Economista. Director de la asociación educativa Qispi.

Ricardo Silva-Santisteban 

¡Es increíble tanta mediocridad! El país se hunde de a pocos y nuestros gobernantes no arreglan la situación, ya sea por incapacidad, por ideología o por simple ignorancia. Las recetas para solucionar los problemas económicos existen desde hace tiempo y se conoce con claridad qué es lo que funciona y qué no. La receta debe adaptarse a la realidad de cada país, pero se sabe qué hacer: eliminar el déficit fiscal, dejar flotar el tipo de cambio, liberalizar los mercados, etc. Ninguna solución es mágica; no existen las varitas mágicas en economía y las soluciones son de mediano a largo plazo.

Se debería enseñar en los colegios: Cualquier promesa de arreglar una crisis económica a corto plazo es mentira. Recordemos la frase “no más pobres en un país rico” de hace algo más de 3 años y veamos cómo se desarrollaron las cosas: a pesar de la gran capacidad de resiliencia de la economía peruana y nuestras empresas, la dinámica de la economía ha bajado y hemos pasado por ligera recesión en determinado momento, aún con un boom de los precios de nuestros principales productos de exportación. El que promete soluciones rápidas a problemas económicos es porque no sabe de qué está hablando o está mintiendo descaradamente.

La solución de problemas (en general, pero aplicado a la economía en este caso), una vez analizado y con verificación en la experiencia, no debe ser algo complicado. Basándonos en una secuencia lógica de preguntas y respuestas que se van afinando a medida que se estudia el problema llegamos rápidamente a la solución. Utilizo un ejemplo:

Respuesta: En base a la experiencia la única forma eficiente y duradera es generando mayor empleo.

2. Pregunta: ¿Cómo generamos mayor empleo?

Respuesta: En base a la experiencia en todo el mundo la forma más eficaz de generar empleo es con más inversión.

3. Pregunta: ¿Cómo generamos mayor inversión?

Respuesta: La inversión puede ser pública o privada. En los países cuya economía ha tenido un crecimiento que ha permitido reducir la pobreza mediante la generación de empleo, la inversión privada ha sido porcentualmente mayor que la inversión pública y ha permitido una expansión más sostenida en el tiempo.

4. Pregunta: ¿Cómo atraer mayor inversión privada al país?

Respuesta: Con reglas claras, estabilidad jurídica para los inversionistas, tasas aceptables de impuestos, entre otros aspectos. Todo dentro de un marco de responsabilidad social empresarial.

¡Listo! Ya tenemos la solución al problema, solo hay que seguir lo que manda el manual y ya está; se ha hecho antes con éxito, solo hay que seguir la experiencia anterior en otros países ajustándose a la realidad peruana.

Otro ejemplo tan sencillo como el anterior:

1. Pregunta: ¿Cómo hacemos para eliminar el déficit fiscal y no caer en inflación y/o devaluación?

Respuesta: Puede ser de dos formas: incrementando los ingresos y/o reduciendo los gastos.

2. Pregunta: ¿Cómo incrementamos los ingresos?

Respuesta: Con mayor actividad económica. Ver punto 4 del ejemplo anterior.

3. Pregunta: ¿Cómo reducimos los gastos sin contraer la economía?

Respuesta: Primero, reduciendo el aparato del Estado, privatizando las empresas que generan pérdidas o cerrándolas si son como en muchísimos casos, agencias de empleo de los allegados al gobierno de turno. Hay mucha grasa por recortar ahí. Segundo, promover las asociaciones público privadas y las concesiones para que las inversiones en infraestructura no sean salidas de caja del Estado, todo dentro de una normativa que no permita abusos de las empresas, pero que promueva la inversión.

1. Pregunta: ¿Es decir que todo depende de la inversión?

Correcto, ya sea privada o pública. El problema de la inversión pública es que generalmente implica corrupción e ineficiencias, si es privada es más eficiente y puedes obtener ingresos a través de impuestos, canon o regalías. El impacto de la inversión pública, además, es menor que el de la inversión privada, habitualmente.

2. Pregunta: ¿Cómo atraer más inversión privada?

Podemos seguir así horas de horas, al final todo siempre va a recaer en mayor inversión privada. Esto le debe causar un tremendo escozor a nuestros amigos de la izquierda, pero es verificable con la lectura de simples estadísticas, pues si verificamos también en donde se han aplicado las medidas que proponen solo encontramos pobreza, hambre, desigualdad (si, esa que atribuyen al libre mercado, pero que se manifiesta en gobernantes muy ricos y gobernados muy pobres) y, en muchos casos, exilio. Sin ideología, solo con datos estadísticos.

1. Con un aparato estatal grande, ¿ha habido alguna experiencia exitosa de crecimiento y/o desarrollo en la región? No, que yo recuerde. Les pido por favor que busquen cifras a ver si por algún milagro encuentran alguna.

Entonces, ¿por qué insistimos en experiencias fallidas? ¿Qué tan mediocres (o imbéciles) somos? ¿Alguien puede creer que lo que fracasó antes en distintas épocas y en todo lugar donde se aplicó va a funcionar ahora en manos de ineptos sin norte definido?

Existe otro problema muy grave: la implementación de las medidas correctivas. Los políticos creen que su popularidad depende de hacer unos cuantos favores, pero en realidad su popularidad a largo plazo depende en gran medida de la marcha de la economía. Dar un subsidio regala unos pocos aplausos por un corto tiempo, pero genera una salida de recursos que luego se vuelve déficit fiscal que hay que financiar (con deuda, aumentando impuestos o con emisión) lo cual en el largo plazo lleva a inflación, es decir pérdida de poder adquisitivo y, por ende, más pobreza (sobre todo cuando ese comportamiento se extiende a toda la economía). Subsidios a mansalva para calmar a los que reclaman (que habitualmente son grupos de interés como sindicatos) o más impuestos (que ralentizan la actividad económica y promueven la informalidad) o simplemente aumentando el tamaño del aparato público (que va a requerir fondos para financiar planillas son la forma típica de actuar del político nacional pensando no a largo plazo (como debe hacerlo un estadista), sino en el corto o muy corto plazo por unas cuantas décimas de popularidad en las encuestas.

El Perú necesita un estadista que diga lo que hay que hacer y que además lo cumpla. La población debe saber que no hay nada que se logre sin esfuerzo y que la solución toma cierto tiempo para que sea duradera. Mientras más rápido se den las reformas, más pronto tendremos resultados.

¿Por qué tanta mediocridad?, por Ricardo Silva-Santisteban

Un tema en el que hay mucha controversia (en realidad, sin necesidad) es el de los impuestos. La ignorancia en este tema es tal, que los impuestos siempre se consideran “buenos”. Si no son para uno, por supuesto.

Para un gran grupo de la sociedad pagar impuestos se considera un acto de “justicia social” porque se tiene la creencia que el Estado es una suerte de Robin Hood: Robar al rico para darle al pobre. Nada más alejado de la verdad. Una sociedad requiere capital para hacer inversiones y producir ese capital viene de “los ricos” y el segmento que posee los medios para invertir no lo hará en un lugar donde su inversión no dé frutos o donde dichos frutos le sean esquilmados a través de impuestos. Además de ser técnicamente incorrecto (pues aleja las inversiones), es también moralmente reprobable la envidia y el resentimiento que guían el deseo de gravar a otros con impuestos simplemente porque ”tienen”.

Los impuestos se llaman así porque se imponen. Nadie paga voluntariamente ni con agrado impuestos, pero se entiende que son necesarios para cubrir los costos que demanda el Estado para proveer los servicios públicos que son su obligación: Seguridad, defensa y justicia. Concedo que pueda haber educación y salud públicas, y en eso debería quedar lo que el Estado provee, pero el problema es que se ha hecho creer a la población que el Estado es una suerte de padre benévolo que debe proveer de todo lo que se le ocurra a cualquier grupo de interés, por considerarse estratégico o para calmar las aguas de alguna turba cuando sale a hacer escándalo y vandalismo.

Aunque mucha gente ponga el grito en el cielo y se rasgue las vestiduras, digo que concedo lo de Salud y Educación porque se trata de bienes económicos y por ese motivo tengo que quitarle el dinero a algunos para dárselo a otros (con los impuestos que pagan algunos se financia Educación o Salud). Esa es la labor redistributiva de los impuestos, pero ¿Qué ocurre cuando la educación cae en manos de un sindicato al que le interesan más sus privilegios que el objeto propio de su labor que es dar una educación que sirva como factor de movilidad social a niños y jóvenes de escasos recursos? Lo mismo ocurre con la Salud que, como hemos visto, no cuenta con suficientes profesionales y a la que pretenden (por el interés de un grupo de universidades poco serias) bajarle la valla para que “haya más médicos”. ¡Por favor! Ni un centavo de los impuestos pagados debería ir en eso.

La Educación debe estar en manos de privados, contratada por el Estado con el sistema de cupones por el que por mérito académico se pueda escalar a una mejor educación, es decir, meritocracia pura enseñada desde niños. Lo mismo en Salud, servicios médicos dados por privados, pero contratados por el Estado. Obviamente todo mensurable con métricas muy afinadas y licitado a través de procesos transparentes con el beneficio adicional de que no habría que realizar inversiones en infraestructura ni gastos en su mantenimiento. En el sector privado el profesor que no enseña o lo hace mal se va a su casa, no acaba como presidente liderando una pandilla de delincuentes que expolian las arcas del Estado. Además, nada de adoctrinamiento de mentes jóvenes maleables y manipulables.

¿Obra pública? A través de concesiones o APP 's, en cualquier sector. El Estado se debe ceñir a sus funciones básicas y de esa forma requerirá menos ingresos y los ciudadanos pagarán menos impuestos.

Me preguntan, ¿Por qué te arañas pidiendo menos impuestos? En primer lugar, espero menos impuestos porque amo a mi país: más impuestos en un país como el nuestro terminan en más informalidad, desempleo y pobreza.

Segundo, porque los fondos se van a utilizar para financiar planillas de un estado hipertrofiado, hiperreglamentado, nepotista, pero sobre todo: incapaz.

¿Qué afán de aumentar los impuestos cuando el Estado ni siquiera tiene la capacidad de gastar todo su presupuesto? Todos los años se devuelven cientos de millones de soles al Tesoro Público porque los gobiernos regionales, los gobiernos locales o instituciones del gobierno central son incapaces de ejecutar el gasto asignado para inversión pública. ¿Queremos entonces más impuestos para financiar bonos, subsidios y cosas por el estilo que distorsionan la actividad económica y no contribuyen a generar riqueza?

Los impuestos son un mecanismo redistributivo, lo cual se evidencia en que al que tiene se le quita parte de su riqueza para darle al que no tiene (digamos que hasta ahí todo bien), pero si consideramos que en una economía hay una cantidad de dinero fija, digamos 1,000, y parte de ese dinero se confisca (legalmente, a través de impuestos) para financiar obras de infraestructura vial, de salud, educación o de otro tipo, la misma cantidad de dinero circula en la economía y no hay problema. El problema surge cuando el gasto no es eficiente. Va a ocurrir, por ejemplo, que se emprende una obra de 1,000, pero muerden o “desaparecen” 50, eso significa que en la economía ya no va a haber 1,000 si no va a haber 950 y esa "esterilización" de medios de pago hace que la actividad económica sea menor. Peor aún cuando (asumamos que no se muerde) el dinero se va a la planilla de un Estado ineficiente que tiene montones de empleados cuya productividad es una fracción de la de un empleado del sector privado y es gasto en vano. Conversando con mi padre, que trabajó en una institución pública hace muchos años, llegamos intuitivamente a la conclusión que si se reduce a la mitad la planilla del Estado la calidad de los servicios no se afectaría, de lo malos que son.

Es por eso que el Estado debería usar mecanismos como las asociaciones público privadas (APP´s) y concesiones para no tener que financiar obra pública y mantenerla (también servicios públicos, no solo infraestructura), y por ende tener que recaudar más y de esa forma brindar a través del sector privado servicios eficientes a la población. Esto ya ocurre con empresas de telefonía, energéticas, de salud, etc. ¿Nadie se ha dado cuenta que el sector privado opera mejor que el público?

¿Por qué entonces no lo hace el gobierno? Porque si deja en manos de alguien o de alguna institución eficiente las compras estatales, la creación de infraestructura o servicios como salud, educación, defensa o seguridad, las autoridades encargadas de las compras simplemente no van a tener "ingresos extraordinarios", es decir coimas. Si el Estado no tiene capacidad de gasto entonces ¿para qué quiere más impuestos? Resulta incomprensible desde un punto de vista lógico o racional, pero desde el punto de vista de la izquierda (en todo su amplio espectro) es muy lógico: a más instituciones públicas tiene agencias de empleo para más camaradas, puede pagar favores y sobre todo puede robar descaradamente.

Como último punto y retomando el tema de los incentivos para realizar cualquier actividad, el pueblo debe sentir en qué se gastan sus impuestos. Un asalariado que está en planilla y gana un sueldo al que le descuentan impuesto a la renta de quinta categoría y servicios de salud, al ver que en el hospital la cita se la dan para dentro de 3 meses y que el Estado no es capaz de ponerle una pista asfaltada frente a su casa se siente muy poco incentivado a pagar impuestos y, peor aún, ve en las noticias que la carretera, la represa, el puente, los colegios y demás obra pública tiene vestigios o evidencia de corrupción. ¡Así nadie quiere pagar impuestos!

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¿Más impuestos?, por Ricardo Silva-Santisteban

Un tema de moda en el mundo empresarial y en su entorno (instituciones financieras, ONG, gobierno, etc., también conocidos como “stakeholders”) es la Economía Circular.

Utilizamos la definición del Parlamento Europeo: “La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende”.

En la práctica, esto implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida útil, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible, gracias al reciclaje o la reutilización. Estos materiales pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional al minimizar o eliminar el desperdicio.

El modo de producción y consumo ha sido históricamente lineal: se produce, se consume y se descarta, lo cual lleva a una gran cantidad de desperdicios, al uso intensivo de energía y a la necesidad de insumos de bajo costo. El problema es la generación de muchos residuos y la contaminación en general.

Hasta ese punto, todo parece muy positivo, noble y con un discurso generalmente aceptado. Sin embargo, el problema radica en la implementación de este modelo, que no es sencilla y requiere una inversión para realizar la transición hacia un modo de producción circular. Es irrelevante si la inversión es grande o pequeña, pues para concretarse depende de varios factores externos a las decisiones que pueda tomar el empresario o emprendedor.

La mayoría de unidades productivas que componen el tejido empresarial peruano son microempresas y, además, son las que más contaminan, al tener sistemas de producción artesanales, mínima o nula capacidad de eliminación adecuada de residuos, procesos obsoletos, maquinaria rudimentaria, entre otros. Cabe considerar que, en su mayoría, se trata de unidades de subsistencia que no tienen capacidad de reinvertir utilidades ni de financiar una inversión en equipamiento que, por ejemplo, les permita reciclar o reutilizar los subproductos generados en su proceso productivo primario.

Este problema es también una consecuencia de la escasa dinámica de la actividad económica en el Perú. No hay un horizonte claro, el crecimiento es bajo, la inseguridad es alarmante (lo que desincentiva el emprendimiento, pues los empresarios terminan trabajando para extorsionadores en lugar de disfrutar el fruto de su propio esfuerzo) y la institucionalidad es débil, pudiendo cambiarse las reglas de juego en cualquier momento (por ejemplo, creando feriados indiscriminadamente con fines populistas que obligan a pagar sueldos por días no trabajados o que afectan las ventas). Nadie invierte si no cree que va a poder recuperar su inversión.

El emprendedor peruano es muy trabajador, optimista y creativo, pero no es ingenuo. No se embarcará en un plan de inversión sin ciertas garantías. Tampoco busca caridad, no pide subsidios (por lo general) sino reglas claras y facilidades para invertir. Un emprendedor que ve una oportunidad de negocio viable, que le generará ventas y una utilidad razonable, sin duda se embarcará, pues existe un incentivo para hacerlo.

Veamos un ejemplo: un confeccionista que tiene un pequeño taller y genera recortes de tela se deshace de esos residuos pagando para que se los lleven, los cuales terminan en el tacho o se utilizan en subproductos de escaso valor. Este confeccionista podría fabricar trapos industriales o, si los recortes no son tan pequeños, hacer ropa interior, por ejemplo. Sin embargo, para hacer eso tendría que comprar maquinaria específica para ese producto y comenzar a promover la nueva línea, lo cual requiere inversión (en equipamiento y en capital de trabajo) y un mercado que absorba ese nuevo producto. ¿Puede un sector tan golpeado como el de textil y confección apostar por una inversión de ese tipo? Con la inseguridad en las calles y una actividad económica sin una franca y sostenida recuperación, es poco probable que se hagan inversiones así, y la economía circular sigue siendo una utopía.

Otro ejemplo: un restaurante con refrigeradoras antiguas que consumen mucha energía y utilizan gases contaminantes no las cambiará, aun cuando sepa que ahorraría con un nuevo equipo, porque implica una inversión. Hay muchos ejemplos similares: pequeñas fundiciones con crisoles más eficientes, empresas que utilizan calderos industriales a petróleo y que podrían convertirlos a gas natural, empresas de alimentos con cadenas de frío poco eficientes, pequeñas industrias metalmecánicas, carpinterías, fábricas de calzado, entre otras. Para reconvertirse, se requieren incentivos; de lo contrario, la economía circular no pasará de ser una utopía.

Para una adecuada transición al modelo de economía circular, se requiere lo siguiente:

1. Seguridad en las calles, para que la inversión no termine en pagos de cupos y extorsiones.

2. Reglas claras, con un Estado que no cubra las pérdidas de empresas públicas con más impuestos ni una estructura laboral tan rígida que impida el crecimiento empresarial.

3. Créditos asociados a un programa con compra directa de equipos por parte de instituciones financieras del sector privado, avaladas por el Estado.

Con los incentivos correctos, podríamos migrar a un modelo más amigable con el planeta y, a la vez, obtener mayores beneficios. Solo hay que ser lo suficientemente inteligentes para entender que no basta con escribir ideas en un papel y promulgarlas como ley para que la situación cambie.

Economía circular e incentivos, por Ricardo Silva-Santisteban

Cuando se maneja dinero o bienes ajenos a uno, se debe rendir cuentas. Ocurre en todo el mundo y en todos los estamentos de gobierno, pero resulta ser muy opaco en el Perú.

Leyendo sobre el cambio que está ocurriendo en Argentina, que es el espejo en el que deberíamos mirarnos ahora, escuché al presidente Milei proponer una ley en la que el emitir dinero sin respaldo sería considerado un delito penal y de lesa humanidad. Aunque me pareció bastante radical esto último si consideramos que la emisión genera inflación y que la inflación es una forma de robar a los más pobres (pues son los más afectados por las alzas de precios y el impuesto inflacionario) y que eso en muchos casos puede matar o condenar al subdesarrollo por la desnutrición o anemia productos de la pobreza, me pareció bastante razonable. Más aún en un país como Argentina que ha tenido tanta inflación y defaults de deuda que no le permiten tener credibilidad al gobierno. ¿Cómo se logra saber si hay emisión? Primero por el nivel de inflación y segundo por los mecanismos de control de la autoridad monetaria que resulta ser un buen sistema de rendición de cuentas.

Esto no es más que transparentar las acciones que uno lleva a cabo de lo que resulta relevante para la parte que encarga realizar cierta labor. Es irrelevante saber cuántas veces se tajó un lápiz, pero sí es importante saber si se los están robando o siquiera saber si los llegaron a comprar. En el sector privado es lo más común rendir cuentas y de eso depende casi siempre la continuidad laboral; en el sector público más bien ocurre lo contrario pues la rigidez de la estructura del Estado impide tener un adecuado control. El ejemplo más claro es que según la Contraloría General de la República el costo de la corrupción en el Perú es de S/ 24,267.8 millones de soles para el año 2023, equivalente al 12.7% del gasto público consolidado. A pesar de ello hay muchísimos proyectos interrumpidos y una inacción patente de parte del personal encargado de las instituciones del Estado en general. Hay tantos procedimientos y tanta rigidez que por comprar pollo a la brasa con caja chica te pueden destituir del cargo y sin embargo se pierden miles de millones de soles en real corrupción. Si el sistema fuera realmente eficiente con tanto procedimiento se evitaría la corrupción, pero la evidencia muestra que eso no ocurre, lo que me lleva a pensar que el mismo tejido de las instituciones del Estado está dañado. Una tela con muchos huecos no se parcha, simplemente se cambia. El problema es cómo.

Lo mencionado líneas arriba no es más que el refrán “hecha la ley, hecha la trampa” plasmado en el Estado Peruano. Los buenos funcionarios no pueden actuar eficientemente por temor a ser enjuiciados y los malos funcionarios siguen expoliando las arcas del Estado en beneficio propio y en desmedro de la población. Recuerdo que un amigo que trabajaba en una institución del Estado me comentó que se opuso a una compra directa de bienes que las cabezas querían hacer sin concurso, designando el ganador a dedo. Propuso un concurso público y le comenzaron a hacer la guerra en el trabajo, el proceso se pospuso hasta que se acabó su contrato, que no renovaron, y al poco tiempo que se fue se hizo la compra sin concurso. El Estado tiene tantos procedimientos y modalidades de compra que los malos funcionarios hacen uso del mismo sistema para delinquir. No soy un experto en logística, pero sí veo que más de 1 de cada 8 soles del Estado se va en corrupción, entiendo que hay algo muy mal. Tal como pienso que debe ocurrir en el sistema de justicia, en las instituciones del Estado hay que traer a una nueva generación de funcionarios más honestos y sistemas menos complicados de compras y adquisiciones pero más fáciles de fiscalizar, como hace el sector privado. También crear un registro de “Deshonestidad” en el que figuren los funcionarios que han incurrido en faltas y delitos por adquisiciones y que esté disponible para todas las instituciones del Estado que, además, deben ser cada vez menos. Tenemos un sector público parasitario que goza de muchos beneficios solo por afinidad al régimen de turno o por “vara” del que debemos deshacernos, pues cada sol que se va en sueldo, además viene acompañado de pérdidas por corrupción. Si ese personal es tan eficiente como para que el Estado lo contrate con muchos beneficios, el sector privado seguramente lo acogerá con los brazos abiertos y podrá demostrar su valía profesional y su honestidad.

Por último, las instituciones del Estado deben tener autonomía en sus decisiones sin permitir injerencia política como ocurre con el Banco Central de Reserva, contar con directorio y gerencia autónomos ajenos a toda decisión política o conveniencia del gobierno de turno, que se ciñan a su función y no a beneficiar a algún sector o partido. Cuando se crea una institución pública para atender necesidades específicas de un grupo o toda la población la consigna es beneficiar a dicha población, no es crear posibilidades de empleo de gente que no puede conseguir un mejor empleo. Esto, que ha sido norma en el Estado Peruano, sería una gran revolución: un Estado mínimo, eficiente, transparente y que genere condiciones para que la inversión privada se desarrolle va a beneficiar a toda la población. Aquellos que ya no podrán tener privilegios no merecidos en la planilla del Estado son solo unos pocos a los que nadie va a extrañar y que se verán obligados a buscar un empleo en el sector privado y ganar lo que realmente merecen ganar, sin “vara”.

Rendición de cuentas, transparencia y eficiencia, por Ricardo Silva-Santisteban

Un problema muy grave en nuestro país es la ignorancia general en conceptos de economía. Muy extendido, tanto que algún infeliz que utilice un slogan de campaña falaz como, por ejemplo, “no más pobres en un país rico”, no solo tenga chances de ganar una elección sino que efectivamente la gane.

La economía no es una ciencia exacta, pero nos da luces muy claras sobre lo que es adecuado o no hacer para solucionar o corregir algún problema cotidiano. Por ello nadie con una mínima capacidad de análisis puede creer que un gobierno radical de izquierda resuelva los problemas económicos de un país. No solo no ha ocurrido en la historia de la humanidad, sino que no ocurrirá (puedo apostar sobre eso sin ningún temor), pues los postulados del socialismo son antagónicos a la naturaleza humana. Debido a esto hay temas en economía sobre los que no hay prácticamente dudas como la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, la flotación del tipo de cambio o el control de precios y eso es muy bueno, pues colabora con la implementación de política económica en un país. Lo malo es que información en contrario pueda ser escuchada (y peor aún, creída) como ocurre, habitualmente, en contextos electorales.

Muchos trasnochados aún insisten en algunas políticas perniciosas para el bien común, aún cuando se sabe que resultan serlo y se insiste en aplicarlas con fines populistas o por “clamor popular”. Uno de esos temas (que vivimos durante la cuarentena por la escasez de Aspirina que en ese momento se mencionaba que ayudaba a prevenir la enfermedad) es el control de precios. Comenzó a escasear la Aspirina y, como consecuencia lógica, el precio se disparó. No se encontraba en farmacias formales y recuerdo que el blíster de 10 aspirinas se vendía a 12 o 15 soles. Encerrados por la pandemia, en una reunión por videollamada con amigos se tocó el tema de la escasez ya uno de mis interlocutores (en ese momento gran admirador del Lagarto y posterior impulsor de la candidatura de Verónika Mendoza) no se le ocurrió mejor idea que exigir que el Estado se haga cargo controlando los precios. Mi comentario inmediato fue: ¿Prefieres una aspirina de 50 soles en vez de 15? ¿No aprendimos nada del nefasto gobierno de García 1.0 donde había precio oficial de muchos productos inexistentes en anaqueles? El silencio fue la respuesta y procedí a explicar: lo correcto es facilitar el abastecimiento de los productos escasos simplificando la importación de los mismos o de los insumos para producirlos, abrir la competencia para que lleguen o que el Estado haga una compra corporativa, abastezca a los distribuidores y los precios bajen naturalmente. Al hipotético precio de 50 soles se llega por la creación de un mercado negro de Aspirinas, que es el resultado del control de precio colocando un precio máximo.

Hay otro caso menos conocido de control de precios, en el que se coloca un precio mínimo para algún bien o servicio, es decir que debe haber un monto mínimo por el servicio. El efecto es exactamente el mismo, se crea un mercado negro. En un artículo anterior toqué el tema de la formalización. Para este caso pongo como ejemplo el mercado laboral.

¿Cuál es el control de precios? El sueldo mínimo. Cuando se establece un monto como mínimo a pagar y dicho monto no está alineado con el precio determinado por el mercado por las leyes de la oferta y la demanda se creará un mercado negro. ¿Cuál es el mercado negro en el mercado laboral? Lo conocemos como “informalidad” y se refiere al personal que trabaja en una empresa en forma permanente sin gozar de los beneficios del régimen de quinta categoría.

De esta manera, como ocurre en el mercado negro de bienes con un precio máximo, por más acciones que se tomen de represión, coerción y fiscalización sólo influye en subir el precio de mercado negro, de la misma forma, en un caso con precio mínimo no se contratará más personal formalmente pues las empresas prefieren optar por su supervivencia.

Un empleado que le cuesta a la empresa catorce sueldos al año, más un sueldo en CTS, pago de EsSalud y ONP o AFP, más otros beneficios exigibles como seguros o porcentajes adicionales por hora extra trabajada, pólizas de seguro, personal médico, tener que pagar 1.5 sueldos por año en caso de despido, etc, con la productividad media del trabajador peruano es imposible de asumir para la micro, pequeña y mediana empresa. Para poder cubrir todos esos costos se requiere de una productividad del trabajador muy alta, es por ello que la formalidad se encuentra altamente concentrada en el sector de la gran empresa. Adicionalmente, los trabajadores no entienden que en un país con tanta regulación como el Perú ser formal es un privilegio y una vez que se está en la planilla de la empresa hay que ser tan o más productivo que antes de estarlo, pues su bienestar depende directamente del buen desempeño de la empresa en el mercado. Es por ello que el mediano, pequeño y microempresario son reacios a contratar formalmente, pues la productividad del trabajador no está alineada con el salario mínimo que se establece habitualmente por populismo y no por consideraciones técnicas.

Hay otros factores que explican la informalidad, además del control de precios que representa el sueldo mínimo, pero no son tema de este artículo. Lo que queremos que quede claro es que el control de precios es pernicioso tanto estableciendo un precio máximo o un mínimo que no esté alineado con el mercado.

El efecto pernicioso del control de precios se refleja además en que los costos y precios en nuestro país son muy heterogéneos; algunos muy altos como en Lima y zonas urbanas y otro para el sector rural. El INEI en la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del 2022 nos muestra un ingreso promedio de S/. 1,668.60 en el ámbito urbano y de S/. 815.90 en el ámbito rural lo que grafica claramente lo mencionado. Se desprende que en aquellos lugares con menor ingreso crear un empleo formal que gane el sueldo mínimo es mucho más difícil.

Dado que el sueldo de un trabajador refleja su productividad (en el sector privado es habitualmente así) y cómo beneficia a la empresa al ser parte de ella, fijar un sueldo mínimo excluye automáticamente a aquellas personas que por algún motivo no llegan a la productividad mínima para cubrir los costos asociados a la formalidad. Estas personas llegan a tener un empleo, pero lo más probable es que sea informal y/o tenga un ingreso menor al sueldo mínimo. Lo ideal para mejorar el mercado laboral es dejar que empleados y empleadores puedan negociar libremente sus salarios y condiciones, en forma individual o colectiva, sin dejar de proteger al trabajador en temas de salud, principalmente. De lo contrario va a ser muy difícil poder llegar a tener una parte importante de la población formalmente empleada.

Se habla de los países escandinavos como ejemplos exitosos de socialismo, lo cual es un grave error inducido por la izquierda (como es habitual), pues la propiedad de los medios de producción no está en manos del Estado sino de privados y hay mucha libertad de empresa y de propiedad. Sin embargo, “olvidan” mencionar que en Dinamarca no existe sueldo mínimo o que en Suecia no hay requisitos legales de indemnización al despedir a un trabajador. A pesar de ello, los sueldos son muy altos y el nivel de empleo formal y/o adecuado es muy alto ocupando los puestos 12 y 17, respectivamente, en el ranking de trabajadores asalariados con respecto al empleo total mientras que nuestro hiperregulado Perú está en el puesto 127.

La evidencia muestra claramente que regímenes menos regulados (sin el control de precios que representa el salario mínimo, por ejemplo) nos llevan a mejores resultados. Un Estado mínimo, que se enfoque en promover la inversión privada, desregular la economía, respetar los derechos básicos de sus habitantes, fiscalizar adecuadamente y brindar seguridad a todos es lo que necesitamos.


Salario mínimo y control de precios, ¿se darán cuenta algún día?, por Ricardo Silva-Santisteban

Es muy común oír que hay un déficit de infraestructura en el Perú, y es algo que resulta ser muy cierto. Sin embargo, ¿A qué se refiere propiamente el término infraestructura?


Según la RAE, la infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. Más extendido en economía, la infraestructura son los activos que permiten que un país pueda desarrollar su actividad económica, principalmente.


La infraestructura (entendida como adecuada y que soluciona algún problema o mejora lo existente) ayuda a hacer una economía más eficiente, pues en general contribuye a reducir costos de operación. Un ejemplo típico es un puente que permite cruzar un río en vez de vadearlo o subir a lo largo del cauce para buscar alguna otra forma de cruzarlo. Evidentemente, no estamos hablando de un estadio para 5,000 personas en un pueblo de menos de 1,000 habitantes, edificaciones innecesarias o edificios que exigen sellos cortahumo en puertas que llevan rejilla.


La infraestructura más visible son las vías que permiten conectar distintos puntos del país, puentes, represas, redes de datos y comunicaciones, etc. y el responsable de ésta es el Estado que vela porque haya infraestructura adecuada y necesaria para el buen funcionamiento del país.


Las formas en las que se puede crear infraestructura son varias, pudiendo o no representar un costo para el Estado. Una forma muy eficiente son las concesiones en las cuales el Estado le cede a un agente privado la creación, operación y/o mantenimiento de un activo (una carretera, por ejemplo) por un plazo determinado. En este caso, el Estado no gasta ni un sol y solo cumple un rol regulador y/o fiscalizador.


Otra forma son las asociaciones público-privadas en las cuales el Estado interviene en la creación de la infraestructura mediante un acuerdo en el cual deben figurar claramente los objetivos, medios y recursos para la ejecución de la obra para la prestación de los servicios requeridos por el contrato, que las lleva a cabo (total o parcialmente) un agente privado. El Estado puede intervenir de diversas formas, habitualmente con financiamiento.


Una tercera forma es que el Estado ejecute la obra pública directamente a través de compras hechas por el Estado, que es la más deseada por los funcionarios corruptos pues tienen a la mano un presupuesto del que en muchos casos obtienen beneficios ilegales, por supuesto. Hay muchos tipos de concursos (y muchas, demasiadas entidades que pueden convocarlos) a través de los cuales el Estado puede crear infraestructura, pero en este caso sí representa un costo para el Estado que debe financiar íntegramente la infraestructura a crearse. Otro problema, además de la corrupción, bajo esta modalidad es la falta de capacidad inherente al Estado en la preparación de expedientes técnicos, dirección y supervisión de obra. Un ejemplo muy claro de esto es la Refinería de La Pampilla que costó menos de mil millones ejecutada por un privado y la refinería de Talara que va costando más de 5.5 mil millones de dólares y aún no comienza a operar.


El déficit de infraestructura mantiene o agudiza las diferencias de productividad y de ingresos entre regiones dentro de nuestro país. Pongo un ejemplo. En la zona de Cañete, al sur de Lima, tenemos muchos campos de cultivo al borde o, por lo menos cerca, de la carretera y los agricultores pueden sacar sus productos al mercado a un costo muy bajo. Además, es probable que cuenten con alguna forma de reservar agua lo que minimiza el riesgo de la cosecha por falta de lluvias. Por el contrario, un agricultor de la sierra sur del país que se encuentra en un lugar alejado no puede sacar sus productos al mercado y sin ninguna forma de reservar agua está expuesto al riesgo de sequía. Casi con seguridad este agricultor de la sierra sur no puede sacar sus productos al mercado y tiene que esperar a que venga un acopiador y le pague unos cuantos centavos por sus productos. Este intermediario le quita margen al productor pues las papas de ambos agricultores se venden a precios similares en el mercado


¿Cuál productor se encuentra en mejor posición? Aquel que tiene acceso a mayor o mejor infraestructura pues los costos de poner en el mercado sus productos será menor.


En el proceso electoral del 2021 uno de los candidatos propuso en su campaña una línea férrea que recorriera el país de sur a norte a lo largo de toda la costa peruana. Dicha propuesta es tan buena que per se debió hacer ganar las elecciones, pues todo el Perú se hubiera beneficiado de ella. Se trata de un proyecto necesario desde hace décadas. Una línea férrea tiene un costo mucho menor de mantenimiento que una carretera, los vehículos consumen menos combustible (con la consecuente menor contaminación) y es un medio de transporte mucho más rápido. Tampoco le costaría al Estado, ya que la inversión, operación y mantenimiento la haría el concesionario. Así, el aceite de oliva, el pisco y las aceitunas de Tacna podría llegar a Tumbes en menos de un día y los langostinos y riqueza marina del Norte llegarían a Tacna en el mismo tiempo. Los turistas podrían ir desde Lima a las playas de Piura y Tumbes o Arequipa en el tren apreciando un hermoso paisaje y cortando los valles en menos de ocho horas, entre otras cosas. Ahora bien, si este tren se complementara con carreteras hacia el interior del país, podríamos sacar las papas nativas, choclos, café, frutas u otros cultivos orgánicos o de primera calidad de nuestros agricultores de la sierra a una fracción del costo actual y se les podría llevar herramientas, fertilizantes o insecticidas a todos los agricultores no solo con un costo menor de transporte sino en menos tiempo o, simplemente, acceder a algo a lo que anteriormente no tenían acceso. No estamos hablando de una gran infraestructura: pistas de concreto hasta donde lo permita la geografía y desde ahí caminos de afirmado mantenidos por la propia comunidad campesina de la zona que tendría un puente para poder poner sus productos en el mercado. Esa sería la mejor forma de llegar a esos votantes que se sienten olvidados por el Estado y haría que se sienta su presencia.


Al aumentar el comercio de sus productos todos ganamos: productores y consumidores. Este es un pequeño ejemplo de cómo la infraestructura es beneficiosa para un país. Hay muchos ejemplos que podríamos tocar: el servicio de agua potable y alcantarillado (que incrementan la salud y el bienestar de la población y reducen los costos de comprar agua a camiones cisterna insalubres), las escuelas (que con una adecuada plana docente forman mejores alumnos y elevan la competitividad), las redes de salud para atención de la población, la infraestructura deportiva, etc.


Regresemos al título de este artículo “Infraestructura ¿Por qué?”, porque sin ella estamos condenados al subdesarrollo.

Infraestructura: ¿Por qué?, por Ricardo Silva-Santisteban

Se dice mucho que el Perú es un país de emprendedores y es algo que podemos comprobar cotidianamente solo con entrar a las redes sociales: postres, bocaditos, sandwiches, catering en general, servicios para el hogar (limpieza, carpintería, gasfitería, peluquería, pedicuristas y otros servicios a domicilio), etc. Muchas, muchísimas opciones cuando uno requiere algo, pero ¿cuántos de ellos son formales? La mayoría de ellos te puede dar un comprobante tributario si se lo pides, pero es muy probable que el costo de lo que estás comprando aumente.


Incluso muchos de estos bienes y servicios son vendidos por personas que tienen un empleo formal y usan su tiempo libre, el de la esposa, los hijos o algún amigo que no tiene la suerte de estar en el sector formal como socio o colaborador. La pregunta que he escuchado desde que estaba en la universidad (en los nefastos tiempos de García 1.0 y el inicio del gobierno de Fujimori) es ¿Por qué no se puede formalizar más al país? Menos del 30% de la PEA está en el sector formal y hay varios motivos para ello, aunque haya tanta miopía que no se quiera verlos pues son muy evidentes. Detallo los que me parecen más visibles:


1. Carga tributaria. No solo se refiere al pago de impuestos pues hay algunos regímenes, como el RUS, que son sumamente blandos (tal vez demasiado), pero el emprendedor que se formaliza se vuelve un objetivo a fiscalizar de la SUNAT, la SUNAFIL y otras instituciones que al formal lo acosan y al informal ni lo miran. Si el emprendedor crece, la carga tributaria aumenta considerablemente.


2. Carga administrativa. Al formalizarse, el emprendedor se compra un paquete de responsabilidades contables y de gestión imposibles de cumplir por parte de un micro o pequeño empresario, presentación de impuestos mensual, planillas, AFPs u ONP, tributos municipales, Defensa Civil, licencias, inspecciones, etc. Hay ejemplos como en el sector construcción en los que a un subcontratista se le exigen más de 20 requisitos para poder emitir las facturas por los trabajos realizados: Pólizas de seguros, pagos de planillas, declaraciones de impuestos, paneles fotográficos, mapeos de trabajos, documentos de Seguridad y Salud Ocupacional, exámenes médicos, depósitos bancarios, y formatos, formatos y más formatos, dependiendo del ejecutor del proyecto. La lista es muy larga y es poco probable que una empresa pequeña la pueda cumplir. El problema es que para que una empresa crezca hay que comprarse el pleito de una carga administrativa enorme que los ejecutores de los proyectos (habitualmente empresas constructoras grandes o muy grandes) exigen y que rara vez están dispuestos a pagar el costo adicional que ello demanda.


3. Carga laboral. En adición a lo mencionado anteriormente, contratar a alguien formalmente implica asumir costos muy altos sobre la informalidad: AFP u ONP, CTS, gratificaciones en julio y diciembre, seguros, etc. que si bien es cierto deben existir, no pueden ser mayores a la productividad del trabajador. Adicionalmente, hay exigencias a la empresa como por ejemplo tener un encargado de Seguridad y Salud Ocupacional, un encargado de Producción y un encargado de Calidad para un trabajo que realizan dos operarios en una semana. ¡El mundo al revés! Cinco empleados para un trabajo que deberían hacer dos personas y un supervisor, aunado al hecho de que los contratos formales de menos de un mes de duración habitualmente son fiscalizados.

4. Burocracia. El tiempo que toman las gestiones en el sector público son demasiado largos, complicados, muchas veces se superponen e implican una persona dedicada exclusivamente a tramitarlos con el respectivo sobrecosto, no solo de la persona sino también tributario y laboral.


5. Baja productividad. Este es el principal problema a resolver: lo que produce un trabajador está por debajo de todos los costos que percibe. A diferencia de un independiente que gana lo que produce (pensemos en un gasfitero o un electricista, por ejemplo) el que desarrolla la misma labor para una empresa como empleado tiene que producir para pagar el sueldo del personal administrativo, el alquiler del local, los seguros, la seguridad, comunicaciones, electricidad y un largo etcétera. Si solo produce su planilla (o incluso el doble de su costo de planilla) la empresa tendrá pérdidas y acabará saliendo del mercado o regresando a la informalidad.


La productividad se incrementa con capacitación e inversión en tecnología. Erróneamente se cree que la tecnología se refiere solo a procesos digitales, pero por ejemplo para un panificador puede ser un horno rotatorio en vez de un horno casero, para un carpintero, herramientas eléctricas en vez de manuales, o para un barbero máquinas de afeitar eléctricas con varias peinetas. Depende del tipo de negocio, pero esas inversiones solo se llevarán a cabo cuando cuando hay certidumbre de lo que puede pasar en el mercado y si el emprendedor puede ver el horizonte aunque sea con mediana claridad. Si el horizonte muestra pagos a las instituciones reguladoras y fiscalizadoras y a todos menos al empresario, lo lógico es que acabe cerrando o regresando a la informalidad


El emprendedor debe destinar su tiempo a hacer crecer y darle sostenibilidad a la empresa, no a resolver temas ajenos a eso. El pequeño empresario es vendedor, financista, gerente de producción y varias cosas más al mismo tiempo. Si se le carga con más actividades es probable que no pueda ejecutar bien ninguna actividad con el respectivo perjuicio para la empresa.


Por lo expuesto el Perú es un país de emprendedores, no de empresarios. Es muy difícil hacer empresa formal con tanta carga si la productividad no es lo suficientemente alta como para cubrir esos costos.


Ahora hablemos de los clientes abusivos. Una empresa micro, pequeña o mediana por lo general requiere de clientes más grandes que la ayuden a crecer: los supermercados comprando productos de pequeñas industrias, los restaurantes comprando a los productores directamente, empresas mineras o constructoras subcontratando servicios, etc. Pero en muchos casos el cliente más grande asume una posición muy dominante que la plasma al extender los plazos de pago, cambiar los alcances o plazos de entrega unilateralmente, aplicar descuentos o penalidades, etc. Esto tampoco contribuye a hacer que las empresas crezcan y más bien las empresas de mayor tamaño con gerencias más sofisticadas, aparatos administrativos más grandes, mejor gestión y billeteras más grandes deben colaborar con las pequeñas empresas en una relación de simbiosis en la cual ambas partes se van a ver beneficiadas.


Adam Smith enunció, sabiamente, hace ya casi 300 años, que el ser humano no solo busca su bienestar (como se suele mencionar erróneamente, afirmando que exalta el egoísmo), sino que a través de la cooperación con otros agentes en el mercado se logra un bienestar general, pero para que ello ocurra, todos los agentes deben obtener beneficios sostenibles a largo plazo. Un agente económico muy grande que obra en forma abusiva, estropea el mercado, por lo menos temporalmente.


La formalización no ocurrirá mientras la productividad no aumente, los procesos administrativos y tributarios se simplifiquen y la burocracia disminuya. Cualquier esfuerzo por formalizar a la fuerza que vaya en contra de estas ideas serán dinero y tiempo gastado en vano.


Es tiempo de dinamizar la economía y eso no se logrará con más regulación, sino con más inversión que solo habrá si es que el mercado da las condiciones. Recordemos que el liberalismo no es una ideología sino el respeto a la libertad inherente al ser humano y que la libre empresa es un reflejo de ello. Si queremos formalizar hagamos primero el diagnóstico correcto y solo tomemos las medidas pertinentes.

¿Formalizar? Primero el diagnóstico, por Ricardo Silva-Santisteban Sebastiani

Los acontecimientos de las últimas semanas nos han mostrado grupos de ciudadanos protestando y haciendo pedidos que son imposibles de cumplir dentro del marco constitucional: cierre del congreso, nueva constitución, renuncia de Dina Boluarte y liberación del golpista Pedro Castillo. Dichas demandas, que además provienen de una masa y no de una cabeza visible que se pueda identificar como líder de estos movimientos y con la que se pueda dialogar, son imposibles de cumplir.

Ante esta imposibilidad, y desconociendo el orden constitucional y democrático, una masa digitada por elementos en la sombra sale a protestar haciendo actos de terrorismo que deben ser contenidos por nuestras fuerzas del orden, que hacen legítimo uso de la fuerza a la que están facultados por ley. Lamentablemente, aún con la ley de su lado, las fuerzas del orden se ven atacadas constantemente por un enemigo más peligroso que los manifestantes: la izquierda caviar que, a través de personajes enquistados en el Poder Judicial, atacan sin cesar a aquellos encargados de poner orden en nuestro país. Personajes nefastos que, deformando la ley y haciendo gala de una subjetividad nauseabunda, actúan en contra de la ley para desalentar el accionar de la Policía en defensa del Estado de Derecho.

En el corto plazo, ha sido evidente que la masa empresarial y emprendedora se ve afectada por las marchas pues los negocios, ya sean grandes o pequeños, no pueden abrir (se ha visto amenazas desde vehículos en los que con megáfonos se amenazaba a viva voz para que no abran los negocios en provincias). En el mediano plazo, se ralentiza el nivel de actividad económica y las empresas, luego de dos años de pandemia traslapados con año y medio de desgobierno izquierdista, están en una situación financiera muy complicada con ventas menores y menores márgenes. En el largo plazo, estamos hablando que, si tienen éxito en sus movilizaciones, habrá una quiebra de empresas general y subsistirán únicamente aquellas que se adhieran al régimen corrupto de turno amparado por una constitución a medida. 

Entonces, además de la población, los más afectados son los empresarios y emprendedores. Las empresas más grandes del país cuentan con departamentos legales muy capaces que interactúan en la telaraña normativa de la regulación peruana y litigan constantemente en procesos judiciales en los que están involucradas las empresas. La empresa privada ha tenido poca o ninguna acción en favor de la sociedad civil durante el gobierno de Pedro Castillo así como en estas últimas semanas de movilizaciones, y guarda cierta lógica, pues son de los objetivos principales para los terroristas y vándalos, pero hay algo que sí pueden hacer sin afectar en mayor medida sus presupuestos: poner sus abogados a disposición de los efectivos policiales que sean acusados por la izquierda caviar por defenderse y defendernos de los ataques de los azuzadores. Muy buenos abogados empleados por el sector privado (mineras, bancos, empresas de seguros, industriales, telecomunicaciones, etc.) que interactúan con los mejores estudios de abogados pueden constituirse en defensores de aquellos que nos defienden y que son atacados por la mafia caviar enquistada en el Poder Judicial. Incluso, las pequeñas y medianas empresas podrían aportar a un fondo común de defensa de la Policía.

No olvidemos que nuestras Fuerzas Armadas combatieron el terrorismo y décadas después siguen siendo atacados en procesos judiciales que se siguen abriendo una y otra vez. La intención de desalentar el accionar de las FFAA y FFPP para restablecer el orden es evidente. Hemos visto casos en los que se acusa a la policía de haber asesinado o atentado contra ciudadanos atacados por los terroristas y vándalos cuando solamente se han defendido y nos han defendido de estas bandas. Recordemos que a la izquierda peruana (y es evidente en la izquierda latinoamericana) le conviene el caos y el desorden, pues sus propuestas no resisten un análisis lógico o racional y tienen la intención de asaltar el Estado, como ha sido evidente en los meses de desgobierno que hemos vivido desde el 28 de julio del 2021, en oposición a la mayor parte de la sociedad peruana que es trabajadora y emprendedora.

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