una auditoría externa que examine cómo se ha procedido a dar trámite a la inscripción de nuevos partidos políticos ante el Registro de Organizaciones Políticas. Lo propio debe ocurrir en la RENIEC. Si la Contraloría General de la República realizó exámenes de control que concluyeron en sendos informes, con los que se recomendó al magistrado Salas Arenas la adopción de acciones correctivas para evitar la consumación de fraudes y falsificaciones en la inscripción de nuevas organizaciones políticas ante el ROP, hoy es imperativo que, a la brevedad, se realice una auditoría externa independiente y autónoma respecto a los organismos electorales.

No se puede invocar la falta de una legislación adecuada o de vacíos legales. El país no puede esperar largas investigaciones o dilatados procesos judiciales. Es impostergable actuar con celeridad. La trama de la "falsificación de firmas" fue el preludio de la crisis política que puso fin al gobierno de Alberto Fujimori y precipitó la caída de Vladimiro Montesinos.

La reforma política impulsada por Martín Vizcarra fue parte de un plan urdido para afectar la institucionalidad democrática. El golpista del 30 de septiembre hoy es parte de la "trama de las firmas falsas". Su partido político ha actuado dolosamente. A pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso y de estar a pocas semanas para que el Poder Judicial dicte sentencia condenatoria contra el vacado expresidente y exgobernador de Moquegua, es notorio que Martín Vizcarra se siente "intocable". Si Nadine Heredia ha eludido la acción de la justicia, con la complicidad de Lula da Silva, seguramente Martín Vizcarra urdirá algún plan.

Los partidos políticos incursos en la "falsificación de firmas" no pueden participar en las elecciones generales del próximo año. Más allá de la falsificación, estoy seguro de que estos "vientres de alquiler" en política carecen de dirigentes provinciales, regionales o de locales partidarios a lo largo y ancho del territorio nacional.

Me pregunto quiénes son los fundadores de los nuevos partidos políticos, cuál es su ideario o filosofía política, si son capaces de movilizar a sus militantes.

El fraude ha sido financiado con millones de soles o dólares, procedentes seguramente de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal u organizaciones criminales. La política como forma de emprendimiento, como si se tratara de emprender negocios o actividades económicas altamente rentables.

La política como mercancía, alejada de ideales y de acciones políticas transformadoras. No son los tiempos de Manuel González Prada, ni de Víctor Raúl Haya de la Torre; por el contrario, en la política peruana de hoy destacan César Acuña, José Luna Gálvez o los "niños de Acción Popular".

Detrás de la inscripción de decenas de partidos políticos, existe el propósito de alentar el caos electoral, facilitando la elección de algún extremista o de un jefe de Estado financiado por organizaciones criminales.

Renovemos la política, valorando su condición de ciencia e instrumento al servicio del pueblo.

La política como mercancía, por José Antonio Torres Iriarte

El asilo concedido a Nadine Heredia confirma la estrecha relación entre el presidente Lula da Silva de Brasil y la ex pareja presidencial. Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron acusados por el Ministerio Público y conforme a los procedimientos legales establecidos, han sido condenados a quince años de pena privativa de libertad.

El derecho de asilo fue normado en 1954 con el claro propósito de evitar que las dictaduras latinoamericanas o los tiranos de turno, priven de la libertad a opositores políticos en diversos países de la región. El derecho de asilo fue desarrollado en el plano del derecho internacional, como un instrumento garantista ante los abusos del poder. El caso emblemático marcado por la controversia jurídica entre los gobiernos de Colombia y Perú, a propósito del asilo concedido a Víctor Raúl Haya de la Torre entre 1949 y 1954, fue el marco referencial que impulsó la aprobación de la Convención de Caracas en 1954. Sucesivos gobiernos colombianos de diferente orientación política, defendieron el asilo otorgado al líder aprista y no dudaron de defender su punto de vista ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

Los gobiernos de Perú y Colombia comparecieron ante el Tribunal Internacional, llamando la atención de la comunidad internacional en ese entonces. El APRA era un partido proscrito, sus líderes habían sido deportados, privados de su libertad o se encontraban perseguidos por los esbirros de la dictadura. Haya de la Torre abandona en abril de 1954 la residencia de la Embajada de Colombia en Lima rumbo a México haciendo uso de un pasaporte uruguayo, en virtud de que la dictadura lo había privado de la nacionalidad peruana. Haya de la Torre retornó al Perú en 1956, cuando se había puesto punto final a la dictadura.

Ollanta Humala y Nadine Heredia no son perseguidos políticos, no fueron privados de su ciudadanía e incluso el ex presidente Humala postuló a la presidencia de la República en los comicios del 2021. El asilo concedido es irregular, contraviene lo establecido en la Convención de Caracas y más aún fue concedido el mismo día que un Tribunal de Justicia nacional leía la sentencia condenatoria contra los esposos Humala Tasso y Heredia Alarcón.

El gobierno del presidente Lula está demostrando su lealtad política con sus socios, que en el ejercicio del poder favorecieron abiertamente los intereses de las empresas constructoras brasileñas. La acusación fiscal se ha circunscrito a los llamados aportes de campaña en los comicios presidenciales del 2006 y 2011. Los fondos procedentes del gobierno de Venezuela cuando ejercía el poder Hugo Chávez, así como los fondos aportados por la empresa Odebrecht han formado parte de la investigación y la acusación fiscal, configurando el tipo penal de "lavado de activos".

El asilo otorgado no constituye un hecho aislado, sino forma parte de una estrategía concertada o planeada por la señora Heredia Alarcón, con el claro propósito de eludir la acción de la justicia. Humala Tasso y Heredia Alarcón afrontan diversos procesos penales, que incluyen la ejecución del Gasoducto del Sur entre otros. Se pretende contradecir la sentencia, alegando que el tipo penal de "lavado de activos" es inaplicable, en función de la fecha en la que se realizaron los aportes de campaña.

La "trama de Odebrecht" ha marcado la política nacional en los últimos lustros. El presidente Lula Da Silva desde el gobierno lideró y promovió que las empresas constructoras brasileñas participaran en la ejecución de las principales obras de infraestructura en América Latina. Desde el gobierno, con la participación del partido de los Trabajadores (PT) y las empresas constructoras se financiaron campañas electorales y lograron penetrar las más altas esferas del poder.

Hace una década desde Estados Unidos llegaron las primeras señales de alerta, luego sería Brasil el "epicentro político" en el que la acción de la justicia llegaría a incriminar incluso al propio Lula Da Silva. Brasil como primera economía regional, pretendía ejercer control político sobre gobiernos subnacionales, ministerios y gobiernos nacionales. El PT lideraba el llamado Foro de Sao Paulo que nucleaba a partidos políticos en toda América Latina. Lula como líder político pretendia erigirse en un referente internacional promoviendo una opinión crítica respecto a Estados Unidos, afianzar los BRICS, fortalecer UNASUR y tener influencia en gobiernos latinoamericanos.

Si Hugo Chávez hizó generosos aportes desde el gobierno, apoyándose en la renta petrolera de PDVSA, Lula Da Silva como gran "capitoste" o "padrino" “instruyó” a las empresas constructoras brasileñas entregar generosos aportes de campaña.

Ollanta Humala, un militar en situación de retiro y Nadine Heredia, sin trayectoria política, sin actividad económica conocida, tuvieron la audacia de organizar un partido político, como una forma de emprendimiento electoral. El partido Nacionalista convertido en una organización criminal, para hacerse del poder y enriquecer a la pareja presidencial. No se constituyó un partido con ideario, ni filosofía política, que pretendiera impulsar un proyecto de transformación social. Ollanta Humala, un militar con pocas luces, que supuestamente se levantó en armas contra el gobierno de Alberto Fujimori, en momentos en que la década del "fujimontesinismo" estaba llegando a su fin, logró llegar al gobierno en el 2011.

Nadine Heredia, su hermano Ilán Heredia y su señora madre han sido sentenciados, es decir los integrantes de un grupo familiar han sido condenados. La señora madre de Nadine Heredia ha sido sentenciada a cinco años de pena suspendida, su hijo Ilán Heredia (hoy prófugo) ha sido sentenciado a doce años de pena privativa de libertad. Es virtualmente ocioso describir cómo aumento el patrimonio familiar, cómo el "estilo de vida" de la familia Humala-Heredia cambió sustancialmente. Ollanta Humala y Nadine Heredia han sido sentenciados a pena privativa de libertad. La defensa legal de la pareja presidencial, puede desarrollar diversas estrategias, sin embargo es claro que tarde o temprano se deberan cumplir las penas impuestas.

No dudo que el gobierno presidido por Dina Boluarte ha "colaborado" ampliamente con la estrategía desarrollada por Nadine Heredia. El gobierno peruano debió expresar de forma clara ante el gobierno de Brasil, que la señora Nadine Heredia no es una perseguida política y que un Tribunal nacional ha dictado sentencia condenatoria. El otorgamiento "express" del salvoconducto demuestra la complacencia y complicidad por parte del Poder Ejecutivo. No debemos olvidar que el primer ministro Adrianzén fue ministro de Estado durante el gobierno del presidente Humala, como lo fue también el ex primer ministro Otárola que de modo "sospechoso" trató de desviar la atención de la prensa y la opinión pública, declarando sobre el caso "Yasiré".

No seamos ingenuos. Por otro lado, ha sido evidente como los integrantes de la "costra caviar" han guadado silencio respecto al otorgamiento de asilo a Nadine Heredia. Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo, Susana Villarán y Martín Vizcarra, tienen en común haberse enriquecido en el ejercicio del poder. El Perú deberá dejar atrás la "trama de Odebrecht" y poner fin al poder de la "costra caviar".

Más allá de todo, podemos afirmar que Lula Da Silva no los desampara.

Lula Da Silva no los desampara, por José Antonio Torres Iriarte

Si el fin de la "guerra fría" supuestamente puso término al debate ideológico entre capitalismo y comunismo, propiciando la disolución de la URSS, facilitando la ampliación de la Unión Europea y consolidando la hegemonía norteamericana, hoy la administración de Donald Trump abraza el proteccionismo, sin aparentemente medir las consecuencias de su accionar político.

En la década de los noventa, Estados Unidos impulsó la Iniciativa para las Américas como parte de una nueva estrategia hacia América Latina, con la seguridad de que el incremento del comercio bilateral sería clave para la reducción de la pobreza y la consolidación de proyectos democráticos.

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, suscrito en 1994, abrió nuevos horizontes para frenar la migración mexicana. Años después surgió el ALCA con el propósito de crear un área de libre comercio en las Américas. La Revolución Cubana parecía extinguirse a finales del siglo pasado. La llegada de Hugo Chávez al poder se convirtió en un "salvavidas" para la tiranía de La Habana. Fidel Castro replanteó sus planes en la región, dando paso al "socialismo del siglo XXI".

El Foro de Sao Paulo, bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores y de Lula da Silva, fue tejiendo una red que sumó adhesiones políticas. El ALCA fue desestimado con frases altisonantes expresadas por Hugo Chávez y en presencia de líderes como Evo Morales o Néstor Kirchner.

Con el petróleo a más de 150 dólares el barril, y con una empresa como PDVSA exportando más de tres millones de barriles de petróleo al día, se configuró un escenario de bonanza e ilusión para el tirano de Caracas. Hugo Chávez evocaba con frecuencia a Fidel Castro, mientras que la próspera Venezuela sostenía la economía cubana. Chávez desafiaba al "imperio" norteamericano y, a la par, denostaba a los países que suscribían Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. Venezuela incluso abandonó la Comunidad Andina e ingresó al MERCOSUR.

Estados Unidos facilitó la firma de TLC con Chile, Colombia y Perú. Alejandro Toledo, durante su gobierno, sobrestimó la firma del TLC con Estados Unidos, como si fuera decisiva para la economía nacional. El presidente Alan García fue más prudente y alentó la firma de numerosos tratados de libre comercio con las principales economías y bloques comerciales del mundo. El Perú diversificó su oferta exportable, afianzando sus lazos con distintos socios comerciales. El comercio con la República Popular China, Japón y Corea ha crecido sostenidamente, mientras que el peso del comercio bilateral con Estados Unidos aumentó, sin llegar a tener el peso inmenso que registró hace un siglo o medio siglo.

Estados Unidos es la primera economía mundial y su poderío militar es indiscutible. Donald Trump viene impulsando una agenda disímil, que incluye la solución de la crisis en Medio Oriente, el fin de la invasión de Rusia a Ucrania, la reducción de la asistencia militar a la OTAN, así como un giro en el papel de la cooperación internacional en más de cien países. Al mismo tiempo, ha dejado atrás las políticas laxas en materia migratoria de la administración Biden, invocando razones de seguridad nacional ante el avance del crimen organizado, de los cárteles de la droga y del "Tren de Aragua" en las principales ciudades de Estados Unidos. La acción del narcotráfico y el tráfico de fentanilo son parte de una realidad cotidiana, sumada a la puesta en marcha de políticas concordantes con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Hoy, en Estados Unidos, se desarrolla una "batalla cultural" que afecta transversalmente a la sociedad y a las familias. El Partido Republicano cuestiona el llamado progresismo internacional y, a la vez, sintoniza con las demandas de los trabajadores que se han visto afectados por la desindustrialización del país.

Estados Unidos lidera la revolución tecnológica; ha perdido empleos en el sector fabril e industrial, y a la vez ha creado empleos en el sector comercio y servicios, en líneas generales. Sin embargo, hay ciudades intermedias, con poblaciones alejadas de las grandes urbes, que se han empobrecido como consecuencia del cierre de fábricas, talleres e industrias. Donald Trump ha reiterado que el primer objetivo de su gobierno será lograr el bienestar de sus connacionales. Trump es un nacionalista, alejado del globalismo, crítico de la cultura "woke" y contrario a la plataforma política defendida por Kamala Harris en la reciente campaña.

Las recientes medidas arancelarias pueden ser vistas como el retorno a políticas proteccionistas. La globalización financiera, la revolución tecnológica y la multiplicación del comercio mundial habían permitido la reducción global de la pobreza en los últimos treinta años; sin embargo, no se pueden uniformizar los resultados en el plano de los 50 estados de la Unión Americana.

Donald Trump se ha propuesto reducir los desequilibrios en la economía norteamericana, en materia fiscal, comercial y de deuda pública. La República Popular China, el "gran taller del mundo", ha sabido captar inversiones extranjeras apoyándose en la mano de obra barata de su inmensa población y, a la vez, es muy activa en los mercados bursátiles norteamericanos. China es un gran inversionista en África y América Latina, dispuesta a competir con Estados Unidos en los mercados internacionales. La India ya es un protagonista emergente en el concierto de naciones. Japón y Corea del Sur no ceden espacios en el plano tecnológico y económico.

La Unión Europea, burocratizada, cargando con los altos costos de un Estado de bienestar desfinanciado, con una población envejecida y sufriendo la presión de olas migratorias del Este de Europa y del norte de África, ha perdido competitividad en los mercados internacionales. La U.E. y sus 27 Estados libran una "batalla cultural" bajo la presión de la cultura "woke" y de una mayor presencia musulmana en sus tierras.

La dependencia energética de Alemania, la invasión de Rusia a Ucrania, la retirada del Reino Unido de la U.E. y la necesidad de aumentar el gasto en defensa configuran un escenario poco alentador. Mayores aranceles para China, para países de Asia, para el Reino Unido y los países europeos, son tal vez el preludio de una reacción multánime de los países afectados. Por su parte, a Sudamérica se le aplicará, en líneas generales, un arancel del 10 %, incluyendo a Brasil, caracterizado por su vocación proteccionista.

No creo que sea el fin de la globalización, pero sí el inicio de una etapa nueva en la que se producirá una nueva correlación de fuerzas en el mundo. Donald Trump ha establecido aranceles diferenciados, con el claro propósito de negociar y tratar con los países que estime necesarios.

Estados Unidos lucha por la supremacía mundial, sabiendo que el actual orden económico mundial debe ser redefinido. Donald Trump sabe que la política arancelaria no lo es todo; es apenas una herramienta de negociación. En los años noventa, el presidente Bill Clinton logró superávits en las finanzas públicas; sin embargo, la disciplina fiscal fue desbordada por enormes brechas en los últimos años, especialmente durante la administración de Joe Biden. Las familias norteamericanas deben aprender a gastar menos, dejando atrás un consumismo desbordante e irresponsable.

El Perú debe examinar su relación con Estados Unidos, en un contexto en el que se supone aún está vigente el Tratado de Libre Comercio. Seamos realistas: el peso de la economía nacional y latinoamericana es reducido, comparado con el peso del PBI de EE. UU., la U.E. y la República Popular China.

No es el fin del imperialismo, ni de la globalización.

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No es el fin del imperialismo, ni de la globalización, por José Antonio Torres Iriarte

Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, pone de manifiesto su propósito de bregar por la supremacía mundial, sin reparos en obligar a que los países integrantes de la Unión Europea asuman los costos de su defensa continental, en un contexto marcado por la invasión de Rusia a Ucrania y en momentos en que la crisis del Medio Oriente no tiene visos de solución.

Si Joe Biden alentó el apoyo casi ilimitado a Ucrania, hoy el gobierno de Zelensky empieza a aceptar que los tiempos han cambiado. Por su parte, el Estado de bienestar europeo es deficitario y ha limitado el crecimiento de la economía europea, restándole competitividad en los mercados globales. La otrora próspera Alemania hoy siente los efectos de un crecimiento económico lento, la presión migratoria y su dependencia energética.

La Unión Europea debe replantear sus objetivos, especialmente porque se ha convertido en una organización burocratizada, transversalmente afectada por el acentuado énfasis en las políticas impulsadas por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La ampliación de la OTAN aparentemente no respondió únicamente a la necesidad de preservar la paz. La caída del Muro de Berlín, la disolución de la URSS y la democratización de Europa del Este fueron acontecimientos relevantes que debieron afianzar el liderazgo europeo y la defensa de los valores tradicionales de Occidente.

Es necesario reconocer que Rusia sigue siendo una potencia nuclear, integrante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; que su inmenso territorio le otorga ciertas ventajas, y que, a pesar del fin de la era soviética, ha sabido formar los BRICS y mantener influencia política en determinados países de América Latina. Putin no es un demócrata; es un tirano formado en el viejo Partido Comunista y en los servicios de la KGB. Sin embargo, no puede soslayarse su papel en el actual escenario internacional.

Donald Trump es un nacionalista decidido a reducir la subvención militar a Europa, dispuesto a reindustrializar la economía norteamericana mediante incentivos tributarios y aranceles como arma comercial y política. Desde el inicio de su gobierno, Trump ha replanteado las políticas de cooperación internacional, ordenando la reestructuración de la USAID.

En el Perú, los proyectos financiados por USAID han estado centrados en campos tan disímiles como la defensa de los derechos humanos, la institucionalidad democrática, la protección del medio ambiente, la ideología de género y los derechos de las minorías LGBTQ+, entre otros. La victoria de Donald Trump representó un duro revés para la costra caviar y su poder en el plano internacional. En contraste, la administración de Joe Biden y Kamala Harris convirtió la Agenda 2030 de Naciones Unidas en el eje central de su plataforma política y reciente campaña presidencial.

En el Perú se aprobó recientemente el proyecto de ley que otorga mayores facultades de fiscalización a la APCI, con el propósito de que las ONG establecidas en el país rindan cuentas y puedan ser examinadas técnicamente. Estas ONG presumen ser representantes de la sociedad civil, otorgándose el derecho de participar en el debate político nacional e influir en el diseño de políticas públicas. Sus directores ejecutivos, convertidos en actores políticos y líderes de opinión, tienen la convicción de que deben estar exentos de toda fiscalización.

Por ello está en marcha una contraofensiva política y mediática que espera contar con el apoyo de gobiernos y embajadas de países cooperantes, así como de las principales cadenas internacionales. No dudan en asignar fondos para campañas en medios, diarios y revistas. Seguramente supuestos líderes de opinión se sumarán a campañas políticas en defensa de sus intereses.

Desde hace más de treinta años, los exmilitantes de los partidos marxistas-leninistas, maoístas o trotskistas, que en 1985 tuvieron como candidato presidencial a Alfonso Barrantes Lingán, que admiraban el sistema soviético y defendían la existencia del Muro de Berlín, no tuvieron mejor idea que reinventarse políticamente formando organizaciones no gubernamentales, logrando financiamiento internacional.

Sus directores ejecutivos e integrantes no militan en partidos políticos, no compiten ni ganan elecciones, pero sí influyen políticamente. No los impulsan ideales políticos ni el logro de grandes objetivos del desarrollo nacional.

Hoy ser parte de una ONG se ha convertido en un estilo de vida que asegura mejores ingresos, acceso a becas, viajes y pasantías con gastos pagados. Comparten un sentimiento de élite moral superior que cree no tener que rendir cuentas a nadie. Se enorgullecen de sus vínculos internacionales, asistiendo a foros y encuentros internacionales durante todo el año. Son antimperialistas a su manera, pero receptores de fondos de la cooperación internacional norteamericana y europea, especialmente. Su presencia en organismos internacionales es cada vez mayor.

Las ONG se han convertido en instrumentos al servicio de un globalismo avasallador que lesiona la soberanía nacional, pretendiendo reducir a los Estados a meros ejecutores de los dictados impuestos por los grandes poderes globales.


Una mirada al escenario internacional y al poder de la "costra caviar", por José Antonio Torres Iriarte

El Ministerio Público, no siendo un poder del Estado, pretende extralimitarse en sus funciones, actuando como un suprapoder que ejerce control sobre los otros poderes del Estado. La democracia se sustenta en la separación de poderes y, conforme al ordenamiento jurídico, el Ministerio Público es una institución jerarquizada que persigue el delito y formaliza las acusaciones ante el Poder Judicial por la comisión de ilícitos penales.

Sin embargo, todos nos preguntamos cómo fiscales de menor jerarquía integrantes del Equipo Especial Lava Jato gozan de impunidad y se han convertido en actores políticos de la vida nacional.

La "trama de Odebrecht", eje del acontecer nacional desde fines del gobierno de Ollanta Humala, ha influido en el desarrollo de campañas electorales, en el ejercicio del poder, en la caída de gobiernos, así como en la imputación de cargos penales y la emisión de órdenes de detenciones preliminares, preventivas o impedimentos de salida del país.

La política nacional no se ha gestado por la iniciativa de los partidos políticos o por la influencia de liderazgos tradicionales o nuevos, sino por la agenda política marcada por las investigaciones de la "trama Odebrecht".

El presidente Lula, desde el ejercicio del gobierno y como líder del Partido de los Trabajadores (PT), tejió una red de contactos políticos para hacerse con la ejecución de las principales obras de infraestructura en América Latina. En nuestro país, en alianza con las empresas del "Club de la Construcción", desplazaron del mercado a competidores incómodos. Lula cumplió un papel político, como un "capitoste" o "padrino" de empresarios y políticos. Con el argumento de unir al Perú y Brasil, se impulsó la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, los lazos políticos con Brasil se estrecharon significativamente.

Hoy, Alejandro Toledo ha sido condenado en el marco de un proceso judicial ceñido a ley. El PT ha retornado al poder en Brasil; sin embargo, es evidente que el presidente Lula carece actualmente del liderazgo y la autoridad moral que en su momento lo convirtieron en un referente latinoamericano. Lula Da Silva fue privado de su libertad y tiempo después fue excarcelado.

El Ministerio Público suscribió un Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht, cuyo contenido se mantuvo en absoluta reserva durante varios años, desarrollando investigaciones con claro sesgo político. El papel cumplido por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez estuvo siempre orientado a atenuar la responsabilidad de los directivos de Odebrecht. No olvidemos que se pontificó la importancia del acuerdo, afirmando que la empresa brindaría información relevante para esclarecer ilícitos penales.

El Equipo Especial Lava Jato exoneró del pago de impuestos a Odebrecht, permitió la venta de la hidroeléctrica de Chaglla y nunca trabó embargo alguno ni solicitó al Poder Judicial la retención de cuentas bancarias de la constructora o sus directivos. Resulta extraño que el Equipo Especial no incluyera en las investigaciones a otros exfuncionarios del gobierno de Toledo, como si se tratara de una acción personalísima. El país no debe olvidar el papel cumplido por Fernando Olivera, quien, siendo embajador del Perú en España, retornó a Lima para presionar al entonces Contralor General de la República, Genaro Matute, cuya institución había formulado serias observaciones técnicas y legales al proyecto de la Interoceánica.

Hoy, el Equipo Especial Lava Jato sigue en funciones. La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha expresado su respaldo a los cuestionados fiscales, convocando recientemente una conferencia de prensa.

La Fiscal de la Nación asegura que no persigue a personas y que su rol está enmarcado en la Constitución y la legislación vigente; sin embargo, es claro que actúa de manera selectiva. Recientemente archivó la investigación contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirmando que solo se trataba de una inconducta sin indicios de delito. Es evidente que la investigación realizada fue deficiente, sin tomar testimonios clave ni realizar diligencias fundamentales.

Gustavo Gorriti se ha convertido en censor de la vida nacional, autopercibiéndose como "intocable" y actuando como operador político de Odebrecht. Ha usado su influencia para obstaculizar diligencias fiscales y se ha negado a entregar información clave al Ministerio Público, evadiendo responder cargos serios en su contra.

El Instituto de Defensa Legal (IDL), dirigido por Gorriti, nunca deslindó claramente con Sendero Luminoso y, recientemente, ha sido relacionado con operaciones sospechosas relacionadas con el tráfico de armas. La cercanía de Gorriti con Pablo Sánchez y Martín Vizcarra quedó patente durante la crisis del caso "Cuellos Blancos del Puerto", revelando alianzas políticas y mediáticas claras.

El Ministerio Público, lejos de cumplir su rol constitucional, atraviesa una severa crisis comparable a la ocurrida durante la gestión de Blanca Nélida Colán. El Perú debe superar la sombra de Odebrecht, confrontar al "poder caviar" y a quienes, como Gorriti, se consideran intocables.

Es urgente restablecer la confianza en las instituciones y evitar que intereses políticos y económicos sigan afectando la justicia y la democracia en el país.

El Ministerio Público encubre, por José Antonio Torres Iriarte

La cooperación internacional norteamericana canalizada por USAID desde los años sesenta, se convirtió a lo largo del tiempo en un instrumento de ayuda humanitaria a más de cien países del mundo. En plena Guerra Fría, los Estados Unidos tuvo claro que era indispensable apoyar a los gobiernos de América Latina, ante el avance político de los partidos de izquierda adscritos a la Tercera Internacional o que en su defecto no tenían reparo en aliarse con movimientos de izquierda o que en su defecto observaban con simpatía a los movimientos guerrilleros o insurgentes, que se iban organizando en la región.

USAID fue parte de lo que se llamó Alianza para el Progreso, durante los gobiernos de los demócratas Jhon Kennedy y Lyndon Jhonson. Los fondos fueron canalizados a través de los gobiernos o de asociaciones civiles. En los años noventa cuando ya se había consumado la disolución de la URSS y los países de Europa del Este dejaban atrás la planificación centralizada e impulsaban economías de mercado, se produce un giro en el campo de la cooperación internacional. Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania y otros países desarrollados, procuraban asistir a los países subdesarrollados o del llamado Tercer Mundo.

Las Naciones Unidas aumentan su presencia en todo el mundo, a través de sus diversas agencias. El Banco Mundial elabora informes anuales, enfatizando desde 1990 en la necesidad de reducir la pobreza en todo el mundo. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dispone de más recursos, canalizando sus desembolsos sobre todo en la ampliación de los proyectos de infraestructura. El Fondo Monetario Internacional como instrumento de ayuda financiera, alentó la puesta en marcha de programas de ajuste, para estabilizar las economías sumidas en procesos inflacionarios y desequilibrios fiscales. El Banco Mundial y el FMI en los años noventa se sumaron a la implementación de las políticas diseñadas por un grupo de expertos en Washington. El llamado "Consenso de Washington" no cabe duda se convirtió en el marco general de las reformas de mercado ejecutadas en varios países de América Latina. La sombra de la "crisis de la deuda" fue superada en el Perú, mientras que el "Plan de Convertibilidad" estalló en Argentina.


Lo cierto es que los cambios políticos ocurridos entre 1989 y 1991 en Europa, fueron determinantes en la configuración de un nuevo escenario internacional. La Unión Europea incorporó como integrantes a países de Europa del Este. La unidad monetaria, la fallida aprobación de la Constitución Europea y la salida del Reino Unido en el 2016, son hitos en la historia de un proceso de integración.


Si la izquierda marxista leninista sufrió un duro revés en Europa y América Latina; sin embargo, debe precisarse que sus cuadros y militantes tuvieron la capacidad de "reinventarse y reciclarse". Los organismos internacionales se convirtieron en objetivos políticos, de tal modo que fueron tomando progresivamente el control de importantes organismos internacionales y a la par se especializaron en la gestión y administración de los fondos de la cooperación internacional.


En el Perú, los ex militantes de la Izquierda Unida que postuló a la presidencia de la República a Alfonso Barrantes Lingán en las Elecciones Generales de 1985, durante los años del fujimorismo, se convirtieron en Directores Ejecutivos de los organismos no gubernamentales establecidos en nuestro país. Desde la Comisión Andina de Juristas, Manuela Ramos, Flora Tristán, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y decenas de ong’s, se fue tejiendo una red de organizaciones que pasaron a ser protagonistas de la vida nacional, bajo la denominación de sociedad civil.

Todo este proceso formó parte de una nueva correlación de fuerzas internacionales establecidas en Canadá, Estados Unidos y Europa, en especial. Los representantes de la sociedad civil empezaron a participar en foros, en organismos internacionales y en el Sistema de Naciones Unidas. En el plano académico universitario, se afianza un neomarxismo que empieza a desarrollar nuevos conceptos filosóficos políticos. Este proceso se desarrolla paralelamente al avance de un proceso de globalización y una revolución tecnológica sin precedentes. Surgen en la Unión Europea y los Estados Unidos. en especial, posturas políticas progresistas que influyen cada vez más en partidos históricos, como el Demócrata en los Estados Unidos.


La batalla cultural se libra hoy en los Estados Unidos y Europa. Por su parte en América Latina, Fidel Castro sentó en los años noventa, las bases del "socialismo del siglo XXI". Desde el partido de los Trabajadores en Brasil, se organiza el Foro de Sao Paulo y años después se constituye el "Grupo de Puebla".

En los últimos años, la cooperación internacional gestionada por una red de ong’s, con fondos de USAID, la Unión Europea, Canadá y otros países, impulsa una agenda compatible con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Las ong’s además influyen en el diseño de políticas públicas, en la dación de leyes en el campo de los derechos reproductivos de la mujer, el aborto, el matrimonio igualitario, el medio ambiente, las posturas feministas y las políticas en favor de la comunidad LGTBQ+. Se gesta de esa forma un nuevo poder influyente políticamente.


Se promueven leyes sobre partidos políticos y sistemas electorales. El Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la PNP y diversos ministerios forman parte del radio de acción y de influencia. Desde la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se trató de reescribir la historia nacional, llamando "conflicto armado interno" a la acción terrorista desatada por Sendero Luminoso y el MRTA. El Poder Judicial y el Ministerio Público se han ido convirtiendo en instrumentos políticos al servicio de una agenda con claros propósitos políticos. Gustavo Gorriti, Diego García-Sayán, Mirtha Vásquez y decenas de políticos, bajo el ropaje de representantes de la sociedad civil han pretendido erigirse en la reserva moral del país. El Instituto de Defensa Legal y Gustavo Gorriti convertidos en un suprapoder y censores de la vida nacional.


La reciente aprobación del proyecto de ley por parte del Congreso con 82 votos, permitirá mejorar la capacidad de fiscalización de APCI. La ley debe ser promulgada en los próximos días.


Ya se ha iniciado una contraofensiva por parte de las ong’s y todo su aparato político-mediático. Hoy en Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump se está examinando con rigor el papel cumplido por USAID. La Agenda 2030 de Naciones Unidas es vista con reticencia por la administración Trump.


Los supuestos antiimperialistas que lideran las ong’s establecidas en el Perú, se han valido de los generosos recursos transferidos por USAID a lo largo del tiempo. La suspensión o cierre de USAID, no significa el fin de la cooperación internacional hacía el Perú. Existen fuentes diversas y numerosos cooperantes.


Es el momento de fiscalizar y es necesario la rendición de cuentas por parte de las ong’s. APCI e incluso la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS y la SUNAT deben actuar conforme a ley. No es de extrañar, que sólo realizando un control aleatorio, se pueda comprobar la existencia de indicios sobre la comisión de graves ilícitos penales, que constituyan lavado de activos.


No dudo que los afectados por la ley interpondrán todo tipo de acciones legales en el plano nacional e internacional. Más aún se valdrán de gobiernos y organismos internacionales para ejercer presión sobre el gobierno peruano. Se puede afirmar que la red de ong’s en el Perú constituyen fundamentalmente una "costra caviar" ajena a los grandes intereses nacionales.

El poder de la "costra caviar", por José Antonio Torres Iriarte

Alianza para el Progreso (APP) aspira ser un partido político propiamente dicho. En verdad es una agrupación política constituida en torno a la Univerdidad César Vallejo y su mentor César Acuña.

La liberalización de la economía en los años noventa creó las condiciones para la participación activa del sector privado en la educación universitaria en todo el país. Si la gratuidad de la educación en todos sus niveles (por iniciativa aprista) caracterizó la década de los sesenta, facilitándose la masificación de los estudios superiores en el ámbito de la educación pública, del mismo modo desde mediados de los noventa se multiplicó la creación de universidades privadas, lo que se expresó en el aumento de la oferta educativa. Institutos Superiores con años en el mercado educativo, dieron pasos seguros hacía el ámbito universitario.

El marco legal y tributario dictado por el gobierno de Alberto Fujimori, creó incentivos para gestores e inversionistas ávidos de explorar nuevas formas de emprendimiento educativo empresarial.

La PUCP había sido fundada en 1917, mientras que universidades como la Pacífico, Cayetano Heredia, de Lima, UNIFE, USMP, UIGV y Ricardo Palma se establecieron a lo largo de los años sesenta. El llamado "bono demográfico" ha favorecido el crecimiento de la demanda de servicios educativos de manera sostenida en los últimas décadas.

El movimiento universitario durante el siglo XX, estuvo marcado por la hegemonía aprista durante décadas y por la participación cada vez mayor de militantes de partidos vinculados al marxismo-leninismo, el maoísmo y otras tendencias políticas.

El sector privado de la educación universitaria, ha atendido la creciente demanda y virtualmente despolitizado la educación universitaria. La Universidad César Vallejo cuenta con decenas de miles de estudiantes en pregrado y millares de graduados universitarios, que cursan estudios de Maestría y Doctorado en diversas especialidades, en sus diferentes sedes.

César Acuña fue elegido congresista en 1995, iniciando una carrera política, que ha ido paralela a la empresarial. Con habilidad, ha sabido convertir su universidad virtualmente en un instrumento político al servicio de un partido, que ha ido creciendo y fortaleciéndose de manera proporcional, a como se ha ido incrementando el número de matriculados en la UCV. En el plano de las carreras universitarias de pregrado, utiliza economías de escala, para reducir los montos de las pensiones.

Por su parte utiliza el sistemas de becas parciales o totales, como formas de proselitismo político en diversas regiones del país. Sus graduados no gozan de prestigio en el mercado laboral, especialmente los egresados de la Facultad de Medicina. En el plano de los posgrados, ha logrado facilitar los estudios, en función de diversas modalidades y captando especialmente a alumnos, que forman parte del sector público. La UCV tiene en su plana docente a jueces y fiscales que en su oportunidad estudiaron sus maestrías y doctorados en esa casa de estudios. A la vez, aspirantes a jueces y fiscales, cursan sus estudios de posgrado, con la seguridad de que alcanzaran sus objetivos académicos. Los estudios no son rigurosos y por cierto se facilita la graduación masiva de sus egresados.

No olvidemos que la Universidad César Vallejo otorgó el Grado de Magíster al ex presidente Pedro Castillo y a su esposa, de una manera aparentemente irregular. En el 2022, cuando transcendió que la Tesis para optar el Grado de Magister, había sido sustentada de un modo "irregular", las autoridades de la Universidad, avalaron la supuesta "originalidad" de la tesis.

Desde la Universidad César Vallejo, el gobernador César Acuña ha construido los cimientos de su poder político. La UCV da educación superior, otorga grados académicos de Bachiller, Maestría y Doctorado de un modo laxo y generoso. Un buen número de los cuadros políticos de APP, se han graduado en la UCV.

Cómo explicar la mutación y el desarrollo profesional de un Ingeniero Químico, con aspiraciones presidenciales, que a los ojos de todo el país, se caracteriza por sus escasas habilidades cognitivas.

APP no ha surgido precisamente como la expresión de una nueva generación ávida de proponer un nuevo derrotero para el Perú. Hoy, APP tiene un grupo parlamentario, preside la Mesa Directiva del Congreso, tiene presencia en el Consejo de Ministros, preside Gobiernos Regionales y Alcaldías Provinciales y Distritales en todo el país. César Acuña respaldó a Martín Vizcarra, luego votaría por su vacancia en noviembre 2020, para unos días después "traicionar" al presidente Manuel Merino. César Acuña invocando la "gobernabilidad" visitaba la "casa de Sarratea" y respaldó activamente el gobierno de Pedro Castillo.

Actualmente, César Acuña apoya al gobierno de Dina Boluarte, más aún influye en la designación de decenas de Prefectos y Sub Prefectos en diversas regiones del país. A ello se suma que un militante de APP ha sido designado Contralor General de la República.

El poder de César Acuña es ilimitado. La frase "plata como cancha" aparentemente lo llena de orgullo. No es un pensador, no es un intelectual de nota; tampoco es un luchador social comprometido con grandes ideales. César Acuña expresa y pone de manifiesto la precarización de la política. Los graduados de la UCV ocupan puestos claves en el sector público y en la judicatura, al amparo muchas veces de la influencia política cada vez mayor que ejerce APP en todo el país.

Los hechos luctuosos ocurridos en el Real Plaza de Trujillo, hace pocos días, han demostrado la falta de reacción y liderazgo por parte de César Acuña. Estoy seguro que el poder político del fundador de la UCV, se irá desvaneciendo progresivamente en La Libertad y todo el país. Su inacción en Pataz, su tolerancia frente al crimen organizado son evidentes. Se sabe que las autoridades norteamericanas lo están investigando y han restringido su ingreso a los Estados Unidos.

La suerte de César Acuña aparentemente no responde al éxito propio de los emprendedores, impulsores de un "capitalismo popular" en todo el país. Más de una historia se teje, respecto a sus origenes y lazos con familias vinculadas a las economías ilegales. La precarización de la política tiene en César Acuña un exponente singular.

César Acuña y la precarización de la política, por José Antonio Torres Iriarte

Intercorp como grupo empresarial ha demostrado su falta de liderazgo y respuesta oportuna, frente a los hechos luctuosos derivados del "desplome" del techo del área de "comidas rápidas" en el Real Plaza de Trujillo. La tragedia ocurrida el 21 de febrero en Trujillo, provocó la muerte de seis personas y dejó en condición de heridos a más de 80 comensales, que se encontraban en un lugar, que a todas luces no contaba con la mínima seguridad estructural.

Más allá de las investigaciones en curso, lo que esperaban los deudos de los fallecidos, los heridos y sus familiares era una respuesta inmediata de la empresa a cargo del Real Plaza y de los líderes de un grupo empresarial, que se precia de ser eficiente y desarrollar políticas compatibles con la tan mentada responsabilidad social empresarial (RSE).

El país con estupor ha comprobado la falta de respuesta institucional, la insensibilidad y desdén por socorrer a las víctimas, desde el primer momento.

Intercorp es un grupo solvente financieramente, con la suficiente líquidez; sin embargo, su CEO Fernando Zavala Lombardi no ha sido capaz de al menos convocar a una Conferencia de Prensa para dar explicaciones y asumir responsabilidades en nombre de un grupo empresarial, que hoy a todas luces carece de autoridad moral.

Fernando Zavala Lombardi, formado en el campo de la economía, tiene una larga experiencia política, ya sea como ex presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, más de una vez ha concurrido a sesiones plenarias en el Congreso de la República; por lo tanto, debió en un acto y como gesto de entereza convocar a una Conferencia de Prensa con la prensa nacional y extranjera. Del mismo modo, el país esperaba que el señor Carlos Rodríguez Pastor se pronuncie, no solo para expresar sus sentimientos de pesar a los deudos, a los heridos y familiares, sino fundamentalmente para acreditar que la cuantía de su patrimonio es directamente proporcional a los valores y principios que han marcado su desempeño como persona y como empresario a lo largo de la vida.

Rodríguez Pastor y Fernando Zavala son profesionales con solvencia suficiente para discernir y comprender qué corresponde hacer ante un escenario de crisis. No estamos ante un hecho fortuito o ante hechos derivados de la "furia de la naturaleza". Lo ocurrido en el Real Plaza de Trujillo debe ser visto como una clarinada de lo que podría suceder en otros Centros Comerciales del grupo Intercorp o de otros grupos empresariales.

Intercorp tiene presencia en la banca, seguros, clínicas, cadenas de boticas, Plaza Vea, Vivanda, Centros Comerciales en todo el país, establecimientos de comida rápida, entre otros. La inversión privada y la actividad empresarial no son incompatibles con el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias, de seguridad ocupacional y de seguridad en todos los locales o establecimientos que forman parte de las diversas empresas del grupo económico.

Si los señores Rodríguez Pastor y Fernando Zavala no se han pronunciado hasta ahora, si lo han hecho directivos de menor jerarquía, que han demostrado su falta de habilidades y abosoluta obsecuencia con los líderes del grupo empresarial. El Gerente General de los Real Plaza en entrevistas que ha concedido a Latina y RPP en especial, eludió hablar de responsabilidades y no se atrevió a mencionar palabras como reparación civil o indemnización. Con cierto cinismo, habló de sentimientos de pesar y de investigaciones en curso, que podrían señalar responsabilidades en la empresa constructora o en la empresa supervisora de la obra. La impresión que generó el Gerente General de los "Real Plaza" ante la opinión pública, es que los directivos del grupo Intercorp lo estaban utilizando como escudo o como "chivo expiatorio" ante la gravedad de los hechos.

El liderazgo se demuestra en los hechos, ante situaciones de extrema gravedad y crisis repentinas. Carlos Rodríguez Pastor y Fernando Zavala Lombardi no son líderes, mientras que el señor Shimizu (Gerente General) es apenas un subordinado dispuesto a sacrificarse e incluso a tener que inmolarse ante futuras denuncias y acusaciones fiscales.

La formación de un fondo por parte del grupo Intercorp, para fines de indemnización a los deudos y a los heridos, es un imperativo. Los heridos están siendo atendidos en la red de MINSA o de EsSalud. Ningún herido está siendo atendido en la red de Clinicas que forman parte del grupo Intercorp. El fallecimiento de un pareja joven y su niña de 2 años ha conmovido a todos.

No estamos ante obras públicas, nos encontramos ante obras ejecutadas por el sector privado. Los líderes de Intercorp no han medido las consecuencias de sus actos. Más allá de la evidente indolencia o indiferencia por parte de sus directivos, se ha producido el cierre de centros comerciales en diversas zonas del país, existe desconfianza y hasta pánico por parte de los consumidores.

El prestigio del grupo Intercorp está en juego. Por su parte es claro que la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Gobierno Regional de La Libertad, no han actuado con la diligencia necesaria, eludiendo su papel fiscalizador. César Acuña y APP tiene un enorme peso en la región y en la ciudad de Trujillo. La Fiscalía de la Nación debe encargar a Fiscales Ad Hoc, el desarrollo de las investigaciones. Por cierto que esos fiscales no residan en Trujillo, para evitar cercanía y presión política impropias por parte de las autoridades locales.

Es verdad que el país necesita inversión privada y ejecución de obra pública. Sin embargo, es inaceptable que los puentes colapsen (Chancay) u ocurran tragedias en Centros Comerciales.

Si la "trama de Odebrecht" ha marcado la política nacional en los últimos años, no descarto que la "trama de Intercorp" se convierta en un factor que sea utilizado políticamente en la próxima campaña electoral, por todos aquellos que se oponen a la inversión privada nacional o extranjera e impulsan discursos extremistas y redentores.

El grupo Intercorp está en crisis, debe reaccionar y cumplir con indemnizar a los deudos de los fallecidos y a los numerosos heridos. Más aún debe revisar sus políticas internas en materia de seguridad, construcciones en general y los servicios que presta.

Me pregunto qué valores animan a un grupo empresarial, hoy mellado en su imagen. Por cierto, el grupo Intercorp se adhirió militantemente a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, impartiendo políticas internas compatibles con la ideología de género. Considero que Intercorp debe repensar las políticas desarrolladas en todo el país. El mundo está siendo remecido por una "batalla cultural" sin precedentes.

Hoy Intercorp debe enfocarse en garantizar la vida de sus clientes y en el presente caso asumir su responsabilidad e indemnizar sin demora. Por cierto estamos ad portas del inicio de largos procesos judiciales, que nos harán recordar la tragedia de "Utopia" ocurrida en el 2003.