Lo que está ocurriendo hoy en el Ministerio Público no es un episodio aislado ni un choque burocrático más. Es la reedición de una vieja enfermedad: la captura política de la Fiscalía de la Nación. Y su síntoma más grave es el intento de reinstalar a Delia Espinoza —con un historial de arbitrariedad, alineamiento ideológico y desprecio por el orden institucional— como cabeza del sistema fiscal, justo cuando el país se prepara para las elecciones del 2026.
La decisión del juez Juan Torres Tasso esta semana, que forzó una reposición exprés sin sustento jurídico y contradiciendo su propia resolución previa, no solo abre la puerta al prevaricato. Abre, sobre todo, el camino para que el Ministerio Público vuelva a ser un instrumento de guerra política. Y en un país tan frágil como el Perú, eso es mortal.
Pero esto no se trata únicamente de que Espinoza haya actuado de forma irregular al suspender a Patricia Benavides. No se trata tampoco de los cuestionamientos técnicos a sus gestiones o a sus interpretaciones del marco constitucional. El problema es más hondo: es la evidencia de que Delia Espinoza responde a intereses externos al Ministerio Público. Y entre esos intereses, la figura de Gustavo Gorriti —y la red de fiscales vinculados a él— es un elemento que nadie puede obviar.
Gorriti no necesita un título oficial para ejercer poder. Le basta con controlar narrativas, proteger agendas y dirigir, desde su tribuna, a quienes estén dispuestos a operar para él. Durante años, los Equipos Especiales —Lava Jato, Cuellos Blancos, EFICCOP— funcionaron bajo esta lógica: investigaciones eternas, privilegios, salarios diferenciados, fiscales blindados y un sistema que convirtió la justicia en un mecanismo de presión selectiva. No de lucha anticorrupción, sino de control político.
Tomás Gálvez, con todos sus defectos, fue el primero en enfrentar este sistema. Y lo anunció abiertamente: desmantelar los Equipos Especiales, recuperar el orden y poner fin a las “gollerías” de ciertos fiscales que se creían intocables. Fue ahí cuando comenzó la ofensiva. Exactamente ahí. Como si el país no se diera cuenta de la coincidencia: declaraciones del juez Torres Tasso, resoluciones contradictorias, filtraciones oportunas y hasta testimonios “inéditos” del Dr. Rock publicados justo días después.
Hoy el intento por reinstalar a Espinoza no es una lucha por la legalidad, sino por recuperar el control perdido. Y no es un secreto a quién beneficiaría eso.
Porque un Ministerio Público alineado a los intereses de Gorriti en pleno proceso electoral es una amenaza directa contra todos los candidatos que están fuera de su esfera ideológica: Rafael López-Aliaga, Phillip Butters, Keiko Fujimori, el APRA, Carlos Espá, y cualquier figura de derecha o centro-derecha que pueda disputar poder.
Con Espinoza en la Fiscalía, la posibilidad de que el Ministerio Público se convierta en un mecanismo de persecución política no es un temor exagerado: es un riesgo real, histórico y documentado.
Por eso la JNJ, como órgano constitucionalmente superior, debe defender su fuero sin titubeos. Basta un solo juez de primera instancia para quebrar el equilibrio institucional y entregar la Fiscalía al activismo político. Reponer a Espinoza hoy sería permitir que el Ministerio Público se convierta mañana en un arma electoral de destrucción selectiva.
Para que exista democracia, la Fiscalía de la Nación debe estar dirigida por alguien que respete la ley, no por alguien que actúe por encima de ella.
