El 2025 no fue un año cualquiera en la historia política reciente del Perú. Desde sus primeros días estuvo marcado por la tensión propia del final de un ciclo: el cierre de un quinquenio accidentado y la culminación de una gestión incompleta, asumida sin mandato propio por Dina Boluarte. El país ingresó al año con la sensación de que nada estaba resuelto y de que todo, al mismo tiempo, estaba por estallar.
La administración Boluarte transitó sus últimos meses envuelta en una dinámica de supervivencia. Los cambios ministeriales se sucedieron con una frecuencia que delataba la pérdida de rumbo y un objetivo cada vez más evidente: resistir hasta el 2026. No hubo proyecto político ni horizonte de reformas; solo la administración del desgaste. El Ejecutivo se fue vaciando de autoridad mientras el país acumulaba conflictos, tensiones y una creciente sensación de orfandad institucional.
En paralelo, la justicia empezó a ocupar el centro del escenario. El juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia marcó un punto de quiebre. La condena y el ingreso de Humala al penal de Barbadillo, junto con la fuga de Heredia, no solo cerraron un capítulo oscuro de la política reciente, sino que reforzaron una idea largamente postergada: que el poder ya no garantizaba impunidad. A ese proceso se sumarían, más adelante, las sentencias contra Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre y contra Martín Vizcarra por los casos de corrupción de su gestión regional en Moquegua, confirmando que los excesos del pasado comenzaban, finalmente, a ser juzgados.
La crisis institucional alcanzó su clímax a mitad de año con el colapso del Ministerio Público. La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de ordenar la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema, así como la restitución de Tomás Gálvez, abrió una confrontación sin precedentes. La entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, optó por el desacato y el aferramiento al cargo, acumulando decisiones que terminaron por llevarla a la destitución y a su inhabilitación para el ejercicio de la función pública. El desenlace fue tan abrupto como simbólico: Tomás Gálvez asumió la titularidad del Ministerio Público y se dio por cerrado uno de los episodios más corrosivos para la institucionalidad democrática.
Mientras tanto, el país asistía a otros hechos que, aunque aparentemente ajenos a la política, terminaron por retratar el estado de la nación. La llegada de los trenes de Caltrain, adquiridos por la Municipalidad de Lima con el objetivo de reactivar la ruta Lima–Chosica, se convirtió en un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y la gestión de Rafael López Aliaga, evidenciando la incapacidad del Estado para articular esfuerzos incluso en proyectos de evidente interés público. En Machu Picchu, el riesgo real de perder el título de maravilla del mundo, producto de cierres y disputas entre mafias locales, volvió a exhibir la fragilidad del control estatal sobre sus principales activos culturales.
En el plano internacional, la elección de Robert Prevost como nuevo papa, tras el fallecimiento de Francisco I, tuvo una resonancia especial para el Perú. Prevost —quien vivió la mayor parte de su vida en el país— adoptó el nombre de León XIV y mencionó al Perú, y a su “querida diócesis de Chiclayo”, en su discurso inaugural, un gesto simbólico que contrastó con el clima de incertidumbre interna. Pero unos meses después, las tensiones en la triple frontera se intensificaron por el reclamo del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la titularidad de la isla Santa Rosa, sumando un nuevo elemento de presión externa.
La violencia terminó por cerrar el cuadro. Las extorsiones y la crisis del transporte se agravaron respecto a las cifras de 2024, y la balacera durante un concierto del grupo Agua Marina funcionó como una imagen brutal del desborde total. Poco después, el Congreso aprobó una ley favorable a las AFP’s, detonando protestas a nivel nacional y profundizando el quiebre entre representación política y ciudadanía.
El desenlace llegó de manera fulminante: Dina Boluarte fue vacada en un proceso exprés y José Jerí asumió la presidencia en medio de un país exhausto. Con el inicio del proceso electoral, las elecciones internas dejaron su propia cuota de escándalo: Acción Popular quedó fuera de carrera tras la denuncia de fraude. Hoy, con las candidaturas prácticamente cerradas, el Perú se encamina a una elección general con 36 aspirantes presidenciales este 12 de abril.
En síntesis, el 2025 fue un año cargado de acontecimientos, pero atravesado por un hecho concreto: la pérdida del poder caviar concentrado durante años. Fue el año en que se desmontaron redes de influencia, se evidenció la corrupción de figuras que marcaron la última década y se recuperaron instituciones claves como el Ministerio Público y el sistema electoral de las presiones de Gustavo Gorriti y compañía. También fue el año en que se confirmó, con pruebas y sentencias, el golpe de Castillo, la corrupción de Vizcarra, el caso Humala, los elementos que comprometen a Guillermo Bermejo y la mecánica perversa del financiamiento ilegal en el caso Villarán.
El 2026 se asoma cargado de decisiones cruciales: elecciones generales y presidenciales, comicios regionales y municipales, la elección del nuevo fiscal de la Nación y del presidente del Poder Judicial. Después de todo, el país llega a ese punto con cicatrices profundas, pero también con una oportunidad que no puede desperdiciar. Es momento de asumir la responsabilidad del voto, informarse sin consignas y reflexionar sobre los últimos cinco años. Solo así será posible construir un nuevo ciclo político que esté a la altura del potencial económico, comercial y geográfico que el Perú hoy tiene frente a sí.
